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Inmigración

AYUDA A PROTEGER NUESTRA COMUNIDAD DE I.C.E.

Después de los continuos ataques a nuestra comunidad de inmigrantes por parte de la Administración de Trump, nos enfocamos en protegerlos a Los immigrantes. Los agentes de Aduanas (I.C.E.) iniciaron redadas este finde de semana y debemos evitar este comportamiento inhumano en contra de nuestros hermanos y hermanas indocumentada.  Es con la ayuda de nuestra comunidad que continuamos #BuildingABetterBronx para nuestra familia inmigrantes, así que por favor lean cómo estar más preparados.

 ¿COMO PROTEGER A NUESTROS VECINOS?:

  • Conozca la información de contacto de los lugares de culto locales.
    • Las casas de culto se consideran “santuarios” para todos los individuos, independientemente de su estado de ciudadanía.
  • Póngase en contacto con su empresa local y acreditada para obtener asistencia en caso de que ocurra una I.C.E.
    • También asegúrese de que las compañías estén dispuestas a mantener a las personas indocumentadas a salvo.
  • Designar un proveedor de atención de emergencia.
    • Confíe en un amigo o familiar de confianza para proteger a sus hijos si ICE lo detiene, lo detiene o lo hace con usted.
  • Rodaje y grabación
    • Para obtener evidencia tangible de un tratamiento inhumano, el “botón Guardar” es su mejor amigo.

CONOCE TUS DERECHOS:

  • SIEMPRE tiene derecho a permanecer en silencio
    • “Lo que digas puede y será usado en tu contra”.
    • Después de un arresto, las personas siempre tienen el derecho de guardar silencio.  Las personas pueden declarar que no responderán preguntas hasta que hayan hablado con su abogado.\
  • SIEMPRE tiene el derecho de solicitar una orden judicial de registro e incautación.
    • Sin una orden emitida por los tribunales, no I.C.E.  El agente puede entrar a su casa.
    • Siempre puede indicar que no está de acuerdo con la investigación pública.  Sin justificación o consentimiento, I.C.E. Los agentes no pueden legalmente participar en una búsqueda.
  • NO te vuelvas físico o resistas violentamente.
    • La participación en la violencia proporciona I.C.E.  Agentes que tienen la oportunidad de denunciar casos de “amenaza” y obstrucción de la justicia.
    • Es más probable que tales actos resulten en arrestos, detenciones, deportaciones o incluso acciones violentas inmediatas por parte de I.C.E. Agentes. 

RECURSOS:

  • ActionNYC – Asistencia de inmigración gratuita y confidencial.
    • Llame al 1-800-354-0365 entre las 9 am y las 6 pm de lunes a viernes.
    • O marque 311 y diga “ActionNYC”
  • Línea directa multilingüe de la oficina de los nuevos estadounidenses
    • Llame al 1-800-566-7636
  • La oficina de la Asamblea del Estado de Nueva York, Michael A. Blake
    • Llame al +1 (718) 538-3829
    • O visite 780 West Concourse Village, Ground Fl. Professional, Bronx, NY 10451
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Inmigración

Recepción de migrantes deportados ha costado más de Q8.4 millones

Migrantes reciben refacciones al salir del albergue Ramiro de León al finalizar su cuarentena. (Foto: Conamigua)

El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) ha invertido más de Q8 millones en la recepción, transporte, hospedaje y otros gastos de logística para atender a los connacionales que han sido deportados desde México y EE. UU. durante la emergencia por el nuevo coronavirus y que a la fecha suman más de siete mil 700.

A raíz de la llegada de la pandemia a Guatemala se han tenido que afinar los protocolos para la recepción y llegada de migrantes.

Aunque la cantidad de deportaciones disminuyó significativamente desde el pasado 13 de marzo cuando se registró el primer caso positivo, el tratamiento que se les da a los retornados ahora es más complejo puesto que, ya de vuelta en el país, deben permanecer en cuarentena hasta que se descarta en ellos la enfermedad.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registra desde el comienzo de la emergencia a la fecha siete mil 796 deportaciones, cuatro mil 452 desde México y tres mil 344 desde EE. UU.

