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Inmigración

El Salvador llega a un acuerdo con el gobierno de Trump para recibir a solicitantes de asilo

El gobierno de El Salvador alcanzó este viernes un acuerdo con Estados Unidos para recibir a solicitantes de asilo, en lo que supone el último esfuerzo de la administración de Donald Trump para frenar la llegada de centroamericanos a la frontera.

“El fondo de este acuerdo es el asilo. Busca reconocer el desarrollo que ha hecho El Salvador de su propio sistema de asilo y su compromiso para ampliar esa capacidad”, dijo el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, acompañado por la canciller de ese país, Alexandra Hill, durante una rueda de prensa conjunta en Washington.

Además de reconocer al gobierno de Nayib Bukele por desplegar a cientos de policías en la frontera, McAleenan explicó que la cooperación incluye entre sus “usos potenciales” que los inmigrantes que crucen por El Salvador puedan pedir asilo en este país.

“Este acuerdo forma parte de una estrategia integrada para combatir al crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, así como la migración forzada. Este acuerdo es un esfuerzo bilateral para proteger la integridad física y evitar los peligros que conlleva la migración irregular”, se lee en un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador este viernes.

En la rueda de prensa posterior a la firma, Hill aseguró que además buscan una solución para casi 200,000 salvadoreños que permanecen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que será válido para ellos hasta el 2 de enero de 2020.

“El objetivo del presidente Bukele no es solo frenar la inmigración irregular sino revertir la migración, pero eso tiene que hacerse gradualmente”, dijo Hill. “Estamos tratando de encontrar alternativas para estas personas que han vivido aquí por los últimos 18 años”, agregó.

¿Un tercer país seguro?
El gobierno de Trump ha firmado convenios similares al de este viernes con Honduras y Guatemala para que esos países, los mayores emisores de migrantes hacia EEUU, amplíen su capacidad de recibir a solicitantes de asilo.

A finales de agosto, El Salvador firmó un acuerdo inicial para combatir la migración irregular, pero en aquel momento rechazó catalogarlo como un acuerdo para convertirse en un ‘tercer país seguro’, un convenio que también ha buscado con Honduras y Guatemala, y del que muchos dudan por la criminalidad que se vive en los tres países.

El Salvador es considerado una de las naciones más peligrosas del mundo, entre otras cosas por la violencia desatada que generan las pandillas y que hace que muchos de sus ciudadanos huyan hacia otros países, como Estados Unidos. Para 2018, la tasa de homicidios en este país superó a la de Honduras (40 por cada 100,000 habitantes) y también a la de Guatemala (23 por cada 100,000 habitantes), todos países del llamado Triángulo Norte. Para el año pasado, la tasa de asesinatos de El Salvador se ubicó en 51 por cada 100,000 habitantes.

La medida de un ‘tercer país seguro’, acordada durante una visita al país de Kevin McAleenan implicaba contrarrestar a las pandillas y aumentar la seguridad fronteriza.

“Puedo confirmarle que este no es un acuerdo de tercer país seguro”, afirmó McAleenan en conferencia de prensa entonces desde la Casa Presidencial tras sostener una prolongada reunión con Bukele, la canciller Alexandra Hill Tinoco y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, para analizar la colaboración en materia de seguridad regional. Este viernes tampoco utilizó el término para definir el acuerdo que alcanzaron.

A los pocos días de la firma, El Salvador desplegó una nueva Patrulla Fronteriza con cerca de 1,000 oficiales salvadoreños en la frontera con Guatemala.

Tras la visita de McAleenan, EEUU y El Salvador acordaron también compartir con otros países información biométrica para facilitar las capturas de prófugos o personas con pasaportes falsos.

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Inmigración

La crisis perpetua en la frontera

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos procesan a un grupo de personas el mes pasado que habían cruzando la frontera desde México en Peñitas, Texas.Credit...Joe Raedle/Getty Images

Por Jorge Ramos – NYTimes
MIAMI, Estados Unidos — La frontera entre México y Estados Unidos “es una cicatriz que sangra”. Así la describió el escritor mexicano Carlos Fuentes en 1997. Ese año, según el Pew Research Center, entraron 1,2 millones de inmigrantes, tanto autorizados como no autorizados, a Estados Unidos. En ese entonces, como ahora, se hablaba ya de una crisis desbordada.

La verdad es que esa frontera siempre ha estado en crisis. Es una crisis perpetua desde su conformación, con los límites que conocemos hoy. La frontera se redefinió después del fin de la guerra entre México y Estados Unidos, en 1848. En mis clases de primaria en Ciudad de México nos enseñaron que con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el conflicto y la invasión estadounidense terminaron y México fue obligado a ceder el 55 por ciento de su territorio a Estados Unidos con una compensación de 15 millones de dólares. Así que en ese entonces muchos no cruzaron la frontera, la frontera los cruzó a ellos.

Desde entonces la frontera ha sido, al mismo tiempo, una zona de conflictos y de hermandad extraordinaria. Y desde que tengo memoria ha habido debates y dilemas sobre los que cruzan del sur al norte, y preguntas sobre cuántos deben cruzar cada año.

