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Alberto Fernández puede reformar la perversa justicia argentina

BUENOS AIRES.— Faltan pocos días para que Alberto Fernández asuma la presidencia en la Argentina, y desde ahora varios jueces y fiscales ya están ofreciendo una nueva demostración de que se mueven al compás de la música política de turno. Protegen al poderoso que está por ascender y le caen duro al que abandona la Casa Rosada. Se trata de un verdadero clásico criollo que padeció Cristina Fernández de Kirchner en cuanto su coalición perdió las elecciones en 2015 y que hace muy probable que a partir de ahora un tsunami judicial caiga sobre el presidente saliente, Mauricio Macri, y varios de sus principales colaboradores.

Macri sabe bien lo que puede esperarle. Le basta con repasar las declaraciones más recientes de su sucesor inminente sobre su gestión, sobre el Poder Judicial o sobre la prensa para anticipar un horizonte complicado. Y si eso no le alcanza, podría recordar cómo, durante los primeros días de su mandato en 2015, un juez federal visitó a su ministro de Justicia para ofrecerle reabrir una de las investigaciones más incómodas contra los Kirchner, que él mismo había cerrado, porque quería impunidad para sí mismo. Macri rechazó el convite, pero durante su gobierno tampoco limpió al Poder Judicial de este tipo de jueces ni castigó la acción. Y ahora sufrirá las consecuencias de esa inacción.

Las estadísticas pueden servirle de oráculo a Macri. Los tribunales orales de Comodoro Py —el edificio con competencia y jurisdicción para juzgar a los funcionarios públicos nacionales— dictaron un promedio de entre dos y cuatro condenas por año por posibles delitos contra el kirchnerismo de 2003 a 2014, el periodo en el que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron en el poder, según datos oficiales del Registro Nacional de Reincidencia. Pero subieron a 16 condenas en 2015, cuando el kirchnerismo abandonaba la Casa Rosada. No es difícil anticipar algo semejante con funcionarios de Cambiemos, la coalición de Macri.

Esta perversa dinámica judicial comenzó hace un cuarto de siglo, cuando Carlos Menem amplió el número de integrantes de la Corte Suprema y montó una “mayoría automática” para blindarlo de investigaciones incómodas. Pero su jugada fue más amplia y más profunda. También desplazó a jueces y fiscales de todos los niveles del Poder Judicial que le resultaban incómodos, reemplazándolos por otros más lábiles. Esos jueces estaban en teoría a cargo de investigar la corrupción de los funcionarios. Es decir, de él mismo.

La jugada le resultó a Menem muy provechosa mientras retuvo en sus manos las riendas del poder. Pero al dejar la presidencia, en 1999, los mismos magistrados que hasta entonces habían mirado para otro lado comenzaron a investigarlo para congraciarse con el nuevo presidente, Fernando de la Rúa.

Siguió pasando con todos los demás jefes de Estado hasta llegar a Macri, quien comenzará a recorrer los mismos pasillos de los tribunales que trasegaron sus antecesores. La dinámica ha sido descrita por la profesora de la Universidad de Rochester, Gretchen Helmke, quien, en 2003, la llamó la “lógica de la defección estratégica” en la justicia argentina.

Tras investigar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema durante la dictadura y la democracia argentina, Helmke corroboró que los magistrados argentinos aumentan sus decisiones contrarias al gobierno saliente, basados en lo que evalúan que será importante para el futuro gobierno. Al mismo tiempo, toman decisiones favorables a las nuevas autoridades cuando creen que puede congraciarse.

Esto ha pasado durante décadas y abarca a todos los niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, con excepciones de dignidad e independencia. ¿Por qué ningún político corrigió esta gravosa distorsión al entrar a la Casa Rosada?

Desde Menem en adelante, todos los que se acomodaron en el sillón presidencial de la Argentina creyeron que ellos sí podrían lidiar con un Poder Judicial ensombrecido por la corrupción. Más tarde, cuando flaqueaba su poder, todos corroboraron que el sistema no era imparcial e iba contra ellos.

Ahora el riesgo es que Alberto Fernández incurra en el mismo error solo para padecer a estos jueces y fiscales que al inicio lo favorecerán, pero cuando termine su presidencia o disminuya su influencia, lo sentarán en el banquillo de los acusados.

Fernández solo podrá evitar este vaivén nocivo para la democracia argentina si encara una reforma sistémica de la administración de justicia, una que vaya más allá de la remoción por la vía institucional de algún magistrado. Esa reforma requerirá impulsar nuevas leyes, reformar el Consejo de la Magistratura y fortalecer otros organismos, como la Oficina Anticorrupción o la unidad antilavado— para promover investigaciones sensibles de manera independiente y creíble.

