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Inmigración

Corte de apelaciones mantiene bloqueo a orden de Trump de negar visas a migrantes sin seguro médico

Una orden del presidente Donald Trump emitida en octubre y que niega visas a inmigrantes que no tienen seguro medico no podrá entrar en vigor porque ha vuelto a ser bloqueada, esta vez por un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 2º Circuito, en Nueva York.

El dictamen, emitido la tarde del miércoles, prohíbe al gobierno rechazar los pedidos de visa a aquellos extranjeros que no tienen seguro médico o no puedan costearlo.

A principios de octubre del año pasado, Trump, por medio de una proclama, anunció que se prohibiría la entrada al país de extranjeros que puedan convertirse en una carga para el sistema de salud, una nueva restricción a la inmigración legal bajo su política migratoria de tolerancia cero.

La medida exige que toda persona que solicite una visa de entrada demuestre que tienen un seguro de salud válido para ser utilizado en Estados Unidos.

La demanda
Tras el anuncio de Trump y la presentación de la nueva norma por el entonces director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS en inglés), Ken Cuccinelli, una coalición de fiscales estatales, entre los que se incluyó Nueva York, junto con diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, interpusieron demandas contra la nueva regla.

Poco después, el juez federal de Nueva York George Daniels falló a favor de los demandantes y detuvo la entrada en vigor de la medida, programada para el 3 de noviembre.

El juez Daniels cuestionó la política de Trump y el “por qué (el gobierno) cambia la definición de carga pública”. También preguntó “por qué se necesita ahora una nueva definición, o por qué la definición que se establece en su orden y que no tiene ningún apoyo en la historia del derecho migratorio de Estados Unidos es razonable”.

Celebran decisión
El grupo proinmigrante Make The Road New York (Haciendo Camino Nueva York), una de las organizaciones que participa en la demanda, celebró el fallo y dijo que “la corte rechazó los argumentos del gobierno de Trump de que no puede esperar a implementar este peligroso y discriminatorio cambio en las políticas de carga pública”.

El gobierno de Trump pidió en noviembre a la Corte de Apelaciones desestimar el veredicto de Daniels para poner en vigor la medida.

Bajo la nueva regla, un inmigrante legal podría ser considerado como “carga pública” si recibe ciertos tipos de beneficios públicos tal como cupones de comida, asistencia para vivienda o subsidios para medicamentos, durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

La siguiente tabla explica de qué se trata la regla:

1. Por qué el cambio
Según el documento publicado por la Casa Blanca, la medida fue tomada porque los proveedores de atención médica y los contribuyentes soportan costos sustanciales en el pago de los gastos médicos en los que incurren las personas que carecen de seguro médico o la capacidad de pagar su atención médica. Y los hospitales y otros proveedores a menudo atienden a las personas que no tienen seguro médico sin ninguna esperanza de recibir un reembolso.

2. Cuánto se gasta
Según el gobierno, la media general de costos no compensados por servicios médicos no reembolsados exceden los $35,000 millones por año en la última década. (Aproximadamente $7 millones en promedio por cada hospital). La proclama no aporta detalles que expliquen ambas cifras.

3. El área más afectada
La Casa Blanca indica que las personas sin seguro médico a menudo usan salas de emergencia para buscar remedios para una variedad de condiciones que no son de emergencia. Señala que esto causa problemas de hacinamiento y demoras para aquellos que realmente necesitan servicios de emergencia.

4. Objetivo de la regla
Suspender y limitar la entrada al país de extranjeros que puedan convertirse en una carga para el sistema de salud. A menos que estén cubiertos por un seguro médico aprobado.

5. Qué seguro es válido
La nueva regla dice que será válido cualquier seguro médico aprobado bajo los siguientes planes o programas:

a) Un plan patrocinado por el empleador.

b) Un plan de salud no subsidiado ofrecido en el mercado individual dentro de un Estado.

c) Una cobertura de corto plazo de duración limitada, efectiva por un mínimo de 364 días, o hasta el comienzo de un viaje prolongado y planificado fuera de Estados Unidos.

d) Un plan contra todo riesgo.

e) Un plan familiar.

f) Un plan de seguro médico para visitantes (no inmigrante) que brinde cobertura adecuada para la atención durante un mínimo de 364 días o hasta el comienzo de un viaje prolongado y planificado fuera de Estados Unidos;

g) Un plan médico bajo el programa Medicare; o

h) Cualquier otro plan de salud que brinde cobertura adecuada para atención médica según lo determine el secretario de Salud y Servicios Humanos o su designado.

