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Alberto Fernández puede reformar la perversa justicia argentina

BUENOS AIRES.— Faltan pocos días para que Alberto Fernández asuma la presidencia en la Argentina, y desde ahora varios jueces y fiscales ya están ofreciendo una nueva demostración de que se mueven al compás de la música política de turno. Protegen al poderoso que está por ascender y le caen duro al que abandona la Casa Rosada. Se trata de un verdadero clásico criollo que padeció Cristina Fernández de Kirchner en cuanto su coalición perdió las elecciones en 2015 y que hace muy probable que a partir de ahora un tsunami judicial caiga sobre el presidente saliente, Mauricio Macri, y varios de sus principales colaboradores.

Macri sabe bien lo que puede esperarle. Le basta con repasar las declaraciones más recientes de su sucesor inminente sobre su gestión, sobre el Poder Judicial o sobre la prensa para anticipar un horizonte complicado. Y si eso no le alcanza, podría recordar cómo, durante los primeros días de su mandato en 2015, un juez federal visitó a su ministro de Justicia para ofrecerle reabrir una de las investigaciones más incómodas contra los Kirchner, que él mismo había cerrado, porque quería impunidad para sí mismo. Macri rechazó el convite, pero durante su gobierno tampoco limpió al Poder Judicial de este tipo de jueces ni castigó la acción. Y ahora sufrirá las consecuencias de esa inacción.

Las estadísticas pueden servirle de oráculo a Macri. Los tribunales orales de Comodoro Py —el edificio con competencia y jurisdicción para juzgar a los funcionarios públicos nacionales— dictaron un promedio de entre dos y cuatro condenas por año por posibles delitos contra el kirchnerismo de 2003 a 2014, el periodo en el que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron en el poder, según datos oficiales del Registro Nacional de Reincidencia. Pero subieron a 16 condenas en 2015, cuando el kirchnerismo abandonaba la Casa Rosada. No es difícil anticipar algo semejante con funcionarios de Cambiemos, la coalición de Macri.

Esta perversa dinámica judicial comenzó hace un cuarto de siglo, cuando Carlos Menem amplió el número de integrantes de la Corte Suprema y montó una “mayoría automática” para blindarlo de investigaciones incómodas. Pero su jugada fue más amplia y más profunda. También desplazó a jueces y fiscales de todos los niveles del Poder Judicial que le resultaban incómodos, reemplazándolos por otros más lábiles. Esos jueces estaban en teoría a cargo de investigar la corrupción de los funcionarios. Es decir, de él mismo.

La jugada le resultó a Menem muy provechosa mientras retuvo en sus manos las riendas del poder. Pero al dejar la presidencia, en 1999, los mismos magistrados que hasta entonces habían mirado para otro lado comenzaron a investigarlo para congraciarse con el nuevo presidente, Fernando de la Rúa.

Siguió pasando con todos los demás jefes de Estado hasta llegar a Macri, quien comenzará a recorrer los mismos pasillos de los tribunales que trasegaron sus antecesores. La dinámica ha sido descrita por la profesora de la Universidad de Rochester, Gretchen Helmke, quien, en 2003, la llamó la “lógica de la defección estratégica” en la justicia argentina.

Tras investigar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema durante la dictadura y la democracia argentina, Helmke corroboró que los magistrados argentinos aumentan sus decisiones contrarias al gobierno saliente, basados en lo que evalúan que será importante para el futuro gobierno. Al mismo tiempo, toman decisiones favorables a las nuevas autoridades cuando creen que puede congraciarse.

Esto ha pasado durante décadas y abarca a todos los niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, con excepciones de dignidad e independencia. ¿Por qué ningún político corrigió esta gravosa distorsión al entrar a la Casa Rosada?

Desde Menem en adelante, todos los que se acomodaron en el sillón presidencial de la Argentina creyeron que ellos sí podrían lidiar con un Poder Judicial ensombrecido por la corrupción. Más tarde, cuando flaqueaba su poder, todos corroboraron que el sistema no era imparcial e iba contra ellos.

Ahora el riesgo es que Alberto Fernández incurra en el mismo error solo para padecer a estos jueces y fiscales que al inicio lo favorecerán, pero cuando termine su presidencia o disminuya su influencia, lo sentarán en el banquillo de los acusados.

