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Inmigración

El amor de una hija lo esperaba, pero el padre migrante no pudo llegar a tiempo

BRENTWOOD, Nueva York — A Heydi Gámez García la encontró su tía pasada la medianoche. En las últimas semanas, Heydi, una inmigrante hondureña de 13 años, se había deprimido mucho porque su padre estaba detenido desde principios de junio cuando lo atraparon cruzando ilegalmente la frontera sur.

Era su tercer intento en cuatro años para llegar a Estados Unidos y reunirse con su única hija, que vivía con sus hermanas en Nueva York. Pero los días se convirtieron en semanas y los familiares dicen que cuando pasó más de un mes sin que lo liberaran, la niña empezó a perder sus esperanzas.

Alrededor de las 10:30 de una noche de la semana pasada, Heydi se encerró en una habitación y dijo que quería estar sola. Una hora y media después, su tía Zoila abrió la puerta para ofrecerle un bocadillo. Pensó que tal vez unas galletas y leche la alegrarían.

Pero la cama con sábanas azules y violetas estaba vacía. Zoila se asomó por la ventana y después vio hacia el clóset en el otro extremo de la habitación: ahí estaba Heydi, colgada del cable de un cargador de teléfono.

Estaba inconsciente, al borde de la muerte. No había dejado una nota, nada que explicara por qué había intentado acabar con su vida. “Era tan inteligente que no tiene sentido que tomara una decisión como esta, una decisión tan alejada de su carácter”, dijo Jéssica Gámez, de 32 años, la tía con la que vivía Heydi en la localidad de Brentwood que está en Long Island. “Pensé que estaría más segura aquí conmigo que en Honduras”.

La historia de Heydi es muy parecida a la de miles de familias centroamericanas que en los últimos años han llegado a los Estados Unidos con el fin de solicitar asilo para escapar de la tumultuosa realidad de sus países, y con la esperanza de que los desafíos de construir una nueva vida en un país ajeno no sean mayores que los que han dejado atrás.

Heydi en su graduación de quinto grado, el año pasado

La madre de Heydi abandonó a la familia cuando apenas tenía dos meses de nacida; sus abuelos, que la criaron en Honduras, murieron. Heydi estuvo entre quienes encontraron a su abuelo agonizando en la calle después de un ataque de pandilleros. Luego se mudó a Nueva York y experimentó los retos normales de la adolescencia al ir a una nueva escuela y tener que aprender inglés. Pero más que otra cosa, dicen sus amigos y familiares, extrañaba a su papá.

“Heydi estaba tan emocionada cuando le dijo que iba a venir. Creo que la idea de que su papá estuviera aquí era como un refugio para ella”, dijo Erika Estrada, de 25 años, que conocía a Heydi de la Iglesia del Evangelio del Tabernáculo en Brentwood. “Perdió a sus abuelos, su madre la abandonó y tenía todo este amor de hija que no podía darle a sus tías o tíos, solo a él”, dijo Estrada.

Desde hace mucho tiempo, la historia de la inmigración estadounidense ha estado marcada por las familias divididas: uno de los padres viaja a trabajar a Estados Unidos, los niños y esposas a menudo se quedan en casa. En años anteriores, los trabajadores migrantes volvían a sus países al final de la temporada y luego regresaban. Pero la fortificación de la frontera luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el aumento de las medidas de seguridad de los años posteriores han hecho que esos regresos sean mucho más complicados. En muchas familias, los hijos quedan separados de sus padres durante años, a menudo de por vida.

Mientras que el año pasado se registraron muchos casos de separaciones de familias y de niños migrantes que fueron detenidos en la frontera por las nuevas políticas migratorias del gobierno de Trump, las dificultades de la familia Gámez se extienden a lo largo de tres gobiernos presidenciales, en los cuales se debatió pero nunca se llegó a establecer una amplia solución legal para el trabajo migrante en Estados Unidos.

“Van a casa para atender a un papá enfermo, acudir a un funeral o por otra emergencia: sucede todo el tiempo”, dijo Marty Rosenbluth, un abogado que representa a migrantes en un centro de detención en Lumpkin, Georgia. “Luego los atrapan cuando intentan volver a Estados Unidos”.

Lo que le sucedió a Heydi se ha reconstruido a través de entrevistas con su papá, sus tíos, primos, una amiga de la familia y el abogado de su padre, así como con información de los casos de asilo de su familia, registros de las cortes federales y de las autoridades migratorias.

Heydi creció en una modesta casa en El Progreso, un pueblo al noroeste de Honduras flanqueado al este por una cadena montañosa y al oeste por el río Ulúa. Durante décadas esa ciudad fue un centro comercial para las plantaciones bananeras.

Pero para cuando Heydi nació, en marzo de 2006, El Progreso también se había convertido en el territorio de algunas de las pandillas más violentas del país, entre ellas la MS-13. Con frecuencia, los pandilleros pedían pagos en efectivo (“contribuciones”) a la familia de Heydi y a otros residentes a cambio de garantizar su seguridad.

La inestabilidad, combinada con la falta de oportunidades, llevó a su papá, Manuel Gámez, ahora de 34 años, a marcharse a los Estados Unidos. En 2007, dejando atrás a Heydi con sus padres, se escabulló por la frontera y viajó a Long Island donde su hermana Jéssica se había establecido dos años antes.

Estar lejos de Heydi la mayor parte de su niñez fue difícil, dijo Gámez, pero ganaba lo suficiente haciendo paisajismo como para enviarle dinero y mantenerla. Cuando la niña volvía de su guardería católica jugaba con los perros de la familia o andaba en una bici rosa que su papá le había regalado, recordó Zoila, otra de las hermanas de Gámez. Ocasionalmente ayudaba en la tiendita que sus abuelos tenían en la casa, donde asaltaba los anaqueles y hurtaba caramelos.

