22 Años de Impunidad por la Muerte Ciudadanos Hondureños Garífunas

Por: José Francisco Ávila López

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El pasado nueve de septiembre, la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO, publico un comunicado de Alerta ante asesinatos de mujeres garífunas, hecho mas reciente fue la muerte trágica de la señora Mirna Suazo. El comunicado indica que con la dirigente del patronato de Masca (Mirna Suazo), ascienden a cuatro mujeres garífunas asesinadas en tres días y en diferentes comunidades.  Por otro lado, de acuerdo a HCH Televisión Digital., el dia sujetos desconocidos mataron a  Wilmer Santiago Arauz, Moralez, en el barrio Cristales de Trujilo, Colon, ascendiendo a cinco personas garífunas asesinadas en cuatro dias.

Video de las ultimas declaraciones de la presidenta del Patronato de Masca que fue asesinada en su restaurante a orilla de la playa

El comunicado de ODECO solicita a “las Autoridades correspondientes que se haga toda la investigación necesaria y el debido proceso para que se aclare el femicidio de la Señora Mirna Suazo y que a los hechores les caiga todo el peso de la ley, que este caso no sea uno más de los que suma y se queda en la impunidad”.

Según el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, publicado el 28 de enero de 2019,“la impunidad” en Honduras “es generalizada”. Prueba contundente, la encotramos en la Resolucion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 14 de mayo de 2019, Caso Comunidad Garifuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Hondura, Supervision de cumplimento de sentencia.

En la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 8 de octubre de 2015. La Corte declaró la responsabilidad internacional de la República de Honduras  por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, por haber incumplido su obligación de delimitar y demarcar las tierras tituladas a favor de la Comunidad, así como por no haber titulado, delimitado y demarcado los territorios que fueron reconocidos como sus tierras tradicionales.

En la misma Sentencia, la Corte constató que los homicidios de cuatro miembros de la Comunidad Triunfo de la Cruz (Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales) se produjeron en el marco de los hechos relacionados con las problemáticas en torno al territorio de la Comunidad.

En el punto resolutivo octavo y los párrafos 266 y 267 de la Sentencias, la Corte dispuso que el Estado debía iniciar, en un plazo razonable, las investigaciones relacionadas con la muerte del señor Jesús Álvarez y de los señores Òscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea.

Al referirse a la obligación de investigar, la Corte ha afirmado que si bien está consiste en una obligación de medio y no de resultado, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares. La debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. Los Estados deben realizar una investigación por todos los medios legales disponibles, orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo de los responsables, cualquiera que haya sido su participación en los hechos. Así, deben evitarse omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación, de tal forma que se pueda garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma.

La Corte nota que, pese a que han transcurrido 20 años desde la ocurrencia de los hechos y más de 3 desde la emisión de la Sentencia, no han habido avances significativos en la investigación. Solamente se han realizado algunas diligencias mínimas básicas que no son acordes con la debida diligencia que le corresponde al Estado tomando en cuenta los años transcurridos. Asimismo, no existen indicios de que el Estado esté llevando a cabo la investigación teniendo en cuenta el contexto de los hechos.

Por ello, la Corte considera que la medida de reparación ordenada en el punto resolutivo octavo de la Sentencia continua pendiente de cumplimiento, y requiere al Estado que presente información actualizada y detallada sobre la adopción de medidas destinadas a iniciar, en un plazo razonable, las investigaciones relacionadas con la muerte del señor Jesús Álvarez y de los señores Òscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, todo ello en atención a los criterios dispuestos en la Sentencia y los Considerandos 27 a 32 de la presente Resolución.

El hecho que 20 años desde la ocurrencia de los hechos y más de 3 desde la emisión de la Sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no han habido avances significativos en la investigación; valida el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, publicado el 28 de enero de 2019, que “la impunidad” en Honduras “es generalizada! 


CIDH Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Hondurassupra, párr. 88.
Resolucion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 14 de mayo de 2019, Caso Comunidad Garifuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Hondura, Supervision de cumplimento de sentencia
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