Fernández solo podrá evitar este vaivén nocivo para la democracia argentina si encara una reforma sistémica de la administración de justicia, una que vaya más allá de la remoción por la vía institucional de algún magistrado. Esa reforma requerirá impulsar nuevas leyes, reformar el Consejo de la Magistratura y fortalecer otros organismos, como la Oficina Anticorrupción o la unidad antilavado— para promover investigaciones sensibles de manera independiente y creíble.

Fernández podría ir tan lejos como reformar el área de inteligencia que desde los tiempos de Menem se usa para “aceitar” o presionar a jueces, fiscales y testigos. Pero todo esto resultará insuficiente sin que él mismo asuma un liderazgo disruptivo. Como dice Robert Klitgaard, uno de los referentes mundiales de la lucha contra la corrupción, la estrategia eficaz para combatir ese flagelo pasa por “freír unos cuantos peces grandes”. Pero el secreto detrás de la premisa es que esos “peces grandes” no sean solo de la oposición —que de inmediato denunciará una persecución política, como ha sucedido hasta ahora—, sino también del partido en el poder. Para eso se necesita un liderazgo dispuesto a afrontar las turbulencias de una apertura a las investigaciones al interior de su movimiento.

Ir a fondo contra la corrupción, en particular la de los propios, también emitiría una señal clarísima de que los tiempos han cambiado. Una señal que jueces y fiscales, al igual que toda la sociedad argentina, comprenderían de inmediato.

¿Estará dispuesto Alberto Fernández a eso? Algunas de sus reacciones públicas —incluso por Twitter— alimentan las dudas. Si no lo está, al igual que todos los presidentes argentinos que lo antecedieron desde Menem, padecerá a los mismos jueces y fiscales que hoy se inclinan ante su poder.

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Bicentenario: por qué Panamá no celebra su independencia de España

Panamá celebra su independencia de España cada 28 de noviembre. | AFP

Centroamérica celebra este miércoles los 200 años de su independencia. Pero no toda Centroamérica lo celebra.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica festejan este 15 de septiembre el bicentenario de la firma del Acta de Independencia de América Central, con la que rompieron los lazos de más de dos siglos con el imperio español.

Pero una nación -geográficamente centroamericana- no estuvo incluida en el acta y tuvo que esperar otros dos meses para separarse de España y varias décadas para convertirse en estado independiente.

“Panamá logra la independencia (de España) el 28 de noviembre de 1821, más tarde que el resto de los otros países centroamericanos. Y a diferencia de ellos, no se convierte en una república sino que pasa a formar parte de la Gran Colombia, el proyecto de unión de naciones de (Simón) Bolívar”, dice a BBC Mundo el historiador Víctor Ortiz, del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con el académico, los procesos que llevaron a tan distintos rumbos a Panamá y las entonces recién independizadas repúblicas centroamericanas hay que buscarlos en la Historia.

Y más precisamente, en los tiempos de la conquista y la colonización y la forma en la que se desarrollaron diferencias económicas, políticas y sociales entre los distintos territorios españoles en América.

Por: Lioman Lima – @liomanlima
BBC News Mundo

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Bukele acabó con la democracia y lo peor está por venir

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en mayo de 2021Credit...Rodrigo Sura/EPA vía Shutterstock

SAN SALVADOR — Mi país ya no es una democracia imperfecta, es un régimen híbrido con fuertes elementos de autoritarismo y algunos escasos remanentes de institucionalidad democrática.

Aunque eso es suficiente mala noticia, creo que lo peor está por venir.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no va a detenerse en su ejercicio del poder absoluto. De hecho, en las últimas semanas, Bukele ha acelerado su carrera para desmantelar el Estado de derecho salvadoreño.

El camino hasta aquí ha incluido las urnas. Bukele arrasó en las presidenciales de 2019 y desbarató a los demás partidos en las legislativas de 2021. Llegó al poder por la vía democrática, pero lo ha ocupado para concentrar más poder por la vía autoritaria.

En solo 11 días, han salido a la luz detalles de su negociación secreta con las tres pandillas; ha utilizado a la Asamblea Legislativa, que controla, para reformar leyes y purgar a un tercio de los jueces del país, allanando el camino para nombrar a jueces leales a él. Y, como si no bastara, violando la Constitución, la Sala de lo Constitucional impuesta por sus diputados emitió una resolución que permite la reelección inmediata de Bukele para el periodo 2024-2029. Todo esto sin contar algunas piezas que parecen añejas, como la ley de inmunidad para sus funcionarios por las compras en pandemia que aprobó su Asamblea en mayo; u otras más recientes que aún estamos procesando, como la entrada en vigor de la Ley Bitcoin del 7 de septiembre, de la que el gobierno ni siquiera ha informado quiénes están a cargo de su implementación.