Fernández podría ir tan lejos como reformar el área de inteligencia que desde los tiempos de Menem se usa para “aceitar” o presionar a jueces, fiscales y testigos. Pero todo esto resultará insuficiente sin que él mismo asuma un liderazgo disruptivo. Como dice Robert Klitgaard, uno de los referentes mundiales de la lucha contra la corrupción, la estrategia eficaz para combatir ese flagelo pasa por “freír unos cuantos peces grandes”. Pero el secreto detrás de la premisa es que esos “peces grandes” no sean solo de la oposición —que de inmediato denunciará una persecución política, como ha sucedido hasta ahora—, sino también del partido en el poder. Para eso se necesita un liderazgo dispuesto a afrontar las turbulencias de una apertura a las investigaciones al interior de su movimiento.

Ir a fondo contra la corrupción, en particular la de los propios, también emitiría una señal clarísima de que los tiempos han cambiado. Una señal que jueces y fiscales, al igual que toda la sociedad argentina, comprenderían de inmediato.

¿Estará dispuesto Alberto Fernández a eso? Algunas de sus reacciones públicas —incluso por Twitter— alimentan las dudas. Si no lo está, al igual que todos los presidentes argentinos que lo antecedieron desde Menem, padecerá a los mismos jueces y fiscales que hoy se inclinan ante su poder.

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Daniel Ortega, el hijo de Somoza

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en 2018Credit...Inti Ocon/Agence France-Presse — Getty Images

El 17 de julio de 1979, el dictador Anastasio Somoza Debayle abandonó definitivamente Nicaragua. Esa fecha —conocida como el Día de la Alegría— parecía cerrar definitivamente una etapa terrible y sangrienta en la historia del país centroamericano. Tras años de lucha, en múltiples frentes, el pueblo había conquistado la libertad y podía comenzar a construir una vida en democracia. Daniel Ortega Saavedra, el comandante del ejército rebelde de 33 años, era uno de los líderes fundamentales de esa revolución. Cuatro décadas después, sin embargo, se convirtió en lo que ayudó a derrotar: es el nuevo Somoza que ahora oprime salvajemente a Nicaragua.

Una de las de características del reciente autoritarismo latinoamericano es el descaro, la falta de pudor. Se comporta de manera obscena, con absoluta tranquilidad. Esta semana, en Nicaragua, han sido detenidos cinco líderes de la oposición, cuatro de ellos posibles adversarios a Ortega en las elecciones presidenciales de noviembre. No se trata solo de una estrategia de fuerza, de control interno, también hay un mensaje desafiante hacia el exterior: Ortega actúa con arrogante impunidad, como si la reacción de la comunidad internacional no le preocupara demasiado. Habiendo pasado el tiempo de las invasiones, ¿acaso la diplomacia puede hacer algo eficaz por detenerlo?

Conocí a Daniel Ortega en una visita que hizo a Venezuela, buscando fondos para apoyar la lucha contra Somoza. Yo tenía 18 años y formaba parte de una brigada de solidaridad con Nicaragua en la ciudad de Barquisimeto. Ahí, un grupo de jóvenes nos reunimos una noche con el comandante guerrillero. Era un hombre sencillo, sin pretensiones personales, se expresaba siempre de manera directa. Nos habló de la guerra en Nicaragua pero, también, de la necesaria batalla en el exterior, de la imprescindible ayuda de los otros países de la región para lograr la caída de la dictadura de Somoza. Hoy todo es tan distinto y tan igual que la historia parece un relato absurdo.

Tras la victoria de la revolución en 1979, Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional gobernaron el país hasta 1990, cuando perdieron las elecciones frente a Violeta Chamorro.

Década y media pasó Daniel Ortega en la oposición hasta que logró ganar las elecciones con un mínimo margen y regresar al poder en 2007. A partir de ese momento, con la ayuda de los petrodólares venezolanos (entre 2008 y 2016, recibió alrededor de 500 millones de dólares anuales de manos del chavismo), comenzó a construir y a desarrollar un proyecto autoritario, destinado a ocupar los espacios de poder y a eliminar la institucionalidad, a someter a la sociedad civil y a garantizar su permanencia indefinida al frente del gobierno.

Es un proceso que, con sus diferencias y atendiendo a sus circunstancias particulares, sigue un libreto similar al aplicado por el chavismo en Venezuela. Tiene grandes visos de nepotismo, ha secuestrado y socavado la autonomía de los poderes, limita a la prensa independiente, controla el aparato de justicia, los órganos electorales, el ejército. Es un modelo que permite que Ortega pueda reelegirse de manera ilimitada mientras sus adversarios —de forma ilegal— son inhabilitados, suspendidos o encarcelados.

