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Culpable por asociación: críticas a Ecuador por detener a un amigo de Assange

QUITO — Pocas horas después de que policías británicos arrastraran a Julian Assange fuera de la embajada ecuatoriana en Londres, la policía del Ecuador hizo otro arresto relacionado con el fundador de WikiLeaks. Según las autoridades locales, el caso tendría implicaciones de seguridad nacional.

Pero desde que ocurrió, el arresto produjo una ola de protestas de activistas pro derechos humanos y de seguridad informática. Dicen que no hay evidencia de ningún delito, salvo el de culpa por asociación.

El arrestado, Ola Bini, es un experto sueco en ciberseguridad y un defensor de la privacidad digital. Fue detenido la semana pasada, acusado de comprometer la integridad de sistemas informáticos en el Ecuador.

Como evidencia, la fiscalía mostró las laptops, iPads, iPods, cables USB, memorias USB encriptadas y las tarjetas de crédito que encontraron cuando allanaron la casa y pertenencias de Bini. Además, dijeron que Bini viajaba frecuentemente y que había gastado más de 230 mil dólares en servicios de internet en los últimos cinco años.

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Las autoridades ecuatorianas citaron, particularmente, los contactos de Bini con Assange. Estados Unidos ha requerido la extradición del fundador de WikiLeaks, acusado de conspirar para irrumpir en computadoras del gobierno con el fin de obtener información de seguridad nacional.

La semana pasada, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, dijo que Bini era uno de los “muchos hackers” que visitaron a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, donde estaba asilado. “Probablemente para recibir instrucciones”, dijo Moreno.

Apenas se supo, activistas de derechos humanos y promotores de la seguridad informática cuestionaron los motivos de la detención. Según ellos, Bini, de 36 años, ha trabajado para prevenir el acceso ilegal a información privada.

Amnistía Internacional y Article 19, una organización que defiende la libertad de expresión, han expresado su preocupación por el arresto. En un comunicado, Article 19 dijo que Bini es “un experto altamente respetado en seguridad informática y criptografía y es reconocido por sus grandes contribuciones en la materia”.

Danny O’Brien, director internacional de la Electronic Frontier Foundation, una organización que defiende y promueve los derechos digitales desde hace casi treinta años, dijo que el trabajo de Bini ha ayudado a construir un internet más seguro. Los equipos que las autoridades ecuatorianas presentaron como evidencia son, simplemente, “la clase de equipos que uno tiene cuando se trabaja en este tipo de proyectos”, dijo O’Brien.

“Las habilidades y forma de vida de personas que dedican su tiempo libre a proteger a los usuarios de internet están siendo usadas en su contra”, dijo O’Brien. Esto es, según él, una preocupación recurrente entre los defensores de derechos humanos.

David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión dijo que, hasta ahora, nada conecta a Bini con un delito. Jillian York, directora internacional de Libertad de Expresión de la Electronic Frontier Foundation calificó el arresto como una “caza de brujas”.

Bini fue arrestado en el aeropuerto internacional de Quito. Estaba por abordar un avión a Japón para un curso de artes marciales, según dijo su novia, Sofía Celi. Tras la detención, autoridades ecuatorianas aparecieron en televisión para aplaudir el arresto y mencionar sus visitas a Assange.

La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que el gobierno quería prevenir que Ecuador se convierta en un centro de “espionaje y piratería” digital. Romo dijo que no podía comentar sobre la evidencia en contra de Bini, pero también mencionó que Bini había visitado a Assange al menos “una docena de veces”.

Los abogados de Bini alegan que la detención es ilegal. Dicen que Bini no tuvo acceso a sus abogados por diecisiete horas, no fue informado de los cargos en su contra y no se le ofreció un traductor, como lo exigen las leyes ecuatorianas. Además, dicen que han sido acosados y amenazados por la policía.

A Bini no se le otorgó libertad condicional, por lo que permanecerá detenido durante noventa días. En ese lapso, los fiscales ecuatorianos deberán armar un caso contra él.