6. A quiénes afecta
A todos los extranjeros que tramitan una visa de inmigrante, ya sea por una petición familiar de residencia legal permanente (Formulario I-130) o por una petición laboral (Formulario I-140).

Las peticiones familiares de residencia pueden hacerla:

· Ciudadanos estadounidenses

· Residentes (green card)

· Refugiados

· Asilados

Un ciudadano puede pedir a:

· Cónyuge

· Hijo soltero mayor de 21 años

· Hijo casado de cualquier edad

· Hermano

Un residente puede pedir a:

· Cónyuge

· Hijo

La petición de residencia por empleo incluye cinco categorías de visa:

· EB-1: aptitud extraordinaria (profesores o ciertos ejecutivos y gerentes)

· EB-2: aptitud extraordinaria de segunda preferencia

· EB-3: trabajos especializados o profesionales

· EB-4: inmigrantes especiales

· EB-5: capacidad económica (inversores)

7. Quiénes están exentos
La regla explica que la medida no se aplicará a:

a) Cualquier extranjero que tenga una visa de inmigrante válida emitida antes de la fecha de vigencia de esta proclamación;

b) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados Unidos de conformidad con una visa especial de inmigrante, ya sea en la clasificación SI o SQ, que también sea ciudadano de Afganistán o Irak, o su cónyuge e hijos, si los hubiera;

c) Cualquier extranjero que sea hijo de un ciudadano de Estados Unidos o que desee ingresar a los Estados Unidos de conformidad con una visa IR-2, IR-3, IR-4, IH-3 o IH-4;

d) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados Unidos de conformidad con una visa IR-5, siempre que el extranjero o el patrocinador del extranjero demuestren a satisfacción del funcionario consular que la atención médica del extranjero no impondrá una carga sustancial sobre la atención médica al sistema de salud;

e) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados Unidos de conformidad con una visa SB-1;

f) Cualquier extranjero menor de 18 años, a excepción de cualquier extranjero que acompañe a un padre que también esté emigrando a los Estados Unidos y sujeto a esta proclamación;

g) Cualquier extranjero cuya entrada sea más importante para los objetivos de aplicación de la ley según lo determine el secretario de Estado o su designado en base a una recomendación del fiscal general o su designado; o

h) Cualquier extranjero cuya entrada sería de interés nacional, según lo determine el secretario de Estado o su designado caso por caso.

Tampoco afecta la entrada de extranjeros que ingresen a los Estados Unidos a través de otros medios que no sean visas de inmigrantes, incluidos los residentes permanentes legales.

Los asilados y refugiados tampoco serán impactados por esta medida.

8. Qué pasa con los turistas
“No aparecen en la proclamación”, dice Guerrero. “Los turistas ingresan al país con visas de no inmigrante. Pero tampoco explica qué tipo de restricciones les impondrán al momento de solicitar una visa”, agregó.

9. Cuándo entra en vigor
El 3 de noviembre. “Pero tiene muchas lagunas”, advierte Armando Olmedo, abogado de inmigración y coautor del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas. Una guía de Univision’. “No se sabe cómo van a asegurar que la persona cumplirá con la compra de un seguro médico. La norma, como está redactada tiene muchos problemas de procedimiento”, indicó.

“Faltan muchos detalles para entender la regla en su totalidad”, agregó Olmedo.

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Inmigración

Nuevo fallo judicial permite que ciertos inmigrantes con TPS puedan pedir la residencia

Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito se sumó este martes a las decisiones de otros dos tribunales similares para permitir que ciertos inmigrantes protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan gestionar la residencia (green card).

“Estamos de acuerdo con los razonamientos de la 6ª y 9ª Corte de Apelaciones, que aceptaron que los inmigrantes protegidos por el TPS son considerados como “inspeccionados y admitidos en el país bajo la Ley de Inmigración”.

Al ser considerados como “inspeccionados”, aquellos extranjeros amparados por el programa humanitario que demuestren estar casados con un ciudadano estadounidense o tengan hijos estadounidenses mayores de 21 años, pueden gestionar la residencia legal permanente (LPR), dictaminó el panel.

