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Culpable por asociación: críticas a Ecuador por detener a un amigo de Assange

QUITO — Pocas horas después de que policías británicos arrastraran a Julian Assange fuera de la embajada ecuatoriana en Londres, la policía del Ecuador hizo otro arresto relacionado con el fundador de WikiLeaks. Según las autoridades locales, el caso tendría implicaciones de seguridad nacional.

Pero desde que ocurrió, el arresto produjo una ola de protestas de activistas pro derechos humanos y de seguridad informática. Dicen que no hay evidencia de ningún delito, salvo el de culpa por asociación.

El arrestado, Ola Bini, es un experto sueco en ciberseguridad y un defensor de la privacidad digital. Fue detenido la semana pasada, acusado de comprometer la integridad de sistemas informáticos en el Ecuador.

Como evidencia, la fiscalía mostró las laptops, iPads, iPods, cables USB, memorias USB encriptadas y las tarjetas de crédito que encontraron cuando allanaron la casa y pertenencias de Bini. Además, dijeron que Bini viajaba frecuentemente y que había gastado más de 230 mil dólares en servicios de internet en los últimos cinco años.

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Las autoridades ecuatorianas citaron, particularmente, los contactos de Bini con Assange. Estados Unidos ha requerido la extradición del fundador de WikiLeaks, acusado de conspirar para irrumpir en computadoras del gobierno con el fin de obtener información de seguridad nacional.

La semana pasada, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, dijo que Bini era uno de los “muchos hackers” que visitaron a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, donde estaba asilado. “Probablemente para recibir instrucciones”, dijo Moreno.

Apenas se supo, activistas de derechos humanos y promotores de la seguridad informática cuestionaron los motivos de la detención. Según ellos, Bini, de 36 años, ha trabajado para prevenir el acceso ilegal a información privada.

Amnistía Internacional y Article 19, una organización que defiende la libertad de expresión, han expresado su preocupación por el arresto. En un comunicado, Article 19 dijo que Bini es “un experto altamente respetado en seguridad informática y criptografía y es reconocido por sus grandes contribuciones en la materia”.

Danny O’Brien, director internacional de la Electronic Frontier Foundation, una organización que defiende y promueve los derechos digitales desde hace casi treinta años, dijo que el trabajo de Bini ha ayudado a construir un internet más seguro. Los equipos que las autoridades ecuatorianas presentaron como evidencia son, simplemente, “la clase de equipos que uno tiene cuando se trabaja en este tipo de proyectos”, dijo O’Brien.

“Las habilidades y forma de vida de personas que dedican su tiempo libre a proteger a los usuarios de internet están siendo usadas en su contra”, dijo O’Brien. Esto es, según él, una preocupación recurrente entre los defensores de derechos humanos.

David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión dijo que, hasta ahora, nada conecta a Bini con un delito. Jillian York, directora internacional de Libertad de Expresión de la Electronic Frontier Foundation calificó el arresto como una “caza de brujas”.

Bini fue arrestado en el aeropuerto internacional de Quito. Estaba por abordar un avión a Japón para un curso de artes marciales, según dijo su novia, Sofía Celi. Tras la detención, autoridades ecuatorianas aparecieron en televisión para aplaudir el arresto y mencionar sus visitas a Assange.

La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que el gobierno quería prevenir que Ecuador se convierta en un centro de “espionaje y piratería” digital. Romo dijo que no podía comentar sobre la evidencia en contra de Bini, pero también mencionó que Bini había visitado a Assange al menos “una docena de veces”.

Los abogados de Bini alegan que la detención es ilegal. Dicen que Bini no tuvo acceso a sus abogados por diecisiete horas, no fue informado de los cargos en su contra y no se le ofreció un traductor, como lo exigen las leyes ecuatorianas. Además, dicen que han sido acosados y amenazados por la policía.

A Bini no se le otorgó libertad condicional, por lo que permanecerá detenido durante noventa días. En ese lapso, los fiscales ecuatorianos deberán armar un caso contra él.