Pero un día de junio de 2014, la seguridad que los abuelos habían construido alrededor de Heydi se vino abajo. Después de meses de resistirse a entregar su pequeña camioneta a los pandilleros, su abuelo fue baleado a dos cuadras de su casa. Al escuchar la conmoción, Zoila salió corriendo y encontró a su padre que yacía en el suelo. Cuando le quitó su sombrero de ganadero vio que la sangre salía de su cabeza y formaba un charco en el pavimento. Heydi vio la escena a la distancia.

A días del asesinato, dijo Manuel Gámez, se subió a un avión para volver a Honduras. “No había nadie para cuidar a Heydi o a Zoila; mi mamá estaba muy enferma entonces”, dijo. “Pensé que podía ser riesgoso volver, pero no podía dejarlas solas allá”.

Cerca de un año después, la madre de Gámez murió de complicaciones de diabetes y, según sus hijos, de tristeza por la muerte de su esposo. Con cuatro de sus hermanos en Long Island y el miedo de más represalias por parte de las pandillas, Gámez decidió que Heydi y Zoila debían irse a Estados Unidos para estar seguras.

Primero mandó a Heydi, en el verano de 2015, y decidió quedarse en Honduras en caso de que la devolvieran en la frontera. El 25 de septiembre de 2015, después de casi dos meses en un albergue para menores migrantes, la niña de 9 años llegó al aeropuerto La Guardia; Zoila la siguió meses después.

Rodeada de siete primos de su edad, Heydi se adaptó bien a la vida en Estados Unidos, dicen sus tías y primos. En medio año aprendió inglés, motivada tanto por su ambición por triunfar en la nueva escuela como por su deseo de participar en las conversaciones secretas que sostenían sus primos en inglés cuando estaban cerca de sus tías y tíos hispanohablantes.

A través de videollamadas casi diarias con su papá en Honduras, empezó a enseñarle lo básico (Hello. How are you?) y a corregirlo por no aprender mejor el idioma, dado que él ya había vivido en Estados Unidos. Heydi llegó a enseñarle algunas frases para hablar con mujeres una vez que llegara a Estados Unidos; tal vez, cree él, como un modo de alentarlo a que le encontrara una mamá.

“Me enseñó a decir Are you married? Are you single?“, recordó, refiriéndose a las frases que se usan para preguntar el estado civil de una persona. “Yo lo decía y ella se reía y me decía que mi acento era muy malo”.

Heydi animaba a su papá a practicar. Tenía que prepararse para vivir con ella, dijo Gámez, quien le aseguró a su hija que llegaría pronto.

La habitación en la casa de Zoila Gámez, donde Heydi se quedó la noche que intentó quitarse la vida. Credit Christopher Lee para The New York Times

En junio de 2016, por las amenazas de las pandillas a su familia, Heydi consiguió el asilo, lo que le dio derecho a vivir permanentemente de manera legal en Estados Unidos. Por esa época, su padre hizo el primer intento de regresar a Estados Unidos. Pero era mucho más difícil cruzar la frontera que cuando lo había hecho por primera vez, hacía nueve años.

“La primera vez que vine crucé con un grupo grande: tomó dos días, fue fácil”, dijo. “Pero luego se volvió más difícil, mucho más difícil. Había agentes de la Patrulla Fronteriza por todas partes”.

Cuando Gámez fue aprehendido en McAllen, Texas, le dijo a los agentes que temía por su vida si lo devolvían a Honduras. Pero un funcionario de asilo consideró que su miedo no era creíble y fue deportado ese noviembre. “¿Cómo es que su hija y su hermana son ambas candidatas para asilo y él no?”, dijo el abogado de Gámez, Anibal Romero. “Claramente está huyendo por su seguridad, por las mismas razones.  Esto solo muestra que este es un sistema fallido”.

En septiembre de 2017, funcionarios de inmigración detuvieron a Gámez cerca de Santa Teresa, Nuevo México, luego de otro  intento para entrar al país. Fue condenado por volver a ingresar de manera ilegal, pasó 45 días en prisión y fue deportado a Honduras por segunda vez en noviembre.

Con cada intento fallido Heydi se desanimaba más. “Le dije: ‘No puedo estar allá ahora porque la ley no me lo permite’”, recordó. “Pero ¿cómo le explicas eso a una niña? ¿Cómo le explicas lo que son las leyes para ella?”.

Gámez permaneció en Honduras, donde vendía zapatos en la calle para ayudarse.

El año pasado, para cuando pasó a sexto grado, Heydi había empezado a experimentar enamoramientos. Durante meses se aferró a una nota de amor de Carlos, un compañero de clase. “Quiero que seas mi novia y que estemos juntos siempre. Dime qué piensas”, decía la esquela, con las esquinas dobladas y gastadas en un rectángulo perfecto y guardada entre las tareas en su carpeta.

Pero la niña también mostraba signos de angustia emocional. En la misma carpeta, Heydi escribió una nota en los márgenes de un poema que estaba estudiando en su clase de inglés. La estrofa que resaltó decía: “Y el pensamiento de mi propia abuela sin hogar/ sin un lugar en medio del frío/ cálido y para orar/ me puso triste y deprimida”. Heydi escribió: “Me recuerda a mi propia depresión”.

