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Aborto en El Salvador: Manuela, la mujer condenada a 30 años de cárcel

El caso de Manuela se ha convertido en un ícono de los derechos de las mujeres en El Salvador. - GETTY IMAGES

Un día de febrero de 2008, Manuela* sintió un fuerte dolor pélvico y abdominal. Se dirigió rápidamente a una letrina que quedaba a unos metros de su casa, ubicada en una zona rural en El Salvador.

En ese momento, mientras creía sufrir indigestión estomacal, tuvo una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó.

Su madre consiguió pagarle a un vecino para que la llevara al hospital, donde ingresó con una fuerte hemorragia y síntomas de preeclampsia.

Manuela, analfabeta y de escasos recursos, estaba en el tercer trimestre de su embarazo.

Fue entonces cuando comenzó la pesadilla: el personal médico, en vez de atenderla, la acusó de provocarse un aborto para esconder una supuesta infidelidad y llamó a la policía.

Sin la oportunidad de defenderse con un abogado, Manuela —quien en ese entonces tenía 31 años y dos hijos pequeños—fue trasladada a la cárcel y más tarde condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Dos años después, en 2010, murió de cáncer linfático, esposada a una cama de hospital.

Caso histórico
A 13 años del brutal episodio, el caso de Manuela está siendo revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en dos jornadas de audiencias públicas, realizadas esta semana.

Este es el último paso de un largo camino que su familia ha tenido que recorrer en busca de justicia. Y puede transformarse en un fallo histórico pues, según los querellantes, es la primera vez que un caso de este tipo llega a la CIDH.

El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista son las organizaciones detrás de la demanda que busca que el Estado salvadoreño reconozca que en el caso de Manuela hubo una serie de violaciones de sus derechos humanos y los de su familia.

Un pronunciamiento a favor de la familia de Manuela podría sentar un importante precedente para este país que cuenta con una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo y en el que la interrupción del embarazo está prohibida en todas sus formas y castigada con prisión.

Argumentos en el litigio
El litigio comenzó en 2012, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició su investigación.

Siete años más tarde, en 2019, presentó el caso a la Corte al concluir que el Estado violó el derecho a la libertad personal por la «detención ilegal» de la víctima, el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y la salud, entre otras cosas.

De acuerdo con el informe de la Comisión, Manuela «no recibió un diagnóstico médico integral cuando fue privada de libertad, ni tampoco un tratamiento médico oportuno y adecuado, el cual hubiera permitido prolongar» su vida, pues desde 2007 que tenía indicios del cáncer.

Con estos antecedentes, los querellantes esperan que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad y restablezca la dignidad de Manuela.

«Queremos que se repare de forma integral a su familia, que haya dignificación de la imagen de Manuela y con ello la dignificación de todas las mujeres que han sido criminalizadas por complicaciones obstétricas y que se establezcan medidas de no repetición para que ninguna mujer tenga que vivir el tránsito del hospital a la cárcel», ha afirmado Morena Herrera, la activista y defensora de los Derechos Humanos de la Colectiva Feminista.

Por su parte, la delegación que defiende al Estado salvadoreño ha señalado que sí fueron respetados los derechos de Manuela pues supuestamente recibió asistencia jurídica en el plazo que la ley indica después de su arresto. En cuanto a la atención médica, han argumentado que la mujer recibió tratamiento en distintos niveles del Sistema Público de Salud de ese país.

Organizaciones pro vida, en tanto, han asegurado que esta demanda ha sido promovida por entidades pro aborto y que, de hecho, Manuela se provocó un aborto de manera voluntaria.

«Aquí la víctima es el niño, no Manuela», señaló presidenta de la Fundación Sí a la Vida, Julia Regina de Cardenal.

A pesar de que las audiencias terminaron este 11 de marzo, es posible que el fallo de la CIDH no se conozca hasta antes de un año.

Estrictas leyes antiaborto
El caso de Manuela no es aislado.

En los últimos años, varias mujeres en El Salvador han sido acusadas de aborto y condenadas a penas de cárcel de decenas de años. Esto es así porque a pesar de que la ley antiaborto dice que las penas van de 2 a 8 años, muchas veces el cargo cambia a «homicidio agravado», que conlleva una pena mínima de 30 años.