Cuando los migrantes retornan al país son llevados al albergue Ramiro de León Carpio de la zona 13 capitalina. También se disponen de tres hoteles que son utilizados según la cantidad de connacionales que son deportados; sin embargo, estos se dejarán de utilizar para adultos próximamente porque se habilitará otro albergue en Amatitlán.

Para atender a los retornados, Conamigua dispuso de Q9 millones 233 mil que ejecuta a través de la partida presupuestaria atención por desastres naturales y calamidades públicas. A la fecha ha ejecutado, según sus autoridades, el 91 por ciento de ese presupuesto, el equivalente a Q8.4 millones.

La institución destacó que durante la emergencia se han entregado 38 mil 316 raciones de comida, así como seis mil kits de higiene y dotaciones de ropa que incluye pantalón playera y zapatos. Además, también ha gastado en el transporte de migrantes deportados desde México, pues son trasladados a la capital desde Ciudad Tecún Umán, San Marcos.

Además, se han entregado mil 500 juegos de mesas a menores de edad para que se entretengan mientras guardan la cuarentena.

Más recursos
La secretaria ejecutiva de Conamigua, Rita Elizondo, comentó que están por levantar un concurso para la compra de alimentos después del cual se agotarán Q9.3 millones aprobados por el consejo a la institución, por lo cual en la próxima reunión solicitará una ampliación que podría ser de Q2 millones a Q2.5 millones.

Para concretar la petición, añadió la funcionaria, debe recopilar una serie de peticiones que le han hecho llegar distintas instituciones involucradas en la recepción de migrantes como el IGM, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las secretarias de Bienestar Social y de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.

Dicha ampliación deberá ejecutarla Conamigua a más tardar hasta que termine la vigencia del Estado de Calamidad aprobado por el Congreso y solicitado por el Ejecutivo, puesto que se desconoce si se solicitará otra prórroga.

Problemas
Conamigua ha sido una institución que históricamente ha sido incapaz de ejecutar recursos, lo cual, sumado a otras deficiencias llevó al actual canciller, Pedro Brolo, a sugerir la posibilidad de disolver la institución, postura que ha sido respaldada por ciertas voces, aunque rechazada por otras.

En el 2016 apenas ejecutó el 31% de su presupuesto, un año después fue el peor año con un gasto de solo el 12.21%. En el 2018 y 2019 el porcentaje de ejecución solo llegó a 23% y 22%.

Este año, debido a los programas por a la emergencia del covid-19, Conamigua refleja una ejecución del 31.49% en el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin).

Según Elizondo están próximos a proyectos adicionales para intentar ejecutar el resto de los Q34 millones del presupuesto de la institución. Entre otros, se piensa en uno para la atención de las familias de los migrantes cuyo plan piloto empezará en Huehuetenango y San Marcos y que iría de la mano con la instalación de un observatorio de remesas.

Más deportaciones
El trabajo de las instituciones involucradas en recibir a los deportados seguirá toda vez que EE. UU. se ha negado a suspender los envíos a pesar de que varios connacionales que fueron retornados venían contagiados de covid-19.

Hasta antes de la llegada de la pandemia a Guatemala, 10 mil 425 guatemaltecos habían sido deportados desde EE. UU. y siete mil 982 desde México. Después, las cifras cayeron significativamente, aunque el flujo no se ha detenido.

Los guatemaltecos que EE. UU. deporta principalmente son aquellos que aún se arriesgan a viajar a través de México, pero que al llegar a la frontera sur de aquel país son devueltos a su país de origen al no más entregarse o ser sorprendidos por la Patrulla Fronteriza.

Debido al Título 42 que rige a consecuencia de la crisis por el covid-19 casi ningún migrante tiene la oportunidad de exponer su necesidad de asilo y casi todos son deportados de manera “exprés”.

