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El gobierno de Nicolás Maduro reprime a su ejército para mantenerse en el poder

MARACAY, Venezuela.— Una semana después de que la agencia venezolana de inteligencia lo detuviera, el capitán retirado de la Armada apareció destrozado ante un tribunal militar. Estaba en una silla de ruedas y mostraba signos de tortura.

“Auxilio”, le dijo a su abogado.

El capitán, Rafael Acosta, murió ese día. Fue enterrado el 10 de julio, tres semanas después, en contra de los deseos de su esposa y rodeado de guardias de seguridad en una operación controlada por el gobierno. Los cinco familiares a los que se les permitió asistir no pudieron verlo: el cuerpo estaba envuelto en un plástico marrón.

Según algunas secciones del informe de su autopsia, que fueron filtradas, Acosta sufrió un traumatismo por fuerza contundente y electrocución, y las autoridades han admitido el uso de fuerza excesiva en su caso. Su muerte evidencia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha usado un brutal aparato de represión contra sus propios militares, en un esfuerzo por mantener el control de las fuerzas armadas y, a través de ellas, del Estado.

En reiteradas ocasiones, los principales líderes militares han declarado su lealtad al gobierno. Pero en los últimos dos años, a medida que la economía petrolera se derrumbaba y la mayoría de los venezolanos empezaron a sufrir de una severa escasez de alimentos y medicinas, las facciones dentro de las fuerzas de seguridad han ejecutado al menos cinco operaciones para derrocar o asesinar al mandatario.

El gobierno afirma haber frustrado al menos una docena más de complots en ese período, incluido un plan con el que Acosta y otros cinco detenidos fueron vinculados.

Los medios estatales definen esas amenazas, reales e imaginarias, como “un golpe continuado”. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la organización política de Maduro, recurre a esa mentalidad de asedio para justificar la vigilancia constante, las detenciones arbitrarias y las torturas hacia quienes considera sus enemigos, lo que incluye a los 160.000 soldados de las fuerzas armadas de Venezuela, según han denunciado las Naciones Unidas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los familiares de las víctimas.

“El abuso contra los oficiales ha crecido porque representan una amenaza real para el gobierno de Maduro”, dijo el general Manuel Cristopher Figuera, exdirector de Inteligencia de Venezuela, quien desertó en abril y habló desde Estados Unidos.

Ahora hay 217 oficiales, entre activos y retirados, que se encuentran detenidos en las cárceles venezolanas, incluidos doce generales, según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una organización sin fines de lucro con sede en Caracas que representa a varios de los efectivos militares arrestados.

La coalición ha documentado 250 casos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas contra oficiales militares, sus familiares y activistas de la oposición desde 2017. Muchas de las víctimas han pasado años en la cárcel sin juicio. Pocos han sido condenados por delitos y la mayoría ni siquiera han sido acusados, según la organización.

“Mientras más débiles son, más fuerte es la tortura contra la gente que consideran como amenazas”, dijo Ana Leonor Acosta, abogada de la coalición. Acosta no está relacionada con el capitán Acosta.

Estos abusos fueron divulgados el mes pasado cuando Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicó un duro informe en el que se muestra que el gobierno venezolano sometió a prisioneros, que son opositores políticos, a “la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.

Desde que Maduro asumió el cargo, Venezuela ha perdido dos tercios de su producto interno bruto, según el Fondo Monetario Internacional. Las condiciones empeoraron después de que el gobierno de Estados Unidos, indignado por la retórica y las tácticas represivas de Maduro, respaldó a la oposición e impuso sanciones que paralizaron la industria petrolera.

Naciones Unidas estima que cuatro millones de venezolanos han salido del país por el grave deterioro en las condiciones de vida. Si bien Maduro ha tratado de garantizar la lealtad de los altos mandos militares con promociones y contratos lucrativos, los oficiales de rango medio y bajo y sus familias se ven cada vez más afectados por la crisis. Y eso genera inquietud en las filas castrenses.

“El hambre llegó a los cuarteles y se infectaron con disidencia”, dijo Acosta, la abogada. “Las fuerzas armadas están llenas de paranoia, desconfianza, y de la división entre los que apoyan a este gobierno y los que no”.

