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El Caribe se prepara para la temporada de huracanes

Casas destruidas por el huracán Dorian en la isla de Gran Bahama en septiembre pasadoCredit...Meridith Kohut para The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO — Casas sin tejado. Vecindarios sin electricidad. Residentes que huyeron y siguen en exilio.

Diez meses después de que el huracán Dorian destruyó la zona norte de las Bahamas, esas islas continúan luchando para recuperarse, incluso mientras comienza la nueva temporada anual de huracanes. Sin embargo, la reconstrucción, que siempre es un proceso lento, se ha desacelerado aún más este año debido a un desastre de otra índole: la pandemia del coronavirus.

“Eso frenó por completo las labores de reconstrucción”, dijo Stafford Symonette, pastor evangélico cuya casa en la isla de Gran Ábaco quedó gravemente dañada tras el paso del huracán, y sigue así.

“Todavía hay mucha gente que vive en tiendas de campaña y refugios temporales”, agregó.

Las Bahamas —al igual que otros países propensos a los huracanes en el Caribe y el Atlántico Norte— se encuentran en un dramático punto de convergencia entre una pandemia devastadora y una temporada de huracanes en el Atlántico que, según los pronósticos, será más activa de lo normal.

La pandemia ha afectado todos los aspectos de la preparación y la respuesta ante huracanes, lo cual ha dejado a las naciones aún más vulnerables al impacto de las tormentas.

Ha complicado los proyectos de reconstrucción emprendidos a causa de temporadas de huracanes anteriores. Ha paralizado las economías nacionales en la región, muchas de las cuales dependen en gran medida del turismo. Ha forzado la redistribución de los escasos recursos gubernamentales —dinero y personal de trabajo que, de no ser por la pandemia, se destinarían a labores relacionadas con los huracanes— para hacer frente a la crisis de salud pública.

Esto significa que, si se desatara una tormenta amenazante, los centros de evacuación y los refugios ahora podrían convertirse en vectores peligrosos de contagio de coronavirus, lo cual obligaría a los gobiernos y a las agencias de ayuda humanitaria a establecer nuevos protocolos para mantener a las personas evacuadas a salvo.

Estos desafíos cada vez mayores han abrumado a muchos de los gobiernos y agencias de ayuda humanitaria de la región, que están apresurándose a preparar todo para la próxima gran tormenta.

“¿Estamos preparados para esta temporada de huracanes?”, preguntó Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos y en la Organización de los Estados Americanos. “La respuesta es no. Y no me importa si alguien dice lo contrario. No hemos podido destinar ni un centavo a la preparación para huracanes este año”.

“Estos países están en apuros y así han estado desde hace tiempo”, continuó. “La realidad es que estamos en una situación desesperada”.

Los climatólogos del gobierno estadounidense predijeron que durante esta temporada de tormentas en el Atlántico, que comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, habrá un máximo de 19 tormentas con nombre, de las cuales seis podrían crecer hasta convertirse en huracanes de categoría elevada. Una temporada de huracanes promedio tiene 12 tormentas con nombre y tres huracanes de gran magnitud.

La temporada ha comenzado sin preámbulo, pues hasta ahora ha habido cuatro tormentas con nombre.

La región inició la temporada en condiciones económicas precarias. La pandemia arrasó con la industria del turismo, uno de los principales motores de la economía en gran parte del Caribe. Los hoteles cerraron, los cruceros atracaron y los aviones se quedaron en tierra. El Banco de Desarrollo del Caribe estimó que la actividad económica regional podría contraerse hasta un 20 por ciento este año.

Sanders dijo que le preocupaban las repercusiones de que la región sufriera algo parecido a lo que pasó en 2017, cuando varios huracanes impetuosos devastaron el Caribe.

“Si eso sucediera de nuevo este año, creo que estas economías colapsarían por completo”, sentenció.

La pandemia también ha planteado varios desafíos de salud pública para los gobiernos y los grupos de ayuda humanitaria que se preparan para enfrentar los huracanes, tales como la necesidad de garantizar el cumplimiento del distanciamiento social durante las evacuaciones y en los refugios, y el suministro adecuado de equipos de protección para los trabajadores de emergencia y las personas evacuadas.

Los funcionarios de salud también están tratando de acopiar medicamentos y otras provisiones a fin de estar preparados para posibles brotes de coronavirus entre los evacuados.

“Sin lugar a dudas, tendremos una mayor tasa de contagios cuando enfrentemos una amenaza natural como un huracán, sobre todo con respecto a la COVID-19, entre otras enfermedades que podrían surgir”, advirtió Laura-Lee Boodram, funcionaria de la Agencia de Salud Pública del Caribe, durante una mesa de debate que hace poco llevó a cabo la Organización de Turismo del Caribe.