Aunque relativamente son pocos los guatemaltecos que se han aventurado a viajar de manera irregular durante esta emergencia —cerca de tres mil en casi cuatro meses— la cifra podría aumentar en lo que se comienzan a liberar las restricciones a la movilidad y de que en EE. UU. comience a caminar la recuperación económica.

Pero muchos de los guatemaltecos que son deportados han permanecido en los centros de detención del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en donde los casos de coronavirus ya se cuentan por miles.

Según es agencia del gobierno estadounidense, hasta la fecha, cuatro mil 192 internos han dado positivo a covid-19, de los cuales 917 se encuentran aún en prisión y se encuentran aislados, además, se lamenta la muerte de tres internos.

Por Sergio Morales Rodas
prensalibre.com

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Inmigración

Coronavirus en EE.UU. | “Tuvimos que fabricar mascarillas con toallas sanitarias y camisetas”

Por: Patricia Sulbarán Lovera
Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles

Verónica dice que desde hace días que solo la alimentan con pan y agua porque los cocineros dejaron de trabajar debido a la emergencia del coronavirus.

Es una joven salvadoreña solicitante de asilo que ha estado detenida desde octubre del año pasado en Estados Unidos.

El pasado viernes 10 de abril, Verónica decidió junto a otra compañera juntar retazos de tela de camisetas y, con toallas sanitarias de uso diario y elásticos para el pelo, elaborar mascarillas.

Lo hizo porque en el centro donde está detenida, el de Otay Mesa, en el sur de California, no les habían dado ni tapabocas ni guantes para protegerse, pese a que ya había casos positivos de covid-19 dentro de la instalación, asegura la joven de 23 años a BBC Mundo.

“Aquí no hay asistencia médica, no nos atienden, nos dicen que hagamos gárgaras de agua con sal, que estamos bien, que es un resfriado nada más”, dice en una llamada telefónica el martes 21 de abril.

Lo descrito por Verónica es replicado por más inmigrantes que le hablaron a este medio en Otay Mesa y en otros centros, y por organizaciones que brindan asesoría legal y mantienen comunicación constante con esta población.

Al viernes 24 de abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) confirmaba 317 casos de covid-19 en una población estimada de 31.000 detenidos.

Tan solo se habían realizado alrededor de 400 pruebas diagnósticas hasta el viernes 17 de abril, según declaró Matthew Albence, director interino de ICE, en una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes.

No ha habido ningún fallecimiento como consecuencia de la covid-19, de acuerdo a información que ICE hizo llegar a este medio a mediados de la semana pasada.

En las últimas semanas, diversas protestas frente a centros del ICE exigieron la liberación de las personas retenidas por temor a que puedan resultar contagiadas de covid-19. / AFP

Pese a que la agencia federal asegura en su sitio web que la salud, seguridad y bienestar de los detenidos están “entre las más altas prioridades”, en semanas recientes grupos de inmigrantes han iniciado huelgas de hambre en señal de protesta y varios tribunales han ordenado la liberación de algunos detenidos.

¿Qué pasa?
Verónica cuenta que duerme en una celda “de ocho camas, una encima de otra a una distancia más o menos de un metro” y que convive con otras cuatro mujeres.

“Utilizamos el mismo baño… no estamos en un ambiente en el que se pueda hacer distanciamiento”, dice.

Los centros de detención son administrados por empresas privadas y cuentan con tamaños y distribuciones diferentes, pero los detenidos y organizaciones consultados coinciden en que a menudo hay espacios en los que conviven cientos de personas y que las celdas son compartidas.

Además, señalan, son los mismos detenidos quienes deben limpiar las áreas que usan, incluidos sanitarios colectivos, y lo hacen sin protección como guantes o tapabocas.

“(Los detenidos) solo tienen acceso a una barra de jabón para la semana entera”, dice Veronica Salama, abogada de inmigración de la organización estadounidense de derechos humanos Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés).

Salama advierte que sus clientes”no tenían idea de la gravedad de esta enfermedad” al principio y que “los funcionarios no les informaban de nada ni les daban panfletos con instrucciones para el lavado de manos”.

“Hay funcionarios que entran a las unidades donde están los detenidos a entregarles la comida sin guantes ni máscaras”, agrega.

