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El dilema de EE. UU. en Guatemala: ¿detener la corrupción o la migración?

Simpatizantes del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval exigieron la renuncia del presidente y de la fiscala general en Guatemala el mes pasado.Credit...Sandra Sebastian/Reuters

Por Natalie Kitroeff – NYTimes

El testimonio fue explosivo: en junio, un testigo dijo al principal fiscal anticorrupción de Guatemala que había ido a la casa del presidente y había entregado una alfombra enrollada llena de dinero.

La declaración acercó al fiscal, Juan Francisco Sandoval, un paso más hacia un choque frontal con el presidente de Guatemala.

La unidad anticorrupción de Sandoval ya había cateado una casa vinculada al exsecretario del presidente, en busca de información sobre 16 millones de dólares que su equipo había encontrado metidos en maletas. Y en mayo, un testigo le dijo que el presidente había negociado una contribución de campaña por 2,6 millones de dólares a cambio de mantener contratos con el gobierno, según muestran documentos.

El presidente atacó públicamente a Sandoval. Altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Antony Blinken, expresaron su alarma ante los esfuerzos por socavar la labor de la unidad anticorrupción, pero la presión no funcionó.

En julio, Sandoval fue despedido de forma abrupta y, como temía que la investigación se extinguiera, abandonó el país con las pruebas que había reunido.

“El sistema de justicia en Guatemala fue tomado por las mafias que están en el poder”, dijo Sandoval en una entrevista desde Estados Unidos. “Era el último bastión visible que quedaba de esa lucha”, agregó, refiriéndose al combate contra la corrupción.

Esta es la dura realidad a la que se enfrenta el gobierno de Joe Biden mientras lucha contra la crisis migratoria en su frontera sur. La mayoría de las familias y los niños que han sido atrapados cruzando la frontera en los últimos años proceden de Centroamérica, y el aumento se está acelerando. Los cruces fronterizos en julio, cuando las autoridades esperaban una tregua debido al mortífero calor del verano, alcanzaron los niveles más altos en más de dos décadas.

El presidente Biden llegó al cargo con la promesa de atacar frontalmente a la corrupción en Centroamérica, argumentando que la única forma de disuadir a los migrantes consiste en solucionar los problemas profundos que obligan a las personas a abandonar sus hogares en primer lugar.

Eligió a la vicepresidenta Kamala Harris para supervisar un esfuerzo de 4000 millones de dólares para atacar dichas “causas de origen” de la migración, empezando por Guatemala, el país en que los funcionarios creían tener más probabilidades de obtener resultados exitosos. Harris se reunió con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en su primer viaje internacional, y pronunció un discurso en el que prometió “erradicar la corrupción donde sea que exista”.

Pero la gestión Biden también depende de los mismos gobiernos que ha prometido vigilar. La reunión de Harris con el presidente tuvo lugar solo unos días después de su ataque público al fiscal, y las acusaciones de corrupción no han disuadido al gobierno Biden de llegar a acuerdos con Giammattei en materia de migración.

A instancias de Estados Unidos, Guatemala accedió a incrementar el número de tropas y policías en sus fronteras para impedir que la gente huyera hacia el norte y detener las caravanas de migrantes antes de que llegaran a México. Guatemala acabó golpeando a los migrantes de una caravana reciente con porras y rociándolos con gas lacrimógeno. No pasaron de la frontera guatemalteca.

Cautelosa de torpedear la cooperación en materia migratoria, la gestión de Biden a menudo ha actuado con lentitud al respaldar su rechazo a la corrupción con castigos a los malos elementos en las altas esferas. Ahora, el espacio entre los discursos duros y las acciones de Estados Unidos está siendo ocupado por los líderes centroamericanos, que han pasado meses reforzando su poder y atacando sistemáticamente a los opositores que se interponen en su camino.

En los últimos meses, el partido gobernante de El Salvador destituyó al fiscal general y a cinco jueces de la Corte Suprema, impulsó planes para ampliar los límites del mandato presidencial, y adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, en parte para reducir la dependencia del país del dólar estadounidense.

La fiscala general de Guatemala, a quien el presidente ha descrito como su amiga, reemplazó a Sandoval con un fiscal que está siendo investigado por el mal manejo de un casño contra los donantes de campaña de un expresidente. Ahora, los integrantes restantes de la unidad anticorrupción indican que algunos de sus casos más importantes están siendo perjudicados.