Es difícil centrarse en uno solo de estos escándalos protagonizados por un presidente devenido en autócrata y que degradan la joven democracia salvadoreña a un triste espectáculo. La estrategia de Bukele es hacerlo todo rápido, mientras conserve su alto índice de aprobación, que actualmente alcanza casi el 85 por ciento, y antes de que más gente abra los ojos.

Quien entiende que, además de meter un voto en una caja cada cinco años, la democracia también es balance e independencia de poderes, rendición de cuentas a la sociedad, respeto a la Constitución y alternabilidad en el poder, comprende que esto es otra cosa. Cada día más, Bukele es el Estado.

Apenas quedan rasgos democráticos y voces contundentes contra el presidente. La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar tarde. Las señales estaban ahí desde su llegada al poder, pero los gobiernos del continente y el de Estados Unidos esperaron demasiado tiempo. Ahora Bukele ya garantizó su posibilidad de reelección.

Aunque Washington emitió condenas severas y listas de corrupción con funcionarios de Bukele incluidos, la embajada estadounidense en San Salvador jugaba con la mano dócil y limpiaba la cara del presidente con eventos de entrega de vacunas o donándole 12 helicópteros para el ejército que Bukele ha prometido duplicar apenas unos días antes de la última violación a la Constitución. El resto de la comunidad internacional ha sido timorata, si no completamente cobarde.

Lo digo como salvadoreño, pero también como alguien que dirige la redacción de El Faro, un medio independiente que se ha dedicado a investigar abusos del poder, corrupción y violencia de los gobiernos de El Salvador que antecedieron a Bukele, igual que ahora, siempre con consecuencias de ataques gubernamentales y campañas de desprestigio, pero nunca ante un presidente como este, que ha declarado su enemigo al periódico y tiene todas las herramientas para intentar desmantelarlo.

He vivido el recrudecimiento de la represión presidencial: seguimientos, persecución de fuentes, difamación de los colegas, constantes ataques públicos, extralimitadas auditorías de Hacienda, amenazas directas de funcionarios en redes sociales. Todo ello ha quedado consignado en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a todos los miembros del periódico, y también en el registro de la Asociación de Periodistas salvadoreña, que denunció que en lo que va de año ya se superó el número de agresiones a periodistas ocurridas en todo 2020.

Absorta en cubrir sus necesidades del día a día, harta de los políticos tradicionales que saquearon este país, la población en general no es de momento un obstáculo: idolatra a su caudillo.

¿Entonces qué queda? Queda un reducido grupo de la ciudadanía que, apenas organizado, entiende el abismo al que descendemos y está dispuesto a resistirse. También la prensa independiente que ha descubierto decenas de casos de corrupción de este gobierno, a pesar de los ataques feroces del presidente, que ha ocupado cadenas nacionales y, por supuesto, su cuenta de Twitter, para lanzar a sus seguidores contra esos periodistas.

Bukele no configuró un esquema autoritario para comportarse como un demócrata. Las piezas ya están dispuestas en el tablero y pronto empezará a moverlas.

Todas las señales apuntan a que la etapa de represión velada terminará en breve y dará paso a medidas similares a las que vive Nicaragua en la actualidad: encarcelamiento y persecución de periodistas, activistas y opositores políticos con casos armados a voluntad del presidente Daniel Ortega.

Ya asoman ejemplos. La semana pasada fue detenido un activista contra la implementación del bitcóin, sin orden de captura ni conocimiento de la Fiscalía. Fue liberado a las horas, pero sus teléfonos fueron decomisados y su computadora solo siguió en poder de su madre porque ella se resistió a dársela al policía que se la exigía.

Las voces críticas deben entender esto y prepararse para el Estado plenamente represivo que viene.