Manuel Gámez, a la derecha, a su llegada al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, después de que se le concedió un periodo de dos semanas de libertad condicional para ver a su hija. Credit Christopher Lee para The New York Times

Jéssica atribuye la tristeza de su sobrina tanto al trauma de perder a sus abuelos como a su creciente ansiedad por saber si alguna vez se reuniría con su padre. Heydi a menudo se quejaba con sus tías de que todos los demás tenían una madre y un padre, pero ella se sentía como una huérfana.

La niña comenzó a suplicar que la llevaran a Honduras para estar con su padre. Pero Gámez insistió en que Heydi debía quedarse en los Estados Unidos, donde ya había ganado el asilo y tenía las oportunidades educativas que él nunca tuvo.

Cuando Heydi cumplió 13 años, en marzo, Gámez le prometió que estaría con ella cuando cumpliera 15 y celebrarían su quinceañera. Pero, al sentir su creciente desaliento, le dijo que intentaría cruzar la frontera en junio.

Los dos empezaron a hacer planes para pasar su primer verano juntos en los Estados Unidos: irían al centro comercial, al parque, a la pequeña playa en Bay Shore Marina.

Desde Reynosa, México, a principios de junio, Gámez llamó a Heydi y le dijo que casi estaba en los Estados Unidos. Tal vez no pudieran hablar en los próximos días, le advirtió, pero la vería pronto.

Gámez nunca tuvo la oportunidad de llamarla desde el otro lado de la frontera. Después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos fue capturado por agentes de la Patrulla Fronteriza que lo volvieron a detener. Cuando Heydi supo que su papá estaba bajo custodia, rompió a llorar. Durante días, dijeron sus tías, no quería salir de su habitación y perdió el apetito.

Jéssica pensó que si Heydi pasaba algunas noches con Zoila, su tía más joven, podría animarse. Planearon una salida a Six Flags para el 5 de julio. Pero el viaje nunca sucedió.

A las 0:36 de la madrugada del 3 de julio, la policía respondió a una llamada al 911 desde la casa de Zoila, donde los médicos trataron de resucitar a Heydi. La trasladaron al centro médico infantil de Cohen en New Hyde Park, donde los médicos determinaron que estaba “neurológicamente devastada”. Una semana después, declararon que tenía muerte cerebral.

El 13 de julio, el Servicio de Inmigración y Aduanas aceptó una solicitud de Romero, el abogado de Gámez, para liberarlo de la custodia con el fin de que estuviera con su hija moribunda. Las autoridades lo pusieron en un avión con un boleto de ida y vuelta desde Texas, donde volverá a estar detenido. Tenía 14 días para despedirse de Heydi.

Mientras el vuelo de Gámez desde Houston se acercaba a Newark, Jéssica y sus hermanos esperaban en la terminal de llegadas.

“Él todavía no sabe lo que pasó”, dijo Jéssica, sosteniendo sus codos en sus manos. “Todavía no sé cómo le voy a decir”. Cuando Gámez llegó, Jéssica se lanzó hacia él. “Hermano, por favor, perdóname”, le decía.

Mientras los hermanos avanzaban en el tráfico hacia el hospital, Jéssica trató de explicar lo que había sucedido. Pero su hermano no comprendió completamente que su hija estaba con muerte cerebral hasta que la vio.

Yacía en una cama de hospital, los ojos entornados, enterrados debajo de los tubos de respiración y las gotitas intravenosas, rodeada de monitores. Sus ojos se llenaron de lágrimas.

El primer encuentro entre Gámez y su hija, después de su llegada a Nueva York Credit Christopher Lee para The New York Times

“Mi querida, mi querida, por favor”, dijo en voz baja, mientras le acariciaba la cabeza. “Por favor, si ves una luz, no vayas hacia ella, por favor”.

“Estoy aquí, te amo”, susurró.

Gámez pasó la noche a su lado, mientras sus esperanzas de que pudiera despertarse se desvanecían con cada pitido del monitor. Por la mañana, la gravedad de la condición de Heydi lo había hundido.

Cuando se sentó en el sofá en el apartamento de Jéssica al día siguiente, una expresión de incredulidad y dolor se apoderó de su rostro.

“Como padre, no tienes esperanzas ni sueños para ti mismo, todos tus sueños son para tus hijos”, dijo. “Todos mis sueños están en su corazón. Todos se han ido con ella”.

Gámez planea autorizar hoy al equipo médico para que le quiten el sistema de soporte vital a su hija. Para ese momento, habrán pasado juntos sus últimos cuatro días de vida.

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Inmigración

Recepción de migrantes deportados ha costado más de Q8.4 millones

Migrantes reciben refacciones al salir del albergue Ramiro de León al finalizar su cuarentena. (Foto: Conamigua)

El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) ha invertido más de Q8 millones en la recepción, transporte, hospedaje y otros gastos de logística para atender a los connacionales que han sido deportados desde México y EE. UU. durante la emergencia por el nuevo coronavirus y que a la fecha suman más de siete mil 700.

A raíz de la llegada de la pandemia a Guatemala se han tenido que afinar los protocolos para la recepción y llegada de migrantes.

Aunque la cantidad de deportaciones disminuyó significativamente desde el pasado 13 de marzo cuando se registró el primer caso positivo, el tratamiento que se les da a los retornados ahora es más complejo puesto que, ya de vuelta en el país, deben permanecer en cuarentena hasta que se descarta en ellos la enfermedad.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registra desde el comienzo de la emergencia a la fecha siete mil 796 deportaciones, cuatro mil 452 desde México y tres mil 344 desde EE. UU.