Para muchas personas que apoyan la interrupción del embarazo, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió tratar de reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que ni siquiera tiene en agenda su discusión.

De todas maneras, es una política pública que genera una amplia división en el país, con fuertes organizaciones pro vida que defienden su penalización.

*Las organizaciones querellantes solicitaron mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Manuela, requiriendo que se le llamara de esta forma para resguardar su privacidad.

Por: BBC News Mundo

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Príncipe William: en qué consiste el exitoso plan de conservación de Costa Rica

REUTERS | La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunció el reconocimiento para Costa Rica.

Son días felices en Costa Rica.

La semana pasada, la banda Coldplay anunció que abrirá allí su gira de conciertos The Music Of The Spheres («Música de las esferas») prevista para 2022, por la fama mundial de este pequeño país en el uso de energías limpias.

Y el domingo, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, le otorgó a su gobierno el premio Earthshot en la categoría «proteger y restaurar la naturaleza».

Un reconocimiento de 1 millón de libras esterlinas (unos US$1,3 millones) por su exitoso modelo de conservación del bosque.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo en Twitter que su gobierno invertirá el premio en la conservación de los ecosistemas marinos.

Según Alvarado, los fondos se usarán para «replicar en el mar el modelo de conservación que se ha implementado exitosamente en los ecosistemas terrestres».

El premio también recuerda que este programa, que sostiene una parte importante de los bosques privados, sufre una presión económica creciente.

Reforestación y protección
Costa Rica es, según un informe de 2016 de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el primer país de Latinoamérica que logró revertir la deforestación y aumentar su cobertura boscosa.

Cifras recientes del Banco Mundial muestran que el país aumentó su cobertura forestal de un 47% en el año 2000 al 59% en 2020.

Este avance se debe en parte al programa galardonado por el príncipe Guillermo y a un cambio en la estructura productiva del país, que antes se enfocaba en gran parte en la ganadería.

El plan ambiental premiado combina la conservación del bosque en áreas silvestres protegidas que pertenecen al Estado con la reforestación y preservación en terrenos que pertenecen a dueños privados.

En el caso del ámbito privado existe un sistema de pago por servicios ambientales (PSA), que consiste en una compensación económica para las personas que poseen fincas y que, en vez de usarlas para cultivos o ganadería, deciden conservar y proteger los árboles o incluso combinar esa protección con otras actividades productivas.

Los pagos por servicios ambientales existen en varios países del mundo, pero en Costa Rica hay diferencias palpables, según le explica a BBC Mundo Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) que desarrolla el programa.

Una de ellas es que el país tiene fondos ya asegurados cada año.

«La ventaja es que la ley forestal le dio una fuente de recursos fija, sólida y constante», explica Rodríguez.

La ley forestal de 1996 creó los PSA y estableció un impuesto a la gasolina y a otros hidrocarburos que actualmente es del 3,5%.

Según Rodríguez, la mayoría de países que tiene este tipo de esquemas establece un presupuesto cada año, según las condiciones del país.

«Es lo que sucedía en Costa Rica antes de la ley forestal: el Ministerio de Hacienda era el que decidía cuánto presupuestaba. En cambio ahora, con los datos de Recope (la refinadora de petróleo del país) hay una estimación bastante cercana de cuánto será el ingreso. Eso nos permite a nosotros planificar a mediano y largo plazo», indica el director de Fonafifo.

Con esa planificaciónse hacen contratos por cinco, diez y hasta 16 años para la conservación de los bosques y se mantiene el compromiso con los dueños, que en su mayoría tiene fincas pequeñas y medianas.

Una clave adicional es que el intercambio económico no se ve como una «regalía» por una buena causa, sino como un pago por un servicio obtenido.

«Ahora se reconoce por los servicios ambientales que genera, de los cuales nos beneficiamos todos los ciudadanos del mundo, pues los árboles capturan CO2, gran responsable del calentamiento global», señala Rodríguez.

Amplio apoyo político
Además de tener una fuente de ingresos constante y una planificación adecuada, otra de las pistas para entender el éxito de Costa Rica en este campo parece ser el apoyo de distintos gobiernos.

Al principio no fue fácil, contó el exministro Carlos Manuel Rodríguez al medio costarricense La Nación.

«Costó mucho impulsar el programa en aquel momento», dijo.

