La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este jueves al régimen de Nicolás Maduro de violar “sistemáticamente” los derechos humanos para, entre otras razones, “desalentar la participación política” en el país, que celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de julio.
“El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones”, según indica el capítulo referente a Venezuela del informe anual de la CIDH, correspondiente a 2023.
A juicio de la comisión, las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos, entre las que mencionó la que pesa sobre la ex diputada María Corina Machado —ganadora de las primarias antichavistas de octubre— han sido aplicadas “de manera desproporcionada contra personas de la oposición”, lo que “viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”.
En el documento, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró que “el deterioro institucional y la falta de independencia del Poder Judicial ha permitido que, en el país, se instale un clima de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos”.
En este sentido, aseguró que “ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial han actuado con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones”, lo que —sostuvo— se debe a la “falta de independencia de estas instituciones frente al Gobierno”.
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La líder opositora y aspirante a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado, que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos, recibe abrazos de sus seguidores durante un mitin en el que les pidió que mantengan la fe, en San Antonio, Venezuela, el 17 de abril de 2024. Las elecciones presidenciales de Venezuela están previstas para el 28 de julio. (AP Foto/Ariana Cubillos)Por tanto, la comisión instó al régimen de Maduro a “restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin cualquier tipo de represión o discriminación de toda la población y el efectivo control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado”.
Además, pidió “dejar sin efecto las medidas administrativas que restrinjan derechos políticos”.
Para estas y otras recomendaciones, ofreció colaborar con el Estado venezolano, y reafirmó su disposición a visitar el país caribeño.
La CIDH forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que se salió el régimen chavista.
En marzo, la comisión hizo un llamado a la comunidad internacional para que presione a Caracas para la celebración de unas presidenciales justas y competitivas, en las que el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, buscará su segunda reelección.
La oposición venezolana denunció trabas
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que aglutina a los principales partidos opositores de Venezuela, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin permitir que varias formaciones suscriban formalmente su apoyo al candidato común para las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia.
González figura dentro de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pero el objetivo es ampliar su abanico de apoyos para evitar potenciales vetos a tarjetas electorales concretas, con vistas a que su candidatura pueda llegar indemne a los comicios del 28 de julio y enfrentarse a Nicolás Maduro.
El secretario general de la Plataforma, Omar Barboza, denunció este martes los intentos “infructuosos” por parte de Movimiento por Venezuela y de Un Nuevo Tiempo —partido del gobernador Manuel Rosales, que retiró precisamente su candidatura para respaldar a González— de “adherirse” a la tarjeta de la MUD.
Barboza apeló al Consejo Nacional Electoral a cumplir con su “deber constitucional” y “facilitar la participación del pueblo en el proceso electoral”, advirtiendo por contra frente a cualquier posible “maniobra”.
“Es importante que el pueblo sepa que estas no son acciones en contra de algún partido político o de alguna persona, son en contra del derecho que el pueblo tiene a votar y a cambiar”, dijo el dirigente opositor, que avanzó que seguirán “pendientes y alerta” para defender a la ciudadanía.
