Ondeando una bandera como supuesta víctima de una “masiva interferencia electoral”, Donald Trump llega a su primer juicio criminal en Nueva York con la posibilidad de ser encontrado culpable de las 34 imputaciones en su contra y enfrentar un condena de hasta 20 años de prisión, lo que podría frustrar su nueva puja por la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre.
La suerte legal y política de Trump, quien se declaró inocente y debe comparecer en la corte de Manhattan ante el juez Juan Merchan, nacido en Bogotá, Colombia y quien emigró a los seis años de edad a los Estados Unidos, dependerá del veredicto de 12 residentes de Nueva York durante las siguientes 6 a 8 semanas.
Encuestas muestran que una mayoría de los votantes potenciales no apoyaría a Trump si fuera declarado culpable de cualquiera de los delitos graves en su contra. El pasado miércoles, un nuevo sondeo de Reuters/Ipsos encontró que el 64 por ciento de los votantes registrados dijo que los cargos en el caso de Nueva York son «algo graves».
Un día antes del inicio de la selección de los 12 jurados, Trump se lanzó contra el juez Merchant y contra el fiscal de Nueva York Alvin Bragg y los acusó de ser parte de una acción “coordinada” para evitar que gane la presidencia por segunda ocasión. “Se trata de un ataque flagrante y sin precedentes… hecho en estrecha coordinación con la Casa Blanca… que no se puede permitir que siga adelante”, acusó en Truth Social.
El centro del caso es el pago de 130,000 dólares que el asesor legal de Trump, el abogado Michael Cohen, dijo haber pagado de su propio bolsillo a la actriz porno Stormy Daniels, cuando la mujer trataba de venderle a los tabloides los detalles más jugosos de su “affaire” con Trump, que tuvo lugar después de que su esposa, Melania Trump, dio a luz a su hijo Baron en 2006.
Tras reembolsar el costo del soborno a su abogado, Trump registró el pago a Cohen como “gastos legales”, la fiscalía de Nueva York consideró que el ex presidente violó la ley de Nueva York, toda vez que sus acciones constituyen una falsificación de documentos de negocios, lo cual es considerado un delito y una violación de las leyes de financiamiento electoral.
La pena máxima por cada uno de los 34 cargos es de cuatro años de cárcel. Pero el estado de Nueva York limita la sentencia por este tipo de delito a 20 años. Debido a que se trata de delitos no violentos y de qué Trump no tiene antecedentes penales, el juez podría considerar una sentencia reducida o incluso libertad condicional.
Además de buscar sin éxito aplazar el inicio del juicio ante la corte de apelaciones de Nueva York, Trump y su equipo legal han negado las acusaciones y calificado las acciones de Bragg, quien pertenece al Partido Demócrata, como una “persecución selectiva” y una «cacería de brujas».
