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El plan maestro de Daniel Ortega

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en un discurso en Managua, la capital nicaragüense, en septiembre de 2018Credit...Jorge Torres/EPA vía Shutterstock

MANAGUA — Los procesos electorales en América Latina se dan de manera más o menos imperfecta, pero se dan; y, salvo pocas excepciones, los votos de los ciudadanos se cuentan de manera transparente. Son sistemas democráticos que aún no logran resolver problemas de fondo en nuestras sociedades, y en algunos países la credibilidad de las instituciones se ha deteriorado, pero los electores pueden corregir el rumbo. No es el caso de Nicaragua.

En noviembre de este año se celebran elecciones para presidente y vicepresidente, y para renovar el total de los asientos de la Asamblea Nacional. La decisión cerrada de Daniel Ortega, quien llegó por segunda vez a la presidencia en 2007, es reelegirse una vez más, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Así alcanzaría veinte años consecutivos de mando, sin contar los diez que gobernó en el periodo de la revolución en los años ochenta, con lo que superaría con creces a cualquier miembro de la familia Somoza, que gobernó el país directa o indirectamente entre 1937 y 1979.

En las últimas semanas, el plan maestro fraguado para impedir unas elecciones democráticas se ha echado a andar, y sus resultados empiezan a ser palpables.

¿Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua? Los hechos lo niegan.

La rebelión cívica iniciada en abril de 2018, con un saldo de al menos 328 asesinados, principalmente jóvenes, fue dominada por medio de la represión violenta, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora toca el turno de actuar a la maquinaria política. Estas elecciones están orquestadas para anular la participación de las fuerzas que representen un riesgo real de cambio político, apartar a los candidatos que verdaderamente sean un desafío a la continuidad de Ortega e impedir el derecho de la ciudadanía al voto libre y secreto.

La Asamblea Nacional, dominada por la aplanadora orteguista, aprobó en enero una reforma a la Constitución que impone la cadena perpetua por “delitos de odio”. Pero no busca castigar el odio racial o contra las minorías, sino a quienes adversan al régimen. También una ley de ciberdelitos, destinada a mantener bajo control a las redes sociales, y otra que impide presentarse como candidatos a cargos públicos a quienes caigan bajo la calificación de “agentes extranjeros”. Las causales son tantas, que resulta imposible librarse de algunas de ellas.

La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, pena con cárcel y despoja del derecho de ejercer cargos públicos a quienes, entre otros delitos antipatrióticos, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua”. Es la única ley en el mundo que castiga los aplausos.

En octubre del año pasado, una resolución votada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos advierte que deben darse negociaciones “incluyentes y oportunas” entre el gobierno y la oposición para acordar reformas electorales “significativas y coherentes con las normas internacionales”; modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera “totalmente independiente, transparente y responsable”; actualización del registro de votantes; y, entre otras medidas, observación electoral nacional e internacional.

Hace pocas semanas, al abrirse formalmente el periodo electoral, Ortega hizo todo lo contrario: copó la totalidad de los cargos de magistrados del Consejo Supremo Electoral con leales partidarios suyos; e introdujo una serie de reformas a la Ley Electoral que establecen aún mayores restricciones a los partidos. En estas decisiones no hubo ninguna clase de negociación con las fuerzas de la oposición.

Muy recientemente, fue despojado de su personería jurídica el Partido de Restauración Democrática, bajo cuya bandera participaría una amplia gama de organizaciones de oposición agrupadas en la Coalición Nacional, varias de ellas formadas a raíz de los sucesos de abril de 2018. Igual pasó con el Partido Conservador.

Ahora mismo, el Ministerio Público, obediente también, levanta cargos de lavado de dinero, bienes y activos en contra de Cristiana Chamorro Barrios, hasta hace poco presidenta de la Fundación Violeta Barrios, que lleva el nombre de su madre, expresidenta de Nicaragua. A la cabeza de las encuestas entre los candidatos presidenciales, la acusación contra Chamorro Barrios busca inhabilitarla.

Al mismo tiempo, esta semana los estudios de grabación de los programas de televisión de su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, que se transmiten a través de las redes sociales, fueron allanados por segunda vez por la policía, y sus equipos y archivos confiscados. Nada parece indicar que la persecución contra los medios independientes de comunicación vaya a detenerse.

En medio de estas condiciones adversas, que tienden a empeorar, permanece en la contienda la Alianza Ciudadanos por la Libertad, hasta ahora con su personería en regla. Aún debe escoger a sus candidatos, pero Ortega se ha arrogado, mediante diversos mecanismos y estratagemas, una especie de derecho de veto sobre quienes pueden competir contra él, y quienes no.

