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Detienen a expresidente Kuczynski por caso Odebrecht en Perú

LIMA.— Pedro Pablo Kuczynski se convirtió el miércoles en el segundo exmandatario peruano detenido a causa de presuntos delitos ligados a la firma brasileña Odebrecht. La justicia ordenó diez días de prisión mientras es investigado por presunto lavado de activos y haber “tenido injerencia” en dos obras de infraestructura adjudicadas a la constructora donde se gastó millonarios fondos del dinero público.

Kuczynski está recluido en la sede de un grupo policial que su gobierno creó para combatir el crimen organizado. En octubre allí también estuvo detenida Keiko Fujimori, la mayor opositora a su breve gestión (2016-2018). Fujimori luego fue sentenciada a tres años de cárcel preventiva. Ambos son el ejemplo más reciente de la caída de dos políticos poderosos locales a causa de sus nexos con Odebrecht.

Ollanta Humala, antecesor de Kuczynski, fue el primer expresidente local preso nueve meses junto a su esposa por sus nexos con la constructora. Sigue investigado tras ser liberado en mayo de 2018.

Kuczynski, de 80 años, fue detenido muy temprano por agentes de la división de investigaciones de alta complejidad en su residencia del barrio más rico de Perú. Fue llevado luego en un vehículo todoterreno blanco para ser examinado por médicos de la fiscalía y tras hallarse “hemodinámicamente estable” fue enviado a su centro temporal de reclusión.

En las pocas imágenes que transmitieron las televisoras locales se le observó caminando con lentitud, sin grilletes pero junto a varios agentes que lo vigilaban. Estaba vestido con zapatos marrones, sin calcetines, por momentos colocaba sus manos en los bolsillos y en otros sacaba un pañuelo con el que se limpiaba las comisuras de los labios.

El juez José Chávez, que ordenó su sorpresiva detención, también admitió el ingreso de investigadores a su domicilio para recoger pruebas. La fiscalía afirma que realizó supuestos “actos de blanqueo de capital” mientras era un ministro poderoso del gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006). Está bajo la lupa por la construcción de una vía que une Brasil con Perú, así como de una obra de irrigación.

Poco antes de abandonar su domicilio, Kuczysnki le dijo a W radio de Colombia que en Perú “hay una persecución”.

“Tengo que colgar porque están gente en la puerta”, culminó en referencia a la policía que en aquellos momentos tocaba. El expresidente también escribió en su cuenta de Twitter que afrontaba “un momento muy duro” para él y que su detención era “una arbitrariedad”.

Su captura fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo que investiga a la élite política local acusada de recibir sobornos de la constructora. El fiscal, que goza de popularidad, también ha llevado a la cárcel de forma preventiva a Keiko Fujimori y ha logrado que se prohíba salir del país al expresidente Alan García (2006-2011), también investigado por nexos con Odebrecht.

Políticos de todas las tendencias pero cuyas agrupaciones están investigadas por sus nexos con esa empresa también criticaron la detención.

El expresidente Alan García (2006-2011) dijo en Twitter “detener a una persona de 80 años por ‘tener solvencia económica’ y ‘no tener arraigo laboral’ es abusivo y mediático”. El legislador Carlos Tubino, vocero del partido de Keiko Fujimori, comentó a la televisora N que la detención preliminar en Perú se usa para ejercer “presión psicológica”.

Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, fue presidente de Perú entre 2016 y 2018, cuando renunció por un escándalo ligado a la presunta compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien gobierna Perú hasta 2021 y ha iniciado una cruzada en contra de la corrupción. Vizcarra no se ha pronunciado al momento.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Toledo (2001-2006) está pedido en extradición pero reside en Estados Unidos, García tiene impedido salir de Perú por 18 meses e intentó asilarse sin éxito en la embajada de Uruguay en Lima, mientras que Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

Otros dos expresidentes peruanos que siguen con vida y no están ligados al caso Odebrecht tienen condenas por asesinatos extrajudiciales.

El dictador militar Francisco Morales (1975-1980) fue sentenciado en 2017 por tribunales italianos a cadena perpetua junto a siete militares de la región por el secuestro y asesinato de 42 personas, pero como está en Perú no cumple su condena. El otro es Alberto Fujimori, el padre de Keiko, quien cumple su sentencia de 25 años de cárcel por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión entre 1990 y 2000.