El territorio de las Bahamas está particularmente rezagado en cuanto a los esfuerzos por ponerse a salvo ante la amenaza de huracanes de este año.

La pandemia del coronavirus irrumpió en la región tan solo unos meses después de que Dorian, uno de los huracanes más poderosos que se han registrado en el Atlántico, tocó tierra, el 1 de septiembre de 2019, para luego cobrar decenas de vidas en las islas Ábaco y Gran Bahama, destruir miles de estructuras y causar daños por miles de millones de dólares.

Los esfuerzos de recuperación estaban en plena marcha cuando el país registró su primer caso de coronavirus el 16 de marzo. Sin embargo, menos de dos semanas después, ya que la cifra de contagios no dejaba de ascender, el gobierno cerró las fronteras de la nación y empezó a imponer una serie de restricciones al desplazamiento, que incluyeron toques de queda, confinamientos las 24 horas del día y una prohibición a los viajes entre las islas del archipiélago.

Si bien las medidas ayudaron a frenar la propagación del virus —las Bahamas solo ha confirmado 104 casos hasta el momento—, demoraron la recuperación, retrasaron los preparativos para la nueva temporada de huracanes y, combinadas con la paralización global de la industria del turismo, hundieron más al país en una crisis económica.

El gobierno bahameño declaró que prevé incurrir en un déficit de 1300 millones de dólares este año fiscal, lo cual equivale a alrededor del 11,6 por ciento de su producto interno bruto y sería el déficit más grande en la historia de las Bahamas.

“Cualquier afectación significativa a causa de las tormentas este año nos pondría en una situación muy grave en términos de previsiones presupuestarias”, afirmó esta semana en una entrevista Peter Turnquest, vice primer ministro y ministro de Finanzas de las Bahamas.

Una de las principales preocupaciones de los encargados de proyectos de emergencias en esta temporada de huracanes es que no hay suficientes refugios contra tormentas en ciertas partes de las Bahamas. Muchos quedaron afectados tras el paso de Dorian y no se han reparado.

La Organización Internacional para las Migraciones anunció en un informe en mayo que solo 13 de los 25 refugios oficiales en las islas Ábaco y Gran Bahama podían utilizarse y que solo tenían suficiente capacidad para albergar al dos por ciento de la población.

“Rogamos que no haya tormentas este año”, dijo Turnquest.

Además de la incertidumbre, el gobierno ahora está listo para reabrir las fronteras del país a los visitantes extranjeros. La decisión ha sembrado ansiedad entre muchos bahameños que temen que eso pueda causar una segunda ola de infecciones a través de las islas, desencadenando más bloqueos y cierres de fronteras, y complicando aún más la preparación y respuesta ante los huracanes.

“La gente está nerviosa”, dijo Steve Pedican, cuya casa en la isla Gran Ábaco fue severamente dañada por el huracán. “La gente ahora no sabe qué esperar”.

Cuando se le preguntó qué pasaría si un huracán llegase a Gran Ábaco en los próximos meses, Symonette, el pastor evangélico, guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las implicaciones.

“No sé cómo podríamos lidiar con eso si nos llega otro este año”, dijo finalmente. “Gloria a Dios, que sea misericordioso con nosotros”.

Por Kirk Semple
The NYTimes

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¿Será Chile un ejemplo de verdadera democracia?

Una protesta en noviembre de 2019 en Santiago, la capital de ChileCredit...Javier Torres/Agence France-Presse — Getty Images

El 25 de octubre, los chilenos votarán para rechazar o aprobar el comienzo de la creación de una nueva constitución. Los ciudadanos de más países deberían hacer lo mismo. La actual Constitución chilena, escrita durante el régimen autoritario del dictador Augusto Pinochet, ha protegido intereses conservadores y al ejército, y ha reprimido la disidencia política durante 40 años.

La lucha de Chile con su pasado autoritario no es única. Los países con democracias recientes, como Birmania, Corea del Sur y Turquía, se han regido por constituciones autoritarias durante años o incluso décadas. Mi investigación indica que más de dos terceras partes de las transiciones políticas a la democracia desde la Segunda Guerra Mundial —en más de 50 países— han ocurrido bajo constituciones escritas por el régimen autoritario saliente. En algunas naciones, como Argentina, que han oscilado una y otra vez entre la democracia y la dictadura, varias transiciones democráticas han sido guiadas por constituciones redactadas por gobiernos autoritarios.

La persistencia del autoritarismo por vía constitucional en una democracia es una receta para la desigualdad y el descontento democrático. Las democracias con constituciones promulgadas en épocas autoritarias tienen sistemas de transparencia y rendición de cuentas frágiles y una participación ciudadana insuficiente en la formulación de políticas. Además, sus sistemas políticos favorecen a las élites vinculadas al antiguo régimen y no a los ciudadanos de a pie.