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela no respondió a las preguntas enviadas por The New York Times sobre las denuncias de tortura. La oficina del fiscal general, que maneja las investigaciones penales y de derechos humanos, declinó hacer comentarios. En el pasado, el gobierno ha negado las acusaciones de tortura sistemática, atribuyendo algunos casos específicos a excesos cometidos por la tropa.

En el caso del capitán Acosta, el gobierno detuvo a los dos soldados de bajo rango que firmaron su orden de detención. Diosdado Cabello, uno de los máximos dirigentes del PSUV, dijo que una investigación del gobierno encontró que los soldados habían usado fuerza excesiva cuando el capitán se resistió al arresto.

“Eso tiene sus responsables, pero que eso sea una política de Estado, no lo es”, dijo Cabello.

Los críticos del gobierno de Maduro creen que los dos soldados son chivos expiatorios de las decisiones tomadas en el palacio presidencial.

“Eso fue una decisión de Maduro. Él es quien manda allá”, dijo el general Figuera, exdirector de Inteligencia de Venezuela. “Él es quien da las órdenes”.

La familia del capitán Acosta también cree que lo que sucedió con él forma parte de un patrón de abusos cometidos por el Estado.

“Eso es una cortina de humo”, dijo la esposa del capitán Acosta, Waleswka Pérez, en una entrevista. “Lo que pasó con mi esposo viene pasando hace mucho tiempo, y hay bastante temor, porque son capaces de hacer cualquier cosa”.

El creciente uso de métodos de tortura resulta un cambio radical para un gobierno socialista que llegó al poder hace dos décadas y prometió eliminar los abusos contra los derechos humanos cometidos por sus predecesores. Maduro firmó una ley contra la tortura en 2013, poco después de asumir la presidencia tras la muerte de su predecesor y mentor, Hugo Chávez.

“Un gobierno socialista tiene que ser un gobierno humanista, no puede estar torturando a nadie”, dijo Chávez en 2006 durante la inauguración de una escuela que lleva el nombre de Jorge Rodríguez, un líder de la izquierda que fue torturado y asesinado por las fuerzas de seguridad venezolanas en 1976.

Los hijos de Rodríguez, Jorge y Delcy, se han convertido en los principales asesores de Maduro y justifican la represión política del presidente. En un discurso televisado, Jorge Rodríguez afirmó que Acosta y los otros hombres detenidos el mismo día planearon asesinar a los líderes del gobierno. También compartió un video que dijo que mostraba al capitán Acosta discutiendo los planes para un golpe de Estado.

Para mantener a las fuerzas de seguridad bajo control, Maduro ha recurrido a tácticas cada vez más brutales, dijo Acosta, la abogada.

Juan Carlos Caguaripano, un capitán de la Guardia Nacional que en 2017 dirigió un asalto fallido en una base militar, sufrió lesiones en los testículos debido a los golpes que recibió en la cárcel, según afirman sus familiares y abogados. Caguaripano les dijo a sus abogados que gracias a eso hubo una pausa en los interrogatorios porque sufrió un fuerte sangrado.

Óscar Pérez, un oficial de policía que dirigió una pequeña unidad antigubernamental, recibió al menos quince disparos a quemarropa en enero de 2018 después de haber dicho en repetidas oportunidades que se iba a rendir en medio de un tiroteo que transmitió en vivo por redes sociales.

Andrik Carrizales, un comandante de la Fuerza Aérea Venezolana, recibió un disparo en la cabeza por agentes de seguridad después de unirse a una operación que buscaba controlar una fábrica de armas en Maracay el 30 de abril. Su abogado dijo que después de rendirse, el mayor Carrizales fue esposado, lo forzaron a ponerse de rodillas y le dispararon a corta distancia.

Carrizales sobrevivió y fue detenido en un hospital militar, a pesar de haberse quedado ciego y presentar lesiones potencialmente mortales.

“A él lo juzgan por rebelión, pero no juzgan a sus victimarios”, dijo su abogado, Martín Ríos. “Es una tortura sistemática en contra del mayor, para criminalizar la protesta, infundiendo terror y miedo para que la gente no acceda a los mecanismos de justicia ni denuncie”.