Qué significa el fallo
“Básicamente el 8º Circuito de Apelaciones ha dictaminado que las personas que tienen TPS, independientemente que hayan entrado sin autorización al país, para fines de residencia permanente si están casados con un ciudadano, estas personas pueden aplicar para la tarjeta verde”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“También califican aquellos inmigrantes que tienen hijos ciudadanos estadounidenses, agregó”.

Guerrero dijo además que el panel de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito “ha considerado el otorgamiento del TPS como una inspección y una admisión a Estados Unidos”.

Busque consejo legal
Abogados consultados por Univision Noticias recomendaron a los beneficiarios del TPS que viven en los circuitos de apelaciones 6º, 8º y 9º que busquen consejo legal para que un experto colegiado y autorizado revise su caso y antes de ponerse en contacto con el servicio de inmigración.

El 6º Circuito de Apelaciones lo integran Missouri, Wisconsin, Indiana, Illinois, Kentucky y Tennessee.

Por su parte, el 8º Circuito está integrado por los estados de Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri y Nebraska.

El 9º Circuito, en cambio, lo integran los estados y/o territorios de Alaska, Hawai, Guam, California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Arizona y las Islas Marianas del Norte.

Fallo de septiembre
La decisión del panel de jueces del 8º Circuito de Apelaciones se produce seis semanas después de que otro panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito falló a favor del gobierno de Donald Trump en la decisión de poner fin a los TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

La decisión 2-1 puso en riesgo de deportación a unos 300,000 indocumentados, muchos de los cuales llevan casi dos décadas en Estados Unidos con sus deportaciones suspendidas temporalmente y un permiso de trabajo.

El dictamen dejó a sin efecto la decisión tomada por una corte interior que suspendió las cancelaciones de los TPS de los cuatro países afectados.

El fallo no impacta la situación de otros miles de indocumentados originarios de Honduras y Nepal, quienes también se encuentran protegidos por un TPS.

“Desafortunadamente, la decisión quiere decir que el TPS siempre se trató de un recurso que siempre estuvo en manos del presidente”, dijo a Univision Noticias Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

“El panel de jueces ha puesto fin al TPS de estos. El programa ahora solo los protegerá hasta enero del 2021. Esperamos que la decisión permita escalar la disputa jurídica hasta la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con la Acción Diferida del 2012 (DACA)”, agregó.

POR: JORGE CANCINO
UNIVISION

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Inmigración

Delegación del Congreso inspeccionará cárcel del ICE para investigar cirugías

El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, habla durante una rueda de prensa a favor de los jóvenes beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). EFE/Alex Segura/Archivo

Atlanta (GA) (EFE News).– Una delegación del Congreso de Estados Unidos inspeccionará el sábado el Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia, para investigar las múltiples denuncias de mujeres inmigrantes que aseguran haber sido sometidas a histerectomías y otros procedimientos médicos sin su consentimiento.

La oficina del congresista demócrata Joaquín Castro, presidente del Caucus Hispano en el Congreso, informó este jueves que la comitiva de 12 miembros de la Cámara de Representantes también “evaluará las condiciones relacionadas con la propagación de la COVID-19, con más de 40 casos confirmados del virus en los últimos meses”.

La delegación está conformada por miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, entre ellos Sheila Jackson Lee (Texas), Henry C. “Hank” Johnson (Georgia) y Pramila Jayapal (Washington), y del Caucus Hispano, como Castro (Texas), Nanette Díaz Barragán (California) y Adriano Espaillat (Nueva York), entre otros.

De acuerdo con la representante Jayapal, quien ha pedido una investigación congresional sobre la situación en Irwin, puede haber “al menos entre 17 y 18 mujeres” que fueron sometidas a procedimientos médicos ginecológicos innecesarios en ese centro, “a menudo sin el consentimiento o el conocimiento apropiado, y con la clara intención de esterilización”.

Tras la visita el sábado en la mañana, la comitiva tiene previsto celebrar una conferencia de prensa telefónica “para compartir con el público” los hallazgos de la inspección en esa cárcel, ubicada en la localidad de Ocilla, al sur de Atlanta.

Los congresistas dijeron en un comunicado que la situación que viven los indocumentados bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) representa una prioridad para ellos y que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 han inspeccionados centros de detención en Texas y Nevada y alertado sobre la propagación del virus en esas instalaciones.

