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Daniel Ortega está destrozando el sueño nicaragüense

La palabra “asesino” está sobrepuesta al rostro del presidente Daniel Ortega en un mural de 2018 en Managua, Nicaragua.Credit...Esteban Felix/Associated Press

¿Vendrán por mí? ¿Qué se sentirá ser encarcelada por la misma gente con la que peleé hombro a hombro para derrocar la dictadura de 45 años de los Somoza en Nicaragua, mi país?

En 1970, me uní a la resistencia urbana clandestina del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como FSLN. Tenía 20 años. La larga y sangrienta lucha para librarnos de Anastasio Somoza Debayle ahora es un recuerdo que produce un orgullo agridulce. Alguna vez fui parte de una generación joven y valiente dispuesta a morir por la libertad. De los diez compañeros que estaban en mi célula clandestina, tan solo sobrevivimos dos. El 20 de julio de 1979, tres días después de que Somoza fue expulsado gracias a una insurrección popular, entré caminando a su búnker en una colina desde donde se veía Managua, llena del sentimiento de haber logrado lo imposible.

Ninguna de esas ilusiones sobrevive el día de hoy. En retrospectiva, para mí está claro que Nicaragua también pagó un costo demasiado alto por esa revolución. Sus jóvenes líderes se enamoraron demasiado de sí mismos; pensaron que podíamos superar todos los obstáculos y crear una utopía socialista.

Miles murieron para derrocar a Anastasio Somoza y muchos más perdieron la vida en la guerra de los contras que le siguió. Ahora, el hombre que alguna vez fue elegido para representar nuestra esperanza de cambio, Daniel Ortega, se ha convertido en otro tirano. Junto con su excéntrica esposa, Rosario Murillo, gobiernan Nicaragua con puño de hierro.

Ahora que las elecciones de noviembre se acercan cada vez más, la pareja parece poseída por el miedo de perder el poder. Atacan y encarcelan a quien consideren un obstáculo para ellos. En las últimas semanas, encarcelaron a seis candidatos presidenciales y arrestaron a muchas personas más, entre ellas a figuras revolucionarias prominentes que alguna vez fueron sus aliadas. El mes pasado, incluso fueron tras mi hermano. Para evitar ser capturado, huyó de Nicaragua. No estaba paranoico: tan solo unos días más tarde, el 17 de junio, más de una veintena de policías armados hicieron una redada en su casa; lo estaban buscando. Su esposa estaba sola. Buscaron en cada rincón y se fueron después de cinco horas.

La noche siguiente varios hombres enmascarados y armados con cuchillos y un rifle entraron a robar a su casa. Se escuchó a uno de ellos decir que era un “segundo operativo”. Otro amenazó con matar a su esposa y violar a mi sobrina, que había llegado para pasar la noche con su madre. Ortega y Murillo parecen estar usando la forma más cruda de terror para intimidar a sus opositores políticos.

En lo personal, nunca admiré a Ortega. A mí siempre me pareció un hombre mediocre e hipócrita, pero su experiencia en la calle le permitió aventajar a muchos de sus compañeros.

En 1979, fue la cabeza del primer gobierno sandinista y el presidente de 1984 a 1990. La derrota frente a Violeta Chamorro en las elecciones de 1990 dejó una cicatriz en la psique de Ortega. Regresar al poder se volvió su única ambición. Después del fracaso electoral, muchos de nosotros quisimos modernizar el movimiento sandinista. Ortega no aceptó nada de eso. Consideró nuestros intentos de democratizar el partido como una amenaza a su control. A quienes no estuvimos de acuerdo con él nos acusó de venderle el alma a Estados Unidos, y se rodeó de aduladores. Su esposa se puso de su lado aun después de que su hija acusó a Ortega, su padrastro, de haber abusado sexualmente de ella a la edad de 11 años, un escándalo que habría sido el fin de la carrera de otro político.

De hecho, Murillo, a quien se le ha caracterizado como una Lady Macbeth tropical, renovó la imagen de Ortega con astucia luego de que este perdió dos elecciones más. Sus ideas New Age aparecieron en símbolos de amor y paz y pancartas pintadas con colores psicodélicos. De manera muy conveniente, Ortega y su esposa se metamorfosearon en católicos devotos tras décadas de ateísmo revolucionario. Para tener a la Iglesia católica más de su lado, su némesis en la década de 1980, Ortega accedió a respaldar una prohibición total al aborto. También firmó en 1999 un pacto con el presidente Arnoldo Alemán, quien luego fue declarado culpable de corrupción, para llenar puestos de gobierno con cantidades iguales de partidarios. A cambio, el Partido Liberal Constitucionalista de Alemán accedió a reducir el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia.