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Bicentenario: por qué Panamá no celebra su independencia de España

Panamá celebra su independencia de España cada 28 de noviembre. | AFP

Centroamérica celebra este miércoles los 200 años de su independencia. Pero no toda Centroamérica lo celebra.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica festejan este 15 de septiembre el bicentenario de la firma del Acta de Independencia de América Central, con la que rompieron los lazos de más de dos siglos con el imperio español.

Pero una nación -geográficamente centroamericana- no estuvo incluida en el acta y tuvo que esperar otros dos meses para separarse de España y varias décadas para convertirse en estado independiente.

“Panamá logra la independencia (de España) el 28 de noviembre de 1821, más tarde que el resto de los otros países centroamericanos. Y a diferencia de ellos, no se convierte en una república sino que pasa a formar parte de la Gran Colombia, el proyecto de unión de naciones de (Simón) Bolívar”, dice a BBC Mundo el historiador Víctor Ortiz, del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con el académico, los procesos que llevaron a tan distintos rumbos a Panamá y las entonces recién independizadas repúblicas centroamericanas hay que buscarlos en la Historia.

Y más precisamente, en los tiempos de la conquista y la colonización y la forma en la que se desarrollaron diferencias económicas, políticas y sociales entre los distintos territorios españoles en América.

Por: Lioman Lima – @liomanlima
BBC News Mundo

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Bukele acabó con la democracia y lo peor está por venir

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en mayo de 2021Credit...Rodrigo Sura/EPA vía Shutterstock

SAN SALVADOR — Mi país ya no es una democracia imperfecta, es un régimen híbrido con fuertes elementos de autoritarismo y algunos escasos remanentes de institucionalidad democrática.

Aunque eso es suficiente mala noticia, creo que lo peor está por venir.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no va a detenerse en su ejercicio del poder absoluto. De hecho, en las últimas semanas, Bukele ha acelerado su carrera para desmantelar el Estado de derecho salvadoreño.

El camino hasta aquí ha incluido las urnas. Bukele arrasó en las presidenciales de 2019 y desbarató a los demás partidos en las legislativas de 2021. Llegó al poder por la vía democrática, pero lo ha ocupado para concentrar más poder por la vía autoritaria.

En solo 11 días, han salido a la luz detalles de su negociación secreta con las tres pandillas; ha utilizado a la Asamblea Legislativa, que controla, para reformar leyes y purgar a un tercio de los jueces del país, allanando el camino para nombrar a jueces leales a él. Y, como si no bastara, violando la Constitución, la Sala de lo Constitucional impuesta por sus diputados emitió una resolución que permite la reelección inmediata de Bukele para el periodo 2024-2029. Todo esto sin contar algunas piezas que parecen añejas, como la ley de inmunidad para sus funcionarios por las compras en pandemia que aprobó su Asamblea en mayo; u otras más recientes que aún estamos procesando, como la entrada en vigor de la Ley Bitcoin del 7 de septiembre, de la que el gobierno ni siquiera ha informado quiénes están a cargo de su implementación.

Es difícil centrarse en uno solo de estos escándalos protagonizados por un presidente devenido en autócrata y que degradan la joven democracia salvadoreña a un triste espectáculo. La estrategia de Bukele es hacerlo todo rápido, mientras conserve su alto índice de aprobación, que actualmente alcanza casi el 85 por ciento, y antes de que más gente abra los ojos.

Quien entiende que, además de meter un voto en una caja cada cinco años, la democracia también es balance e independencia de poderes, rendición de cuentas a la sociedad, respeto a la Constitución y alternabilidad en el poder, comprende que esto es otra cosa. Cada día más, Bukele es el Estado.

Apenas quedan rasgos democráticos y voces contundentes contra el presidente. La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar tarde. Las señales estaban ahí desde su llegada al poder, pero los gobiernos del continente y el de Estados Unidos esperaron demasiado tiempo. Ahora Bukele ya garantizó su posibilidad de reelección.