La desigualdad en Chile está en un nivel similar al de la época de Pinochet en tanto que el tráfico de influencias por parte de los ricos —algunos de los cuales adquirieron sus fortunas por medio de conexiones con Pinochet y la privatizaciones de empresas estatales— es ubicuo.

Esta mezcla tóxica explotó hace un año desatando manifestaciones callejeras generalizadas que trastocaron la reputación que el país se había forjado como un modelo de estabilidad y progreso en América Latina a lo largo de cuatro décadas de economía de mercado. Desde entonces, la reputación de Chile solo ha empeorado debido a la respuesta deficiente del país a la pandemia. Incluso dentro de una región gravemente afectada por la COVID-19, Chile no tardó en destacar como un foco de contagio, con tasas de infección per cápita entre las más elevadas del mundo.

Este hecho refleja una vez más cómo Sebastián Piñera, el multimillonario presidente empresario de Chile, está sumamente desconectado de la manera en que viven la mayoría de los chilenos. La pandemia ha devastado barrios pobres donde la gente vive hacinada, los servicios de salud son limitados y los ciudadanos no pueden darse el lujo de refugiarse en casa.

El plebiscito para convocar una convención constituyente en Chile podría derivar en un nuevo documento que acerque más el liderazgo al pueblo con una descentralización del sistema político y la introducción de mecanismos formales de consulta ciudadana y referendos. También podría ampliar los derechos de los sindicatos, consagrar la atención médica y la educación como derechos fundamentales, garantizar la igualdad para las mujeres y otorgar mayor autonomía a los pueblos indígenas.

El gobierno de Piñera está consciente de esto y está tomando medidas para oponerse a un cambio político radical. Los activistas informan que el gobierno ha usado la pandemia como un pretexto para intensificar la represión y callar a la oposición. Apenas la semana pasada, se difundió un video que mostraba a un policía empujando a un adolescente hasta hacerlo caer de un puente durante una protesta, lo cual provocó una indignación generalizada. Esto se suma a las agresiones brutales que las fuerzas de seguridad ya habían ejercido en contra de los manifestantes en otoño del año pasado.

Chile es un ejemplo de cómo los dictadores que redactan constituciones pueden dejar de lado los intereses del pueblo. La Constitución chilena protegió a los militares y a sus aliados del régimen autoritario cuando entregaron el poder en 1990. Les concedió a los altos mandos del ejército escaños en el Senado, les otorgó a los militares la autoridad de elegir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y desvió el 10 por ciento de los enormes ingresos del cobre de Chile al presupuesto del ejército. También les brindó amnistías a Pinochet y a otros generales, estableció un sistema electoral diseñado para sobrerrepresentar a los partidos conservadores y prohibió la participación de los partidos de extrema izquierda.

Con el correr de los años, ha habido varias reformas constitucionales. En 2005, se fortaleció el control civil sobre la milicia y se eliminaron los escaños vitalicios designados en el Senado. Aun así, los umbrales de mayoría cualificada para las reformas han protegido muchos de sus elementos básicos.

La mayoría de los manifestantes chilenos y sus simpatizantes están motivados por cuestiones de primera necesidad, como mejores salarios, igualdad de género, mayor acceso a los servicios de salud y atención médica de calidad, reforma de las pensiones, más derechos para los pueblos indígenas, acceso a transporte público asequible y educación pública gratuita. Sin embargo, también quieren tener una voz política y ser respetados por las instituciones de gobierno, que desde hace mucho se han enfocado en equilibrar presupuestos, atraer inversión y preservar la estabilidad.

Los manifestantes consideran que una nueva constitución es la clave para satisfacer estas demandas. El statu quo está extremadamente desacreditado: los índices de aprobación del Congreso y del presidente son significativamente bajos. Una convención constituyente puede llenar el vacío de liderazgo actual al incluir a los ciudadanos en un proceso de consulta para dirigir al país hacia el futuro y enaltecer sus principales intereses para dar nueva forma a su liderazgo político.

El proceso de reforma no necesariamente tiene que descarrilar el estatus de Chile como una fuerza económica en la región. Un sistema político más inclusivo que promueva los intereses de la mayoría de sus ciudadanos también puede beneficiar a los empleadores mediante estabilidad política y una fuerza laboral más feliz y saludable. Algunas de las democracias más antiguas y desarrolladas del mundo, como Suecia y Dinamarca, anularon sus constituciones autoritarias y se embarcaron en un camino rumbo al éxito.