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Guatemala, el país centroamericano donde 14 niñas quedan embarazadas todos los días

Según Unicef, ser niño en Guatemala es "una condición de alto riesgo". / AFP

Ser niña en Guatemala ya era complicado antes de la llegada del coronavirus.

Pero el riesgo de terminar siendo víctima de la violencia sexual solamente ha aumentado con la pandemia.

Según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez, al menos 5.133 niñas de entre 10 y 14 años resultaron embarazadas el año pasado en el país centroamericano.

Esto es un promedio de 14 al día.

Y el observatorio de la Coordinadora Institucional de Promoción de Derechos de la Niñez (Ciprodeni) también registró 111.216 embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años.

Esto equivale a más de 12 embarazos adolescentes por hora, en su inmensa mayoría también atribuibles a la violencia sexual, como destaca el secretario ejecutivo de Ciprodeni, Otto Rivera.

“De acuerdo con la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, sostener relaciones sexo-genitales con cualquier persona menor de 18 años es tipificado como violación”, explica Rivera.

“Y en el contexto de la pandemia este tipo de delitos es todavía más severo”, le asegura a BBC Mundo.

Multiplicar por tres
Por lo pronto, las cifras de Ciprodeni hasta el mes de julio de este año recogen 2.289 embarazos entre niñas de 10 a 14 años y 51.548 para el grupo de edad de 15 a 19.

Mientras que el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) ya sumaba 77.847 embarazos infantiles y adolescentes al 16 de septiembre.

El confinamiento -que según Rivera está exponiendo a más menores a más riesgo- puede sin embargo haber afectado la detección de muchos otros embarazos, por lo que las cifras reales podrían ser más altas.

Ciprodeni, por ejemplo, dice ya haber detectado una reducción en el número de denuncias por violencia intrafamiliar en los últimos meses.

“En el mismo marco de la pandemia se incrementaron los casos, sabemos de casos, pero al mismo tiempo se redujeron las denuncias, porque los órganos jurisdiccionales no funcionaron en el horario habitual”, asegura Rivera.

Y el secretario ejecutivo de la coordinadora también comparte una hipótesis de trabajo que hace todavía más evidente la gravedad del problema de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia guatemaltecas.

“En Ciprodeni estimamos que solo una niña o adolescente de cada tres que son abusadas o violadas resulta embarazada”, le dice a BBC Mundo.

“En otras palabras no es que en lo que va del año se haya abusado o violado a 77.847 niñas y adolescentes. Eso lo tenemos que multiplicar por tres”, sugiere Rivera.

“Vidas silenciadas”
Esas cifras explican por qué la investigadora de Flacso Guatemala Ana Lucía Ramazzini se refiere al problema como “otra epidemia”.

Pero Ramazzini destaca además el impacto biológico, social y psicológico que esa violencia, y los embarazos que produce, tienen sobre niñas y adolescentes.

Durante una investigación suya de 2015, por ejemplo, nueve de cada 10 adolescentes embarazadas entrevistadas dijeron haber dejado de estudiar y de participar en espacios de organización comunitaria.

Y más recientemente Ramazzini coordinó una investigación sobre la relación entre embarazos no deseados y suicidios en Guatemala, un problema que cree no está recibiendo la atención que se merece.

Según la socióloga guatemalteca, en el país no hay cifras confiables sobre el tema, porque “cuando llega muerta un mujer en edad fértil no se le hace la prueba de embarazo”.

La investigadora, sin embargo, logró establecer que, en 2017, la mitad de los suicidios de mujeres adolescentes en el departamento de Alta Verapaz habían sido de mujeres embarazadas.

Mientras que en países como El Salvador una investigación de 2006 encontró que el suicidio fue la tercera causa de muerte materna, especialmente entre las adolescentes.

“Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de suicidio tres veces mayor que las adolescentes que no están embarazadas”, le dice Ramazzini a BBC Mundo.