Aunque Washington emitió condenas severas y listas de corrupción con funcionarios de Bukele incluidos, la embajada estadounidense en San Salvador jugaba con la mano dócil y limpiaba la cara del presidente con eventos de entrega de vacunas o donándole 12 helicópteros para el ejército que Bukele ha prometido duplicar apenas unos días antes de la última violación a la Constitución. El resto de la comunidad internacional ha sido timorata, si no completamente cobarde.

Lo digo como salvadoreño, pero también como alguien que dirige la redacción de El Faro, un medio independiente que se ha dedicado a investigar abusos del poder, corrupción y violencia de los gobiernos de El Salvador que antecedieron a Bukele, igual que ahora, siempre con consecuencias de ataques gubernamentales y campañas de desprestigio, pero nunca ante un presidente como este, que ha declarado su enemigo al periódico y tiene todas las herramientas para intentar desmantelarlo.

He vivido el recrudecimiento de la represión presidencial: seguimientos, persecución de fuentes, difamación de los colegas, constantes ataques públicos, extralimitadas auditorías de Hacienda, amenazas directas de funcionarios en redes sociales. Todo ello ha quedado consignado en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a todos los miembros del periódico, y también en el registro de la Asociación de Periodistas salvadoreña, que denunció que en lo que va de año ya se superó el número de agresiones a periodistas ocurridas en todo 2020.

Absorta en cubrir sus necesidades del día a día, harta de los políticos tradicionales que saquearon este país, la población en general no es de momento un obstáculo: idolatra a su caudillo.

¿Entonces qué queda? Queda un reducido grupo de la ciudadanía que, apenas organizado, entiende el abismo al que descendemos y está dispuesto a resistirse. También la prensa independiente que ha descubierto decenas de casos de corrupción de este gobierno, a pesar de los ataques feroces del presidente, que ha ocupado cadenas nacionales y, por supuesto, su cuenta de Twitter, para lanzar a sus seguidores contra esos periodistas.

Bukele no configuró un esquema autoritario para comportarse como un demócrata. Las piezas ya están dispuestas en el tablero y pronto empezará a moverlas.

Todas las señales apuntan a que la etapa de represión velada terminará en breve y dará paso a medidas similares a las que vive Nicaragua en la actualidad: encarcelamiento y persecución de periodistas, activistas y opositores políticos con casos armados a voluntad del presidente Daniel Ortega.

Ya asoman ejemplos. La semana pasada fue detenido un activista contra la implementación del bitcóin, sin orden de captura ni conocimiento de la Fiscalía. Fue liberado a las horas, pero sus teléfonos fueron decomisados y su computadora solo siguió en poder de su madre porque ella se resistió a dársela al policía que se la exigía.

Las voces críticas deben entender esto y prepararse para el Estado plenamente represivo que viene.

Es importante que seamos precisos para detallar cómo empezó la represión y cómo se agravó. Ser testigos es fundamental y ser protagonistas tendrá un costo. De aquí en adelante, hay que preparar planes de reacción inmediata ante arrestos injustificados; alertar a los aliados internacionales sobre la urgente situación, registrar cada detalle, cada carro sin placas, cada amenaza en redes, cada policía fotografiando las concentraciones de protesta.

Hay que asumir que en una tiranía el reto al poderoso no termina en un comunicado de prensa ni en un tuit, sino tras barrotes o perseguidos, y para ello hay que prepararse.

Pocas veces desde que en El Salvador se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992 la ciudadanía y el periodismo habían sido tan necesarios. Ahora, más que necesarios, son el único rincón crítico que sobrevive.

Por Óscar Martínez

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Bitcoin en El Salvador | “Esto no es para nosotros los pobres”

Un usuario en un cajero de bitcoin en El Salvador. / EPA

Tres dólares al día, cuando hay suerte, es lo que consigue reunir Francisca Rivas vendiendo en un mercado popular en el norte de San Salvador.