El aparato electoral es fiel a Ortega en sus distintos niveles, y en las mesas de votación, las papeletas y las actas estarán bajo el control mayoritario de sus partidarios. No existe a la fecha ningún organismo independiente, nacional o internacional, involucrado en la observación electoral.

Bajo un estado policial como el presente, no es posible imaginar ninguna actividad proselitista electoral en plazas o calles. El régimen no las permitirá, porque teme un desborde popular como el de hace tres años. Y la policía impide a los candidatos, de manera arbitraria, salir de sus domicilios. Se tratará entonces de unas elecciones donde, por lo visto, la campaña electoral se haría desde la cárcel, o con la casa por cárcel.

Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo manda que se deje de acosar y asediar a los opositores y disidentes políticos en Nicaragua, y que cesen las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica; y pide, además, “liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente”. Pero todas las demandas y censuras de los organismos internaciones son papel mojado para Ortega. Más de cien prisioneros políticos permanecen en las cárceles.

Mientras algún partido esté dispuesto a apañar el fraude, aceptando los escaños que le asignen como segunda fuerza en la Asamblea Nacional; y mientras su reelección sea reconocida diplomáticamente por los países occidentales una vez consumada, considerará que tiene la legitimidad que necesita.

Y como en las viejas historias de los dictadores latinoamericanos, algún subalterno le preguntará antes de abrir las urnas: ¿Con cuántos votos quiere ganar, Su Excelencia?

Por Sergio Ramírez

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Arrestan en Nicaragua a los opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro

Felix Maradiaga habló con periodistas fuera de la fiscalía antes de su arresto. - REUTERS

Las autoridades de Nicaragua arrestaron este martes a Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, otros potenciales contrincantes del presidente Daniel Ortega en las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre.

Maradiaga fue acusado de “terrorismo” y conspiración contra la soberanía e independencia de Nicaragua. Está siendo investigado en virtud de una controvertida nueva ley de seguridad aprobada en diciembre por el gobierno de Ortega.

Chamorro, por su parte, es acusado de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, informó la Policía Nacional.

Estados Unidos calificó a Ortega de “dictador” tras los arrestos.

Las de Maradiaga y Chamorro son la tercera y cuarta detención de posibles contrincantes de Ortega a cinco meses de la fecha de los comicios.

La semana pasada, la líder opositora Cristiana Chamorro fue puesta bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero, acusación que ella niega.

Y el sábado otra figura de la oposición, Arturo Cruz, fue detenido en el aeropuerto de Managua cuando llegaba de Estados Unidos.

El presidente Ortega, de 75 años, busca un cuarto mandato consecutivo.

Arrestos
Maradiaga, de 44 años y probable candidato presidencial de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, fue detenido después tras ser citado a una audiencia en la Fiscalía de Managua el martes.

Según los informes, la policía detuvo al opositor y su abogado en su auto después de salir de la oficina.

Un vocero de la oposición dijo que la policía había golpeado a Maradiaga durante el arresto y que se desconocía su paradero.

“Está siendo investigado por realizar actos que amenazan la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pidiendo intervenciones militares”, reza un comunicado de la policía.

También por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, añadió.

Chamorro, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, fue detenido en su residencia, al sur de Managua, que también fue allanada por la Policía Nacional, según reportó la agencia Efe.

Condena internacional
Los arrestos provocaron una rápida condena de la jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina.

“El arresto arbitrario del candidato presidencial Félix Maradiaga (…) debería resolver cualquier duda restante sobre las credenciales de Ortega como dictador”, dijo Julie Chung.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también expresó su preocupación en Twitter: “En los últimos 30 años, nunca había visto algo así. Se necesitan con urgencia esfuerzos multilaterales para detener a Ortega”.

Los cargos contra los opositores derivan de una ley aprobada en diciembre que apunta a “quienes piden, celebran y aplauden la imposición de sanciones contra el Estado nicaragüense”.

Sus partidarios dicen que es para defender la soberanía de Nicaragua contra la influencia extranjera hostil, pero los críticos aseguran que está diseñada para evitar que los políticos de la oposición se presenten a las elecciones.

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra Ortega y su gobierno.

En tanto, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, aludió este martes por segundo día consecutivo a las investigaciones de la Fiscalía contra los opositores, a quienes llamó “ladrones”, “terroristas” y “criminales”.

“Se creen eternamente impunes, (pero) la Justicia llega, tarde pero llega, en esta Nicaragua que venía prosperando y en reconciliación y en un modelo hermoso y ejemplar de alianzas por el bienestar de todos”, dijo Murillo en alusión al pacto que Ortega tuvo con la empresa privada hasta la rebelión social de 2018.