Con pocas opciones
Los testimonios recogidos para la investigación “Vidas sesgadas” evidencian los riesgos para la salud mental de los embarazos no deseados productos de la violencia.

Pero la interrupción de los mismos no está contemplada en la legislación guatemalteca.

“Hubo un proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y uno de los artículos iba en ese sentido, pero fue rechazada en el 2018”, explica Ramazzini.

Y para Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, es altamente improbable que esta opción se legalice.

“Aquí hay un actor muy importante que son las iglesias y las iglesias no son partidarias de los abortos”, le dice a BBC Mundo.

Gómez, sin embargo, asegura que el Estado guatemalteco sí reconoce el impacto de este tipo de embarazos sobre la salud mental de niñas y adolescentes.

“Con las niñas que hemos tenido nosotros bajo protección en nuestros albergues, una de las principales acciones que se hacen es sensibilizar. Y todas han decidido tener a ese bebé”, ofrece como ejemplo.

“¿Y qué pasa si esa niña no quiere tener a su bebé? Para eso existe una institución en Guatemala que se llama la Comisión Nacional de Adopciones”, agrega.

“En discusión”
Gómez destaca además la existencia de una Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que considera clave para confrontar el problema.

Pero también reconoce que la misma “todavía está en discusión”, a pesar de que Guatemala lleva años con una de las tasas de fecundidad infantil y adolescente más altas de la región latinoamericana.

Y ese retraso retrata las diferencias de opiniones sobre la forma de encarar el problema que seguramente ha limitado la capacidad de respuesta de Guatemala.

Para Ramazzini, por ejemplo, un elemento clave detrás de los altos índices de embarazo infantil y adolescente es la falta de una efectiva educación integral en sexualidad, un tema que sin embargo todavía es considerado tabú por muchos sectores.

“En nuestro país se piensa que educar en sexualidad es solo educar en sexo y relaciones sexo-genitales, cuando estamos hablando de una educación integral en sexualidad que es clave para la vida”, lamenta Ramazzini.

“Tiene que ver con relaciones de respeto, con compromisos a largo plazo, con consentimiento, con identificar estas relaciones de violencia, con desmontar esta idea de ser hombre que pasa por apropiarse de los cuerpos de niñas y adolescentes”, explica.

Según Ramazzini, en el Ministerio de Educación de Guatemala existe desde hace años una estrategia sobre el tema.

“Pero hay muchas resistencias. Hay sectores antiderechos y de oposición que se niegan a que esto se implemente”, le dice a BBC Mundo.

Y, para mientras, el número de niñas y adolescentes embarazadas crece y crece.

Por: Arturo Wallace
BBC News Mundo

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Noticias Internacionales

Bukele vs El Faro: qué hay detrás del enfrentamiento del popular presidente de El Salvador

Nayib Bukele es el presidente más joven de la historia de El Salvador. / GETTY IMAGES

Uno de los mandatarios más populares de América Latina parece haberle declarado la guerra a uno de los medios de comunicación más prestigiosos de la región.

Y los “ataques” del presidente salvadoreño Nayib Bukele en contra del portal digital local El Faro han hecho sonar campanadas de alerta en todo el continente.

“La Fundación Gabo me envió una carta firmada por más de 500 periodistas y escritores alarmados por los ataques de Nayib Bukele a la prensa en El Salvador”, informó la semana pasada el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

“Denuncian retaliación a El Faro por su investigación sobre negociación gobierno-maras. Vamos a dar seguimiento”, detalló Lanza vía Twitter.

Ya antes organizaciones gremiales y de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, entre muchas otras, también habían hecho sonar la alerta.

Y en una rara muestra de consenso entre demócratas y republicanos en Washington, congresistas de ambos partidos ya le habían escrito a Bukele para manifestarle su preocupación por lo que está ocurriendo en el país centroamericano.

“El periodismo de primera calidad de El Faro es respetado no solo en El Salvador sino por la comunidad internacional”, le recordaron los congresistas y senadores demócratas a Bukele.

“Su credibilidad ha sido atacada por su gobierno a través de artículos anónimos en medios administrados por su gobierno. Adicionalmente, nos preocupa enormemente la agresiva auditoría que su Ministerio de Finanzas está haciendo de las cuentas de El Faro en lo que parece ser un esfuerzo por intimidarlo“, se lee en la misiva.