Con eso, menos de US$100 al mes, debe sostener a sus tres nietas, de 12, 9 y 4 años.

“Somos gente pobre que pasamos (vivimos) con las monedas que nos caen al día”, dice sentada sobre un taburete de madera en el interior de su modesto negocio de abarrotes.

Los poco más de dos metros cuadrados de esa habitación son oscuros, compactos y casi invisibles en un lugar en donde otros dos centenares de pequeños comerciantes recibieron con escepticismo este martes la posibilidad de recibir el pago por sus servicios en bitcoin.

Desde este 7 de septiembre El Salvador se convierte en el primer país del mundo en el que esta criptomoneda es de curso legal.

A Francisca se le pueden leer las siete décadas y media de dura vida en el rostro, en las manos desgastadas por el trabajo: un pergamino con historias de carencia y abandono escritas en cada surco de su piel.

“Ese pisto (dinero) no nos conviene, porque nos va a llevar más a la pobreza”, le dice a BBC Mundo. Y da un sorbo a su taza de café.

Con “pisto” se refiere al bitcoin, la criptomoneda impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

A partir de este martes es legal la realización de pagos a través de un monedero digital (wallet) instalado en un teléfono celular.

Uno de los mayores temores de Francisca es que esos US$3 que lleva a diario a casa se reduzcan y presiente que eso sucederá cuando deba negarse a realizar una venta a alguien que, teléfono en mano, quiera pagar en bitcoin.

“Si no tenemos para un aparato de esos, el bitcoin no es para nosotros los pobres”, dice.

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La pobreza convierte pueblos de Honduras en lugares fantasma

El panorama en zonas de los municipios del norte de Honduras es tan desolador que parecen pueblos fantasma. Pocos rostros se ven por las calles y entresijos de tierra de comunidades en El Porvenir, Cedros y San Ignacio. Pareciera que solo mujeres, ancianos y niños habitan esas aldeas y caseríos.

Con seis meses de embarazo, en la aldea La Guadalupe, encontramos a Paola Acosta, sentada en las afueras de su casa de habitación. Tiene 26 años, dos hijos y un esposo que salió indocumentado de Honduras con la intención de llegar a Estados Unidos.

“Duele porque la verdad hay tiempos que no hay dinero para comprar comida, o se enferman algunos. Entonces, uno se desespera y hay momentos en que uno desea hasta morirse”, dice Paola al referirse al motivo que los obligó a tomar esa decisión como pareja.

Pero hoy, seis meses después de su salida, el esposo de Paola se encuentra varado en Caborca, una ciudad mexicana situada en el noroeste, en el estado de Sonora. Allí permanece junto a cientos de migrantes centroamericanos más, dice, en espera del momento oportuno para avanzar y cruzar a Estados Unidos.

“Él tiene que ver cómo come. Si le salen trabajos, trabaja, y si no, tiene que aguantar o pide comida en la casa del migrante. Así está pasando”, comenta la joven, quien afirma que le encomienda diariamente su esposo a Dios.

Los hombres salen mes a mes

Reina Cruz, coordinadora de una organización que apoya a los migrantes retornados en El Porvenir, da pistas sobre por qué allí solo se ven caras de mujeres con sus niños y de ancianos. El problema, asegura, es serio.

“Ver que la materia humana, que es joven, es la que más se nos está yendo y queda la gente de edad que no puede trabajar, o mujeres solas con sus hijos, eso es lamentable”, afirma.

Esta defensora de los derechos de los migrantes conoce cientos de historias con las que podría llenar libros. Dice que ha sido testigo de la gradual reducción de la población, sobre todo de hombres jóvenes que mes a mes salen de esta región por falta de oportunidades de las municipalidades o del gobierno central de Honduras.