El clima de miedo es más palpable en Maracay, el centro militar de Venezuela, hogar de las principales bases aéreas y academias militares de la nación.

La importancia de esta ciudad en el mundo militar, la ha convertido en un semillero de conspiraciones. Fue desde aquí que Chávez, un comandante de paracaidistas, dio un golpe de Estado contra el gobierno democrático de Venezuela en 1992. Fracasó, pero siete años después se convirtió en presidente. En 2002, los paracaidistas de Maracay se levantaron nuevamente, esta vez en un contragolpe para devolver al poder a Chávez, que había sido depuesto.

Hoy, Maracay es el epicentro de las purgas militares de Maduro. Entre sus residentes estuvieron al menos cuatro de los cinco funcionarios de seguridad, activos y retirados, que fueron detenidos junto con el capitán Acosta.

Su prima, Carmen Acosta, quien es una de los pocos miembros de su familia que pudo asistir al funeral, cree que es inocente.

“Ni siquiera lo imputaron”, dijo. “Murió indefenso, inocente y solo”.

Los abogados de derechos humanos dicen que cada vez es más difícil documentar y denunciar casos de tortura en Venezuela. La campaña de miedo del gobierno se extiende mucho más allá de los oficiales acusados, aterrorizando a sus familiares, representantes legales, asociados y comunidades enteras.

En Maracay, los familiares del capitán Acosta dicen que viven con miedo. Su madre octogenaria se encuentra aterrorizada, por lo que ha decidido recluirse y se niega a ver incluso a parientes cercanos por temor a que pueda ponerlos en peligro.

Carmen Acosta dijo que decidió hablar con la prensa después de varias semanas de angustia.

“Si nos quedamos callados, ellos ganan”, dijo, conteniendo las lágrimas. “Eso es lo que quieren: hacer que todos vivamos con miedo”.

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Nicaragua: autoridades detienen a los dos principales líderes empresariales del país

GETTY IMAGES | Michael Healy acudió este jueves a la Fiscalía y fue detenido poco después.

El presidente de la patronal de Nicaragua, Michael Healy, y el vicepresidente de esa institución, Álvaro Vargas, fueron arrestados este jueves.

Ambos están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, así como por haber realizado supuestamente «actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación» del país, de acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Nacional.

Healy asumió la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hace pocos meses, luego de que su antecesor en el cargo, José Aguerri, fuera arrestado en julio pasado bajo acusaciones similares.

Con estos dos nuevos arrestos son ya 39 las personalidades críticas con el gobierno del mandatario Daniel Ortega que han sido detenidas en Nicaragua desde junio, entre las cuales hay siete candidatos presidenciales que aspiraban a competir en los comicios generales del próximo 7 de noviembre, así como periodistas y líderes empresariales, sociales y políticos.

Según informó el Ministerio Público, un tribunal ordenó la detención de Healy y de Vargas durante 90 días, mientras se adelantan las investigaciones.

En un comunicado divulgado este jueves, Cosep calificó estas detenciones como «arbitrarias» e «ilegales» y señaló que se trataba de un ataque directo del gobierno hacia esa institución, «lo cual no contribuye a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos».

Además, exigieron la liberación inmediata de los detenidos, así como la de «todos los presos políticos».

El sector empresarial nicaragüense fue un gran aliado del gobierno de Ortega hasta 2018, cuando asumió una postura crítica ante el Ejecutivo durante la ola de protestas desatadas en el país que fueron duramente reprimidas por el gobierno y en las que murieron cientos de personas.

Por: BBC News Mundo

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Príncipe William: en qué consiste el exitoso plan de conservación de Costa Rica

REUTERS | La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunció el reconocimiento para Costa Rica.

Son días felices en Costa Rica.

La semana pasada, la banda Coldplay anunció que abrirá allí su gira de conciertos The Music Of The Spheres («Música de las esferas») prevista para 2022, por la fama mundial de este pequeño país en el uso de energías limpias.

Y el domingo, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, le otorgó a su gobierno el premio Earthshot en la categoría «proteger y restaurar la naturaleza».

Un reconocimiento de 1 millón de libras esterlinas (unos US$1,3 millones) por su exitoso modelo de conservación del bosque.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo en Twitter que su gobierno invertirá el premio en la conservación de los ecosistemas marinos.