“El Caucus Hispano y el Comité Judicial de la Cámara continuarán trabajando para detener la propagación de la COVID-19 dentro de las instalaciones del ICE y para responsabilizar a las agencias gubernamentales como el ICE por cualquier abuso cometido contra los inmigrantes bajo su cuidado”, agregaron.

El escándalo en Irwin se destapó la semana pasada luego de que varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Project South y Government Accountability Project, presentaran una queja ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para denunciar una serie de prácticas peligrosas que ocurren en la prisión de Irwin.

La denuncia está basada, principalmente, en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en esa cárcel, que expresa su preocupación por el “alto número” de mujeres presas que habían sido sometidas a histerectomías, una cirugía para extirpar el útero, y que muchas de ellas ni siquiera entendían el motivo de la operación.

Diversas fuentes, entre abogados, activistas y mujeres que han estado presas en Irwin, identificaron al médico que realizó las cirugías como Mahendra Amin, un especialista en obstetricia y ginecología en Douglas, Georgia. Aunque Wooten no lo identificó por su nombre, se refirió al médico como un “recolector de úteros” porque “sacaba todo de adentro”.

(c) Agencia EFE

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Inmigración

El lucrativo negocio de los que ayudan a cruzar las fronteras cerradas para regresar al país

Luis es uno de los miles de venezolanos que se quedaron sin trabajo y regresaron a su país.

Luis llegó a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, con la ropa sucia, sudado y sin un centavo en el bolsillo.

Había caminado 45 días desde Lima, donde vivió por dos años, para regresar a su país, Venezuela.

Es uno de los miles de venezolanos que dejaron en los últimos años su país por la crisis y que al quedar desempleado por culpa de la pandemia decidió regresar a casa.

Su viaje, sin embargo, no acabó ahí.

En Cúcuta le tocó esperar pacientemente por un turno para cruzar por el Puente Internacional Simón Bolívar, por donde solo se permite el paso de 300 personas, tres días a la semana.

“Al llegar te anotan por orden de llegada en una lista y esperas por un brazalete, puedes tardar semanas para entrar”, dijo a BBC Mundo este hombre de 39 años, que prefirió no dar su apellido por seguridad.

Como Luis, muchos que perdieron su trabajo o que se quedaron varados fuera de Venezuela por la pandemia y el cierre de fronteras están desesperados por volver a casa.

Muchosestán dispuestos a pagar hasta lo que no tienen para entrar cuanto antes y también para evitar quedar confinado en los albergues que ha dispuesto el gobierno del presidente Nicolás Maduro para hacer la cuarentena obligatoria por la pandemia al entrar al país.

Los aeropuertos en Venezuela están cerrados desde marzo y el llamado corredor humanitario de la frontera terrestre con Colombia, principal punto de acceso al país, acepta menos de 1.000 personas a la semana.

La situación es el perfecto caldo de cultivo para el mercado ilegal y la corrupción.

Desde sobornos a autoridades para cortar la fila en el cruce con Colombia, hasta la proliferación de paquetes ofrecidos por agencias de turismo para entrar a Venezuela por Brasil sin cumplir con protocolos de seguridad.

El brazalete

En el departamento colombiano del Norte de Santander, que abarca Cúcuta, se estima que 40.000 venezolanos aguardan para pasar por la frontera, según David Smolansky, miembro de la oposición venezolana y comisionado de la Secretaría General de la OEA (Organización de Estados Americanos) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

“Ese derecho que tiene cualquier ciudadano a volver al país donde nació está siendo vulnerado”, critica Smolansky.

Una fuente de Migración Colombia confirmó que quien determina cuántos cruzan por día es el gobierno de Venezuela y no siempre otorga espacio para 300 cupos. “Hay días que la cifra varía y sólo reciben 200 personas”.

En Cúcuta, quien tiene dinero puede comprar un lugar en la lista y acortar la espera, constató Luis, que vio cómo mercaderes se abalanzaban detrás de familias que llegaban a hoteles próximos la frontera: “Comienzan diciendo: ‘Aquí van a demorar muchos días, nosotros podemos conseguir que pasen mañana mismo'”.

“Corren detrás de los taxis o carros particulares que traen a venezolanos” y “acuerdan en hoteles o posadas” para comercializar el brazalete que distribuyen las autoridades en Colombia para un tránsito ordenado por el puente internacional.

Hasta 150.000 pesos colombianos puede costar cada cinta en el mercado negro, unos US$40.