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Arrestan en Nicaragua a los opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro

Felix Maradiaga habló con periodistas fuera de la fiscalía antes de su arresto. - REUTERS

Las autoridades de Nicaragua arrestaron este martes a Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, otros potenciales contrincantes del presidente Daniel Ortega en las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre.

Maradiaga fue acusado de “terrorismo” y conspiración contra la soberanía e independencia de Nicaragua. Está siendo investigado en virtud de una controvertida nueva ley de seguridad aprobada en diciembre por el gobierno de Ortega.

Chamorro, por su parte, es acusado de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, informó la Policía Nacional.

Estados Unidos calificó a Ortega de “dictador” tras los arrestos.

Las de Maradiaga y Chamorro son la tercera y cuarta detención de posibles contrincantes de Ortega a cinco meses de la fecha de los comicios.

La semana pasada, la líder opositora Cristiana Chamorro fue puesta bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero, acusación que ella niega.

Y el sábado otra figura de la oposición, Arturo Cruz, fue detenido en el aeropuerto de Managua cuando llegaba de Estados Unidos.

El presidente Ortega, de 75 años, busca un cuarto mandato consecutivo.

Arrestos
Maradiaga, de 44 años y probable candidato presidencial de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, fue detenido después tras ser citado a una audiencia en la Fiscalía de Managua el martes.

Según los informes, la policía detuvo al opositor y su abogado en su auto después de salir de la oficina.

Un vocero de la oposición dijo que la policía había golpeado a Maradiaga durante el arresto y que se desconocía su paradero.

“Está siendo investigado por realizar actos que amenazan la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pidiendo intervenciones militares”, reza un comunicado de la policía.

También por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, añadió.

Chamorro, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, fue detenido en su residencia, al sur de Managua, que también fue allanada por la Policía Nacional, según reportó la agencia Efe.

Condena internacional
Los arrestos provocaron una rápida condena de la jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina.

“El arresto arbitrario del candidato presidencial Félix Maradiaga (…) debería resolver cualquier duda restante sobre las credenciales de Ortega como dictador”, dijo Julie Chung.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también expresó su preocupación en Twitter: “En los últimos 30 años, nunca había visto algo así. Se necesitan con urgencia esfuerzos multilaterales para detener a Ortega”.

Los cargos contra los opositores derivan de una ley aprobada en diciembre que apunta a “quienes piden, celebran y aplauden la imposición de sanciones contra el Estado nicaragüense”.

Sus partidarios dicen que es para defender la soberanía de Nicaragua contra la influencia extranjera hostil, pero los críticos aseguran que está diseñada para evitar que los políticos de la oposición se presenten a las elecciones.

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra Ortega y su gobierno.

En tanto, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, aludió este martes por segundo día consecutivo a las investigaciones de la Fiscalía contra los opositores, a quienes llamó “ladrones”, “terroristas” y “criminales”.

“Se creen eternamente impunes, (pero) la Justicia llega, tarde pero llega, en esta Nicaragua que venía prosperando y en reconciliación y en un modelo hermoso y ejemplar de alianzas por el bienestar de todos”, dijo Murillo en alusión al pacto que Ortega tuvo con la empresa privada hasta la rebelión social de 2018.

Opositores en prisión
Arturo Cruz, de 67 años, se encuentra en prisión preventiva mientras los fiscales investigan las denuncias de “provocación… y conspiración para atentar contra la integridad nacional”.

Cristiana Chamorro, también de 67 años, fue puesta bajo arresto domiciliario días después de anunciar que buscaría convertirse en la candidata presidencial de la opositora Alianza Ciudadana.

Muchos en la oposición la ven como la mejor esperanza de ganar a Ortega en las urnas. Su madre lo derrotó en las elecciones presidenciales de 1990.

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El Salvador autoriza el bitcoin como moneda de curso legal

Bukele asegura que su iniciativa generará empleos y aumentará la inclusión. - GETTY IMAGES

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la Ley Bitcoin y el centroamericano se convirtió con ello en el primer país del mundo en reconocer la criptodivisa como moneda de curso legal de intercambio.

La iniciativa, que salió adelante gracias al voto a favor de 62 diputados de los 84 que componen el Parlamento de mayoría oficialista y entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, establece solo el curso legal del bitcoin y no de otras criptomonedas.