Funcionó. En 2006, Ortega ganó con tan solo el 38 por ciento de los votos. En cuanto asumió el cargo, comenzó a desmantelar instituciones estatales ya de por sí debilitadas. Obtuvo el apoyo del sector privado al permitirle tener voz y voto en las decisiones económicas a cambio de que aceptara sus políticas. Modificó la Constitución, la cual prohibía expresamente la reelección, para que se permitiera una cantidad indefinida de reelecciones. Luego, en 2016, en la campaña para su tercer periodo, Ortega eligió a su esposa para la vicepresidencia.

Ortega y Murillo parecían haber asegurado su poder hasta abril de 2018, cuando un grupo de esbirros sandinistas reprimió con violencia una pequeña manifestación en contra de una reforma que iba a reducir las pensiones de seguridad social. Varias protestas pacíficas arrasaron todo el país. Ortega y Murillo reaccionaron con furia y combatieron la revuelta con balas: 328 personas fueron asesinadas, 2000 lesionadas y 100.000 exiliadas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paramilitares armados deambularon por las calles matando a diestra y siniestra, y los hospitales tenían la orden de negar la asistencia médica a los manifestantes heridos. Los doctores que desobedecieron fueron despedidos. El régimen impuso un estado de emergencia de facto y suspendió los derechos constitucionales. Se prohibieron las manifestaciones públicas de cualquier índole. Nuestras ciudades fueron militarizadas. Ortega y Murillo justificaron estas acciones con una gran mentira: el levantamiento era un golpe de Estado planeado y financiado por Estados Unidos.

Las siguientes elecciones de Nicaragua están programadas para el 7 de noviembre. A finales de la primavera, los dos principales grupos de oposición acordaron elegir a un candidato bajo el cobijo de Alianza Ciudadana. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Chamorro, tuvo un sólido respaldo en las encuestas. Poco después de que anunció su intención de contender por la presidencia, le impusieron un arresto domiciliario. El gobierno parece haber fabricado un caso de lavado de dinero con la noción equivocada de que eso iba a legitimar su arresto. Le siguieron más detenciones: otros cinco candidatos a la presidencia, periodistas, un banquero, un representante del sector privado, dos contadores que trabajaban para la fundación de Cristiana Chamorro y hasta su hermano, todos ellos acusados bajo leyes nuevas y de una ambigüedad conveniente que en esencia hacen que cualquier tipo de oposición a la pareja en el poder sea un delito de traición. Ortega insistió en que todos los detenidos eran parte de una inmensa conspiración apoyada por Estados Unidos para derrocarlo.

Ahora, los nicaragüenses nos encontramos sin ningún recurso, ninguna ley, ninguna policía que nos proteja. Una ley que le permite al Estado encarcelar hasta por 90 días a las personas que estén bajo investigación ha remplazado el habeas corpus. La mayoría de los presos no ha podido ver a sus abogados ni a sus familiares. Ni siquiera estamos seguros de dónde los tienen detenidos. Por las noches, muchos nicaragüenses se van a la cama con el temor de que su puerta sea la siguiente que derribe la policía.

Soy poeta, soy escritora. Soy una crítica manifiesta de Ortega. Tuiteo, doy entrevistas. Con Somoza, me juzgaron por traición. Tuve que exiliarme. ¿Ahora enfrentaré la cárcel o de nuevo el exilio?

¿Por quién irán después?

Por Gioconda Belli
NYTimes

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Nicaragua: autoridades detienen a los dos principales líderes empresariales del país

GETTY IMAGES | Michael Healy acudió este jueves a la Fiscalía y fue detenido poco después.

El presidente de la patronal de Nicaragua, Michael Healy, y el vicepresidente de esa institución, Álvaro Vargas, fueron arrestados este jueves.

Ambos están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, así como por haber realizado supuestamente «actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación» del país, de acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Nacional.

Healy asumió la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hace pocos meses, luego de que su antecesor en el cargo, José Aguerri, fuera arrestado en julio pasado bajo acusaciones similares.

Con estos dos nuevos arrestos son ya 39 las personalidades críticas con el gobierno del mandatario Daniel Ortega que han sido detenidas en Nicaragua desde junio, entre las cuales hay siete candidatos presidenciales que aspiraban a competir en los comicios generales del próximo 7 de noviembre, así como periodistas y líderes empresariales, sociales y políticos.

Según informó el Ministerio Público, un tribunal ordenó la detención de Healy y de Vargas durante 90 días, mientras se adelantan las investigaciones.

En un comunicado divulgado este jueves, Cosep calificó estas detenciones como «arbitrarias» e «ilegales» y señaló que se trataba de un ataque directo del gobierno hacia esa institución, «lo cual no contribuye a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos».