Cuando los migrantes retornan al país son llevados al albergue Ramiro de León Carpio de la zona 13 capitalina. También se disponen de tres hoteles que son utilizados según la cantidad de connacionales que son deportados; sin embargo, estos se dejarán de utilizar para adultos próximamente porque se habilitará otro albergue en Amatitlán.

Para atender a los retornados, Conamigua dispuso de Q9 millones 233 mil que ejecuta a través de la partida presupuestaria atención por desastres naturales y calamidades públicas. A la fecha ha ejecutado, según sus autoridades, el 91 por ciento de ese presupuesto, el equivalente a Q8.4 millones.

La institución destacó que durante la emergencia se han entregado 38 mil 316 raciones de comida, así como seis mil kits de higiene y dotaciones de ropa que incluye pantalón playera y zapatos. Además, también ha gastado en el transporte de migrantes deportados desde México, pues son trasladados a la capital desde Ciudad Tecún Umán, San Marcos.

Además, se han entregado mil 500 juegos de mesas a menores de edad para que se entretengan mientras guardan la cuarentena.

Más recursos
La secretaria ejecutiva de Conamigua, Rita Elizondo, comentó que están por levantar un concurso para la compra de alimentos después del cual se agotarán Q9.3 millones aprobados por el consejo a la institución, por lo cual en la próxima reunión solicitará una ampliación que podría ser de Q2 millones a Q2.5 millones.

Para concretar la petición, añadió la funcionaria, debe recopilar una serie de peticiones que le han hecho llegar distintas instituciones involucradas en la recepción de migrantes como el IGM, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las secretarias de Bienestar Social y de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.

Dicha ampliación deberá ejecutarla Conamigua a más tardar hasta que termine la vigencia del Estado de Calamidad aprobado por el Congreso y solicitado por el Ejecutivo, puesto que se desconoce si se solicitará otra prórroga.

Problemas
Conamigua ha sido una institución que históricamente ha sido incapaz de ejecutar recursos, lo cual, sumado a otras deficiencias llevó al actual canciller, Pedro Brolo, a sugerir la posibilidad de disolver la institución, postura que ha sido respaldada por ciertas voces, aunque rechazada por otras.

En el 2016 apenas ejecutó el 31% de su presupuesto, un año después fue el peor año con un gasto de solo el 12.21%. En el 2018 y 2019 el porcentaje de ejecución solo llegó a 23% y 22%.

Este año, debido a los programas por a la emergencia del covid-19, Conamigua refleja una ejecución del 31.49% en el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin).

Según Elizondo están próximos a proyectos adicionales para intentar ejecutar el resto de los Q34 millones del presupuesto de la institución. Entre otros, se piensa en uno para la atención de las familias de los migrantes cuyo plan piloto empezará en Huehuetenango y San Marcos y que iría de la mano con la instalación de un observatorio de remesas.

Más deportaciones
El trabajo de las instituciones involucradas en recibir a los deportados seguirá toda vez que EE. UU. se ha negado a suspender los envíos a pesar de que varios connacionales que fueron retornados venían contagiados de covid-19.

Hasta antes de la llegada de la pandemia a Guatemala, 10 mil 425 guatemaltecos habían sido deportados desde EE. UU. y siete mil 982 desde México. Después, las cifras cayeron significativamente, aunque el flujo no se ha detenido.

Los guatemaltecos que EE. UU. deporta principalmente son aquellos que aún se arriesgan a viajar a través de México, pero que al llegar a la frontera sur de aquel país son devueltos a su país de origen al no más entregarse o ser sorprendidos por la Patrulla Fronteriza.

Debido al Título 42 que rige a consecuencia de la crisis por el covid-19 casi ningún migrante tiene la oportunidad de exponer su necesidad de asilo y casi todos son deportados de manera “exprés”.

Aunque relativamente son pocos los guatemaltecos que se han aventurado a viajar de manera irregular durante esta emergencia —cerca de tres mil en casi cuatro meses— la cifra podría aumentar en lo que se comienzan a liberar las restricciones a la movilidad y de que en EE. UU. comience a caminar la recuperación económica.

Pero muchos de los guatemaltecos que son deportados han permanecido en los centros de detención del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en donde los casos de coronavirus ya se cuentan por miles.

Según es agencia del gobierno estadounidense, hasta la fecha, cuatro mil 192 internos han dado positivo a covid-19, de los cuales 917 se encuentran aún en prisión y se encuentran aislados, además, se lamenta la muerte de tres internos.

Por Sergio Morales Rodas
prensalibre.com

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Inmigración

Coronavirus en EE.UU. | “Tuvimos que fabricar mascarillas con toallas sanitarias y camisetas”

Por: Patricia Sulbarán Lovera
Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles

Verónica dice que desde hace días que solo la alimentan con pan y agua porque los cocineros dejaron de trabajar debido a la emergencia del coronavirus.

Es una joven salvadoreña solicitante de asilo que ha estado detenida desde octubre del año pasado en Estados Unidos.

El pasado viernes 10 de abril, Verónica decidió junto a otra compañera juntar retazos de tela de camisetas y, con toallas sanitarias de uso diario y elásticos para el pelo, elaborar mascarillas.

Lo hizo porque en el centro donde está detenida, el de Otay Mesa, en el sur de California, no les habían dado ni tapabocas ni guantes para protegerse, pese a que ya había casos positivos de covid-19 dentro de la instalación, asegura la joven de 23 años a BBC Mundo.

“Aquí no hay asistencia médica, no nos atienden, nos dicen que hagamos gárgaras de agua con sal, que estamos bien, que es un resfriado nada más”, dice en una llamada telefónica el martes 21 de abril.