Patrón recurrente

Esto, sin embargo, no evitó que el pasado 25 de septiembre Bukele utilizara una cadena nacional de radio y televisión para volver a arremeter contra varios medios independientes e informar que El Faro estaba siendo objeto de una investigación “por evasión de impuestos y lavado de dinero”.

“Algunos periodistas dicen que este gobierno ataca a la prensa; nosotros estamos comprometidos con la libertad de expresión, pero algunos pasan publicando una sarta de mentiras y lo que nosotros hacemos es desmentirlos. Eso no es violar la libertad”, dijo también el mandatario durante la comparecencia.

“¿Quiere decir que cualquier lavador de dinero, narcotraficante o evasor fiscal, solo tiene que poner un periódico y entonces ya nadie puede investigarlo?”, preguntó por Twitter al día siguiente, cuando la investigación ya había sido denunciada por muchos como un nuevo ataque en contra del periodismo.

Para Natalie Southwick, coordinadora del Programa para Centro y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), hay sin embargo muchos elementos que sugieren que eso no es lo que está ocurriendo en el caso de El Faro.

“Es potestad de un gobierno realizar auditorías. Pero cuando tienes a un presidente anunciando investigaciones dudosas sin previo aviso en una conferencia de prensa, y siempre está atacando a los mismos periodistas y a los mismos medios, hay razones de sobra para preocuparse. Como mínimo eso evidencia un patrón de intimidación”, le dice a BBC Mundo.

“Desde que Bukele llegó al poder cada vez parece más consciente de las herramientas que puede utilizar como mandatario para tratar de intimidar y acosar a los medios que percibe como críticos y las ha estado empleando cada vez con más frecuencia. Y es una táctica que hemos visto utilizar a otros líderes políticos en la región”, advierte.

De hecho, como destaca el director de El Faro, José Luis Sanz, esta no es la primera vez que las cuentas de la publicación salvadoreña —ganadora de numerosos reconocimientos internacionales— están siendo investigadas por las autoridades locales.

“En 2018, con el gobierno del FMLN, nos lanzaron tres auditorías simultáneas, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Economía”, le dice Sanz a BBC Mundo.

“Claramente formaban parte de un intento de amedrentarnos. Y las superamos todas“, afirma.

Reacio a la crítica

Por ese entonces, destaca Sanz, Bukele “aplaudía el trabajo de El Faro y lo reivindicaba frente a los partidos políticos que estaban en el poder y nos criticaban”.

“Pero eso cambió en el momento en el que ganó las elecciones“, asegura el periodista.

“Empezó con medios más pequeños y en septiembre tuvo un primer gesto público de censura al no dejar entrar a una conferencia de prensa a periodistas de Factum El Faro. Y luego empezaron fortísimas campañas de acoso en redes a diferentes periodistas, incluidos los nuestros, y reacciones muy agresivas a cualquier publicación que lo cuestionara”, relata Sanz.

Según el director de El Faro la actitud no fue motivo de sorpresa.

“Sabíamos que Bukele iba a tratar de atacar a El Faro en uno u otro momento, porque odia perder el control de la narrativa y no soporta ninguna crítica“, le dice a BBC Mundo.

“Pero no esperábamos que lo hiciera con este nivel de abuso de poder y utilizando de una forma tan descarada las instituciones del Estado”, admite Sanz, quien asegura que las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero son absolutamente infundadas.

BBC Mundo trató de obtener la versión del gobierno salvadoreño sobre el tema, pero el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió a dos solicitudes de entrevista.

Pero en el análisis de Sanz el problema de fondo es que mientras Bukele llegó al poder enarbolando la bandera del cambio, las investigaciones de El Faro y otros medios y periodistas que también han sido objetos de ataques sugieren que “el presidente millenial” se parece a sus predecesores mucho más de lo que le gustaría admitir.

“Empezó con medios más pequeños y en septiembre tuvo un primer gesto público de censura al no dejar entrar a una conferencia de prensa a periodistas de Factum El Faro. Y luego empezaron fortísimas campañas de acoso en redes a diferentes periodistas, incluidos los nuestros, y reacciones muy agresivas a cualquier publicación que lo cuestionara”, relata Sanz.