“Aquí no hay fuentes de empleo y, las personas que tienen algo de tierra para sembrarla, no tienen cómo comprar ni la semilla, mucho menos fertilizantes, o lo que se requiere hasta cultivar algo”, acota.

Muchos han emprendido la travesía hacia el norte, pero algunos han debido regresar con las manos vacías “porque empeñaron sus cositas y regresan sin nada, y con deudas”.

Deportado cuatro veces, pero más le agobia la pobreza
A René Cruz lo abordamos en otra calle de esta aldea. Está trabajando tres días a la semana como ayudante de albañil. Y mientras llevaba una carreta con arena en sus manos, se detuvo a narrarnos que es uno de los pocos hombres jóvenes que hay en su comunidad porque recientemente lo deportaron… por cuarta vez.

“Voy a volver a regresar porque está difícil la situación, porque aquí los empleos no son buenos, pagan poco”, comenta, mientras detalla que apenas recibe 200 lempiras al día, es decir, unos 9 dólares, para mantener a su esposa y sus dos hijas.

Este hombre, de 35 años, de tez blanca curtida por el sol, dice que no desconoce los peligros de la ruta migratoria porque en uno de sus viajes fallidos estuvo a punto de morir ahogado en el río Bravo, mientras ayudaba a salvar la vida de los dos acompañantes con los que salió de su pueblo. Pero sostiene que la pobreza en la que vive lo agobia más, “pienso regresar y si Dios me permite, Dios me da el esfuerzo de llegar, mandar a traer mi familia”.

René y sus compañeros de viaje fueron rescatados por varios agentes de migración y después fueron deportados a Honduras. Otros migrantes que salieron de estos poblados lograron avanzar y se encuentran en México o quizá, dice, ya cruzaron a Estados Unidos.

Las mujeres ‘salvan’ los campos
En el norte de Francisco Morazán, las comunidades subsisten, en gran parte, gracias a la agricultura. Pero son pocos los hombres que quedaron para trabajar la tierra. Eso lo evidencia con claridad Ramona Meléndez, quien muy afanada, fertilizaba la parcela de maíz que compró con el dinero que le envío uno de sus hijos desde Estados Unidos.

“Esto es obra de lo que Dios les ha dado allá, pues han comprado este pedacito de tierra y la casita”, dice con aires de orgullo. Sin embargo, de la alegría, los ojos de Ramona pasaron a llenarse de lágrimas pues su segundo hijo, de 30 años, salió de aquí hace 5 meses, sin que aun haya podido llegar a Estados Unidos.

“Una de madre nunca deseara que sus hijos se separaran, máximo cuando nos dicen mamá, papá, nos vamos a ir. Es triste ver a nuestros hijos despedirse y sin saber con qué se van a topar en el camino”.

Ese sufrimiento lo conoce muy bien esta mujer campesina porque su hijo mayor, antes de llegar a Estados Unidos, fue secuestrado en México. Ella y su familia tuvieron que pagar el rescate a los integrantes de un grupo de delincuentes que les exigieron varios miles de dólares. “Gracias a Dios, salió con vida de ese episodio. Pero los extrañamos”, acota.

No hay una forma precisa de medir cuántas personas, en particular hombres y jóvenes, salen mensualmente de estos pueblos. Las personas a las que abordamos estiman que emigran entre 15 y 20 hombres de estas aldeas y caseríos, en su mayoría de edades que oscilan entre los 17 y 30 años.

La certeza que sí tienen es que los hombres que han dejado atrás estos pueblos forman parte del ejército de migrantes que han hecho que, en los primeros siete meses del 2021, Honduras recibiera 4,074 millones de dólares en concepto de remesas, un 36.2% más que en el mismo período del 2020, según datos del Banco Central de este país centroamericano.

Pero, ¿a costa de qué?, se pregunta Reina Cruz. “De familias desintegradas, hijos abandonados, mujeres y ancianos que están quedando solos y a la buena de Dios en nuestros pueblos”, se responde.

POR: CLAUDIA MENDOZA – UNIVISION

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