Lo descrito por Verónica es replicado por más inmigrantes que le hablaron a este medio en Otay Mesa y en otros centros, y por organizaciones que brindan asesoría legal y mantienen comunicación constante con esta población.

Al viernes 24 de abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) confirmaba 317 casos de covid-19 en una población estimada de 31.000 detenidos.

Tan solo se habían realizado alrededor de 400 pruebas diagnósticas hasta el viernes 17 de abril, según declaró Matthew Albence, director interino de ICE, en una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes.

No ha habido ningún fallecimiento como consecuencia de la covid-19, de acuerdo a información que ICE hizo llegar a este medio a mediados de la semana pasada.

En las últimas semanas, diversas protestas frente a centros del ICE exigieron la liberación de las personas retenidas por temor a que puedan resultar contagiadas de covid-19. / AFP

Pese a que la agencia federal asegura en su sitio web que la salud, seguridad y bienestar de los detenidos están “entre las más altas prioridades”, en semanas recientes grupos de inmigrantes han iniciado huelgas de hambre en señal de protesta y varios tribunales han ordenado la liberación de algunos detenidos.

¿Qué pasa?
Verónica cuenta que duerme en una celda “de ocho camas, una encima de otra a una distancia más o menos de un metro” y que convive con otras cuatro mujeres.

“Utilizamos el mismo baño… no estamos en un ambiente en el que se pueda hacer distanciamiento”, dice.

Los centros de detención son administrados por empresas privadas y cuentan con tamaños y distribuciones diferentes, pero los detenidos y organizaciones consultados coinciden en que a menudo hay espacios en los que conviven cientos de personas y que las celdas son compartidas.

Además, señalan, son los mismos detenidos quienes deben limpiar las áreas que usan, incluidos sanitarios colectivos, y lo hacen sin protección como guantes o tapabocas.

“(Los detenidos) solo tienen acceso a una barra de jabón para la semana entera”, dice Veronica Salama, abogada de inmigración de la organización estadounidense de derechos humanos Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés).

Salama advierte que sus clientes”no tenían idea de la gravedad de esta enfermedad” al principio y que “los funcionarios no les informaban de nada ni les daban panfletos con instrucciones para el lavado de manos”.

“Hay funcionarios que entran a las unidades donde están los detenidos a entregarles la comida sin guantes ni máscaras”, agrega.

ICE informó hasta el miércoles 22 de abril de 35 de sus trabajadores en estas instalaciones que dieron positivo por covid-19.

Estas situaciones han provocado que “haya gente organizándose en 30 detenciones para exigir cambios y que en trece de ellas haya habido retaliaciones”, estima Cynthia Galaz, de la organización Freedom For Immigrants, que tiene una línea telefónica directa con los centros de detención.

Galaz ha documentado testimonios de personas que dicen haber recibido amenazas de que les rociarían gas pimienta o de que los trasladarían a una zona de confinamiento solitario, informalmente llamada “el hoyo”.

“Avientan a las personas a un cuarto donde están solas por mucho tiempo y básicamente la gente lo describe como tortura psicológica”, apunta.

Además de las demandas interpuestas en tribunales que piden la liberación de ciertos detenidos, un juez federal ordenó a ICE el pasado lunes 20 que identificara y considerara liberar a aquellos inmigrantes bajo su custodia cuya edad o estado de salud los ponen en riesgo de contagiarse de coronavirus.

El juez Jesús Bernal, de una corte en Los Ángeles, determinó que las evidencias presentadas “sugieren una inacción sistemática” por parte del gobierno “que va más allá de una mera ‘diferencia de opinión médica o de negligencia'”.

Adicionalmente, dicen, han limitado el ingreso de nuevos detenidos.

“La población de detenidos bajo custodia de ICE ha decrecido en más de 4.000 personas desde el 1 de marzo”, asegura.

Además de suspender temporalmente todas las visitas, la oficina “decidió reducir la población de todas las instalaciones” hasta que queden en una capacidad del 70% o menos para hacer posible el distanciamiento social.

A los detenidos que presentan síntomas de fiebre o problemas respiratorios, se les “aísla y monitorea por un periodo de tiempo determinado”.

Aquellos que no presentan los síntomas arriba mencionados, pero “que están incluidos en las pautas de riesgo epidemiológico” son monitoreados por 14 días.

Los que presentan síntomas entre moderados y severos o aquellos que requieren “niveles más altos de cuidado o monitoreo” son trasladados a hospitales.

La agencia, sin embargo, no brindó información a este medio sobre cuántas personas han sido hospitalizadas.

“Nunca me hicieron la prueba”
Rosmary Freites es una de las inmigrantes que, por su situación médica -es diabética y asmática- fue liberada del centro Broward Transitional (BTC) en Florida, luego de que la organización United We Dream, que vela por los derechos de inmigrantes, la ayudara al presentar una petición con más de 1.000 firmas para su liberación ante un juez.

Freites, venezolana de 23 años, describe que estuvo aislada en un cuarto con otras cinco detenidas por un par de días y que al preguntar por qué, funcionarios le comunicaron que una persona que estaba allí había tenido contacto con un abogado que dio positivo por covid-19.

“Después de los dos días nos sacaron de la cuarentena y nunca me hicieron la prueba ni me dieron mascarilla”, dice.

El SPLC documentó que el centro de detención de Krome, en Miami, tenía cuatro espacios con personas en cuarentena y que “la gente está entrando y saliendo, no es realmente una cuarentena”.

Otro problema reportado es el del traslado de inmigrantes de un centro a otro, como le ocurrió al esposo de Anette Villa, quien es asmático.