No obstante, el proceso conlleva riesgos. En vista de que el plebiscito inicial programado para abril se pospuso y el debate continúa, se ha incrementado el riesgo de que grupos radicales de la izquierda o la derecha se apropien del discurso.

Muchos manifestantes actuales predijeron este riesgo desde un inicio, por lo que centraron sus esfuerzos en organizar miles de foros de debate para involucrar a sus vecinos, así como a través obras de arte gráfico y música para transmitir y difundir su mensaje. Otros, sobre todo las mujeres, se organizaron en grupos de decenas de miles en torno a una demanda amplia de inclusión para garantizar que sus voces sean escuchadas. Sin embargo, desde que las reuniones presenciales están restringidas por la pandemia, los foros en línea y las redes sociales han cobrado más relevancia y han subido el volumen de voces extremas pero bien financiadas.

Otras democracias que viven bajo el yugo de constituciones escritas por regímenes autoritarios deberían seguir el ejemplo de Chile. Esto no siempre es fácil. Birmania programó un referendo nacional para reformar su Constitución, promulgada por el ejército en 2015. No obstante, los militares, que habían conservado una cuarta parte de los escaños en el Congreso y fijado el umbral para enmendar la Constitución en más de tres cuartas partes, ayudaron a socavar los cambios más importantes y el referendo se pospuso de manera indefinida.

Otras naciones han obtenido mejores resultados. Colombia se deshizo de una constitución autoritaria en 1991 y apuntaló su democracia. Aunque en el país sigue habiendo desigualdad y problemas relacionados con la guerra civil, como la restitución de tierras, su Constitución ha proporcionado una plataforma para que hasta los ciudadanos marginados puedan proteger sus derechos básicos mediante un sencillo mecanismo legal conocido como acción de tutela. Túnez remplazó una Constitución autoritaria en 2014. Lo mismo sucedió en varios de los antiguos Estados satélite de la Unión Soviética, como Bulgaria, República Checa y Georgia (por desgracia, Viktor Orbán se ha apropiado del proceso de reforma en Hungría para atrincherar su poder político).

Si la reforma constitucional de Chile allana el camino hacia una democracia más auténtica, servirá de ejemplo para que otras nuevas democracias que enfrentan desafíos similares —como Indonesia, Guatemala y Perú— hagan lo mismo.

Por Michael Albertus
TheNYTimes

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Guatemala, el país centroamericano donde 14 niñas quedan embarazadas todos los días

Según Unicef, ser niño en Guatemala es "una condición de alto riesgo". / AFP

Ser niña en Guatemala ya era complicado antes de la llegada del coronavirus.

Pero el riesgo de terminar siendo víctima de la violencia sexual solamente ha aumentado con la pandemia.

Según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez, al menos 5.133 niñas de entre 10 y 14 años resultaron embarazadas el año pasado en el país centroamericano.

Esto es un promedio de 14 al día.

Y el observatorio de la Coordinadora Institucional de Promoción de Derechos de la Niñez (Ciprodeni) también registró 111.216 embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años.

Esto equivale a más de 12 embarazos adolescentes por hora, en su inmensa mayoría también atribuibles a la violencia sexual, como destaca el secretario ejecutivo de Ciprodeni, Otto Rivera.

“De acuerdo con la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, sostener relaciones sexo-genitales con cualquier persona menor de 18 años es tipificado como violación”, explica Rivera.

“Y en el contexto de la pandemia este tipo de delitos es todavía más severo”, le asegura a BBC Mundo.

Multiplicar por tres
Por lo pronto, las cifras de Ciprodeni hasta el mes de julio de este año recogen 2.289 embarazos entre niñas de 10 a 14 años y 51.548 para el grupo de edad de 15 a 19.

Mientras que el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) ya sumaba 77.847 embarazos infantiles y adolescentes al 16 de septiembre.

El confinamiento -que según Rivera está exponiendo a más menores a más riesgo- puede sin embargo haber afectado la detección de muchos otros embarazos, por lo que las cifras reales podrían ser más altas.

Ciprodeni, por ejemplo, dice ya haber detectado una reducción en el número de denuncias por violencia intrafamiliar en los últimos meses.

“En el mismo marco de la pandemia se incrementaron los casos, sabemos de casos, pero al mismo tiempo se redujeron las denuncias, porque los órganos jurisdiccionales no funcionaron en el horario habitual”, asegura Rivera.

Y el secretario ejecutivo de la coordinadora también comparte una hipótesis de trabajo que hace todavía más evidente la gravedad del problema de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia guatemaltecas.

“En Ciprodeni estimamos que solo una niña o adolescente de cada tres que son abusadas o violadas resulta embarazada”, le dice a BBC Mundo.