La crisis que comenzó en 2018, que tienen en las protestas estudiantiles un protagonista esencial, han mostrado cuán dispuesto está Ortega a emular a Anastasio Somoza. La represión, las detenciones ilegales, los juicios fraudulentos, las denuncias de tortura, el acoso más feroz a la prensa y la persecución política cada vez más implacable dibujan un cuadro crucial de violación permanente a los derechos humanos. Tampoco los diversos intentos de diálogos han logrado prosperar. El país, sin duda, está ante el peor escenario para que se puedan dar unas elecciones libres. Sergio Ramírez, extraordinario escritor y figura emblemática de la lucha contra Somoza y de la Revolución sandinista, retrata así el panorama: “El Estado de derecho dejó de existir en Nicaragua. Lo demás es ficción y remedo”.

Frente la avanzada autoritaria, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a tres funcionarios cercanos a Ortega y a su propia hija. Ya antes, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido han puesto en vigencia medidas coercitivas contra el gobernante nicaragüense. También esta semana, António Guterres, secretario general de la ONU, instó a Ortega a liberar a los líderes opositores y a recuperar la credibilidad en la democracia en su país. Todas estas posturas y declaraciones, sin embargo, son cada vez más inocuas frente al desparpajo con el que actúa el poder en Nicaragua. Parecen una representación lejana en el aire, mientras los ciudadanos están cada vez más indefensos y acorralados. “Somos rehenes de la dictadura”, define acertadamente el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro.

Parece evidente, al menos en la región, que urge reinventar la diplomacia. Las experiencias de Cuba, de Venezuela, ahora de Nicaragua, son más que elocuentes. Ni las sanciones económicas ni las presiones más formales, por separado o en conjunto, parecen haber tenido resultados medianamente palpables. Tampoco los organismos multilaterales o los bloques de varios países han conseguido en la mayoría de los casos alguna consecuencia positiva. El autoritarismo no solo sigue obrando a sus anchas, institucionalizando su violencia, sino que además avanza sin miramientos tratando de legitimar hoy en día las antiguas formas de tiranía militar del siglo XX latinoamericano.

Hay que crear un tipo de relaciones internacionales distintas, que no terminen atrapadas entre una imposible invasión militar o la lentitud de la burocracia de las asociaciones o grupos multilaterales. Tiene que haber una manera de inventar nuevos mecanismos, pactos diferentes, que permitan otras alternativas de intervención regional que —al igual que en el siglo XX— apoyen a las ciudadanías y frenen el avance autoritario en la región.

Para todo esto, es necesario comenzar a despolarizar los conflictos. No estamos ante un debate entre ideologías sino ante una pugna entre el despotismo y la democracia. En distintos niveles y en coyunturas diferentes, lo que está en riesgo es lo mismo. No importa si el gobernante se llama Nayib Bukele o Daniel Ortega. Si se define como liberal o como socialista. Lo que importa es el poder de los ciudadanos, la independencia de las instituciones, la libertad y la alternancia política. El caso de Nicaragua, en ese sentido, es proverbial: un mismo actor ha elegido jugar papeles opuestos. Quien enarboló las banderas contra la dictadura y se proclamó un orgulloso “hijo de Sandino” es hoy, por el contrario, el más perfecto y genuino hijo de Somoza.

Por Alberto Barrera Tyszka

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Hoja de antecedentes policiales en Honduras podrá tramitarse ahora línea anuncia el GDH

En un novedoso proyecto el Gobierno Digital de Honduras hizo este día el lanzamiento del servicio de trámite de antecedentes policiales a través de la plataforma Sin + Filas, con el objetivo de agilizar la solicitud y evitar la aglomeración de personas.

El GDH asegura que este servicio transparente y ágil a la población, permitirá que los usuarios pueden encontrar diferentes servicios que podrían realizar desde la comodidad de sus casas u oficinas, volviendo los procesos más ágiles y transparentes.

Algunos de los servicios proporcionados los podrán encontrar en el sitio web : www.gobiernodigital.gob.hn

En este lanzamiento virtual participó el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y autoridades encargadas de la realización de este servicio.

Fuente: noticias247.hn

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Noticias Internacionales

Arrestan en Nicaragua a los opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro

Felix Maradiaga habló con periodistas fuera de la fiscalía antes de su arresto. - REUTERS

Las autoridades de Nicaragua arrestaron este martes a Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, otros potenciales contrincantes del presidente Daniel Ortega en las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre.