En un comunicado, la oficina del presidente negó que Giammattei hubiera aceptado sobornos o participado en actos de corrupción y declaró su “compromiso absoluto” para ayudar a aclarar cualquier confusión en torno a las denuncias.

Y en Nicaragua el gobierno se ha acercado cada vez más a una dictadura, ya que el presidente Daniel Ortega ha encarcelado a casi todos los candidatos que planificaban competir contra él en las elecciones de este año.

“Hay que tener cuidado con la forma en que se cumplen las amenazas“, dijo Tom Shannon, quien fue funcionario de alto nivel del Departamento de Estado en los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump, y ahora cabildea para el gobierno de El Salvador.

“Ortega ha decidido que no estamos en condiciones de enfrentarlo”, dijo Shannon, refiriéndose al presidente de Nicaragua. “Así que está parado en medio del camino con ambos dedos del medio extendidos hacia nosotros, y toda la región está mirando”.

El gobierno admite que su presión anticorrupción no ha funcionado lo suficiente, impedida por las poderosas fuerzas en Centroamérica que se resisten al cambio.

“Tenemos que reconocer que lo que hemos hecho hasta ahora no ha logrado demostrar la importancia de manejar esto”, dijo Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Departamento de Estado a la región. “Los que están comprometidos con el statu quo ven los esfuerzos para combatir la impunidad y la corrupción como una amenaza para sus intereses” y “están muy decididos a preservar ese statu quo”.

El retroceso antidemocrático de Centroamérica se aceleró bajo el mandato de Trump, quien mantuvo una relación transaccional con la región: mientras sus líderes trataran de interceptar a los migrantes, él no comentaría sobre sus asuntos internos, dijeron los exfuncionarios. Trump también dejó claro que si se negaban, estaba dispuesto a castigarlos rápidamente, recortando la ayuda o imponiendo aranceles, como hizo con México.

Así que los gobiernos centroamericanos reforzaron la aplicación de la ley en sus fronteras, pero también empezaron a desmantelar las principales unidades anticorrupción que investigaban a los poderosos.

Biden llegó al cargo con menos aliados que nunca en la lucha por la rendición de cuentas en la región, y aunque pocos esperarían que igualara la voluntad de Trump de castigar a las naciones para salirse con la suya, funcionarios y exfuncionarios dicen que la relativa pasividad del gobierno frente a la corrupción le ha costado a Estados Unidos influencia en la región.

Aparte de un puñado de nuevas sanciones y de quitarle las visas a elementos corruptos de la región, la respuesta más contundente de Estados Unidos se ha producido a través de expresiones de enojo en entrevistas con la prensa y publicaciones en Twitter.

“Los tuits son afirmaciones y advertencias que, por supuesto, tienen que ser respaldadas muy rápidamente por medidas concretas o, de lo contrario, no serán tomadas en cuenta”, dijo Stephen McFarland, exembajador estadounidense en Guatemala de 2008 a 2011.

“Es como cuando le dices a tu hijo: ‘No hagas algo’, pero cuando lo hace, no hay consecuencias”, dijo Damian Merlo, un lobista que representa al gobierno de El Salvador. “Con Trump”, añadió, “habría consecuencias”.

Tras el despido de Sandoval, la gestión está tratando de tomar una línea más dura en Guatemala, diciendo que dejaría de colaborar con la oficina de la procuraduría general. Pero el gobierno aún trabaja con el presidente guatemalteco, Giammattei: en julio, Estados Unidos reanudó la expulsión de migrantes poniéndolos en vuelos directamente de regreso a Guatemala, una medida que se ha merecido las críticas de los grupos de derechos humanos.

“Su prioridad es la migración, y están sacrificando a la justicia”, dijo Helen Mack Chang, activista guatemalteca de derechos humanos. “Están haciendo lo mismo que Trump”.

En las semanas previas a su despido, Sandoval y su equipo trabajaron intensamente para recopilar pruebas que corroborasen la declaración del testigo que afirmaba haber dejado una alfombra llena de dinero en efectivo en la casa del presidente.

Determinaron que el testigo probablemente había dado con un plan de una empresa minera respaldada por Rusia para sobornar a Giammattei por el derecho de operar parte de un puerto guatemalteco. Tras entregar la alfombra rellena de dinero, el testigo escuchó a uno de los hombres decir que acababan de garantizar “puerta libre en la Portuaria”, según su declaración.