“En otras palabras no es que en lo que va del año se haya abusado o violado a 77.847 niñas y adolescentes. Eso lo tenemos que multiplicar por tres”, sugiere Rivera.

“Vidas silenciadas”
Esas cifras explican por qué la investigadora de Flacso Guatemala Ana Lucía Ramazzini se refiere al problema como “otra epidemia”.

Pero Ramazzini destaca además el impacto biológico, social y psicológico que esa violencia, y los embarazos que produce, tienen sobre niñas y adolescentes.

Durante una investigación suya de 2015, por ejemplo, nueve de cada 10 adolescentes embarazadas entrevistadas dijeron haber dejado de estudiar y de participar en espacios de organización comunitaria.

Y más recientemente Ramazzini coordinó una investigación sobre la relación entre embarazos no deseados y suicidios en Guatemala, un problema que cree no está recibiendo la atención que se merece.

Según la socióloga guatemalteca, en el país no hay cifras confiables sobre el tema, porque “cuando llega muerta un mujer en edad fértil no se le hace la prueba de embarazo”.

La investigadora, sin embargo, logró establecer que, en 2017, la mitad de los suicidios de mujeres adolescentes en el departamento de Alta Verapaz habían sido de mujeres embarazadas.

Mientras que en países como El Salvador una investigación de 2006 encontró que el suicidio fue la tercera causa de muerte materna, especialmente entre las adolescentes.

“Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de suicidio tres veces mayor que las adolescentes que no están embarazadas”, le dice Ramazzini a BBC Mundo.

Con pocas opciones
Los testimonios recogidos para la investigación “Vidas sesgadas” evidencian los riesgos para la salud mental de los embarazos no deseados productos de la violencia.

Pero la interrupción de los mismos no está contemplada en la legislación guatemalteca.

“Hubo un proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y uno de los artículos iba en ese sentido, pero fue rechazada en el 2018”, explica Ramazzini.

Y para Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, es altamente improbable que esta opción se legalice.

“Aquí hay un actor muy importante que son las iglesias y las iglesias no son partidarias de los abortos”, le dice a BBC Mundo.

Gómez, sin embargo, asegura que el Estado guatemalteco sí reconoce el impacto de este tipo de embarazos sobre la salud mental de niñas y adolescentes.

“Con las niñas que hemos tenido nosotros bajo protección en nuestros albergues, una de las principales acciones que se hacen es sensibilizar. Y todas han decidido tener a ese bebé”, ofrece como ejemplo.

“¿Y qué pasa si esa niña no quiere tener a su bebé? Para eso existe una institución en Guatemala que se llama la Comisión Nacional de Adopciones”, agrega.

“En discusión”
Gómez destaca además la existencia de una Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que considera clave para confrontar el problema.

Pero también reconoce que la misma “todavía está en discusión”, a pesar de que Guatemala lleva años con una de las tasas de fecundidad infantil y adolescente más altas de la región latinoamericana.

Y ese retraso retrata las diferencias de opiniones sobre la forma de encarar el problema que seguramente ha limitado la capacidad de respuesta de Guatemala.

Para Ramazzini, por ejemplo, un elemento clave detrás de los altos índices de embarazo infantil y adolescente es la falta de una efectiva educación integral en sexualidad, un tema que sin embargo todavía es considerado tabú por muchos sectores.

“En nuestro país se piensa que educar en sexualidad es solo educar en sexo y relaciones sexo-genitales, cuando estamos hablando de una educación integral en sexualidad que es clave para la vida”, lamenta Ramazzini.

“Tiene que ver con relaciones de respeto, con compromisos a largo plazo, con consentimiento, con identificar estas relaciones de violencia, con desmontar esta idea de ser hombre que pasa por apropiarse de los cuerpos de niñas y adolescentes”, explica.

Según Ramazzini, en el Ministerio de Educación de Guatemala existe desde hace años una estrategia sobre el tema.

“Pero hay muchas resistencias. Hay sectores antiderechos y de oposición que se niegan a que esto se implemente”, le dice a BBC Mundo.

Y, para mientras, el número de niñas y adolescentes embarazadas crece y crece.

Por: Arturo Wallace
BBC News Mundo

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Bukele vs El Faro: qué hay detrás del enfrentamiento del popular presidente de El Salvador

Nayib Bukele es el presidente más joven de la historia de El Salvador. / GETTY IMAGES

Uno de los mandatarios más populares de América Latina parece haberle declarado la guerra a uno de los medios de comunicación más prestigiosos de la región.

Y los “ataques” del presidente salvadoreño Nayib Bukele en contra del portal digital local El Faro han hecho sonar campanadas de alerta en todo el continente.

