Arturo Alejandro Muñoz
Chile vive, a no dudar, la peor crisis política y judicial desde el regreso a la democracia en 1990, luego de diecisiete años de cruenta dictadura militar. Ello va a la par con otro escabroso asunto de difícil solución inmediata: la presencia y brutal acción del crimen organizado, el que a su vez se mezcla con un tercer problema de enormes dimensiones, la inmigración masiva -con escaso control efectivo- por las fronteras desérticas del norte chileno.
A lo anterior, oportuno es decirlo, se suma una cuestión que hasta hace algunos años era desconocida para la sociedad civil del país andino: la corrupción de muchas de sus autoridades y servicios públicos, como ha ocurrido con políticos y policías… y que ahora, recientemente, también ha permeado a magistrados de las Cortes, jueces y fiscales.
Vea usted, estimado lector, lo siguiente. Se ha producido una especie de ‘batalla’ entre dos poderes del estado, el legislativo y el judicial. Ambos, sin duda alguna, han contado con algunos miembros de dudosa moral y un muy cuestionable comportamiento que no se condice con la nobleza y dignidad del cargo que ejercen.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia determinó que la ministra de esa misma corte, Angela Vivanco, fuese destituida del cargo que ejercía, y posteriormente, el Senado de la República aprobó una acusación constitucional en contra de la exjueza quedando inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.
Días después, el juez Sergio Muñoz, integrante de la Corte Suprema y expresidente de la misma, fue destituido por el Senado luego de que este aprobara una acusación constitucional en su contra, lo cual le deja fuera de su puesto e impedido de ejercer cargos públicos durante cinco años.
En ambos casos, hubo una abierta lucha política al interior del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado mismo, confirmando con ello el profundo quiebre habido en ese poder del estado marcado por incesantes pequeñas batallas legislativas entre la izquierda y la derecha, soslayando vergonzosamente las tareas que a ese cuerpo del estado le competen, dado que sus integrantes son, según la Constitución, representantes de los intereses de la ciudadanía.
Y ahora, ahondando los problemas, la crisis ha llegado a La Moneda, complicando al gobierno del presidente Gabriel Boric, dejando al país, a su gente, con la sensación de que la crisis es mayor y que cada día la nación va perdiendo terreno ante la corrupción y la delincuencia.
Esta vez fue el turno del subsecretario del interior, doctor Manuel Monsalve, quien ha sido acusado de violación por una mujer con la que supuestamente habría tenido relaciones sexuales en un hotel santiaguino. Ella lo acusa abiertamente de violación. Él lo niega rotundamente. La investigación ya está en curso, Monsalve renunció a su cargo y el presidente Boric enfrenta una nueva crisis a sólo tres semanas de las importantes elecciones municipales del 26 y 27 de este mes, octubre.
Como es dable observar, los tres poderes del estado se encuentran en crisis…y el país contiene la respiración.