Según el director de El Faro la actitud no fue motivo de sorpresa.

“Sabíamos que Bukele iba a tratar de atacar a El Faro en uno u otro momento, porque odia perder el control de la narrativa y no soporta ninguna crítica“, le dice a BBC Mundo.

“Pero no esperábamos que lo hiciera con este nivel de abuso de poder y utilizando de una forma tan descarada las instituciones del Estado”, admite Sanz, quien asegura que las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero son absolutamente infundadas.

BBC Mundo trató de obtener la versión del gobierno salvadoreño sobre el tema, pero el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió a dos solicitudes de entrevista.

Pero en el análisis de Sanz el problema de fondo es que mientras Bukele llegó al poder enarbolando la bandera del cambio, las investigaciones de El Faro y otros medios y periodistas que también han sido objetos de ataques sugieren que “el presidente millenial” se parece a sus predecesores mucho más de lo que le gustaría admitir.

“Una de las cosas que más nervioso pone a Nayib Bukele es que constantemente le recordamos que en términos de corrupción, en términos de abuso de poder, en términos de falta de compromiso con la memoria histórica y con las víctimas (de la Guerra Civil salvadoreña) y en términos de relación con las pandillas, está repitiendo los pasos de los gobiernos anteriores“, afirma Sanz.

“Y esa fue la gota que derramó el vaso”, dice del reportaje con el que El Faro denunció una supuesta negociación entre la administración Bukele y la Mara Salvatrucha.

Repercusiones internacionales

“Las pandillas no son solo un gran poder y la violencia un gran problema, sino que es un tema que toca nervio, que le pone en una situación comprometida internamente y además tiene connotaciones complejas en su relación con EE.UU.”, explica Sanz.

De hecho, la supuesta negociación con las pandillas —que Bukele niega tajantemente— fue explícitamente mencionada en la carta enviada en la que los congresistas republicanos le dicen estar preocupados “por lo que parece ser un lento pero claro alejamiento del Estado de derecho y las normas de la democracia” en el país centroamericano.

Y no son los únicos que piensan eso: para Rosental Alves, director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, los aparentes ataques contra El Faro también ahondan las dudas sobre lascredenciales democráticas del mandatario.

“Un claro acoso fiscal como este es común en dictaduras, no en democracias”, escribió Alves.

Y hasta medios internacionales que en un inicio se habían mostrado menos críticos con Bukele, como Vice News —uno de los pocos a los que el mandatario salvadoreño les ha concedido una entrevista— han mostrado su decepción por lo que consideran su “deriva autoritaria”.

“El presidente hipster de El Salvador está atacando a la prensa”, fue el titular de un reciente reportaje de Vice.

Por: Arturo Wallace
BBC News Mundo

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Noticias Internacionales

Conflicto de la basura entre Honduras y Guatemala

Honduras asegura que ha recogido más de 550 toneladas de basura en los últimos 11 días. / CORTESÍA SANDRA CÁRDENAS CEM)

Cuando salió de su casa hace un par de semanas, poco antes de que apareciera el sol, Julio Rodríguez se dio cuenta que esa mañana no iba a poder pescar.

De nada le valió haber preparado las redes, las cuerdas, las carnadas y los anzuelos desde la otra noche. Incluso de lejos, antes de llegar a la costa, supo que así no podría salir: una nata inconfundible llenaba de un olor agrio el municipio de Omoa, en la costa del Caribe de Honduras.

“Toda la arena, todo estaba lleno de basura, por donde estaba mi bote, por todos lados. Así tiras la red y se te rompe porque lo que sacas es basura”, cuenta a BBC Mundo.

Desde inicios de septiembre, varias localidades del litoral y la Bahía de Omoa de Honduras (uno de los principales destinos turísticos del país) se han visto afectadas, otra vez, por la repentina llegada de toneladas de basura, una situación que ha creado tensiones por años con la vecina Guatemala.

El Motagua, un caudaloso río que atraviesa ese último país, arrastra cada día montones de desechos que en muchas ocasiones, como ahora, desembocan en el Caribe hondureño y recalan en los pueblos de la costa como islas de plástico, ropas viejas y mugre de todo tipo.