En julio, apenas unas semanas después de iniciada la investigación, María Consuelo Porras, la fiscala general y aliada cercana del presidente, despidió a Sandoval, alegando que no había cumplido órdenes. Sandoval estaba seguro de que ella acabaría con la investigación, así que se marchó con todos los documentos y al huir a Washington los entregó a funcionarios del orden público estadounidenses.

El Departamento de Justicia está estudiando ahora las acusaciones, según un funcionario estadounidense.

Porras prometió que no se obstruiría el trabajo de la unidad anticorrupción que antes dirigía Sandoval. Pero dos fiscales de esa unidad, que hablaron en condición de anonimato por miedo a represalias, dijeron en entrevistas que ella ya está socavando sus investigaciones.

“Las investigaciones están en manos de los corruptos”, dijo Sandoval. “Sin que nadie los detenga”.

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José Francisco Ávila anuncia fecha de estreno de su autobiografía

Bronx, NY, 24 de septiembre de 2021: José Francisco Ávila anuncia el lanzamiento de su libro, El Poder del Orgullo Pan-Garífuna Afrolatino Mi búsqueda de identidad racial, ancestral, étnica y cultural   (El libro electrónico está disponible para pre-pedido en la Tienda Kindle aquí)

En esta autobiografía emancipadora y convincente, el hijo de un padre negro caribe / garífuna y una madre mestiza, cuenta la historia de cómo su lucha por reconciliar las percepciones sociales de su herencia multirracial y étnica, lo llevó a una búsqueda de identidad racial, ancestral, étnica y cultural, que lo llevó a impulsar el Movimiento Moderno Garífuna y resulto en el Movimiento Afrodescendiente en América Latina.

José Francisco lleva a los lectores a un viaje convincente de cómo su búsqueda lo llevó a investigar su ascendencia, y cómo el poder de su orgullo racial, ancestral, étnico y cultural, lo llevó a su misión de por vida, informar, empoderar y abogar por su pueblo, que se convirtió en su campaña de por la justicia social de base y, finalmente, en un movimiento transnacional.

Reflexionando sobre sus experiencias vividas, ofrece una exploración única y reflexiva de cómo influyeron en su pensamiento. Desde su nacimiento en Honduras, donde su padre lo expuso a la justicia social, migrando a Boston, MA, durante la desegregación racial, trasladándose a Dallas, TX, durante la era posmoderna de la globalización y la Revolución Digital.

“He pasado los últimos años reflexionando sobre las historias que quería leer pero que aún no se habían escrito, por lo tanto, decidí proporcionar una plataforma para celebrar los logros, exitos y contribuciones de los garífunas. Esas historias, y mis experiencias vividas, forman la esencia de la línea argumental del libro e El Poder del Orgullo Pan-Garífuna Afrolatino“, dijo el autor José Francisco Ávila.

Este poderoso libro captura la convicción de José Francisco Ávila de que necesitamos narrar nuestras propias historias con nuestras propias palabras, para hacer justicia a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Esto es más urgente, en esta era, donde se están aprobando leyes para eliminar los planes de estudio que examinan cuestiones sociales, culturales y legales relacionadas con la raza y el racismo en los Estados Unidos, y el continuo blanqueo de la historia.

El lanzamiento oficial del libro está programado para el domingo 24 de octubre de 2021, de 3 pm a 7 pm, en el Centro Comunitario Justice Sonia Sotomayor, 1000 Rosedale Avenue, Bronx, NY 10472

El libro estará disponible para su compra en Amazon.

(El libro electrónico está disponible para pre-pedido en la Tienda Kindle aquí)

Los detalles completos sobre el libro junto con más detalles se pueden encontrar en www.josefranciscoavila.com

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José Francisco Ávila

Garifuna Afro-Latino Author – Publisher

If it’s not written, It doesn’t exist!