La cubana cuenta que en las últimas semanassu esposo pasó por al menos tres diferentes centros antes de ser finalmente admitido en Baker, en el centro-norte de Florida.

“Ya la pandemia estaba andando y con todos los traslados que le hicieron mientras lo procesaban, pasó dos noches durmiendo en el piso y otras tantas en un catre porque no había camas disponibles”, describe.

Villa, quien vive en Florida, cuenta que su esposo viajó desde México y que pidió asilo ante las autoridades fronterizas hace 11 meses.

“Él sabe que si le cae el virus, sus pulmones no van a aguantar. Está con pánico y le digo que se calme. Tengo miedo que se me muera”, dice.

Según le ha descrito su esposo por teléfono, comparte el espacio con otras 29 personas y varios están usando los jabones que traían de otros centros.

Villa, mientras tanto, dice que está tomando antidepresivos y que sufre de alopecia como consecuencia de la situación.

“Es mucha la presión que tengo”, añade.

“Nos rociaron con gas pimienta”
El centro Otay Mesa, en el que permanece recluida Verónica, es el que cuenta con más casos confirmados de covid-19, 57 detenidos y 8 empleados de ICE.

Aunque organizaciones como el SPLC temen que la cifra sea mayor.

“No sabemos todos los detalles de lo que pasa adentro, la situación no es transparente”, dice la abogada Maia Fleischman en referencia a todos los centros.

Otay Mesa ocupó titulares en días recientes luego de que se hicieran públicos audios en los que una detenida describía que estaban rociando gas pimienta dentro de algunas celdas.

El incidente fue reportado el viernes 10 de abril, luego de que un grupo de detenidas se negara a firmar un documento en el que, según describen, la empresa que administra el centro se liberaba de la responsabilidad en caso de que alguna se contagiara, y solo después de que firmaran les entregaría unas mascarillas.

“El ataque ocurrió en mi unidad”, dice Briseida Salazar, una mexicana de 23 años que fue liberada bajo fianza días después.

Salazar, una de las pocas que hablaba inglés en el grupo, de más de 60 mujeres, ayudó a traducir el documento para las demás y esto provocó, explica, que rehusaran firmarlo.

“Llegó un punto en que nos frustramos mucho y empezamos a protestar y la gerente que estaba allí nos dijo que estábamos haciendo mucho ruido y llamó al equipo de emergencia y ellos llegaron con el gas pimienta”.

Verónica, que en ese momento hablaba por teléfono con un miembro de la organización Pueblos Sin Fronteras (PSF), gritó que les estaban rociando con gas pimienta y que se llevaban con esposas a una detenida que sufre de problemas mentales.

El audio fue difundido en los medios de comunicación.

ICE confirmó los hechos, pero negó que hubieran rociado el gas pimienta.

“No hubo uso de fuerza ni de agentes químicos dispersados durante el incidente (…) estos alegatos sencillamente no son verdaderos”, dice un comunicado enviado a BBC Mundo.

De acuerdo con PSF, que intercambia llamadas a diario con detenidos en Otay Mesa, hay más de 100 en huelga de hambre como protesta por la mala alimentación y la falta de medidas para garantizar la prevención de contagios.

En otra área de las instalaciones está detenido Samuel Gallardo Andara, un enfermero venezolano de 28 años que cuenta que la zona en la que está, de unas 100 personas, “la mitad se ha enfermado”.

“Lo máximo que han hecho los médicos es observación y lo único que dan es tylenol (paracetamol)”.

Las situaciones descritas no son ajenas a estos centros de detención, advierten organizaciones que han interpuesto demandas en el pasado al denunciar, entre otras cosas, negligencia en la atención médica dentro de las instalaciones.

La pandemia del coronavirus lo que ha hecho, indican, es subrayar los problemas que persistían en algunas de estas infraestructuras, manejadas en su mayoría por compañías privadas.

Desde el teléfono, Verónica dice que está muy estresada y que por el momento no le ve “salida a esto”.

“Este momento que estamos viviendo aquí es muy difícil, muy difícil”, dice antes de que se agote el tiempo permitido de la llamada y se corte la línea.

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Inmigración

WSJ: el gobierno compró una base de datos de teléfonos celulares para ubicar inmigrantes

Las agencias federales utilizan datos de ubicación de teléfonos celulares para aplicar la ley de inmigración, denunció el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico dijo que la herramienta fue conseguida tras la compra del acceso a una base de datos comercial que rastrea y mapea los movimientos de millones de teléfonos celulares.

La información “la están utilizando para la implementación de la ley de inmigración y la seguridad fronteriza”, dijo el periódico atribuyendo el hecho a personas familiarizadas con el tema.

El WSJ dijo que también tuvo acceso a documentos que explican el alcance de la herramienta.

“Los datos de ubicación se obtienen de aplicaciones de teléfonos celulares comunes, incluidas las de juegos, clima y comercio electrónico, para las cuales el usuario ha otorgado permiso para registrar la ubicación del teléfono”, explicó.

De qué se trata
El diario dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha utilizado la información para detectar a inmigrantes indocumentados y otras personas que pueden ingresar ilegalmente al país.

Indicó además que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia encargada de las deportaciones y que opera bajo el mando del DHS, ha utilizado los datos para ayudar a identificar a los inmigrantes que posteriormente fueron arrestados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargada de la vigilancia de las fronteras, también utiliza la información “para buscar actividad de teléfonos celulares en lugares inusuales”, tal como zonas remotas en el desierto que se extienden a lo largo de la frontera con México, dijeron las fuentes mencionadas por el periódico.