“Un representante por cada familia entrega el dinero, el documento de identidad (…) y el intermediario va y habla con los policías colombianos que facilitan el brazalete y los anotan de primero en la lista”, siguió Luis.

“No tenemos declaraciones sobre el tema”, dijo un portavoz de la Defensoría del Pueblo de Colombia a BBC Mundo. La Policía de Cúcuta indicó que tampoco ha recibido denuncias sobre la venta de estos brazaletes.

Cuatro, cinco, seis, siete… Corrían los días y Luis seguía su turno para cruzar. En ese tiempo contrajo el nuevo coronavirus, lo que agravó su situación.

“Un compañero pagó 50.000 pesos (US$13), porque se identificó como retirado de la Guardia Nacional (de Venezuela), llegó un viernes y pasó el lunes siguiente”, denunció.

“Solo abordan a familias más solventes, saben que los caminantes no tenemos dinero”.

Por Brasil y sin cuarentena

Smolansky dice que unos 111.000 venezolanos han entrado al país desde el despunte de la pandemia tras haberse quedado sin sus empleos en Colombia, Ecuador o Perú.

Casi la totalidad de ellos, 105.000, accedió por Colombia.

Los restantes 6.000 lo hicieron por Brasil, que se ha convertido en una opción para quien tiene más poder adquisitivo y necesitan ya regresar al país.

La agencia de viajes Isis Tours llegó a ofrecer un paquete para varados en Estados Unidos que incluía el vuelo desde Miami a Boavista, la ciudad más próxima a la frontera, garantías de pasar “el mismo día” y traslado a Caracas (a más de 1.200 kilómetros) por carretera “sin hacer cuarentena”.

“Por el salvoconducto (para circular por las vías) el cliente no debe preocuparse (…) está incluido el pase por alcabalas”, precisaba las indicaciones del paquete, que costaba casi US$2.000 por pasajero.

Había una opción más económica -casi US$1.000- con la que el pasajero quedaba un poco a su suerte.

“La agencia no se hace responsable por cualquier inconveniente fronterizo, ni garantizamos que puedan pasar el mismo día y mucho menos nos hacemos responsables de evitar la cuarentena en Santa Elena (la primera ciudad de Venezuela al pasar en la frontera)”, señaló. “Lo más probable es que pase por el protocolo normal asignado por el gobierno”.

La promoción fue cancelada después de una protesta en redes sociales.

Consultada por BBC Mundo, la responsable de Isis accedió primero a “aclarar la polémica”, pero luego no atendió a nuestros llamados.

Otras agencias venden la ruta Miami-Boavista por US$699 como una opción para volver a Venezuela, pero sin ofrecer saltarse los controles o la cuarentena.

Sin especificar el nombre de la agencia, este martes, el fiscal general, Tareck William Saab, anunció que fueron “detenidos en flagrancia 12 integrantes de una organización delictiva que promovía a través de redes sociales un paquete de viaje”.

“Ofrecían hospedaje, traslado, alimentación, salvoconductos y pruebas rápidas para despistaje de covid-19, por un monto de 1.800 dólares desde Miami” hasta Venezuela, agregó.

Venezolanos varados

Smolansky maneja “cifras conservadoras” de unos 3.000 venezolanos varados en varios países, esperando que abran el espacio aéreo para regresar.

“Pudieran volver en 15 aviones de 200 puestos cada uno (…) 15 vuelos resuelven la situación de los 3.000 varados en el mundo”, dijo a BBC Mundo el opositor.

Ha habido vuelos finalmente desde Madrid, y Maduro ofreció enviar a Estados Unidos un avión de la aerolínea estatal Conviasa, sancionada por Washington, para repatriar a venezolanos.

El gobierno de Donald Trump, que no reconoce a Maduro como presidente sino al líder opositor Juan Guaidó, no ha comentado sobre esta oferta.

Los albergues

El brazalete solo ayuda a pasar rápido por la frontera, pero no evita la cuarentena ya en territorio venezolano que algunos hacen en albergues descritos como lugares insalubres y también centros de extorsión.

Mario, de 37 años, contó, por ejemplo, cómo durante el confinamiento tenían que pagar al Ejército, que controlaba su refugio, “cuatro, cinco veces más del valor” por una gaseosa o un paquete de cigarrillos.

“No había agua potable, no nos daban las tres comidas. Perdí 15 kilos”, narró este hombre que pidió proteger su identidad. “Había cinco pocetas (inodoros) para 380 personas, horrible”.