Además, exigieron la liberación inmediata de los detenidos, así como la de «todos los presos políticos».

El sector empresarial nicaragüense fue un gran aliado del gobierno de Ortega hasta 2018, cuando asumió una postura crítica ante el Ejecutivo durante la ola de protestas desatadas en el país que fueron duramente reprimidas por el gobierno y en las que murieron cientos de personas.

Por: BBC News Mundo

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Príncipe William: en qué consiste el exitoso plan de conservación de Costa Rica

REUTERS | La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunció el reconocimiento para Costa Rica.

Son días felices en Costa Rica.

La semana pasada, la banda Coldplay anunció que abrirá allí su gira de conciertos The Music Of The Spheres («Música de las esferas») prevista para 2022, por la fama mundial de este pequeño país en el uso de energías limpias.

Y el domingo, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, le otorgó a su gobierno el premio Earthshot en la categoría «proteger y restaurar la naturaleza».

Un reconocimiento de 1 millón de libras esterlinas (unos US$1,3 millones) por su exitoso modelo de conservación del bosque.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo en Twitter que su gobierno invertirá el premio en la conservación de los ecosistemas marinos.

Según Alvarado, los fondos se usarán para «replicar en el mar el modelo de conservación que se ha implementado exitosamente en los ecosistemas terrestres».

El premio también recuerda que este programa, que sostiene una parte importante de los bosques privados, sufre una presión económica creciente.

Reforestación y protección
Costa Rica es, según un informe de 2016 de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el primer país de Latinoamérica que logró revertir la deforestación y aumentar su cobertura boscosa.

Cifras recientes del Banco Mundial muestran que el país aumentó su cobertura forestal de un 47% en el año 2000 al 59% en 2020.

Este avance se debe en parte al programa galardonado por el príncipe Guillermo y a un cambio en la estructura productiva del país, que antes se enfocaba en gran parte en la ganadería.

El plan ambiental premiado combina la conservación del bosque en áreas silvestres protegidas que pertenecen al Estado con la reforestación y preservación en terrenos que pertenecen a dueños privados.

En el caso del ámbito privado existe un sistema de pago por servicios ambientales (PSA), que consiste en una compensación económica para las personas que poseen fincas y que, en vez de usarlas para cultivos o ganadería, deciden conservar y proteger los árboles o incluso combinar esa protección con otras actividades productivas.

Los pagos por servicios ambientales existen en varios países del mundo, pero en Costa Rica hay diferencias palpables, según le explica a BBC Mundo Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) que desarrolla el programa.

Una de ellas es que el país tiene fondos ya asegurados cada año.

«La ventaja es que la ley forestal le dio una fuente de recursos fija, sólida y constante», explica Rodríguez.

La ley forestal de 1996 creó los PSA y estableció un impuesto a la gasolina y a otros hidrocarburos que actualmente es del 3,5%.

Según Rodríguez, la mayoría de países que tiene este tipo de esquemas establece un presupuesto cada año, según las condiciones del país.

«Es lo que sucedía en Costa Rica antes de la ley forestal: el Ministerio de Hacienda era el que decidía cuánto presupuestaba. En cambio ahora, con los datos de Recope (la refinadora de petróleo del país) hay una estimación bastante cercana de cuánto será el ingreso. Eso nos permite a nosotros planificar a mediano y largo plazo», indica el director de Fonafifo.

Con esa planificaciónse hacen contratos por cinco, diez y hasta 16 años para la conservación de los bosques y se mantiene el compromiso con los dueños, que en su mayoría tiene fincas pequeñas y medianas.

Una clave adicional es que el intercambio económico no se ve como una «regalía» por una buena causa, sino como un pago por un servicio obtenido.

«Ahora se reconoce por los servicios ambientales que genera, de los cuales nos beneficiamos todos los ciudadanos del mundo, pues los árboles capturan CO2, gran responsable del calentamiento global», señala Rodríguez.

Amplio apoyo político
Además de tener una fuente de ingresos constante y una planificación adecuada, otra de las pistas para entender el éxito de Costa Rica en este campo parece ser el apoyo de distintos gobiernos.

Al principio no fue fácil, contó el exministro Carlos Manuel Rodríguez al medio costarricense La Nación.

«Costó mucho impulsar el programa en aquel momento», dijo.

«Pasados varios gobiernos, ha trascendido a las distintas administraciones, y estas han sabido adueñarse de los PSA y llevarlos adelante al margen de diferencias políticas», precisa Rodríguez, quien lideró la creación del programa en el país y lo empezó a implementar en 1998.

Inversión insuficiente
El programa invierte entre unos US$24 y $30 millones anuales en el pago económico a los productores que deciden resguardar el bosque, pero eso solo alcanza para atender el 20% de las solicitudes que recibe cada año.

