San Salvador – Un grupo de 5.000 elementos del Ejército y de la Policía de El Salvador fueron desplegados este lunes en cuatro localidades del departamento de Chalatenango (norte), tras dos homicidios reportados en la zona hace unos días, según público en X el presidente Nayib Bukele.
El mandatario señaló en un mensaje en dicha red social que ya se capturaron a los culpables que son, de acuerdo con Bukele, miembros de la pandilla Barrio 18 fracción Sureños.
El bloque de seguridad abarca las localidades de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, y se busca «desarticular esa clica (grupo) por completo», afirmó Bukele.
Agregó que «no nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas».
Este despliegue de militares y policías se suma a otros implementados en diferentes zonas de El Salvador en el contexto de un régimen de excepción, puesto en marcha desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Bajo la polémica medida, señalada de violar los derechos humanos, han sido capturados más de 78.100 personas, todas acusadas de ser pandilleros o colaborares de dichas bandas.
Organizaciones no gubernamentales han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y han registrado la muerte de más 200 detenidos bajo custodia estatal.
La medida de régimen de excepción, que está pronto a cumplir dos años de implementación, ha sido prorrogada en 24 ocasiones en períodos de 30 días y suspende las garantías constitucionales de la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la telecomunicaciones y prolonga la detención provisional hasta por 15 días, cuando normalmente es de 3.
Esta medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas tras, según investigaciones del medio local El Faro, la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Bukele, que lidera una llamada «guerra contra las pandillas», basó su campaña política de reelección, pese a la prohibición constitucional, en el régimen de excepción ante el amplio respaldo de la población que tiene.