Website: https://josefranciscoavila.com

Email: josefranciscoavila@gmail.com

Tel:  (810) 462-1243

Twitter: @JoseFAvilaLopez

Facebook: https://www.facebook.com/josefranciscoavilaauthor

LinkedIn: Jose Francisco Avila

Instagram: @josefavi

Spotify Playlist:  Jose Francisco’s Playlist

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Noticias Internacionales

La madre costarricense que perdonó al hombre que causó la muerte de su hija

CORTESÍA: FAMILIA JIMÉNEZ

“Tuvimos que esperar en el hospital un montón de tiempo para ver el cuerpo y recuerdo que me puse a pensar: mi hija está muerta, pero ¿y dónde estará el muchacho?, ¿qué le estará pasando?, él me necesita, él está vivo”.

Elizabeth Jiménez perdió a su hija María en un accidente de tránsito en marzo de 2017.

El joven al que se refiere es la persona que conducía el automóvil en que viajaba María. Era el chico con que salía.

Nicholas Tay fue enviado a prisión en noviembre de ese año y salió en libertad casi dos años después, a finales de 2019.

Ambos compartieron su extraordinaria historia con BBC Mundo: Jiménez, desde su casa en Inglaterra, y Nick, como ella lo llama, desde su hogar, en Singapur.

Por: Margarita Rodríguez*
BBC News Mundo

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Noticias Internacionales

Bicentenario: por qué Panamá no celebra su independencia de España

Panamá celebra su independencia de España cada 28 de noviembre. | AFP

Centroamérica celebra este miércoles los 200 años de su independencia. Pero no toda Centroamérica lo celebra.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica festejan este 15 de septiembre el bicentenario de la firma del Acta de Independencia de América Central, con la que rompieron los lazos de más de dos siglos con el imperio español.

Pero una nación -geográficamente centroamericana- no estuvo incluida en el acta y tuvo que esperar otros dos meses para separarse de España y varias décadas para convertirse en estado independiente.

“Panamá logra la independencia (de España) el 28 de noviembre de 1821, más tarde que el resto de los otros países centroamericanos. Y a diferencia de ellos, no se convierte en una república sino que pasa a formar parte de la Gran Colombia, el proyecto de unión de naciones de (Simón) Bolívar”, dice a BBC Mundo el historiador Víctor Ortiz, del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con el académico, los procesos que llevaron a tan distintos rumbos a Panamá y las entonces recién independizadas repúblicas centroamericanas hay que buscarlos en la Historia.

Y más precisamente, en los tiempos de la conquista y la colonización y la forma en la que se desarrollaron diferencias económicas, políticas y sociales entre los distintos territorios españoles en América.

Por: Lioman Lima – @liomanlima
BBC News Mundo

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Noticias Internacionales

Bukele acabó con la democracia y lo peor está por venir

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en mayo de 2021Credit...Rodrigo Sura/EPA vía Shutterstock

SAN SALVADOR — Mi país ya no es una democracia imperfecta, es un régimen híbrido con fuertes elementos de autoritarismo y algunos escasos remanentes de institucionalidad democrática.

Aunque eso es suficiente mala noticia, creo que lo peor está por venir.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no va a detenerse en su ejercicio del poder absoluto. De hecho, en las últimas semanas, Bukele ha acelerado su carrera para desmantelar el Estado de derecho salvadoreño.

El camino hasta aquí ha incluido las urnas. Bukele arrasó en las presidenciales de 2019 y desbarató a los demás partidos en las legislativas de 2021. Llegó al poder por la vía democrática, pero lo ha ocupado para concentrar más poder por la vía autoritaria.

En solo 11 días, han salido a la luz detalles de su negociación secreta con las tres pandillas; ha utilizado a la Asamblea Legislativa, que controla, para reformar leyes y purgar a un tercio de los jueces del país, allanando el camino para nombrar a jueces leales a él. Y, como si no bastara, violando la Constitución, la Sala de lo Constitucional impuesta por sus diputados emitió una resolución que permite la reelección inmediata de Bukele para el periodo 2024-2029. Todo esto sin contar algunas piezas que parecen añejas, como la ley de inmunidad para sus funcionarios por las compras en pandemia que aprobó su Asamblea en mayo; u otras más recientes que aún estamos procesando, como la entrada en vigor de la Ley Bitcoin del 7 de septiembre, de la que el gobierno ni siquiera ha informado quiénes están a cargo de su implementación.

Es difícil centrarse en uno solo de estos escándalos protagonizados por un presidente devenido en autócrata y que degradan la joven democracia salvadoreña a un triste espectáculo. La estrategia de Bukele es hacerlo todo rápido, mientras conserve su alto índice de aprobación, que actualmente alcanza casi el 85 por ciento, y antes de que más gente abra los ojos.