“La Fundación Gabo me envió una carta firmada por más de 500 periodistas y escritores alarmados por los ataques de Nayib Bukele a la prensa en El Salvador”, informó la semana pasada el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

“Denuncian retaliación a El Faro por su investigación sobre negociación gobierno-maras. Vamos a dar seguimiento”, detalló Lanza vía Twitter.

Ya antes organizaciones gremiales y de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, entre muchas otras, también habían hecho sonar la alerta.

Y en una rara muestra de consenso entre demócratas y republicanos en Washington, congresistas de ambos partidos ya le habían escrito a Bukele para manifestarle su preocupación por lo que está ocurriendo en el país centroamericano.

“El periodismo de primera calidad de El Faro es respetado no solo en El Salvador sino por la comunidad internacional”, le recordaron los congresistas y senadores demócratas a Bukele.

“Su credibilidad ha sido atacada por su gobierno a través de artículos anónimos en medios administrados por su gobierno. Adicionalmente, nos preocupa enormemente la agresiva auditoría que su Ministerio de Finanzas está haciendo de las cuentas de El Faro en lo que parece ser un esfuerzo por intimidarlo“, se lee en la misiva.

Patrón recurrente

Esto, sin embargo, no evitó que el pasado 25 de septiembre Bukele utilizara una cadena nacional de radio y televisión para volver a arremeter contra varios medios independientes e informar que El Faro estaba siendo objeto de una investigación “por evasión de impuestos y lavado de dinero”.

“Algunos periodistas dicen que este gobierno ataca a la prensa; nosotros estamos comprometidos con la libertad de expresión, pero algunos pasan publicando una sarta de mentiras y lo que nosotros hacemos es desmentirlos. Eso no es violar la libertad”, dijo también el mandatario durante la comparecencia.

“¿Quiere decir que cualquier lavador de dinero, narcotraficante o evasor fiscal, solo tiene que poner un periódico y entonces ya nadie puede investigarlo?”, preguntó por Twitter al día siguiente, cuando la investigación ya había sido denunciada por muchos como un nuevo ataque en contra del periodismo.

Para Natalie Southwick, coordinadora del Programa para Centro y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), hay sin embargo muchos elementos que sugieren que eso no es lo que está ocurriendo en el caso de El Faro.

“Es potestad de un gobierno realizar auditorías. Pero cuando tienes a un presidente anunciando investigaciones dudosas sin previo aviso en una conferencia de prensa, y siempre está atacando a los mismos periodistas y a los mismos medios, hay razones de sobra para preocuparse. Como mínimo eso evidencia un patrón de intimidación”, le dice a BBC Mundo.

“Desde que Bukele llegó al poder cada vez parece más consciente de las herramientas que puede utilizar como mandatario para tratar de intimidar y acosar a los medios que percibe como críticos y las ha estado empleando cada vez con más frecuencia. Y es una táctica que hemos visto utilizar a otros líderes políticos en la región”, advierte.

De hecho, como destaca el director de El Faro, José Luis Sanz, esta no es la primera vez que las cuentas de la publicación salvadoreña —ganadora de numerosos reconocimientos internacionales— están siendo investigadas por las autoridades locales.

“En 2018, con el gobierno del FMLN, nos lanzaron tres auditorías simultáneas, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Economía”, le dice Sanz a BBC Mundo.

“Claramente formaban parte de un intento de amedrentarnos. Y las superamos todas“, afirma.

Reacio a la crítica

Por ese entonces, destaca Sanz, Bukele “aplaudía el trabajo de El Faro y lo reivindicaba frente a los partidos políticos que estaban en el poder y nos criticaban”.

“Pero eso cambió en el momento en el que ganó las elecciones“, asegura el periodista.

“Empezó con medios más pequeños y en septiembre tuvo un primer gesto público de censura al no dejar entrar a una conferencia de prensa a periodistas de Factum El Faro. Y luego empezaron fortísimas campañas de acoso en redes a diferentes periodistas, incluidos los nuestros, y reacciones muy agresivas a cualquier publicación que lo cuestionara”, relata Sanz.

Según el director de El Faro la actitud no fue motivo de sorpresa.

“Sabíamos que Bukele iba a tratar de atacar a El Faro en uno u otro momento, porque odia perder el control de la narrativa y no soporta ninguna crítica“, le dice a BBC Mundo.

“Pero no esperábamos que lo hiciera con este nivel de abuso de poder y utilizando de una forma tan descarada las instituciones del Estado”, admite Sanz, quien asegura que las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero son absolutamente infundadas.

BBC Mundo trató de obtener la versión del gobierno salvadoreño sobre el tema, pero el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió a dos solicitudes de entrevista.

