Arturo Alejandro Muñoz
A la crisis provocada por el incremento de la delincuencia, Chile agrega ahora una crisis de tamaño y profundidad similar, o quizás peor…la crisis de la seguridad, una seguridad que decae a ojos vista debido a la corrupción inserta, nada menos, en las máximas jefaturas policiales.
El asunto va así (para entenderlo resumidamente). El Director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, que fuese nombrado en ese cargo por el entonces presidente Sebastián Piñera (fallecido en trágico accidente en su helicóptero el mes de febrero de 2024), servía de mensajero a Luis Hermosilla, conocido y mediático abogado dedicado a defender preferentemente causas y juicios en los que estaban involucradas personas poderosas, millonarias y de evidente poder político.
Desde su importante cargo -el cual le permitía contar con acceso a documentos tramitados en tribunales antes de ser sometidos a proceso (o durante los procesos mismos)-, informaba directa y secretamente al abogado Hermosilla para que este tomara con antelación las providencias necesarias a objeto de salvaguardar los intereses de sus clientes insertos en los procesos señalados.
Pero, no se asfixiaba allí esa corruptela, ya que el abogado Hermosilla tenía estrecho contacto profesional con otro abogado, uno perteneciente a la élite política que fungía como ministro del interior del gobierno de Sebastián Piñera, de quien era primo y principal asesor. Andrés Chadwick Piñera.
En noviembre del 2023 un medio nacional -CIPER Chile- destapó el audio en que el abogado Luis Hermosilla, en conjunto con su par, la abogada Leonarda Villalobos, y el empresario Daniel Sauer, revelaba pagos a funcionarios del Servicio de Impuesto Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El llamado Caso Audios” salpicó al máximo jefe de la PDI, quién fue formalizado por esos vínculos delictuales con el jurista, y detenido en prisión preventiva durante los próximos 120 días mientras continúa la investigación de la fiscalía.
El escándalo desatado por el audio de Hermosilla remeció a la opinión pública chilena. Hermosilla –de una familia de reconocidos abogados– era uno de los penalistas más influyentes de Chile, con lazos políticos transversales. Litiga desde los fines de los años 70, cuando era militante comunista, aunque sus opciones políticas variaron con los años ya que cruzó sin ambages a las veredas contrarias a esa ideología, e incluso trabajó en La Moneda como abogado asesor en el gobierno de Piñera, en el ministerio del interior junto a su amigo y colega Andrés Chadwick, con quien, además, hasta hace algunos meses antes del actual escándalo compartía oficina en el acomodado y exclusivo barrio santiaguino conocido popularmente como “Sanhattan”.
Antes de la filtración del audio, Hermosilla era el asesor legal de Miguel Crispi, el jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, en la investigación del caso Convenios. Pero Crispi decidió prescindir de sus servicios.
Todo lo dicho se torna aún más grave al descubrirse que el director de la policía (Muñoz) filtró al abogado Hermosilla documentos de alta confidencialidad que formarían parte de un proceso judicial en el que estaba directamente involucrado el mismísimo presidente de la república, Sebastián Piñera.
No se requiere demasiada perspicacia para sospechar que el ministro Chadwick haya informado oportunamente a su primo y jefe, el presidente, respecto del contenido de esos documentos. Y de otros, donde también podría haberse acusado a Sebastián y/o a varios de sus socios y amigos sobre cuestiones oscuras y turbias en sus actuaciones financieras y comerciales.
El director de la PDI ha sido finalmente detenido, se encuentra en prisión preventiva y, por cierto, renunció a su cargo.
Pero el “Caso Audios” continúa procesándose en los tribunales, y cada día aparecen nuevos involucrados, nuevas aristas, que descorazonan y avergüenzan a la sociedad civil chilena.
A todo ello, el lenguaje popular chileno ha bautizado como “la trenza” de la corrupción de ‘cuello y corbata’.