No se sabía
El uso de la herramienta por parte del gobierno federal para fines de aplicación de la ley de inmigración era un secreto, hasta ahora.

“Los expertos dicen que la información equivale a uno de los mayores tesoros conocidos de datos a granel desplegados por las fuerzas del orden público en Estados Unidos”, indicó el periódico. Y que el uso de esta información “parece estar en una base legal firme, porque el gobierno compra el acceso a un proveedor comercial privado”.

Hasta ahora el uso de esta información no ha sido desafiado en los tribunales de justicia. Pero la revelación de la herramienta pone en el tapete el debate sobre los alcances de la vigilancia comercial progresiva “que ahora está llegando a manos del gobierno”, dijo al diario Alan Butler, asesor general del Centro de Información de Privacidad Electrónica, un grupo de expertos que impulsa leyes de privacidad más estrictas.

Clima de miedo
“La noticia aumenta los temores en la comunidad inmigrante”, dijo a Univision Noticias Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Esto hará que muchas personas cambien la manera en cómo se comunican”.

“También es probable que el gobierno arreste a las personas equivocadas, individuos que le prestaron el teléfono a otro individuo que estaba en el radar de las autoridades”, agregó.

“Pero en concreto, esto pone más pánico en el publico”, dijo Hernández. “Y perjudicará la colaboración o la denuncia de hechos delictivos a la policía si algo les pasa. El saber que el gobierno los está rastreando asusta a las personas y causa un impacto negativo”.

A la pregunta si cabe un consejo tras conocerse la noticia de la nueva herramienta para rastrear inmigrantes deportables, Hernández dijo que “por ahora no sabemos cómo funciona la herramienta en detalle. Pero lo recomendable es no colocar información sensible y confidencial en los teléfonos celulares. Hay que proteger la privacidad”.

Los vendedores
Según el WSJ, el acceso a la base de datos comenzó a ser tramitado en 2017 por una división del DHS. El proveedor es Venntel Inc, de Herndon, Virginia, una compañía tecnológica que comparte varios ejecutivos y patentes con Gravy Analytics, una pieza importante en el sector móvil.

El reportaje añade que en 2018 ICE compró licencias Venntel por valor de $190,000. Y en septiembre del año pasado la CBP compró $1.1 millones en licencias para tres tipos de software, incluidas las suscripciones de Venntel para datos de ubicación.

The Wall Street Journal dijo que el DHS y las agencias bajo su mando “reconocieron” haber comprado el acceso a la base de datos, pero no discutieron los detalles sobre cómo lo están utilizando en las operaciones policiales.

Otras fuentes familiarizadas con protocolos de operación de las agencias indicaron que la herramienta se utiliza para “generar pistas de investigación sobre posibles cruces fronterizos ilegales y para detectar o rastrear grupos de migrantes”.

CBP dijo que tiene “protecciones de privacidad” y límites sobre cómo usa la información para ubicar teléfonos. Agregó que solo accede a una pequeña cantidad de datos de ubicación, y que garantiza “proteger la privacidad de estadounidenses”.

“Lo intuíamos”
“Esto es grave, muy grave”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Lo intuíamos, teníamos sospecha de que algo así estaba sucediendo, pero no estaba confirmado”, agrega.

“Una familia aquí en California se mudó de casa el viernes de la semana pasada porque tenían una orden de deportación. El sábado un grupo de agentes de ICE llegó a la antigua residencia. No había nadie. Y el lunes, de madrugada, estaban en las afuera del nuevo apartamento. La única manera de haberlo sabido era por el teléfono”, indicó.

Gálvez dijo además que el gobierno “está comprando legalmente” este tipo de información que se colecta a través de Apps que utilizan GPS, entre ellos mapas e incluso para ver el estado del tiempo.

En un comienzo ICE tuvo acceso a la base de datos de la herramienta “para su uso por parte de sus investigadores que rastrean organizaciones criminales de tráfico de personas y drogas”, dijo el WSJ. “Posteriormente, la información fue compartida con la unidad que lleva a cabo deportaciones”.

La agencia federal dijo además que “no discutimos tácticas o técnicas específicas de aplicación de la ley, ni discutimos la existencia o ausencia de capacidades específicas sensibles a la aplicación de la ley”.

En general, “ICE no utiliza los datos de ubicación para las operaciones de deportación de rutina”, aseguró Bryan Cox, portavoz de ICE.

El presidente de Venntel, Chris Gildea, dijo: que “no podemos hacer comentarios en nombre de nuestros clientes, y cualquier consulta sobre este contrato debe dirigirse al DHS”.

Fallo de la Corte Suprema
En 2018 la Corte Suprema, en una decisión 5-4, determinó que el gobierno no puede monitorear los movimientos de personas por semanas o meses por medio del rastreo del teléfono celular, a no ser que tenga una orden judicial que lo permita.

Los magistrados que votaron a favor argumentaron que los rápidos avances en la tecnología han hecho inadecuadas las regulaciones sobre el respeto a la privacidad.

El magistrado presidente John Roberts escribió el razonamiento que fue respaldado por los cuatro jueces liberales del máximo tribunal, pero rechazada por los otros cuatro magistrados conservadores.

Por ejemplo, el conservador Anthony Kennedy señaló que el rastreo de celulares era permitido porque esa tecnología está en manos de las empresas de telefonía celular, no de los portadores de los teléfonos. “El nuevo curso sin dirección clara inhabilitará a las autoridades”, dijo.

La decisión también tuvo implicaciones de todo tipo sobre información personal de terceras partes, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto, búsquedas en internet e información bancaria y de tarjetas de crédito.