Ahora, en medio de la pandemia que ha paralizado la economía y que ha dejado más de 2.300 muertos y 76.000 contagios en Honduras, grupos ambientalistas y de derechos humanos temen que la situación pueda agravar las condiciones de pobreza y la exposición a enfermedades de las miles de personas que viven el área.

Sobre todo, de los pescadores artesanales, como Rodríguez, y los cientos de personas que viven del turismo.

“Ahorita, además de este problema con la pandemia tenemos que lidiar con el problema de la basura”, dice Rodríguez.

“El daño que nos ha hecho ha sido devastador. Estamos viviendo de milagro, tratando de ver cómo mantenemos a nuestras familias, porque ya casi no salimos porque los peces se están alejando por la basura”.

“Esto ha sido un golpe duro para nosotros. Yo siempre viví honrado de mi trabajo. Con estas manos. Pero ya el poco dinero que nos queda tenemos que guardarlo para los medicamentos”.

De acuerdo con cifras del gobierno de Honduras, en los últimos 11 días, las autoridades han recolectado unas 550 toneladas de desechos que han recalado en las costas y que han llegado incluso hasta Roatán, una isla del Caribe conocida por sus playas paradisiacas y sus arrecifes casi vírgenes.

“Para que se tenga una idea, solo en dos días, en el fin de semana, se recogieron 144 toneladas de basura”, dice a BBC Mundo Liliam Rivera, la responsable por el Ministerio de Ambiente de Honduras de lidiar con el tema.

“Aunque esto suele suceder cada cierto tiempo, este es, en mi criterio, el peor impacto que hemos tenido en los últimos cinco años. Era un tsunami de basura. Daban ganas de llorar”, agrega.

Tras el recalo de los desechos, los gobiernos de ambos países sostuvieron la pasada semana un reunión bilateral, pero el domingo Honduras dio un ultimátum al país vecino para que encuentre una “solución definitiva” al problema.

Sin embargo, dadas las condiciones de las dos naciones -entre las más pobres de América Latina- muchos ambientalistas e incluso, los funcionarios de ambos gobiernos entrevistados por BBC Mundo, dudan que una solución definitiva sea posible sin ayuda internacional.

Las causas del problema
Las responsabilidades detrás de la basura que llega frecuentemente al Caribe de Honduras han sido por años causas de disputa entre los dos gobiernos y motivos de tensiones bilaterales.

Tegucigalpa asegura que la mayor parte de los desechos que recalan en sus costas se origina en la nación vecina, mientras Guatemala cuestiona que varios municipios hondureños también contribuyen al problema.

En esta ocasión, sin embargo, el gobierno guatemalteco reconoció que se debió a una falla en una barda industrial que colocaron a inicios de año como “medida paliativa” para frenar el flujo de basura hacia Honduras.

“Debido al aumento de los caudales, porque hemos tenido un invierno particularmente fuerte, las aguas fueron exageradas en el río Motagua y esto provocó que colapsara la barda industrial”, explica a BBC Mundo el ministro de Ambiente de Guatemala, Mario Rojas Espino.

De acuerdo con el ministro, su gobierno solicitó a la Contraloría del país una investigación para determinar las causas detrás del fallo de la barda, que costó casi US$2 millones y fue inaugurada hace solo ocho meses.

A la vez, indicó que un equipo técnico trabaja en su reparación desde inicios de esta semana.

“Esperamos muy pronto tener esta barda ya en funcionamiento y que pueda servirnos para evitar que siga arrastrando basura durante el invierno”, dice.

Pero en Honduras creen que reparar la contención no resuelve el problema a largo plazo y que Guatemala necesita asumir posiciones más fuertes para solucionarlo de forma terminante.

“Estas bardas solo retienen los residuos flotantes, pero no los que van por debajo, como los microplásticos y otros desechos más pequeños. Entonces las aguas del Litoral y de la Bahía de Omoa van a seguir contaminados si ellos no toman otro tipo de medidas definitivas”, asegura Rivera.