La medida no contó con los votos de 19 diputados, 14 parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), 4 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, derecha) y uno del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, todos partidos opositores.

La normativa la dio a conocer a través de Twitter el presidente Nayib Bukele, quien ya el sábado anunció en un video difundido durante la conferencia Bitcoin 2021celebrada en Miami que enviaría dicha propuesta de ley a la Asamblea, y fue introducida a la sesión parlamentaria sin mayor discusión legislativa.

De acuerdo con el decreto, la ley tiene como objeto la regulación del bitcoin como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que la personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar.

La ley establece que el cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido “libremente por el mercado” y no estará sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal.

Y también que todo agente económico deberá aceptar el bitcoin como forma de pago “cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio” y que el órgano Ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda, de acuerdo a lo establecido en la ley.

Críticas e incógnitas
Desde que Bukele anunciara el sábado su intención de enviar el proyecto de ley a la Asamblea para su aprobación, la cuestión ha suscitado la crítica de los que señalan que quedan muchas incógnitas por despejar con respecto a la implementación del plan.

Ese mensaje fue el que repitió el diputado opositor Rodrigo Ávila durante su intervención en el pleno de la Asamblea.

Dijo que el bitcoin es “un mecanismo monetario volátil y su uso genera una situación grave si no se toman las medidas pertinentes”.

Señaló que en “varios” países se ha prohíbido el uso de criptomonedas, en especial el bitcoin, y en “otros” se ha alertado sobre el uso específico del bitcoin, y agregó que el bitcoin “se permite en varios países pero no ha sido oficializado como moneda de curso legal, lo que sí se está haciendo aquí sin un mayor análisis, ni la discusión debida”.

Por su parte, Carlos Acevedo, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva (2009-2013) y representante de Centroamérica ante el FMI, también hacía referencia a la volatilidad de las criptomonedas en el artículo publicado en el medio salvadoreño El Faro tras el anuncio del sábado de Bukele, antes de que la ley fuera aprobada.

Y el ahora consultor económico y catedrático universitario señalaba que el plan “adolece de una difícil viabilidad” y que “someter el sistema financiero a una apuesta por las criptomonedas representa un salto al vacío que bien pudiera terminar en catástrofe”.

Sin embargo, el presidente Bukele señaló en su Twitter que “la #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo 0 (cero) para quienes no quieran asumir riesgos”.

Y apuntó que “el gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción”.

Ya en el video emitido el sábado en la conferencia Bitcoin 2021, considerada uno de los mayores encuentros sobre criptomonedas, el mandatario dijo que la autorización de la criptodivisa como moneda de curso legal “en el corto plazo generará empleos y ayudará a proveer inclusión financiera para los miles de personas que se encuentran fuera de la economía formal”.

Y se anunció que El Salvador se asociará con Strike, una empresa de pagos digitales, para crear una infraestructura financiera moderna basada en el bitcoin.

Jack Mallers, fundador de la plataforma Strike, dijo durante la conferencia que el uso del bitcoin puede ayudar a bajar los costos de las transacciones y a aumentar la inclusión financiera en un país como El Salvador donde una parte importante de la población no tiene cuentas bancarias.

“Adoptar una moneda digital nativa como moneda de curso legal proporciona a El Salvador la red de pagos abierta más segura, eficiente y globalmente integrada del mundo”, dijo Mallers.

El corresponsal de la BBC Will Grant afirmó el sábado que se trata de un paso “atrevido” y destacó que gran parte de la economía de El Salvador se basa en las remesas del exterior y el cambio a una moneda digital puede permitir que las familias eviten las costosas tarifas que implica enviar dinero a casa cada mes.

“De cualquier manera, es un movimiento que probablemente refuerce la imagen de bitcoin como la ‘moneda del futuro’ y la posición del presidente Bukele entre sus partidarios como un innovador”, aseguró.