«Pasados varios gobiernos, ha trascendido a las distintas administraciones, y estas han sabido adueñarse de los PSA y llevarlos adelante al margen de diferencias políticas», precisa Rodríguez, quien lideró la creación del programa en el país y lo empezó a implementar en 1998.

Inversión insuficiente
El programa invierte entre unos US$24 y $30 millones anuales en el pago económico a los productores que deciden resguardar el bosque, pero eso solo alcanza para atender el 20% de las solicitudes que recibe cada año.

«La inversión es importante, pero es totalmente insuficiente», se queja Rodríguez.

«Si quisiéramos atender el universo (toda la demanda), tendríamos que tener un presupuesto cinco veces superior para pagar los mismos montos. Pero también es cierto que nosotros quisiéramos pagarles más a los productores», observa.

Los retos para sumar más hectáreas protegidas se han hecho más profundos en los últimos años.

No tanto por falta de compromiso directo con el medio ambiente, sino por una serie de decisiones fiscales que tienen a Costa Rica sumida en una constante presión económica internacional.

Por: María Fernanda Cruz Chaves
BBC News Mundo

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La histórica disputa en Centroamérica por la soberanía en el golfo de Fonseca

GETTY IMAGES

El golfo de Fonseca, en el océano Pacífico, ha sido históricamente una fuente de tensiones donde Honduras, El Salvador y Nicaragua hacen reclamos territoriales.

Ahora, el consejo de ministros hondureño publicó un decreto para «reafirmar la soberanía nacional en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en dichas aguas».

En el decreto, el gobierno de Honduras anuncia un plan de desarrollo para la región.

Pero ¿qué significa exactamente esto y por qué hay disputas territoriales en esta región?

Triple frontera
El golfo de Fonseca, con 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido escenario de conflictos territoriales desde las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

A diferencia de Nicaragua, que cuenta con 352 kilómetros de costa sobre el Pacífico, y El Salvador, con 307 km, para Honduras el golfo es su única salida a ese océano.

El principal problema es la falta de delimitación de las aguas, asunto que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para dirimir una disputa entre El Salvador y Honduras.

En una resolución en 1992, la CIJ determinó que ambos estados tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, pero adjudicó la administración del resto de las aguas del golfo a los tres países que lo comparten.

Isla Conejo, en el centro de la disputa
Pese a que apenas es un peñón de menos de 1 km cuadrado, Isla Conejo es objeto de una larga disputa por su soberanía entre El Salvador y Honduras.

En los años 80, cuando El Salvador estaba en plena guerra civil, el contingente militar salvadoreño que resguardaba la isla volvió al continente, y tropas del ejército hondureño aprovecharon para ocupar por primera vez el islote.

Entonces empezó una controversia diplomática entre ambos países. El Salvador argumenta que Honduras ocupó la isla ilegalmente, y este que el peñón es suyo por su mayor cercanía a la costa hondureña (unos 600 metros).

La disputa casi siempre resurge en las campañas electorales. Honduras celebra elecciones generales el 28 de noviembre.

Pero ¿por qué hay una disputa sobre una isla de medio kilómetro cuadrado?

La ubicación geográfica de sus vecinos forma una especie de pinza en la entrada de la bahía, lo cual cierra aún más el libre acceso pues ambos cuentan con una soberanía de 12 millas náuticas según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Si las autoridades nicaragüenses y salvadoreñas acordaran limitar la navegación en su mar territorial, podrían aislar a los hondureños.

En esas condiciones las islas en el golfo Fonseca tienen un valor fundamental, incluso un islote como Conejo.

Para Honduras el conflicto fue superado con el fallo de la Corte de La Haya en 1992 que reconoce la soberanía de 3 millas náuticas (5,5 km) desde la costa de cada nación.

Mientras El Salvador argumenta que Isla Conejo nunca formó parte de la resolución, pues no la menciona específicamente.

En la resolución se establece la soberanía sobre otras islas: El Tigre, que le pertenece a Honduras, y Meanguera y Meanguerita, a El Salvador.

En 2003, la CIJ rechazó una petición de El Salvador para revisar dicha resolución.