ICE informó hasta el miércoles 22 de abril de 35 de sus trabajadores en estas instalaciones que dieron positivo por covid-19.

Estas situaciones han provocado que “haya gente organizándose en 30 detenciones para exigir cambios y que en trece de ellas haya habido retaliaciones”, estima Cynthia Galaz, de la organización Freedom For Immigrants, que tiene una línea telefónica directa con los centros de detención.

Galaz ha documentado testimonios de personas que dicen haber recibido amenazas de que les rociarían gas pimienta o de que los trasladarían a una zona de confinamiento solitario, informalmente llamada “el hoyo”.

“Avientan a las personas a un cuarto donde están solas por mucho tiempo y básicamente la gente lo describe como tortura psicológica”, apunta.

Además de las demandas interpuestas en tribunales que piden la liberación de ciertos detenidos, un juez federal ordenó a ICE el pasado lunes 20 que identificara y considerara liberar a aquellos inmigrantes bajo su custodia cuya edad o estado de salud los ponen en riesgo de contagiarse de coronavirus.

El juez Jesús Bernal, de una corte en Los Ángeles, determinó que las evidencias presentadas “sugieren una inacción sistemática” por parte del gobierno “que va más allá de una mera ‘diferencia de opinión médica o de negligencia'”.

Adicionalmente, dicen, han limitado el ingreso de nuevos detenidos.

“La población de detenidos bajo custodia de ICE ha decrecido en más de 4.000 personas desde el 1 de marzo”, asegura.

Además de suspender temporalmente todas las visitas, la oficina “decidió reducir la población de todas las instalaciones” hasta que queden en una capacidad del 70% o menos para hacer posible el distanciamiento social.

A los detenidos que presentan síntomas de fiebre o problemas respiratorios, se les “aísla y monitorea por un periodo de tiempo determinado”.

Aquellos que no presentan los síntomas arriba mencionados, pero “que están incluidos en las pautas de riesgo epidemiológico” son monitoreados por 14 días.

Los que presentan síntomas entre moderados y severos o aquellos que requieren “niveles más altos de cuidado o monitoreo” son trasladados a hospitales.

La agencia, sin embargo, no brindó información a este medio sobre cuántas personas han sido hospitalizadas.

“Nunca me hicieron la prueba”
Rosmary Freites es una de las inmigrantes que, por su situación médica -es diabética y asmática- fue liberada del centro Broward Transitional (BTC) en Florida, luego de que la organización United We Dream, que vela por los derechos de inmigrantes, la ayudara al presentar una petición con más de 1.000 firmas para su liberación ante un juez.

Freites, venezolana de 23 años, describe que estuvo aislada en un cuarto con otras cinco detenidas por un par de días y que al preguntar por qué, funcionarios le comunicaron que una persona que estaba allí había tenido contacto con un abogado que dio positivo por covid-19.

“Después de los dos días nos sacaron de la cuarentena y nunca me hicieron la prueba ni me dieron mascarilla”, dice.

El SPLC documentó que el centro de detención de Krome, en Miami, tenía cuatro espacios con personas en cuarentena y que “la gente está entrando y saliendo, no es realmente una cuarentena”.

Otro problema reportado es el del traslado de inmigrantes de un centro a otro, como le ocurrió al esposo de Anette Villa, quien es asmático.

La cubana cuenta que en las últimas semanassu esposo pasó por al menos tres diferentes centros antes de ser finalmente admitido en Baker, en el centro-norte de Florida.

“Ya la pandemia estaba andando y con todos los traslados que le hicieron mientras lo procesaban, pasó dos noches durmiendo en el piso y otras tantas en un catre porque no había camas disponibles”, describe.

Villa, quien vive en Florida, cuenta que su esposo viajó desde México y que pidió asilo ante las autoridades fronterizas hace 11 meses.

“Él sabe que si le cae el virus, sus pulmones no van a aguantar. Está con pánico y le digo que se calme. Tengo miedo que se me muera”, dice.