Maradiaga fue acusado de “terrorismo” y conspiración contra la soberanía e independencia de Nicaragua. Está siendo investigado en virtud de una controvertida nueva ley de seguridad aprobada en diciembre por el gobierno de Ortega.

Chamorro, por su parte, es acusado de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, informó la Policía Nacional.

Estados Unidos calificó a Ortega de “dictador” tras los arrestos.

Las de Maradiaga y Chamorro son la tercera y cuarta detención de posibles contrincantes de Ortega a cinco meses de la fecha de los comicios.

La semana pasada, la líder opositora Cristiana Chamorro fue puesta bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero, acusación que ella niega.

Y el sábado otra figura de la oposición, Arturo Cruz, fue detenido en el aeropuerto de Managua cuando llegaba de Estados Unidos.

El presidente Ortega, de 75 años, busca un cuarto mandato consecutivo.

Arrestos
Maradiaga, de 44 años y probable candidato presidencial de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, fue detenido después tras ser citado a una audiencia en la Fiscalía de Managua el martes.

Según los informes, la policía detuvo al opositor y su abogado en su auto después de salir de la oficina.

Un vocero de la oposición dijo que la policía había golpeado a Maradiaga durante el arresto y que se desconocía su paradero.

“Está siendo investigado por realizar actos que amenazan la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pidiendo intervenciones militares”, reza un comunicado de la policía.

También por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, añadió.

Chamorro, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, fue detenido en su residencia, al sur de Managua, que también fue allanada por la Policía Nacional, según reportó la agencia Efe.

Condena internacional
Los arrestos provocaron una rápida condena de la jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina.

“El arresto arbitrario del candidato presidencial Félix Maradiaga (…) debería resolver cualquier duda restante sobre las credenciales de Ortega como dictador”, dijo Julie Chung.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también expresó su preocupación en Twitter: “En los últimos 30 años, nunca había visto algo así. Se necesitan con urgencia esfuerzos multilaterales para detener a Ortega”.

Los cargos contra los opositores derivan de una ley aprobada en diciembre que apunta a “quienes piden, celebran y aplauden la imposición de sanciones contra el Estado nicaragüense”.

Sus partidarios dicen que es para defender la soberanía de Nicaragua contra la influencia extranjera hostil, pero los críticos aseguran que está diseñada para evitar que los políticos de la oposición se presenten a las elecciones.

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra Ortega y su gobierno.

En tanto, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, aludió este martes por segundo día consecutivo a las investigaciones de la Fiscalía contra los opositores, a quienes llamó “ladrones”, “terroristas” y “criminales”.

“Se creen eternamente impunes, (pero) la Justicia llega, tarde pero llega, en esta Nicaragua que venía prosperando y en reconciliación y en un modelo hermoso y ejemplar de alianzas por el bienestar de todos”, dijo Murillo en alusión al pacto que Ortega tuvo con la empresa privada hasta la rebelión social de 2018.

Opositores en prisión
Arturo Cruz, de 67 años, se encuentra en prisión preventiva mientras los fiscales investigan las denuncias de “provocación… y conspiración para atentar contra la integridad nacional”.

Cristiana Chamorro, también de 67 años, fue puesta bajo arresto domiciliario días después de anunciar que buscaría convertirse en la candidata presidencial de la opositora Alianza Ciudadana.

Muchos en la oposición la ven como la mejor esperanza de ganar a Ortega en las urnas. Su madre lo derrotó en las elecciones presidenciales de 1990.

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El Salvador autoriza el bitcoin como moneda de curso legal

Bukele asegura que su iniciativa generará empleos y aumentará la inclusión. - GETTY IMAGES

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la Ley Bitcoin y el centroamericano se convirtió con ello en el primer país del mundo en reconocer la criptodivisa como moneda de curso legal de intercambio.

La iniciativa, que salió adelante gracias al voto a favor de 62 diputados de los 84 que componen el Parlamento de mayoría oficialista y entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, establece solo el curso legal del bitcoin y no de otras criptomonedas.

La medida no contó con los votos de 19 diputados, 14 parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), 4 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, derecha) y uno del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, todos partidos opositores.

La normativa la dio a conocer a través de Twitter el presidente Nayib Bukele, quien ya el sábado anunció en un video difundido durante la conferencia Bitcoin 2021celebrada en Miami que enviaría dicha propuesta de ley a la Asamblea, y fue introducida a la sesión parlamentaria sin mayor discusión legislativa.

De acuerdo con el decreto, la ley tiene como objeto la regulación del bitcoin como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que la personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar.

La ley establece que el cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido “libremente por el mercado” y no estará sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal.