“Estamos hablando de un problema que nos afecta a lo largo de 45 kilómetros de nuestra línea costera. Es una pesadilla para nuestros pescadores artesanales, para el turismo y la salud de la población y por eso necesitamos una solución definitiva”, agrega.

Como parte de la reunión de la pasada semana, ambos países acordaron un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que va desde la restauración de la barda hasta alianzas con empresas internacionales o programas de restauración de la cuenca del Motagua.

Pero grupos ambientales señalan que no es la primera vez que los dos gobiernos hacen planes de este tipo y que solo se vuelven a recordar cuando una nueva oleada de basura llega a las costas del Caribe de Honduras.

Por: Lioman Lima – @liomanlima
BBC News Mundo

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Noticias Internacionales

Caravanas de migrantes: sale desde Honduras la primera en tiempos de coronavirus

La caravana de migrantes que salieron en la noche de Honduras consiguió ingresar este jueves en Guatemala. / AFP

Tras meses de inactividad con motivo de la pandemia, el fenómeno de las caravanas de migrantes centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos se reanudó este miércoles.

Tras una convocatoria publicada en redes sociales, cientos de personas salieron la pasada noche desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, en dirección a Corinto, en la frontera con Guatemala.

En la caravana se puede ver caminando a hombres, mujeres y niños que cargan con mochilas con sus pertenencias. Muchos de ellos usan cubrebocas.

Aseguran que huyen de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en su país, acentuadas por la actual pandemia de covid-19.

El grupo comenzó su viaje a pocas semanas de que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el 3 de noviembre.

La caravana migrante desde Centroamérica más numerosa se formó hace dos años, poco antes de las elecciones de mitad de período en el país norteamericano, y se convirtió en uno de los temas principales de discusión en la campaña de aquellos comicios.

Llegaron a Guatemala
Pese a las restricciones de movilidad entre países por el coronavirus, la caravana confía en poder transitar por Guatemala y México hasta llegar a su destino final.

De hecho, Guatemala abrió su frontera terrestre hace solo dos semanas y exige que cualquier extranjero presente una prueba PCR o de antígeno con resultado negativo.

Cientos de ellos llegaron en la mañana de este jueves a la frontera El Florido, en el límite con Guatemala. “Queremos pasar”, gritaban.

En la caravana se puede ver a familias completas caminando, cargados con sus pertenencias. / AFP


El Instituto de Migración guatemalteco confirmó que “realiza coordinaciones con más de 40 instituciones” para poder atender la caravana.

Sin embargo, cientos de personas acabaron rompiendo la barrera policial dispuesta en la frontera e ingresaron corriendo a territorio guatemalteco.

Advertencias de México
El Consulado de México en San Pedro Sula emitió un comunicado este miércoles aclarando que el país “no promueve ni permitirá el ingreso irregular de caravanas de personas migrantes”.

El Instituto Nacional de Migración mexicano, por su parte, advirtió este jueves de sanciones a todos aquellos que ingresen sin cumplir con los protocolos de salud derivados de la actual pandemia.

“El Código Penal Federal establece que será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa, quien a sabiendas que está enfermo de un mal grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro”, se lee en el texto.

El covid-19 había detenido los habituales flujos migratorios desde Centroamérica hacia el norte.

Durante la pandemia, Estados Unidos cerró sus fronteras e incrementó el uso de deportaciones exprés (en días o incluso horas) para quienes trataban de ingresar a su territorio sin posibilidad de que pudieran pedir asilo.

La última caravana llegó al sur de México el pasado mes de enero, aunque sus miembros fueron detenidos en estaciones migratorias y posteriormente deportados tras tratar de cruzar la frontera.

Tras recibir presiones y críticas por parte de EE.UU. sobre su política migratoria, México desplegó el año pasado a miles de miembros de la Guardia Nacional en su frontera sur para frenar la migración hacia el norte.

También aceptó que solicitantes de asilo en EE.UU. esperen en suelo mexicano a sus citas ante la Corte. Desde entonces, miles de personas aguardan en ciudades de la frontera norte como Tijuana, Matamoros o Ciudad Juárez a que se resuelva su situación migratoria.

Por: BBC News Mundo, Ciudad de México

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