Según le ha descrito su esposo por teléfono, comparte el espacio con otras 29 personas y varios están usando los jabones que traían de otros centros.

Villa, mientras tanto, dice que está tomando antidepresivos y que sufre de alopecia como consecuencia de la situación.

“Es mucha la presión que tengo”, añade.

“Nos rociaron con gas pimienta”
El centro Otay Mesa, en el que permanece recluida Verónica, es el que cuenta con más casos confirmados de covid-19, 57 detenidos y 8 empleados de ICE.

Aunque organizaciones como el SPLC temen que la cifra sea mayor.

“No sabemos todos los detalles de lo que pasa adentro, la situación no es transparente”, dice la abogada Maia Fleischman en referencia a todos los centros.

Otay Mesa ocupó titulares en días recientes luego de que se hicieran públicos audios en los que una detenida describía que estaban rociando gas pimienta dentro de algunas celdas.

El incidente fue reportado el viernes 10 de abril, luego de que un grupo de detenidas se negara a firmar un documento en el que, según describen, la empresa que administra el centro se liberaba de la responsabilidad en caso de que alguna se contagiara, y solo después de que firmaran les entregaría unas mascarillas.

“El ataque ocurrió en mi unidad”, dice Briseida Salazar, una mexicana de 23 años que fue liberada bajo fianza días después.

Salazar, una de las pocas que hablaba inglés en el grupo, de más de 60 mujeres, ayudó a traducir el documento para las demás y esto provocó, explica, que rehusaran firmarlo.

“Llegó un punto en que nos frustramos mucho y empezamos a protestar y la gerente que estaba allí nos dijo que estábamos haciendo mucho ruido y llamó al equipo de emergencia y ellos llegaron con el gas pimienta”.

Verónica, que en ese momento hablaba por teléfono con un miembro de la organización Pueblos Sin Fronteras (PSF), gritó que les estaban rociando con gas pimienta y que se llevaban con esposas a una detenida que sufre de problemas mentales.

El audio fue difundido en los medios de comunicación.

ICE confirmó los hechos, pero negó que hubieran rociado el gas pimienta.

“No hubo uso de fuerza ni de agentes químicos dispersados durante el incidente (…) estos alegatos sencillamente no son verdaderos”, dice un comunicado enviado a BBC Mundo.

De acuerdo con PSF, que intercambia llamadas a diario con detenidos en Otay Mesa, hay más de 100 en huelga de hambre como protesta por la mala alimentación y la falta de medidas para garantizar la prevención de contagios.

En otra área de las instalaciones está detenido Samuel Gallardo Andara, un enfermero venezolano de 28 años que cuenta que la zona en la que está, de unas 100 personas, “la mitad se ha enfermado”.

“Lo máximo que han hecho los médicos es observación y lo único que dan es tylenol (paracetamol)”.

Las situaciones descritas no son ajenas a estos centros de detención, advierten organizaciones que han interpuesto demandas en el pasado al denunciar, entre otras cosas, negligencia en la atención médica dentro de las instalaciones.

La pandemia del coronavirus lo que ha hecho, indican, es subrayar los problemas que persistían en algunas de estas infraestructuras, manejadas en su mayoría por compañías privadas.

Desde el teléfono, Verónica dice que está muy estresada y que por el momento no le ve “salida a esto”.

“Este momento que estamos viviendo aquí es muy difícil, muy difícil”, dice antes de que se agote el tiempo permitido de la llamada y se corte la línea.

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Inmigración

WSJ: el gobierno compró una base de datos de teléfonos celulares para ubicar inmigrantes

Las agencias federales utilizan datos de ubicación de teléfonos celulares para aplicar la ley de inmigración, denunció el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico dijo que la herramienta fue conseguida tras la compra del acceso a una base de datos comercial que rastrea y mapea los movimientos de millones de teléfonos celulares.

La información “la están utilizando para la implementación de la ley de inmigración y la seguridad fronteriza”, dijo el periódico atribuyendo el hecho a personas familiarizadas con el tema.

