El Papa Francisco ha decidido expulsar a diez integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana, una sociedad apostólica laical de origen peruano aprobada por el Papa Juan Pablo II en 1997, tras ser encontrados responsables de cometer abusos graves. Entre los nombres de los expulsados figuran el exsuperior general Eduardo Regal Villa, el exarzobispo de Piura y Tumbes José Antonio Eguren, y el periodista Alejandro Bermúdez. Este grupo ha estado vinculado a numerosas denuncias que, según las víctimas, no han sido adecuadamente abordadas por las autoridades judiciales en Perú.
La medida adoptada por el pontífice se produce tras una profunda evaluación de las pruebas y defensas presentadas por los acusados, en un proceso liderado por Charles J. Scicluna, arzobispo de Malta, y Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Durante una misión especial en Perú, llevada a cabo entre julio y agosto de 2023, se examinaron los casos que implican a los ahora expulsados. Las acusaciones incluyen abusos físicos, psicológicos y espirituales, así como el abuso de poder y la manipulación en contextos religiosos.
Entre los diez miembros expulsados se encuentran figuras de alto perfil en el Sodalicio, además de Regal Villa y Eguren Anselmi, como Rafael Ismodes Cascón, Humberto del Castillo, y Daniel Cardó Soria, entre otros. Los cargos que se les imputan son múltiples y variados, abarcando desde violencia física y abuso de conciencia, hasta manipulación espiritual en el contexto del apostolado y encubrimiento de delitos dentro de la organización.
A pesar de la magnitud de la decisión del Vaticano, José Enrique Escardó Steck, una de las primeras víctimas en denunciar públicamente los abusos cometidos en el Sodalicio, ha señalado que la medida no es suficiente. En un comunicado a través de la plataforma X (anteriormente Twitter), Escardó criticó la expulsión de los miembros, calificándola como una estrategia superficial para proteger la imagen de la Iglesia Católica y del propio Sodalicio, más que un verdadero acto de justicia.
Escardó sostiene que las víctimas aún no han recibido la reparación debida y que esta decisión del Papa Francisco no aborda el problema de raíz, sino que aparenta ser una acción de control de daños. Asegura que la expulsión, aunque significativa, no resuelve el problema sistémico de encubrimiento dentro de la institución religiosa.
