Redacción. Un Tribunal Internacional otorgó el gane a Inversiones Continental Panamá (ICP) -propiedad de la familia Rosenthal- al decidir de manera unánime conocer reclamo por medidas ilegales tomadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados al narcotráfico.
El caso data desde 2018, cuando ICP inició un procedimiento internacional en contra de Honduras bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington D.C., EEUU.
El proceso se dio como consecuencia de acciones ilegales tomadas por el expresidente Juan Orlando, mediante las cuales se apoderó ilegalmente de la mayoría de activos del ICP en Honduras.
Los antecedentes revelan que Hernández y su gobierno «causaron un inmenso e irreparable daño a la economía nacional de Honduras, dejando sin empleo a miles de personas en su afán de apoderarse ilegalmente de todos los activos y compañías de ICP».
Además, el gobierno de Juan Orlando Hernández presentó numerosas objeciones al reclamo de ICP, incluyendo infundadas acusaciones de corrupción.
Gane de Inversiones Continental Panamá
El 6 de mayo del 2024, el Tribunal Internacional que está conociendo del caso negó unánimemente las objeciones de Honduras, incluyendo la objeción de que el reclamo no era procedente por supuestos actos de corrupción e ilegalidad.
El Tribunal consideró lamentable que el gobierno de Juan Orlando Hernández bloqueó cualquier posibilidad de solución a nivel interno. De esa manera, los reclamos del ICP avanzarán a la siguiente fase del procedimiento internacional, que incluye el cálculo de los daños causados por las medidas gubernamentales tomadas ilegalmente.
Dieron a conocer que devolver los bienes a la familia Rosenthal reduciría el monto del reclamo internacional y «abriría la puerta a una conciliación». Además, evitaría más daños al pueblo hondureño por las actuaciones del régimen de Juan Orlando Hernández.
ICP está representada en el procedimiento internacional por el despacho de abogados español B. Cremades y Asociados y por el despacho de abogados estadounidense Greenberg Traurig LLP.