El WSJ dijo que también tuvo acceso a documentos que explican el alcance de la herramienta.

“Los datos de ubicación se obtienen de aplicaciones de teléfonos celulares comunes, incluidas las de juegos, clima y comercio electrónico, para las cuales el usuario ha otorgado permiso para registrar la ubicación del teléfono”, explicó.

De qué se trata
El diario dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha utilizado la información para detectar a inmigrantes indocumentados y otras personas que pueden ingresar ilegalmente al país.

Indicó además que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia encargada de las deportaciones y que opera bajo el mando del DHS, ha utilizado los datos para ayudar a identificar a los inmigrantes que posteriormente fueron arrestados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargada de la vigilancia de las fronteras, también utiliza la información “para buscar actividad de teléfonos celulares en lugares inusuales”, tal como zonas remotas en el desierto que se extienden a lo largo de la frontera con México, dijeron las fuentes mencionadas por el periódico.

No se sabía
El uso de la herramienta por parte del gobierno federal para fines de aplicación de la ley de inmigración era un secreto, hasta ahora.

“Los expertos dicen que la información equivale a uno de los mayores tesoros conocidos de datos a granel desplegados por las fuerzas del orden público en Estados Unidos”, indicó el periódico. Y que el uso de esta información “parece estar en una base legal firme, porque el gobierno compra el acceso a un proveedor comercial privado”.

Hasta ahora el uso de esta información no ha sido desafiado en los tribunales de justicia. Pero la revelación de la herramienta pone en el tapete el debate sobre los alcances de la vigilancia comercial progresiva “que ahora está llegando a manos del gobierno”, dijo al diario Alan Butler, asesor general del Centro de Información de Privacidad Electrónica, un grupo de expertos que impulsa leyes de privacidad más estrictas.

Clima de miedo
“La noticia aumenta los temores en la comunidad inmigrante”, dijo a Univision Noticias Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Esto hará que muchas personas cambien la manera en cómo se comunican”.

“También es probable que el gobierno arreste a las personas equivocadas, individuos que le prestaron el teléfono a otro individuo que estaba en el radar de las autoridades”, agregó.

“Pero en concreto, esto pone más pánico en el publico”, dijo Hernández. “Y perjudicará la colaboración o la denuncia de hechos delictivos a la policía si algo les pasa. El saber que el gobierno los está rastreando asusta a las personas y causa un impacto negativo”.

A la pregunta si cabe un consejo tras conocerse la noticia de la nueva herramienta para rastrear inmigrantes deportables, Hernández dijo que “por ahora no sabemos cómo funciona la herramienta en detalle. Pero lo recomendable es no colocar información sensible y confidencial en los teléfonos celulares. Hay que proteger la privacidad”.

Los vendedores
Según el WSJ, el acceso a la base de datos comenzó a ser tramitado en 2017 por una división del DHS. El proveedor es Venntel Inc, de Herndon, Virginia, una compañía tecnológica que comparte varios ejecutivos y patentes con Gravy Analytics, una pieza importante en el sector móvil.

El reportaje añade que en 2018 ICE compró licencias Venntel por valor de $190,000. Y en septiembre del año pasado la CBP compró $1.1 millones en licencias para tres tipos de software, incluidas las suscripciones de Venntel para datos de ubicación.

The Wall Street Journal dijo que el DHS y las agencias bajo su mando “reconocieron” haber comprado el acceso a la base de datos, pero no discutieron los detalles sobre cómo lo están utilizando en las operaciones policiales.

Otras fuentes familiarizadas con protocolos de operación de las agencias indicaron que la herramienta se utiliza para “generar pistas de investigación sobre posibles cruces fronterizos ilegales y para detectar o rastrear grupos de migrantes”.

CBP dijo que tiene “protecciones de privacidad” y límites sobre cómo usa la información para ubicar teléfonos. Agregó que solo accede a una pequeña cantidad de datos de ubicación, y que garantiza “proteger la privacidad de estadounidenses”.