Pero en el análisis de Sanz el problema de fondo es que mientras Bukele llegó al poder enarbolando la bandera del cambio, las investigaciones de El Faro y otros medios y periodistas que también han sido objetos de ataques sugieren que “el presidente millenial” se parece a sus predecesores mucho más de lo que le gustaría admitir.

“Empezó con medios más pequeños y en septiembre tuvo un primer gesto público de censura al no dejar entrar a una conferencia de prensa a periodistas de Factum El Faro. Y luego empezaron fortísimas campañas de acoso en redes a diferentes periodistas, incluidos los nuestros, y reacciones muy agresivas a cualquier publicación que lo cuestionara”, relata Sanz.

Según el director de El Faro la actitud no fue motivo de sorpresa.

“Sabíamos que Bukele iba a tratar de atacar a El Faro en uno u otro momento, porque odia perder el control de la narrativa y no soporta ninguna crítica“, le dice a BBC Mundo.

“Pero no esperábamos que lo hiciera con este nivel de abuso de poder y utilizando de una forma tan descarada las instituciones del Estado”, admite Sanz, quien asegura que las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero son absolutamente infundadas.

BBC Mundo trató de obtener la versión del gobierno salvadoreño sobre el tema, pero el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió a dos solicitudes de entrevista.

Pero en el análisis de Sanz el problema de fondo es que mientras Bukele llegó al poder enarbolando la bandera del cambio, las investigaciones de El Faro y otros medios y periodistas que también han sido objetos de ataques sugieren que “el presidente millenial” se parece a sus predecesores mucho más de lo que le gustaría admitir.

“Una de las cosas que más nervioso pone a Nayib Bukele es que constantemente le recordamos que en términos de corrupción, en términos de abuso de poder, en términos de falta de compromiso con la memoria histórica y con las víctimas (de la Guerra Civil salvadoreña) y en términos de relación con las pandillas, está repitiendo los pasos de los gobiernos anteriores“, afirma Sanz.

“Y esa fue la gota que derramó el vaso”, dice del reportaje con el que El Faro denunció una supuesta negociación entre la administración Bukele y la Mara Salvatrucha.

Repercusiones internacionales

“Las pandillas no son solo un gran poder y la violencia un gran problema, sino que es un tema que toca nervio, que le pone en una situación comprometida internamente y además tiene connotaciones complejas en su relación con EE.UU.”, explica Sanz.

De hecho, la supuesta negociación con las pandillas —que Bukele niega tajantemente— fue explícitamente mencionada en la carta enviada en la que los congresistas republicanos le dicen estar preocupados “por lo que parece ser un lento pero claro alejamiento del Estado de derecho y las normas de la democracia” en el país centroamericano.

Y no son los únicos que piensan eso: para Rosental Alves, director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, los aparentes ataques contra El Faro también ahondan las dudas sobre lascredenciales democráticas del mandatario.

“Un claro acoso fiscal como este es común en dictaduras, no en democracias”, escribió Alves.

Y hasta medios internacionales que en un inicio se habían mostrado menos críticos con Bukele, como Vice News —uno de los pocos a los que el mandatario salvadoreño les ha concedido una entrevista— han mostrado su decepción por lo que consideran su “deriva autoritaria”.

“El presidente hipster de El Salvador está atacando a la prensa”, fue el titular de un reciente reportaje de Vice.

Por: Arturo Wallace
BBC News Mundo

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Conflicto de la basura entre Honduras y Guatemala

Honduras asegura que ha recogido más de 550 toneladas de basura en los últimos 11 días. / CORTESÍA SANDRA CÁRDENAS CEM)

Cuando salió de su casa hace un par de semanas, poco antes de que apareciera el sol, Julio Rodríguez se dio cuenta que esa mañana no iba a poder pescar.

De nada le valió haber preparado las redes, las cuerdas, las carnadas y los anzuelos desde la otra noche. Incluso de lejos, antes de llegar a la costa, supo que así no podría salir: una nata inconfundible llenaba de un olor agrio el municipio de Omoa, en la costa del Caribe de Honduras.

“Toda la arena, todo estaba lleno de basura, por donde estaba mi bote, por todos lados. Así tiras la red y se te rompe porque lo que sacas es basura”, cuenta a BBC Mundo.

Desde inicios de septiembre, varias localidades del litoral y la Bahía de Omoa de Honduras (uno de los principales destinos turísticos del país) se han visto afectadas, otra vez, por la repentina llegada de toneladas de basura, una situación que ha creado tensiones por años con la vecina Guatemala.

El Motagua, un caudaloso río que atraviesa ese último país, arrastra cada día montones de desechos que en muchas ocasiones, como ahora, desembocan en el Caribe hondureño y recalan en los pueblos de la costa como islas de plástico, ropas viejas y mugre de todo tipo.