Y también que todo agente económico deberá aceptar el bitcoin como forma de pago “cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio” y que el órgano Ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda, de acuerdo a lo establecido en la ley.

Críticas e incógnitas
Desde que Bukele anunciara el sábado su intención de enviar el proyecto de ley a la Asamblea para su aprobación, la cuestión ha suscitado la crítica de los que señalan que quedan muchas incógnitas por despejar con respecto a la implementación del plan.

Ese mensaje fue el que repitió el diputado opositor Rodrigo Ávila durante su intervención en el pleno de la Asamblea.

Dijo que el bitcoin es “un mecanismo monetario volátil y su uso genera una situación grave si no se toman las medidas pertinentes”.

Señaló que en “varios” países se ha prohíbido el uso de criptomonedas, en especial el bitcoin, y en “otros” se ha alertado sobre el uso específico del bitcoin, y agregó que el bitcoin “se permite en varios países pero no ha sido oficializado como moneda de curso legal, lo que sí se está haciendo aquí sin un mayor análisis, ni la discusión debida”.

Por su parte, Carlos Acevedo, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva (2009-2013) y representante de Centroamérica ante el FMI, también hacía referencia a la volatilidad de las criptomonedas en el artículo publicado en el medio salvadoreño El Faro tras el anuncio del sábado de Bukele, antes de que la ley fuera aprobada.

Y el ahora consultor económico y catedrático universitario señalaba que el plan “adolece de una difícil viabilidad” y que “someter el sistema financiero a una apuesta por las criptomonedas representa un salto al vacío que bien pudiera terminar en catástrofe”.

Sin embargo, el presidente Bukele señaló en su Twitter que “la #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo 0 (cero) para quienes no quieran asumir riesgos”.

Y apuntó que “el gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción”.

Ya en el video emitido el sábado en la conferencia Bitcoin 2021, considerada uno de los mayores encuentros sobre criptomonedas, el mandatario dijo que la autorización de la criptodivisa como moneda de curso legal “en el corto plazo generará empleos y ayudará a proveer inclusión financiera para los miles de personas que se encuentran fuera de la economía formal”.

Y se anunció que El Salvador se asociará con Strike, una empresa de pagos digitales, para crear una infraestructura financiera moderna basada en el bitcoin.

Jack Mallers, fundador de la plataforma Strike, dijo durante la conferencia que el uso del bitcoin puede ayudar a bajar los costos de las transacciones y a aumentar la inclusión financiera en un país como El Salvador donde una parte importante de la población no tiene cuentas bancarias.

“Adoptar una moneda digital nativa como moneda de curso legal proporciona a El Salvador la red de pagos abierta más segura, eficiente y globalmente integrada del mundo”, dijo Mallers.

El corresponsal de la BBC Will Grant afirmó el sábado que se trata de un paso “atrevido” y destacó que gran parte de la economía de El Salvador se basa en las remesas del exterior y el cambio a una moneda digital puede permitir que las familias eviten las costosas tarifas que implica enviar dinero a casa cada mes.

“De cualquier manera, es un movimiento que probablemente refuerce la imagen de bitcoin como la ‘moneda del futuro’ y la posición del presidente Bukele entre sus partidarios como un innovador”, aseguró.

Para Rohan Gray, un experto de Digital Currency Global Initiative, Bukele es “un presidente joven que intenta capitalizar una imagen popular”.”Hay mucho de relaciones públicas detrás de anunciar algo como esto, incluso si no se han resuelto todos los detalles”, le dijo a la BBC.Gray advirtió que un país que adopte una criptomoneda como moneda de curso legal otorgaría un control considerable “a una red que no es estable, no tiene actores responsables y no tiene un historial de proporcionar el tipo de estabilidad de precios y liquidez que se supone que debe proporcionar una moneda”.

Bukele ha sido defensor del uso del bitcoin desde, al menos, 2017.

Tras el triunfo obtenido por su partido “Nuevas Ideas”, en las elecciones legislativas de febrero pasado, el mandatario cuenta con una mayoría absoluta a su favor para dar luz verde a sus propuestas.

En Japón, uno de los países más avanzados del mundo en el uso de criptomonedas, una reforma legal en 2017 convirtió al bitcoin en forma de pago, lo que algunos interpretaron como que se le había otorgado el estatus de moneda de curso legal.

Sin embargo, un reporte publicado en 2018 por el Banco Central de Japón aclaró que la criptomonedas como el bitcoin “no son una moneda de curso legal y su uso para pagos depende de la voluntad de la contraparte para aceptarlos”.

Por: Redacción – BBC News Mundo

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