“Lo intuíamos”
“Esto es grave, muy grave”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Lo intuíamos, teníamos sospecha de que algo así estaba sucediendo, pero no estaba confirmado”, agrega.

“Una familia aquí en California se mudó de casa el viernes de la semana pasada porque tenían una orden de deportación. El sábado un grupo de agentes de ICE llegó a la antigua residencia. No había nadie. Y el lunes, de madrugada, estaban en las afuera del nuevo apartamento. La única manera de haberlo sabido era por el teléfono”, indicó.

Gálvez dijo además que el gobierno “está comprando legalmente” este tipo de información que se colecta a través de Apps que utilizan GPS, entre ellos mapas e incluso para ver el estado del tiempo.

En un comienzo ICE tuvo acceso a la base de datos de la herramienta “para su uso por parte de sus investigadores que rastrean organizaciones criminales de tráfico de personas y drogas”, dijo el WSJ. “Posteriormente, la información fue compartida con la unidad que lleva a cabo deportaciones”.

La agencia federal dijo además que “no discutimos tácticas o técnicas específicas de aplicación de la ley, ni discutimos la existencia o ausencia de capacidades específicas sensibles a la aplicación de la ley”.

En general, “ICE no utiliza los datos de ubicación para las operaciones de deportación de rutina”, aseguró Bryan Cox, portavoz de ICE.

El presidente de Venntel, Chris Gildea, dijo: que “no podemos hacer comentarios en nombre de nuestros clientes, y cualquier consulta sobre este contrato debe dirigirse al DHS”.

Fallo de la Corte Suprema
En 2018 la Corte Suprema, en una decisión 5-4, determinó que el gobierno no puede monitorear los movimientos de personas por semanas o meses por medio del rastreo del teléfono celular, a no ser que tenga una orden judicial que lo permita.

Los magistrados que votaron a favor argumentaron que los rápidos avances en la tecnología han hecho inadecuadas las regulaciones sobre el respeto a la privacidad.

El magistrado presidente John Roberts escribió el razonamiento que fue respaldado por los cuatro jueces liberales del máximo tribunal, pero rechazada por los otros cuatro magistrados conservadores.

Por ejemplo, el conservador Anthony Kennedy señaló que el rastreo de celulares era permitido porque esa tecnología está en manos de las empresas de telefonía celular, no de los portadores de los teléfonos. “El nuevo curso sin dirección clara inhabilitará a las autoridades”, dijo.

La decisión también tuvo implicaciones de todo tipo sobre información personal de terceras partes, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto, búsquedas en internet e información bancaria y de tarjetas de crédito.

Sin embargo, el juez Roberts señaló que la decisión está circunscrita a un ámbito específico. “Mantenemos que una orden judicial es requerida solo en la rara circunstancia donde el sospechoso tiene un legítimo interés privado sobre datos que tiene un tercero”. Sin embargo, esa argumentación puede provocar todo tipo interpretaciones.

En todo caso, la decisión de la Corte Suprema es una gran victoria para quienes defienden la posibilidad de incrementar los derechos de privacidad porque -dicen- se necesita más protección a la hora de que el gobierno busque obtener información de terceras partes, tales como una empresa de celulares.

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Inmigración

De qué se trata el cambio para adjudicar una petición familiar con el Formulario I-130 en el extranjero

El servicio de inmigración anunció la semana pasada que las peticiones familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes con permiso de reingreso que viven en el extranjero y piden una visa de inmigrante para familiares inmediatos, se procesarán en Estados Unidos desde el primero de febrero y no en los consulados, excepto en circunstancias especiales.

El Formulario I-130 se utiliza para pedir la residencia de un familiar inmediato extranjero, por ejemplo, un cónyuge. El cambio tiene como objetivo “aumentar la eficiencia” del proceso, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

En caso de “circunstancias especiales” como militares o razones especiales, la agencia dijo que el Formulario I-130 será procesado por el Departamento de Estado (DOS).