Sin embargo, el juez Roberts señaló que la decisión está circunscrita a un ámbito específico. “Mantenemos que una orden judicial es requerida solo en la rara circunstancia donde el sospechoso tiene un legítimo interés privado sobre datos que tiene un tercero”. Sin embargo, esa argumentación puede provocar todo tipo interpretaciones.

En todo caso, la decisión de la Corte Suprema es una gran victoria para quienes defienden la posibilidad de incrementar los derechos de privacidad porque -dicen- se necesita más protección a la hora de que el gobierno busque obtener información de terceras partes, tales como una empresa de celulares.

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Inmigración

De qué se trata el cambio para adjudicar una petición familiar con el Formulario I-130 en el extranjero

El servicio de inmigración anunció la semana pasada que las peticiones familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes con permiso de reingreso que viven en el extranjero y piden una visa de inmigrante para familiares inmediatos, se procesarán en Estados Unidos desde el primero de febrero y no en los consulados, excepto en circunstancias especiales.

El Formulario I-130 se utiliza para pedir la residencia de un familiar inmediato extranjero, por ejemplo, un cónyuge. El cambio tiene como objetivo “aumentar la eficiencia” del proceso, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

En caso de “circunstancias especiales” como militares o razones especiales, la agencia dijo que el Formulario I-130 será procesado por el Departamento de Estado (DOS).

Nuevas tareas
El cambio en el proceso del Formulario I-130 “centralizará el proceso. A partir del sábado la mayor parte de las peticiones se gestionan en la oficina de la USCIS en Dallas, Texas”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Desde este momento en adelante todos los que quieran hacer una petición por medio del Formulario I-130 en el extranjero y anteriormente lo hacían en ciertos consulados, ahora lo deben hacer en Estados Unidos”, agregó.

Guerrero recordó que en marzo del año pasado la USCIS anunció el cierre de sus oficinas en el extranjero. Abogados consultados por Univision Noticias en esa ocasión advirtieron que la decisión podía afectar las peticiones de visas de inmigrante.

“Ahora aseguran que serán más eficientes, con algunas excepciones”, indicó Guerrero.

Nuevas funciones
El trabajo que hasta la semana pasada ejecutaban agentes de la USCIS destacados en el exterior fue asumido por el Departamento de Estado (DOS).

“El DOS asumió la responsabilidad de ciertos servicios que anteriormente proporcionaba USCIS en sus oficinas internacionales”, explicó la agencia en un comunicado.

Pero puntualizó que los militares en servicio activo destacados en el extranjero “presentarán su Formulario I-130 localmente con DOS, al igual que ciertos peticionarios que no son militares y cumplen con criterios específicos para procesamiento consular”.

“USCIS continúa modernizándose y convirtiéndose en una agencia más eficiente”, dijo Mark Koumans, subdirector de USCIS. “Dado el caso de que el Departamento de Estado tiene una presencia internacional más amplia, hemos delegado en nuestros colegas la autoridad para aceptar y adjudicar peticiones de familiares inmediatos que están en el extranjero, bajo ciertas circunstancias”.

Nuevas prioridades
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que el cambio “puede ayudar a la agilización del proceso del Formulario I-130 en lugares donde ya no existe una oficina de la USCIS”.

“Están concentrándose en personas de alta en el ejército y en quienes viven en el exterior (ciudadanos y residentes permanentes) para acelerar el trámite, sobre todo en situaciones cuando haya problemas graves”, agregó.

La USCIS dijo que, “por lo general, el DOS “procesará el Formulario I-130 localmente si la petición recae bajo los criterios de autorización general:

En caso de conflictos civiles prolongados o severos, o de desastre natural, o Militares estadounidenses asignados a bases militares en el extranjero.

Gálvez dijo además que, a los dos grupos señalados por la USCIS, “se suma una tercera categoría integrada por personas que tramitan la visa de inmigrante por asuntos graves”.
Dentro de la tercera categoría califican peticionarios que “ cumplen con criterios específicos para el procesamiento consular”, precisó la USCIS.

“El DOS tiene discrecionalidad para aceptar el Formulario I-130 si un peticionario que es ciudadano estadounidense cumple con los criterios de ‘circunstancias excepcionales’ descritas en el Manual de Políticas actualizado”, dijo la USCIS.

Gálvez comentó además que “el cambio podría acelerar los procesos de meses a cuestión de días o semanas” debido a la mayor capacidad de respuesta del Departamento de Estado.

Trámite en línea
La agencia federal también dijo que quienes viven en el extranjero pueden “presentar solicitudes en línea”, un proceso que “ahorra tiempo y dinero”.

Cuando en marzo del año pasado el servicio de inmigración anunció el cierre de oficinas internacionales, abogados comentaron que la decisión favorecería los trámites.

“Se dieron cuenta que esto es necesario. Eso sí, no cabe la menor duda que ciertos casos se verán afectados. Lo sabremos en la medida que conozcamos el cambio”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.

Para el abogado Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, el cambio puede que afecte el tiempo de procesamiento de algunos trámites, pero “no lo veo como algo negativo”.

Indicó además que, algunas oficinas internacionales de la USCIS “no tenían mucha presencia”.

La agencia también reconoció en esa ocasión que, el cierre de oficinas internacionales “puede ser difícil y puede causar consternación”, pero prometió que se aseguraría que las operaciones “continuarán sin interrupciones”.

La USIS tenía oficinas internacionales en al menos 18 países. Uno de ellos es México, con instalaciones en la Ciudad de México, Monterrey y Ciudad Juárez.

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