Redacción LVI
El Gobierno de Honduras ha puesto en marcha un ambicioso reajuste en su estrategia nacional para combatir la vulnerabilidad alimentaria. El objetivo central es atender de manera directa a 1.4 millones de hondureños, una cifra que representa una mejora frente al promedio de 1.8 millones registrado en el último lustro, según los indicadores del Protocolo de Clasificación de Crisis Alimentaria (PAFI).
Prioridad en el «Corredor Seco» y zonas rurales
El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, destacó que el plan se concentrará en las regiones históricamente más afectadas por la inseguridad alimentaria y el cambio climático:
- Zonas críticas: La Mosquitia, Lempira, el sur de Francisco Morazán y el sur de El Paraíso.
- Enfoque urbano: No se descuidarán los cinturones de pobreza en las grandes ciudades con alta población en riesgo.
El motor del cambio: Compras directas y alimentación escolar
Una de las novedades más importantes de este reajuste es la vinculación de la producción local con el Programa de Alimentación Escolar. Esta medida beneficiará a más de 1.3 millones de niños y niñas, al tiempo que dinamiza la economía rural mediante la compra directa a pequeños productores.
«El desafío persiste, pero estamos alineando los recursos públicos, privados y de cooperación para garantizar un acceso sostenible a los alimentos», señaló Molina.
Inversión estratégica y resiliencia
Para asegurar que el plan no sea solo asistencialista, la SAG administra actualmente proyectos por más de 350 millones de dólares. Estos fondos están destinados a:
- Infraestructura: Sistemas de riego y centros de almacenamiento para reducir pérdidas postcosecha.
- Resiliencia climática: Preparar a las comunidades para enfrentar sequías e inundaciones.
- Asistencia Técnica: Capacitación en técnicas agrícolas sostenibles y comercialización para asegurar ingresos estables a las familias rurales.
El Gobierno también anunció la creación de una mesa interinstitucional que integrará a las secretarías de Desarrollo Económico y Salud junto a las municipalidades y ONGs. Este bloque contará con sistemas de monitoreo para identificar áreas críticas y ajustar las intervenciones de manera inmediata ante cualquier factor internacional que pueda inflar los precios de la Canasta Básica.