Nuevas tareas
El cambio en el proceso del Formulario I-130 “centralizará el proceso. A partir del sábado la mayor parte de las peticiones se gestionan en la oficina de la USCIS en Dallas, Texas”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Desde este momento en adelante todos los que quieran hacer una petición por medio del Formulario I-130 en el extranjero y anteriormente lo hacían en ciertos consulados, ahora lo deben hacer en Estados Unidos”, agregó.

Guerrero recordó que en marzo del año pasado la USCIS anunció el cierre de sus oficinas en el extranjero. Abogados consultados por Univision Noticias en esa ocasión advirtieron que la decisión podía afectar las peticiones de visas de inmigrante.

“Ahora aseguran que serán más eficientes, con algunas excepciones”, indicó Guerrero.

Nuevas funciones
El trabajo que hasta la semana pasada ejecutaban agentes de la USCIS destacados en el exterior fue asumido por el Departamento de Estado (DOS).

“El DOS asumió la responsabilidad de ciertos servicios que anteriormente proporcionaba USCIS en sus oficinas internacionales”, explicó la agencia en un comunicado.

Pero puntualizó que los militares en servicio activo destacados en el extranjero “presentarán su Formulario I-130 localmente con DOS, al igual que ciertos peticionarios que no son militares y cumplen con criterios específicos para procesamiento consular”.

“USCIS continúa modernizándose y convirtiéndose en una agencia más eficiente”, dijo Mark Koumans, subdirector de USCIS. “Dado el caso de que el Departamento de Estado tiene una presencia internacional más amplia, hemos delegado en nuestros colegas la autoridad para aceptar y adjudicar peticiones de familiares inmediatos que están en el extranjero, bajo ciertas circunstancias”.

Nuevas prioridades
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que el cambio “puede ayudar a la agilización del proceso del Formulario I-130 en lugares donde ya no existe una oficina de la USCIS”.

“Están concentrándose en personas de alta en el ejército y en quienes viven en el exterior (ciudadanos y residentes permanentes) para acelerar el trámite, sobre todo en situaciones cuando haya problemas graves”, agregó.

La USCIS dijo que, “por lo general, el DOS “procesará el Formulario I-130 localmente si la petición recae bajo los criterios de autorización general:

En caso de conflictos civiles prolongados o severos, o de desastre natural, o Militares estadounidenses asignados a bases militares en el extranjero.

Gálvez dijo además que, a los dos grupos señalados por la USCIS, “se suma una tercera categoría integrada por personas que tramitan la visa de inmigrante por asuntos graves”.
Dentro de la tercera categoría califican peticionarios que “ cumplen con criterios específicos para el procesamiento consular”, precisó la USCIS.

“El DOS tiene discrecionalidad para aceptar el Formulario I-130 si un peticionario que es ciudadano estadounidense cumple con los criterios de ‘circunstancias excepcionales’ descritas en el Manual de Políticas actualizado”, dijo la USCIS.

Gálvez comentó además que “el cambio podría acelerar los procesos de meses a cuestión de días o semanas” debido a la mayor capacidad de respuesta del Departamento de Estado.

Trámite en línea
La agencia federal también dijo que quienes viven en el extranjero pueden “presentar solicitudes en línea”, un proceso que “ahorra tiempo y dinero”.

Cuando en marzo del año pasado el servicio de inmigración anunció el cierre de oficinas internacionales, abogados comentaron que la decisión favorecería los trámites.

“Se dieron cuenta que esto es necesario. Eso sí, no cabe la menor duda que ciertos casos se verán afectados. Lo sabremos en la medida que conozcamos el cambio”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.

Para el abogado Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, el cambio puede que afecte el tiempo de procesamiento de algunos trámites, pero “no lo veo como algo negativo”.

Indicó además que, algunas oficinas internacionales de la USCIS “no tenían mucha presencia”.

La agencia también reconoció en esa ocasión que, el cierre de oficinas internacionales “puede ser difícil y puede causar consternación”, pero prometió que se aseguraría que las operaciones “continuarán sin interrupciones”.

La USIS tenía oficinas internacionales en al menos 18 países. Uno de ellos es México, con instalaciones en la Ciudad de México, Monterrey y Ciudad Juárez.

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