Por: BBC News Mundo

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Pronunciamiento de ONECA ante publicación de FLACSO

ASUNTO: Estudio sobre Garífunas. Las rutas del cuerpo entre el Aquí y el Allá Imaginarios colectivos sobre el fenómeno migratorio en las comunidades de Sambo Creek y Corozal. Tegucigalpa, 2021. ISBN 978-
99979-65-06-6.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO: Reyes, Milton y Gallo, Mildred
Dr. Francisco Herrera Alvarado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras;
Dr. Rolando Sierra Fonseca, Director FLACSO Honduras, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Dra. Josette Altmann Borbón, Secretaria General, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Mtr. Cinthya Fernández Lépiz, Coordinadora Académica Regional, FLACSO, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales;
MSc. Lorena Aguilar Revelo, Coordinadora Regional de Cooperación Internacional e Investigación,
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
OMIH, Observatorio para las Migraciones Internacionales de Honduras;
Sr. D. Juan José Sanzberro Gamio, AECID, Agencia Española de Cooperación Técnica para el Desarrollo.

Para ver mas clic aquí

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José Francisco Ávila anuncia fecha de estreno de su autobiografía

Bronx, NY, 24 de septiembre de 2021: José Francisco Ávila anuncia el lanzamiento de su libro, El Poder del Orgullo Pan-Garífuna Afrolatino Mi búsqueda de identidad racial, ancestral, étnica y cultural   (El libro electrónico está disponible para pre-pedido en la Tienda Kindle aquí)

En esta autobiografía emancipadora y convincente, el hijo de un padre negro caribe / garífuna y una madre mestiza, cuenta la historia de cómo su lucha por reconciliar las percepciones sociales de su herencia multirracial y étnica, lo llevó a una búsqueda de identidad racial, ancestral, étnica y cultural, que lo llevó a impulsar el Movimiento Moderno Garífuna y resulto en el Movimiento Afrodescendiente en América Latina.

José Francisco lleva a los lectores a un viaje convincente de cómo su búsqueda lo llevó a investigar su ascendencia, y cómo el poder de su orgullo racial, ancestral, étnico y cultural, lo llevó a su misión de por vida, informar, empoderar y abogar por su pueblo, que se convirtió en su campaña de por la justicia social de base y, finalmente, en un movimiento transnacional.

Reflexionando sobre sus experiencias vividas, ofrece una exploración única y reflexiva de cómo influyeron en su pensamiento. Desde su nacimiento en Honduras, donde su padre lo expuso a la justicia social, migrando a Boston, MA, durante la desegregación racial, trasladándose a Dallas, TX, durante la era posmoderna de la globalización y la Revolución Digital.

«He pasado los últimos años reflexionando sobre las historias que quería leer pero que aún no se habían escrito, por lo tanto, decidí proporcionar una plataforma para celebrar los logros, exitos y contribuciones de los garífunas. Esas historias, y mis experiencias vividas, forman la esencia de la línea argumental del libro e El Poder del Orgullo Pan-Garífuna Afrolatino«, dijo el autor José Francisco Ávila.

Este poderoso libro captura la convicción de José Francisco Ávila de que necesitamos narrar nuestras propias historias con nuestras propias palabras, para hacer justicia a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Esto es más urgente, en esta era, donde se están aprobando leyes para eliminar los planes de estudio que examinan cuestiones sociales, culturales y legales relacionadas con la raza y el racismo en los Estados Unidos, y el continuo blanqueo de la historia.

El lanzamiento oficial del libro está programado para el domingo 24 de octubre de 2021, de 3 pm a 7 pm, en el Centro Comunitario Justice Sonia Sotomayor, 1000 Rosedale Avenue, Bronx, NY 10472

El libro estará disponible para su compra en Amazon.

(El libro electrónico está disponible para pre-pedido en la Tienda Kindle aquí)

Los detalles completos sobre el libro junto con más detalles se pueden encontrar en www.josefranciscoavila.com

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José Francisco Ávila

Garifuna Afro-Latino Author – Publisher

«If it’s not written, It doesn’t exist!»

Website: https://josefranciscoavila.com

Email: josefranciscoavila@gmail.com

Tel:  (810) 462-1243

Twitter: @JoseFAvilaLopez

Facebook: https://www.facebook.com/josefranciscoavilaauthor

LinkedIn: Jose Francisco Avila

Instagram: @josefavi

Spotify Playlist:  Jose Francisco’s Playlist

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