Es importante que seamos precisos para detallar cómo empezó la represión y cómo se agravó. Ser testigos es fundamental y ser protagonistas tendrá un costo. De aquí en adelante, hay que preparar planes de reacción inmediata ante arrestos injustificados; alertar a los aliados internacionales sobre la urgente situación, registrar cada detalle, cada carro sin placas, cada amenaza en redes, cada policía fotografiando las concentraciones de protesta.

Hay que asumir que en una tiranía el reto al poderoso no termina en un comunicado de prensa ni en un tuit, sino tras barrotes o perseguidos, y para ello hay que prepararse.

Pocas veces desde que en El Salvador se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992 la ciudadanía y el periodismo habían sido tan necesarios. Ahora, más que necesarios, son el único rincón crítico que sobrevive.

Por Óscar Martínez

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Bitcoin en El Salvador | “Esto no es para nosotros los pobres”

Un usuario en un cajero de bitcoin en El Salvador. / EPA

Tres dólares al día, cuando hay suerte, es lo que consigue reunir Francisca Rivas vendiendo en un mercado popular en el norte de San Salvador.

Con eso, menos de US$100 al mes, debe sostener a sus tres nietas, de 12, 9 y 4 años.

“Somos gente pobre que pasamos (vivimos) con las monedas que nos caen al día”, dice sentada sobre un taburete de madera en el interior de su modesto negocio de abarrotes.

Los poco más de dos metros cuadrados de esa habitación son oscuros, compactos y casi invisibles en un lugar en donde otros dos centenares de pequeños comerciantes recibieron con escepticismo este martes la posibilidad de recibir el pago por sus servicios en bitcoin.

Desde este 7 de septiembre El Salvador se convierte en el primer país del mundo en el que esta criptomoneda es de curso legal.

A Francisca se le pueden leer las siete décadas y media de dura vida en el rostro, en las manos desgastadas por el trabajo: un pergamino con historias de carencia y abandono escritas en cada surco de su piel.

“Ese pisto (dinero) no nos conviene, porque nos va a llevar más a la pobreza”, le dice a BBC Mundo. Y da un sorbo a su taza de café.

Con “pisto” se refiere al bitcoin, la criptomoneda impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

A partir de este martes es legal la realización de pagos a través de un monedero digital (wallet) instalado en un teléfono celular.

Uno de los mayores temores de Francisca es que esos US$3 que lleva a diario a casa se reduzcan y presiente que eso sucederá cuando deba negarse a realizar una venta a alguien que, teléfono en mano, quiera pagar en bitcoin.

“Si no tenemos para un aparato de esos, el bitcoin no es para nosotros los pobres”, dice.

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La pobreza convierte pueblos de Honduras en lugares fantasma

El panorama en zonas de los municipios del norte de Honduras es tan desolador que parecen pueblos fantasma. Pocos rostros se ven por las calles y entresijos de tierra de comunidades en El Porvenir, Cedros y San Ignacio. Pareciera que solo mujeres, ancianos y niños habitan esas aldeas y caseríos.

Con seis meses de embarazo, en la aldea La Guadalupe, encontramos a Paola Acosta, sentada en las afueras de su casa de habitación. Tiene 26 años, dos hijos y un esposo que salió indocumentado de Honduras con la intención de llegar a Estados Unidos.

“Duele porque la verdad hay tiempos que no hay dinero para comprar comida, o se enferman algunos. Entonces, uno se desespera y hay momentos en que uno desea hasta morirse”, dice Paola al referirse al motivo que los obligó a tomar esa decisión como pareja.

Pero hoy, seis meses después de su salida, el esposo de Paola se encuentra varado en Caborca, una ciudad mexicana situada en el noroeste, en el estado de Sonora. Allí permanece junto a cientos de migrantes centroamericanos más, dice, en espera del momento oportuno para avanzar y cruzar a Estados Unidos.

“Él tiene que ver cómo come. Si le salen trabajos, trabaja, y si no, tiene que aguantar o pide comida en la casa del migrante. Así está pasando”, comenta la joven, quien afirma que le encomienda diariamente su esposo a Dios.

Los hombres salen mes a mes

Reina Cruz, coordinadora de una organización que apoya a los migrantes retornados en El Porvenir, da pistas sobre por qué allí solo se ven caras de mujeres con sus niños y de ancianos. El problema, asegura, es serio.

“Ver que la materia humana, que es joven, es la que más se nos está yendo y queda la gente de edad que no puede trabajar, o mujeres solas con sus hijos, eso es lamentable”, afirma.