Opositores en prisión
Arturo Cruz, de 67 años, se encuentra en prisión preventiva mientras los fiscales investigan las denuncias de “provocación… y conspiración para atentar contra la integridad nacional”.

Cristiana Chamorro, también de 67 años, fue puesta bajo arresto domiciliario días después de anunciar que buscaría convertirse en la candidata presidencial de la opositora Alianza Ciudadana.

Muchos en la oposición la ven como la mejor esperanza de ganar a Ortega en las urnas. Su madre lo derrotó en las elecciones presidenciales de 1990.

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El Salvador autoriza el bitcoin como moneda de curso legal

Bukele asegura que su iniciativa generará empleos y aumentará la inclusión. - GETTY IMAGES

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la Ley Bitcoin y el centroamericano se convirtió con ello en el primer país del mundo en reconocer la criptodivisa como moneda de curso legal de intercambio.

La iniciativa, que salió adelante gracias al voto a favor de 62 diputados de los 84 que componen el Parlamento de mayoría oficialista y entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, establece solo el curso legal del bitcoin y no de otras criptomonedas.

La medida no contó con los votos de 19 diputados, 14 parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), 4 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, derecha) y uno del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, todos partidos opositores.

La normativa la dio a conocer a través de Twitter el presidente Nayib Bukele, quien ya el sábado anunció en un video difundido durante la conferencia Bitcoin 2021celebrada en Miami que enviaría dicha propuesta de ley a la Asamblea, y fue introducida a la sesión parlamentaria sin mayor discusión legislativa.

De acuerdo con el decreto, la ley tiene como objeto la regulación del bitcoin como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que la personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar.

La ley establece que el cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido “libremente por el mercado” y no estará sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal.

Y también que todo agente económico deberá aceptar el bitcoin como forma de pago “cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio” y que el órgano Ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda, de acuerdo a lo establecido en la ley.

Críticas e incógnitas
Desde que Bukele anunciara el sábado su intención de enviar el proyecto de ley a la Asamblea para su aprobación, la cuestión ha suscitado la crítica de los que señalan que quedan muchas incógnitas por despejar con respecto a la implementación del plan.

Ese mensaje fue el que repitió el diputado opositor Rodrigo Ávila durante su intervención en el pleno de la Asamblea.

Dijo que el bitcoin es “un mecanismo monetario volátil y su uso genera una situación grave si no se toman las medidas pertinentes”.

Señaló que en “varios” países se ha prohíbido el uso de criptomonedas, en especial el bitcoin, y en “otros” se ha alertado sobre el uso específico del bitcoin, y agregó que el bitcoin “se permite en varios países pero no ha sido oficializado como moneda de curso legal, lo que sí se está haciendo aquí sin un mayor análisis, ni la discusión debida”.

Por su parte, Carlos Acevedo, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva (2009-2013) y representante de Centroamérica ante el FMI, también hacía referencia a la volatilidad de las criptomonedas en el artículo publicado en el medio salvadoreño El Faro tras el anuncio del sábado de Bukele, antes de que la ley fuera aprobada.

Y el ahora consultor económico y catedrático universitario señalaba que el plan “adolece de una difícil viabilidad” y que “someter el sistema financiero a una apuesta por las criptomonedas representa un salto al vacío que bien pudiera terminar en catástrofe”.

Sin embargo, el presidente Bukele señaló en su Twitter que “la #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo 0 (cero) para quienes no quieran asumir riesgos”.

Y apuntó que “el gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción”.

Ya en el video emitido el sábado en la conferencia Bitcoin 2021, considerada uno de los mayores encuentros sobre criptomonedas, el mandatario dijo que la autorización de la criptodivisa como moneda de curso legal “en el corto plazo generará empleos y ayudará a proveer inclusión financiera para los miles de personas que se encuentran fuera de la economía formal”.

Y se anunció que El Salvador se asociará con Strike, una empresa de pagos digitales, para crear una infraestructura financiera moderna basada en el bitcoin.

Jack Mallers, fundador de la plataforma Strike, dijo durante la conferencia que el uso del bitcoin puede ayudar a bajar los costos de las transacciones y a aumentar la inclusión financiera en un país como El Salvador donde una parte importante de la población no tiene cuentas bancarias.

“Adoptar una moneda digital nativa como moneda de curso legal proporciona a El Salvador la red de pagos abierta más segura, eficiente y globalmente integrada del mundo”, dijo Mallers.

El corresponsal de la BBC Will Grant afirmó el sábado que se trata de un paso “atrevido” y destacó que gran parte de la economía de El Salvador se basa en las remesas del exterior y el cambio a una moneda digital puede permitir que las familias eviten las costosas tarifas que implica enviar dinero a casa cada mes.