Según Alvarado, los fondos se usarán para «replicar en el mar el modelo de conservación que se ha implementado exitosamente en los ecosistemas terrestres».

El premio también recuerda que este programa, que sostiene una parte importante de los bosques privados, sufre una presión económica creciente.

Reforestación y protección
Costa Rica es, según un informe de 2016 de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el primer país de Latinoamérica que logró revertir la deforestación y aumentar su cobertura boscosa.

Cifras recientes del Banco Mundial muestran que el país aumentó su cobertura forestal de un 47% en el año 2000 al 59% en 2020.

Este avance se debe en parte al programa galardonado por el príncipe Guillermo y a un cambio en la estructura productiva del país, que antes se enfocaba en gran parte en la ganadería.

El plan ambiental premiado combina la conservación del bosque en áreas silvestres protegidas que pertenecen al Estado con la reforestación y preservación en terrenos que pertenecen a dueños privados.

En el caso del ámbito privado existe un sistema de pago por servicios ambientales (PSA), que consiste en una compensación económica para las personas que poseen fincas y que, en vez de usarlas para cultivos o ganadería, deciden conservar y proteger los árboles o incluso combinar esa protección con otras actividades productivas.

Los pagos por servicios ambientales existen en varios países del mundo, pero en Costa Rica hay diferencias palpables, según le explica a BBC Mundo Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) que desarrolla el programa.

Una de ellas es que el país tiene fondos ya asegurados cada año.

«La ventaja es que la ley forestal le dio una fuente de recursos fija, sólida y constante», explica Rodríguez.

La ley forestal de 1996 creó los PSA y estableció un impuesto a la gasolina y a otros hidrocarburos que actualmente es del 3,5%.

Según Rodríguez, la mayoría de países que tiene este tipo de esquemas establece un presupuesto cada año, según las condiciones del país.

«Es lo que sucedía en Costa Rica antes de la ley forestal: el Ministerio de Hacienda era el que decidía cuánto presupuestaba. En cambio ahora, con los datos de Recope (la refinadora de petróleo del país) hay una estimación bastante cercana de cuánto será el ingreso. Eso nos permite a nosotros planificar a mediano y largo plazo», indica el director de Fonafifo.

Con esa planificaciónse hacen contratos por cinco, diez y hasta 16 años para la conservación de los bosques y se mantiene el compromiso con los dueños, que en su mayoría tiene fincas pequeñas y medianas.

Una clave adicional es que el intercambio económico no se ve como una «regalía» por una buena causa, sino como un pago por un servicio obtenido.

«Ahora se reconoce por los servicios ambientales que genera, de los cuales nos beneficiamos todos los ciudadanos del mundo, pues los árboles capturan CO2, gran responsable del calentamiento global», señala Rodríguez.

Amplio apoyo político
Además de tener una fuente de ingresos constante y una planificación adecuada, otra de las pistas para entender el éxito de Costa Rica en este campo parece ser el apoyo de distintos gobiernos.

Al principio no fue fácil, contó el exministro Carlos Manuel Rodríguez al medio costarricense La Nación.

«Costó mucho impulsar el programa en aquel momento», dijo.

«Pasados varios gobiernos, ha trascendido a las distintas administraciones, y estas han sabido adueñarse de los PSA y llevarlos adelante al margen de diferencias políticas», precisa Rodríguez, quien lideró la creación del programa en el país y lo empezó a implementar en 1998.

Inversión insuficiente
El programa invierte entre unos US$24 y $30 millones anuales en el pago económico a los productores que deciden resguardar el bosque, pero eso solo alcanza para atender el 20% de las solicitudes que recibe cada año.

«La inversión es importante, pero es totalmente insuficiente», se queja Rodríguez.

«Si quisiéramos atender el universo (toda la demanda), tendríamos que tener un presupuesto cinco veces superior para pagar los mismos montos. Pero también es cierto que nosotros quisiéramos pagarles más a los productores», observa.

Los retos para sumar más hectáreas protegidas se han hecho más profundos en los últimos años.

No tanto por falta de compromiso directo con el medio ambiente, sino por una serie de decisiones fiscales que tienen a Costa Rica sumida en una constante presión económica internacional.