«La inversión es importante, pero es totalmente insuficiente», se queja Rodríguez.

«Si quisiéramos atender el universo (toda la demanda), tendríamos que tener un presupuesto cinco veces superior para pagar los mismos montos. Pero también es cierto que nosotros quisiéramos pagarles más a los productores», observa.

Los retos para sumar más hectáreas protegidas se han hecho más profundos en los últimos años.

No tanto por falta de compromiso directo con el medio ambiente, sino por una serie de decisiones fiscales que tienen a Costa Rica sumida en una constante presión económica internacional.

Por: María Fernanda Cruz Chaves
BBC News Mundo

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La histórica disputa en Centroamérica por la soberanía en el golfo de Fonseca

GETTY IMAGES

El golfo de Fonseca, en el océano Pacífico, ha sido históricamente una fuente de tensiones donde Honduras, El Salvador y Nicaragua hacen reclamos territoriales.

Ahora, el consejo de ministros hondureño publicó un decreto para «reafirmar la soberanía nacional en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en dichas aguas».

En el decreto, el gobierno de Honduras anuncia un plan de desarrollo para la región.

Pero ¿qué significa exactamente esto y por qué hay disputas territoriales en esta región?

Triple frontera
El golfo de Fonseca, con 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido escenario de conflictos territoriales desde las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

A diferencia de Nicaragua, que cuenta con 352 kilómetros de costa sobre el Pacífico, y El Salvador, con 307 km, para Honduras el golfo es su única salida a ese océano.

El principal problema es la falta de delimitación de las aguas, asunto que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para dirimir una disputa entre El Salvador y Honduras.

En una resolución en 1992, la CIJ determinó que ambos estados tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, pero adjudicó la administración del resto de las aguas del golfo a los tres países que lo comparten.

Isla Conejo, en el centro de la disputa
Pese a que apenas es un peñón de menos de 1 km cuadrado, Isla Conejo es objeto de una larga disputa por su soberanía entre El Salvador y Honduras.

En los años 80, cuando El Salvador estaba en plena guerra civil, el contingente militar salvadoreño que resguardaba la isla volvió al continente, y tropas del ejército hondureño aprovecharon para ocupar por primera vez el islote.

Entonces empezó una controversia diplomática entre ambos países. El Salvador argumenta que Honduras ocupó la isla ilegalmente, y este que el peñón es suyo por su mayor cercanía a la costa hondureña (unos 600 metros).

La disputa casi siempre resurge en las campañas electorales. Honduras celebra elecciones generales el 28 de noviembre.

Pero ¿por qué hay una disputa sobre una isla de medio kilómetro cuadrado?

La ubicación geográfica de sus vecinos forma una especie de pinza en la entrada de la bahía, lo cual cierra aún más el libre acceso pues ambos cuentan con una soberanía de 12 millas náuticas según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Si las autoridades nicaragüenses y salvadoreñas acordaran limitar la navegación en su mar territorial, podrían aislar a los hondureños.

En esas condiciones las islas en el golfo Fonseca tienen un valor fundamental, incluso un islote como Conejo.

Para Honduras el conflicto fue superado con el fallo de la Corte de La Haya en 1992 que reconoce la soberanía de 3 millas náuticas (5,5 km) desde la costa de cada nación.

Mientras El Salvador argumenta que Isla Conejo nunca formó parte de la resolución, pues no la menciona específicamente.

En la resolución se establece la soberanía sobre otras islas: El Tigre, que le pertenece a Honduras, y Meanguera y Meanguerita, a El Salvador.

En 2003, la CIJ rechazó una petición de El Salvador para revisar dicha resolución.

Por: BBC News Mundo

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Pronunciamiento de ONECA ante publicación de FLACSO

ASUNTO: Estudio sobre Garífunas. Las rutas del cuerpo entre el Aquí y el Allá Imaginarios colectivos sobre el fenómeno migratorio en las comunidades de Sambo Creek y Corozal. Tegucigalpa, 2021. ISBN 978-
99979-65-06-6.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO: Reyes, Milton y Gallo, Mildred
Dr. Francisco Herrera Alvarado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras;
Dr. Rolando Sierra Fonseca, Director FLACSO Honduras, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Dra. Josette Altmann Borbón, Secretaria General, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Mtr. Cinthya Fernández Lépiz, Coordinadora Académica Regional, FLACSO, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales;
MSc. Lorena Aguilar Revelo, Coordinadora Regional de Cooperación Internacional e Investigación,
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
OMIH, Observatorio para las Migraciones Internacionales de Honduras;
Sr. D. Juan José Sanzberro Gamio, AECID, Agencia Española de Cooperación Técnica para el Desarrollo.

Para ver mas clic aquí

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