“De cualquier manera, es un movimiento que probablemente refuerce la imagen de bitcoin como la ‘moneda del futuro’ y la posición del presidente Bukele entre sus partidarios como un innovador”, aseguró.

Para Rohan Gray, un experto de Digital Currency Global Initiative, Bukele es “un presidente joven que intenta capitalizar una imagen popular”.”Hay mucho de relaciones públicas detrás de anunciar algo como esto, incluso si no se han resuelto todos los detalles”, le dijo a la BBC.Gray advirtió que un país que adopte una criptomoneda como moneda de curso legal otorgaría un control considerable “a una red que no es estable, no tiene actores responsables y no tiene un historial de proporcionar el tipo de estabilidad de precios y liquidez que se supone que debe proporcionar una moneda”.

Bukele ha sido defensor del uso del bitcoin desde, al menos, 2017.

Tras el triunfo obtenido por su partido “Nuevas Ideas”, en las elecciones legislativas de febrero pasado, el mandatario cuenta con una mayoría absoluta a su favor para dar luz verde a sus propuestas.

En Japón, uno de los países más avanzados del mundo en el uso de criptomonedas, una reforma legal en 2017 convirtió al bitcoin en forma de pago, lo que algunos interpretaron como que se le había otorgado el estatus de moneda de curso legal.

Sin embargo, un reporte publicado en 2018 por el Banco Central de Japón aclaró que la criptomonedas como el bitcoin “no son una moneda de curso legal y su uso para pagos depende de la voluntad de la contraparte para aceptarlos”.

Por: Redacción – BBC News Mundo

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Meghan Markle da a luz a una niña, a la que llaman en honor a la reina y a Lady Di

El príncipe Enrique y Meghan Markle en un evento en Londres, Reino Unido, 15 de octubre de 2019. Toby Melville / Reuters

El príncipe Enrique y Meghan Markle han anunciado el nacimiento de su hija, a la que llamaron Lilibet Diana en homenaje a la reina Isabel II y a la difunta madre de Enrique.

La hermana menor de Archie nació este 4 de junio en un hospital de Santa Barbara, California. “Es con gran alegría que el príncipe Enrique y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, le dan la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor”, anunció la pareja en un comunicado.

La madre y la niña se encuentran bien, y actualmente se están instalando en casa. “Lili lleva el nombre de su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet”, agregó la pareja.

Fuente: Actualidad RT

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Estados Unidos compartirá 6 millones de vacunas

Varias dosis de la vacuna de Pfizer. (Foto: EFE/ Pablo Duer)

Los primeros 25 millones de vacunas que Estados Unidos compartirá con otros países irán destinados a varias regiones, incluyendo 6 millones de dosis para Centroamérica y Sudamérica.

Así lo anunció el presidente estadounidense, Joe Biden, en un comunicado en el que explicó que al menos el 75 % de estas dosis, casi 19 millones, se repartirán a través de la iniciativa Covax, el esfuerzo respaldado por la Organización Mundial de la Salud para comprar y distribuir vacunas a países de ingresos bajos y medios.

Asimismo, 7 millones de vacunas se destinarán a Asia; 5 millones a África; y otros 6 millones para países socios de la nación estadounidense.

«Mientras esta pandemia se prolongue en cualquier parte del mundo, el pueblo estadounidense seguirá siendo vulnerable; y Estados Unidos está comprometido a brindar la misma urgencia a los esfuerzos internacionales de vacunación que hemos demostrado en casa», argumentó Biden en la nota.

El mandatario aseguró que EE.UU. no comparte estas dosis «para obtener favores ni concesiones», sino que lo hace para salvar vidas y «liderar el mundo para poner fin a la pandemia».

Esta será la primera vez que EE.UU. comparta con el resto del mundo vacunas aprobadas para uso interno -las de Moderna, Pfizer, y Johnson&Johnson-, ya que anteriormente había anunciado el envío entre mayo y junio de 60 millones de dosis de AstraZeneca, que aún no ha recibido el visto bueno de los reguladores estadounidenses.

Estos 25 millones de dosis forman parte de los 80 millones de vacunas que EE.UU. pretende compartir con otros países en las próximas semanas.

Existe una gran desigualdad en la distribución de vacunas en el mundo, donde contrasta por ejemplo la abundancia de EE.UU. con la escasez de la India, convertida en actual epicentro de la pandemia.

En concreto, el 87 % de las inoculaciones han sido administradas en países con ingresos altos y medios, mientras que las naciones empobrecidas han recibido solo el 0,2 %, dicen datos de abril de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por: Noticia Long Island

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