La situación de violencia que sufren los migrantes que cruzan la selva del Darién motivó que el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González, presentara este martes una denuncia ante la Procuraduría General sobre unos 400 casos de presunto abuso sexual, así como delitos contra la libertad y la seguridad colectiva.
En su propuesta para investigar las situaciones de violencia que viven los migrantes que atraviesan la región fronteriza entre Panamá y Colombia, Leblanc González señaló que no se trata solamente de un problema de su país. «Colombia y su Ejército tienen que tomar control también de la frontera», expresó.
Detalló en ese sentido que los presuntos delitos sexuales no se limitan solamente a la zona del Darién, sino que afectan a la selva colombo-panameña.
«No podemos decir que todas ocurren en Darién. A pesar de que muchos de los formularios no tienen el nombre o distinción de la víctima, sin lugar a duda, da un pequeño pantallazo de que ocurre una actividad criminal, es decir, crimen organizado», sostuvo el funcionario.
Por eso, dijo que es necesario que los demás países de la región «protejan a sus ciudadanos y las personas que están en el flujo migratorio».
La salida de Médicos Sin Fronteras
La situación de los migrantes se agravó por la salida de la región de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que desde 2021 brindaba atención a quienes cruzaban por la zona, en especial, a las víctimas de violencia sexual. El aumento de la migración también ha provocado un incremento de los servicios de la organización.
Sin embargo, el 7 de marzo MSF comunicó que fue «obligada» a detener sus actividades en la región, debido a que el «convenio vigente» con el Gobierno panameño había caducado. En ese sentido, el Ministerio de Salud de Panamá detalló que la organización «no está autorizada» a «brindar atención de salud» en el país porque su contrato venció el 31 de diciembre de 2023.