Esta defensora de los derechos de los migrantes conoce cientos de historias con las que podría llenar libros. Dice que ha sido testigo de la gradual reducción de la población, sobre todo de hombres jóvenes que mes a mes salen de esta región por falta de oportunidades de las municipalidades o del gobierno central de Honduras.

“Aquí no hay fuentes de empleo y, las personas que tienen algo de tierra para sembrarla, no tienen cómo comprar ni la semilla, mucho menos fertilizantes, o lo que se requiere hasta cultivar algo”, acota.

Muchos han emprendido la travesía hacia el norte, pero algunos han debido regresar con las manos vacías “porque empeñaron sus cositas y regresan sin nada, y con deudas”.

Deportado cuatro veces, pero más le agobia la pobreza
A René Cruz lo abordamos en otra calle de esta aldea. Está trabajando tres días a la semana como ayudante de albañil. Y mientras llevaba una carreta con arena en sus manos, se detuvo a narrarnos que es uno de los pocos hombres jóvenes que hay en su comunidad porque recientemente lo deportaron… por cuarta vez.

“Voy a volver a regresar porque está difícil la situación, porque aquí los empleos no son buenos, pagan poco”, comenta, mientras detalla que apenas recibe 200 lempiras al día, es decir, unos 9 dólares, para mantener a su esposa y sus dos hijas.

Este hombre, de 35 años, de tez blanca curtida por el sol, dice que no desconoce los peligros de la ruta migratoria porque en uno de sus viajes fallidos estuvo a punto de morir ahogado en el río Bravo, mientras ayudaba a salvar la vida de los dos acompañantes con los que salió de su pueblo. Pero sostiene que la pobreza en la que vive lo agobia más, “pienso regresar y si Dios me permite, Dios me da el esfuerzo de llegar, mandar a traer mi familia”.

René y sus compañeros de viaje fueron rescatados por varios agentes de migración y después fueron deportados a Honduras. Otros migrantes que salieron de estos poblados lograron avanzar y se encuentran en México o quizá, dice, ya cruzaron a Estados Unidos.

Las mujeres ‘salvan’ los campos
En el norte de Francisco Morazán, las comunidades subsisten, en gran parte, gracias a la agricultura. Pero son pocos los hombres que quedaron para trabajar la tierra. Eso lo evidencia con claridad Ramona Meléndez, quien muy afanada, fertilizaba la parcela de maíz que compró con el dinero que le envío uno de sus hijos desde Estados Unidos.

“Esto es obra de lo que Dios les ha dado allá, pues han comprado este pedacito de tierra y la casita”, dice con aires de orgullo. Sin embargo, de la alegría, los ojos de Ramona pasaron a llenarse de lágrimas pues su segundo hijo, de 30 años, salió de aquí hace 5 meses, sin que aun haya podido llegar a Estados Unidos.

“Una de madre nunca deseara que sus hijos se separaran, máximo cuando nos dicen mamá, papá, nos vamos a ir. Es triste ver a nuestros hijos despedirse y sin saber con qué se van a topar en el camino”.

Ese sufrimiento lo conoce muy bien esta mujer campesina porque su hijo mayor, antes de llegar a Estados Unidos, fue secuestrado en México. Ella y su familia tuvieron que pagar el rescate a los integrantes de un grupo de delincuentes que les exigieron varios miles de dólares. “Gracias a Dios, salió con vida de ese episodio. Pero los extrañamos”, acota.

No hay una forma precisa de medir cuántas personas, en particular hombres y jóvenes, salen mensualmente de estos pueblos. Las personas a las que abordamos estiman que emigran entre 15 y 20 hombres de estas aldeas y caseríos, en su mayoría de edades que oscilan entre los 17 y 30 años.

La certeza que sí tienen es que los hombres que han dejado atrás estos pueblos forman parte del ejército de migrantes que han hecho que, en los primeros siete meses del 2021, Honduras recibiera 4,074 millones de dólares en concepto de remesas, un 36.2% más que en el mismo período del 2020, según datos del Banco Central de este país centroamericano.

Pero, ¿a costa de qué?, se pregunta Reina Cruz. “De familias desintegradas, hijos abandonados, mujeres y ancianos que están quedando solos y a la buena de Dios en nuestros pueblos”, se responde.

POR: CLAUDIA MENDOZA – UNIVISION

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