Ahora, en medio de la pandemia que ha paralizado la economía y que ha dejado más de 2.300 muertos y 76.000 contagios en Honduras, grupos ambientalistas y de derechos humanos temen que la situación pueda agravar las condiciones de pobreza y la exposición a enfermedades de las miles de personas que viven el área.

Sobre todo, de los pescadores artesanales, como Rodríguez, y los cientos de personas que viven del turismo.

“Ahorita, además de este problema con la pandemia tenemos que lidiar con el problema de la basura”, dice Rodríguez.

“El daño que nos ha hecho ha sido devastador. Estamos viviendo de milagro, tratando de ver cómo mantenemos a nuestras familias, porque ya casi no salimos porque los peces se están alejando por la basura”.

“Esto ha sido un golpe duro para nosotros. Yo siempre viví honrado de mi trabajo. Con estas manos. Pero ya el poco dinero que nos queda tenemos que guardarlo para los medicamentos”.

De acuerdo con cifras del gobierno de Honduras, en los últimos 11 días, las autoridades han recolectado unas 550 toneladas de desechos que han recalado en las costas y que han llegado incluso hasta Roatán, una isla del Caribe conocida por sus playas paradisiacas y sus arrecifes casi vírgenes.

“Para que se tenga una idea, solo en dos días, en el fin de semana, se recogieron 144 toneladas de basura”, dice a BBC Mundo Liliam Rivera, la responsable por el Ministerio de Ambiente de Honduras de lidiar con el tema.

“Aunque esto suele suceder cada cierto tiempo, este es, en mi criterio, el peor impacto que hemos tenido en los últimos cinco años. Era un tsunami de basura. Daban ganas de llorar”, agrega.

Tras el recalo de los desechos, los gobiernos de ambos países sostuvieron la pasada semana un reunión bilateral, pero el domingo Honduras dio un ultimátum al país vecino para que encuentre una “solución definitiva” al problema.

Sin embargo, dadas las condiciones de las dos naciones -entre las más pobres de América Latina- muchos ambientalistas e incluso, los funcionarios de ambos gobiernos entrevistados por BBC Mundo, dudan que una solución definitiva sea posible sin ayuda internacional.

Las causas del problema
Las responsabilidades detrás de la basura que llega frecuentemente al Caribe de Honduras han sido por años causas de disputa entre los dos gobiernos y motivos de tensiones bilaterales.

Tegucigalpa asegura que la mayor parte de los desechos que recalan en sus costas se origina en la nación vecina, mientras Guatemala cuestiona que varios municipios hondureños también contribuyen al problema.

En esta ocasión, sin embargo, el gobierno guatemalteco reconoció que se debió a una falla en una barda industrial que colocaron a inicios de año como “medida paliativa” para frenar el flujo de basura hacia Honduras.

“Debido al aumento de los caudales, porque hemos tenido un invierno particularmente fuerte, las aguas fueron exageradas en el río Motagua y esto provocó que colapsara la barda industrial”, explica a BBC Mundo el ministro de Ambiente de Guatemala, Mario Rojas Espino.

De acuerdo con el ministro, su gobierno solicitó a la Contraloría del país una investigación para determinar las causas detrás del fallo de la barda, que costó casi US$2 millones y fue inaugurada hace solo ocho meses.

A la vez, indicó que un equipo técnico trabaja en su reparación desde inicios de esta semana.

“Esperamos muy pronto tener esta barda ya en funcionamiento y que pueda servirnos para evitar que siga arrastrando basura durante el invierno”, dice.

Pero en Honduras creen que reparar la contención no resuelve el problema a largo plazo y que Guatemala necesita asumir posiciones más fuertes para solucionarlo de forma terminante.

“Estas bardas solo retienen los residuos flotantes, pero no los que van por debajo, como los microplásticos y otros desechos más pequeños. Entonces las aguas del Litoral y de la Bahía de Omoa van a seguir contaminados si ellos no toman otro tipo de medidas definitivas”, asegura Rivera.

“Estamos hablando de un problema que nos afecta a lo largo de 45 kilómetros de nuestra línea costera. Es una pesadilla para nuestros pescadores artesanales, para el turismo y la salud de la población y por eso necesitamos una solución definitiva”, agrega.

Como parte de la reunión de la pasada semana, ambos países acordaron un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que va desde la restauración de la barda hasta alianzas con empresas internacionales o programas de restauración de la cuenca del Motagua.

Pero grupos ambientales señalan que no es la primera vez que los dos gobiernos hacen planes de este tipo y que solo se vuelven a recordar cuando una nueva oleada de basura llega a las costas del Caribe de Honduras.

Por: Lioman Lima – @liomanlima
BBC News Mundo

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