El fiscal general venezolano, Tareck William Saab, no respondió aún a un pedido de BBC Mundo para comentar estas denuncias.

Maduro ha defendido el cordón sanitario impuesto por su gobierno para los retornados.

El paso sin problemas por la frontera entre Santa Elena, Venezuela, y Pacaraima, Brasil, fue ofertado en redes sociales. / GETTY IMAGES

“Cuando llegan a Venezuela son libres, son dignos, son humanos otra vez”, se felicitó en una alocución en junio. “Vienen a su patria porque saben que en su patria lo tienen todo, así no lo reconozcan”.

“El tratamiento a la llegada es gratuito, todo es gratuito: es gratuita la prueba del coronavirus, la alimentación, el hospedaje, el transporte en avión o en autobús hasta su casa”.

Pero algunos quieren evitar como sea el confinamiento y deciden cruzar la frontera por las peligrosas trochas (pasos ilegales), por lo que han sido tachados de “bombas biológicas” por el gobierno por no cumplir con los protocolos de seguridad.

Luis, nuestro testigo en Cúcuta, ya está en Maracaibo (Zulia, oeste), su destino final. No pagó sobornos ni cruzó ilegalmente, dice. Armado de paciencia, aguantó 15 días antes de poder entrar a su país finalmente.

Salió el 25 de mayo de Perú y llegó el 24 de agosto a su casa, tres meses después.

“El cruce fue la peor experiencia de mi vida“.

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Inmigración

Estos son nueve motivos que podrían hacer que pierdas la visa de Estados Unidos

La visa que emite el gobierno de Estados Unidos permite ingresar al país por motivos de negocios o turismo, aunque también se pueden solicitar visas de estudiante, intercambios, trabajo o presentaciones artísticas y deportivas, según la embajada. Y aunque el proceso para recibir el documento puede ser tardado por el motivo del viaje y la demanda de los servicios, una vez que se obtiene también puede perderse, sobre todo si la persona incumple o miente a las leyes.

Estas son 9 mentiras por las que te podrían cancelar o rechazar una solicitud de visa:

1. Mentir sobre el trabajo

Si la persona tiene un trabajo estable en su país es más fácil obtener el documento, sin embargo, los oficiales consulares podrían rechazar la solicitud si descubren datos erróneos o contradicciones al explicar las actividades que realiza.

2. Dar información falsa

Así como los oficiales pueden descubrir mentiras sobre el empleo, pueden comprobarlo en otros datos como la dirección, estado civil, títulos académicos falsos o usurpación de identidad.

3. Negar trabajo en Estados Unidos sin documentos

Las autoridades podrían cancelar o revocar la visa si descubren que previamente se cruzó la frontera sin documentos y así la persona trabajó.

4. Engañar sobre intención del viaje

En ocasiones las personas afirman que quieren viajar temporalmente y que no tienen familiares en Estados Unidos para obtener el documento. Autoridades temen otorgar la visa y que se queden en el país cuando termine su permiso.

5. Ocultar familiares en Estados Unidos

En los trámites se debe indicar el nombre de los padres y si viven en Estados Unidos si existen familiares indocumentados, especialistas recomiendan no mencionar su estatus para no ponerlos en riesgo.

6. Ocultar que trabajó con visa de turista

La visa se le puede revocar al titular si se descubre que trabajó o planea trabajar en Estados Unidos con una visa de turista. Lo mismo pasaría en el caso de los estudiantes.

7. Mentir sobre el tiempo de estancia

Oficiales pueden otorgar una estancia hasta por seis meses y hay personas que se quedan a estudiar o trabajar, pero en un proceso de renovación se puede descubrir la mentira.

8. Entrar y salir con frecuencia al país

Las autoridades están muy atentas a la personas que ingresan y salen de Estados Unidos y todo el movimiento migratorio queda registrado. Expertos recomiendan no pasar más tiempo en el extranjero que en el país de origen.

9. Matrimonio con visa de turista

Existe una serie de pasos a seguir para que se autorice el documento a una pareja, sobre todo si la unión se da con un residente o ciudadano de Estados Unidos autoridades recomiendan consultar con un abogado y no mentir.

Las exigencias para ingresar a Estados Unidos son muy específicas, así que no cometas algún error que al final provocaría la pérdida de la visa o que se te niegue indefinidamente el acceso al territorio.

Por: Telemundo

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