Quien entiende que, además de meter un voto en una caja cada cinco años, la democracia también es balance e independencia de poderes, rendición de cuentas a la sociedad, respeto a la Constitución y alternabilidad en el poder, comprende que esto es otra cosa. Cada día más, Bukele es el Estado.

Apenas quedan rasgos democráticos y voces contundentes contra el presidente. La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar tarde. Las señales estaban ahí desde su llegada al poder, pero los gobiernos del continente y el de Estados Unidos esperaron demasiado tiempo. Ahora Bukele ya garantizó su posibilidad de reelección.

Aunque Washington emitió condenas severas y listas de corrupción con funcionarios de Bukele incluidos, la embajada estadounidense en San Salvador jugaba con la mano dócil y limpiaba la cara del presidente con eventos de entrega de vacunas o donándole 12 helicópteros para el ejército que Bukele ha prometido duplicar apenas unos días antes de la última violación a la Constitución. El resto de la comunidad internacional ha sido timorata, si no completamente cobarde.

Lo digo como salvadoreño, pero también como alguien que dirige la redacción de El Faro, un medio independiente que se ha dedicado a investigar abusos del poder, corrupción y violencia de los gobiernos de El Salvador que antecedieron a Bukele, igual que ahora, siempre con consecuencias de ataques gubernamentales y campañas de desprestigio, pero nunca ante un presidente como este, que ha declarado su enemigo al periódico y tiene todas las herramientas para intentar desmantelarlo.

He vivido el recrudecimiento de la represión presidencial: seguimientos, persecución de fuentes, difamación de los colegas, constantes ataques públicos, extralimitadas auditorías de Hacienda, amenazas directas de funcionarios en redes sociales. Todo ello ha quedado consignado en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a todos los miembros del periódico, y también en el registro de la Asociación de Periodistas salvadoreña, que denunció que en lo que va de año ya se superó el número de agresiones a periodistas ocurridas en todo 2020.

Absorta en cubrir sus necesidades del día a día, harta de los políticos tradicionales que saquearon este país, la población en general no es de momento un obstáculo: idolatra a su caudillo.

¿Entonces qué queda? Queda un reducido grupo de la ciudadanía que, apenas organizado, entiende el abismo al que descendemos y está dispuesto a resistirse. También la prensa independiente que ha descubierto decenas de casos de corrupción de este gobierno, a pesar de los ataques feroces del presidente, que ha ocupado cadenas nacionales y, por supuesto, su cuenta de Twitter, para lanzar a sus seguidores contra esos periodistas.

Bukele no configuró un esquema autoritario para comportarse como un demócrata. Las piezas ya están dispuestas en el tablero y pronto empezará a moverlas.

Todas las señales apuntan a que la etapa de represión velada terminará en breve y dará paso a medidas similares a las que vive Nicaragua en la actualidad: encarcelamiento y persecución de periodistas, activistas y opositores políticos con casos armados a voluntad del presidente Daniel Ortega.

Ya asoman ejemplos. La semana pasada fue detenido un activista contra la implementación del bitcóin, sin orden de captura ni conocimiento de la Fiscalía. Fue liberado a las horas, pero sus teléfonos fueron decomisados y su computadora solo siguió en poder de su madre porque ella se resistió a dársela al policía que se la exigía.

Las voces críticas deben entender esto y prepararse para el Estado plenamente represivo que viene.

Es importante que seamos precisos para detallar cómo empezó la represión y cómo se agravó. Ser testigos es fundamental y ser protagonistas tendrá un costo. De aquí en adelante, hay que preparar planes de reacción inmediata ante arrestos injustificados; alertar a los aliados internacionales sobre la urgente situación, registrar cada detalle, cada carro sin placas, cada amenaza en redes, cada policía fotografiando las concentraciones de protesta.

Hay que asumir que en una tiranía el reto al poderoso no termina en un comunicado de prensa ni en un tuit, sino tras barrotes o perseguidos, y para ello hay que prepararse.

Pocas veces desde que en El Salvador se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992 la ciudadanía y el periodismo habían sido tan necesarios. Ahora, más que necesarios, son el único rincón crítico que sobrevive.

Por Óscar Martínez

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