Para Rohan Gray, un experto de Digital Currency Global Initiative, Bukele es “un presidente joven que intenta capitalizar una imagen popular”.”Hay mucho de relaciones públicas detrás de anunciar algo como esto, incluso si no se han resuelto todos los detalles”, le dijo a la BBC.Gray advirtió que un país que adopte una criptomoneda como moneda de curso legal otorgaría un control considerable “a una red que no es estable, no tiene actores responsables y no tiene un historial de proporcionar el tipo de estabilidad de precios y liquidez que se supone que debe proporcionar una moneda”.

Bukele ha sido defensor del uso del bitcoin desde, al menos, 2017.

Tras el triunfo obtenido por su partido “Nuevas Ideas”, en las elecciones legislativas de febrero pasado, el mandatario cuenta con una mayoría absoluta a su favor para dar luz verde a sus propuestas.

En Japón, uno de los países más avanzados del mundo en el uso de criptomonedas, una reforma legal en 2017 convirtió al bitcoin en forma de pago, lo que algunos interpretaron como que se le había otorgado el estatus de moneda de curso legal.

Sin embargo, un reporte publicado en 2018 por el Banco Central de Japón aclaró que la criptomonedas como el bitcoin “no son una moneda de curso legal y su uso para pagos depende de la voluntad de la contraparte para aceptarlos”.

Por: Redacción – BBC News Mundo

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Meghan Markle da a luz a una niña, a la que llaman en honor a la reina y a Lady Di

El príncipe Enrique y Meghan Markle en un evento en Londres, Reino Unido, 15 de octubre de 2019. Toby Melville / Reuters

El príncipe Enrique y Meghan Markle han anunciado el nacimiento de su hija, a la que llamaron Lilibet Diana en homenaje a la reina Isabel II y a la difunta madre de Enrique.

La hermana menor de Archie nació este 4 de junio en un hospital de Santa Barbara, California. “Es con gran alegría que el príncipe Enrique y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, le dan la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor”, anunció la pareja en un comunicado.

La madre y la niña se encuentran bien, y actualmente se están instalando en casa. “Lili lleva el nombre de su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet”, agregó la pareja.

Fuente: Actualidad RT

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Estados Unidos compartirá 6 millones de vacunas

Varias dosis de la vacuna de Pfizer. (Foto: EFE/ Pablo Duer)

Los primeros 25 millones de vacunas que Estados Unidos compartirá con otros países irán destinados a varias regiones, incluyendo 6 millones de dosis para Centroamérica y Sudamérica.

Así lo anunció el presidente estadounidense, Joe Biden, en un comunicado en el que explicó que al menos el 75 % de estas dosis, casi 19 millones, se repartirán a través de la iniciativa Covax, el esfuerzo respaldado por la Organización Mundial de la Salud para comprar y distribuir vacunas a países de ingresos bajos y medios.

Asimismo, 7 millones de vacunas se destinarán a Asia; 5 millones a África; y otros 6 millones para países socios de la nación estadounidense.

«Mientras esta pandemia se prolongue en cualquier parte del mundo, el pueblo estadounidense seguirá siendo vulnerable; y Estados Unidos está comprometido a brindar la misma urgencia a los esfuerzos internacionales de vacunación que hemos demostrado en casa», argumentó Biden en la nota.

El mandatario aseguró que EE.UU. no comparte estas dosis «para obtener favores ni concesiones», sino que lo hace para salvar vidas y «liderar el mundo para poner fin a la pandemia».

Esta será la primera vez que EE.UU. comparta con el resto del mundo vacunas aprobadas para uso interno -las de Moderna, Pfizer, y Johnson&Johnson-, ya que anteriormente había anunciado el envío entre mayo y junio de 60 millones de dosis de AstraZeneca, que aún no ha recibido el visto bueno de los reguladores estadounidenses.

Estos 25 millones de dosis forman parte de los 80 millones de vacunas que EE.UU. pretende compartir con otros países en las próximas semanas.

Existe una gran desigualdad en la distribución de vacunas en el mundo, donde contrasta por ejemplo la abundancia de EE.UU. con la escasez de la India, convertida en actual epicentro de la pandemia.

En concreto, el 87 % de las inoculaciones han sido administradas en países con ingresos altos y medios, mientras que las naciones empobrecidas han recibido solo el 0,2 %, dicen datos de abril de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por: Noticia Long Island

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