Por: María Fernanda Cruz Chaves
BBC News Mundo

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La histórica disputa en Centroamérica por la soberanía en el golfo de Fonseca

GETTY IMAGES

El golfo de Fonseca, en el océano Pacífico, ha sido históricamente una fuente de tensiones donde Honduras, El Salvador y Nicaragua hacen reclamos territoriales.

Ahora, el consejo de ministros hondureño publicó un decreto para «reafirmar la soberanía nacional en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en dichas aguas».

En el decreto, el gobierno de Honduras anuncia un plan de desarrollo para la región.

Pero ¿qué significa exactamente esto y por qué hay disputas territoriales en esta región?

Triple frontera
El golfo de Fonseca, con 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido escenario de conflictos territoriales desde las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

A diferencia de Nicaragua, que cuenta con 352 kilómetros de costa sobre el Pacífico, y El Salvador, con 307 km, para Honduras el golfo es su única salida a ese océano.

El principal problema es la falta de delimitación de las aguas, asunto que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para dirimir una disputa entre El Salvador y Honduras.

En una resolución en 1992, la CIJ determinó que ambos estados tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, pero adjudicó la administración del resto de las aguas del golfo a los tres países que lo comparten.

Isla Conejo, en el centro de la disputa
Pese a que apenas es un peñón de menos de 1 km cuadrado, Isla Conejo es objeto de una larga disputa por su soberanía entre El Salvador y Honduras.

En los años 80, cuando El Salvador estaba en plena guerra civil, el contingente militar salvadoreño que resguardaba la isla volvió al continente, y tropas del ejército hondureño aprovecharon para ocupar por primera vez el islote.

Entonces empezó una controversia diplomática entre ambos países. El Salvador argumenta que Honduras ocupó la isla ilegalmente, y este que el peñón es suyo por su mayor cercanía a la costa hondureña (unos 600 metros).

La disputa casi siempre resurge en las campañas electorales. Honduras celebra elecciones generales el 28 de noviembre.

Pero ¿por qué hay una disputa sobre una isla de medio kilómetro cuadrado?

La ubicación geográfica de sus vecinos forma una especie de pinza en la entrada de la bahía, lo cual cierra aún más el libre acceso pues ambos cuentan con una soberanía de 12 millas náuticas según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Si las autoridades nicaragüenses y salvadoreñas acordaran limitar la navegación en su mar territorial, podrían aislar a los hondureños.

En esas condiciones las islas en el golfo Fonseca tienen un valor fundamental, incluso un islote como Conejo.

Para Honduras el conflicto fue superado con el fallo de la Corte de La Haya en 1992 que reconoce la soberanía de 3 millas náuticas (5,5 km) desde la costa de cada nación.

Mientras El Salvador argumenta que Isla Conejo nunca formó parte de la resolución, pues no la menciona específicamente.

En la resolución se establece la soberanía sobre otras islas: El Tigre, que le pertenece a Honduras, y Meanguera y Meanguerita, a El Salvador.

En 2003, la CIJ rechazó una petición de El Salvador para revisar dicha resolución.

Por: BBC News Mundo

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Pronunciamiento de ONECA ante publicación de FLACSO

ASUNTO: Estudio sobre Garífunas. Las rutas del cuerpo entre el Aquí y el Allá Imaginarios colectivos sobre el fenómeno migratorio en las comunidades de Sambo Creek y Corozal. Tegucigalpa, 2021. ISBN 978-
99979-65-06-6.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO: Reyes, Milton y Gallo, Mildred
Dr. Francisco Herrera Alvarado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras;
Dr. Rolando Sierra Fonseca, Director FLACSO Honduras, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Dra. Josette Altmann Borbón, Secretaria General, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Mtr. Cinthya Fernández Lépiz, Coordinadora Académica Regional, FLACSO, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales;
MSc. Lorena Aguilar Revelo, Coordinadora Regional de Cooperación Internacional e Investigación,
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
OMIH, Observatorio para las Migraciones Internacionales de Honduras;
Sr. D. Juan José Sanzberro Gamio, AECID, Agencia Española de Cooperación Técnica para el Desarrollo.

Para ver mas clic aquí

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