Me ha tocado cubrir a todos los presidentes de Estados Unidos y sus políticas migratorias desde que, en los años ochenta, Ronald Reagan ocupaba la Casa Blanca. Y creo que para encontrar una solución a largo plazo —que pasa por aceptar a muchos más inmigrantes de manera legal— debemos repasar esas políticas. El problema de fondo es que el sistema migratorio estadounidense está quebrado, caduco y no refleja las nuevas necesidades del país ni de sus vecinos del sur.

En 1986, el presidente Reagan, republicano, otorgó una “amnistía” a casi tres millones de personas que residían en el país sin documentos. Pero no fue una solución integral y no funcionó para frenar el flujo migratorio.

Para cuando entrevisté al expresidente George W. Bush en Guanajuato, México, en febrero de 2001, el número de migrantes indocumentados ya había crecido a 7,8 millones. El mandatario coqueteaba con la idea de un “programa de trabajadores temporales”, pero unos meses después los actos terroristas del 9/11 suspendieron la idea de una reforma migratoria.

El número de personas indocumentadas siguió creciendo —hasta 12,2 millones en 2007— y en 2009 llegó Barack Obama a la presidencia. En los meses de ese año en los que su partido, el Demócrata, controlaba ambas cámaras del Congreso, Obama desaprovechó la oportunidad para presentar una reforma migratoria que regularizara su estatus. Y luego llegó Donald Trump, uno de los presidentes más racistas y antiinmigrantes que ha tenido Estados Unidos.

Las políticas inhumanas y represivas de Trump —y las medidas de emergencia sanitaria por la pandemia— redujeron la migración a sus niveles más bajos desde los años ochenta.

Pero ahora, con un nuevo presidente y con nuevas reglas, podríamos regresar a las épocas en que cruzaban cientos de miles de personas indocumentadas cada año. Solo en febrero se registraron más de 100.400 cruces no autorizados. Esa es, quizás, la nueva normalidad.

“La frontera no está abierta”, me dijo en entrevista el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Pero “lo que hemos descontinuado es la crueldad de la gestión anterior”. Decenas de miles de solicitantes de asilo, muchos de ellos centroamericanos, han esperado durante más de un año en campamentos en México y no van a desaprovechar una oportunidad.

No debería sorprender a nadie que esto suceda en una frontera que divide a uno de los países más ricos y poderosos del mundo de una de las regiones más desiguales del planeta: los más pobres y vulnerables —en medio de la pandemia, de los estragos del cambio climático y la violencia— se dirigen a un lugar más próspero y seguro. Así de lógico y simple. Y así continuará por mucho tiempo.

Debido a la pandemia, América Latina ha vivido su “peor crisis social, económica y productiva” en 120 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Dos huracanes —Eta e Iota— devastaron Centroamérica a finales del año pasado. Y las pandillas, la corrupción, la violencia y los efectos de la crisis medioambiental y escasez de vacunas contra la COVID-19 han expulsado a muchos de la región.

México, en particular, ha sufrido mucho durante la pandemia: más de 320.000 mexicanos han muerto, según el nuevo reporte oficial del gobierno mexicano que incorpora las llamadas “muertes excesivas”, y su economía cayó 8,5 por ciento en 2020. A esta situación se añade el terrible e intratable problema de la violencia de los cárteles del narcotráfico. El comandante a cargo del Comando Norte de Estados Unidos informó recientemente que “entre 30 y el 35 por ciento de México” está en control de “organizaciones criminales transnacionales”. Esto implica un peligro inminente para quienes cruzan territorio mexicano para llegar a la frontera.

Es necesario aceptar esta realidad y crear un sistema que pueda absorber de manera legal, eficaz, rápida y segura a muchos de los inmigrantes y refugiados que vienen del sur. Van a seguir llegando y no hay otra solución. Todas las otras opciones —muros, centros de detención, separación de familias, repatriación exprés, la espera de los solicitantes de asilo en México, deportaciones masivas— han fracasado. La inversión de 4000 millones de dólares en Centroamérica, como ha prometido Biden, es un buen comienzo para atacar el origen de la migración: la pobreza y falta de oportunidades en sus países. Pero ese proyecto tardará años en dar resultados.

En lo que el plan surte efecto, debemos aceptar anualmente entre millón y medio y dos millones de inmigrantes autorizados cada año.

Hay que hacer legal y productiva la entrada a Estados Unidos, pues ahora es un sistema peligroso que incentiva el tráfico humano controlado por cárteles de drogas y otras organizaciones criminales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que, según sus cuentas, “la economía estadounidense va a necesitar entre 600.000 y 800.000 trabajadores por año” y que sería mejor llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que esas personas necesarias lleguen de manera autorizada al país en lugar de arriesgar sus vidas para intentar cruzar. Tiene razón.

Estados Unidos es un país de inmigrantes y necesitará muchos más para la recuperación económica después de la pandemia, para reemplazar a la creciente población que se jubila y también para compensar por las bajas tasas de natalidad en Estados Unidos, según argumentó recientemente el periodista Andrés Oppenheimer del The Miami Herald. Nuestro sistema migratorio requiere renovarse para afrontar estos retos.

Por eso la frontera parece que revienta. Es ahí donde chocan las aspiraciones de los nuevos inmigrantes con un país que se resiste a modernizar su manera de recibir y absorber a los recién llegados. Las cicatrices de la frontera son reales, pero sabemos cómo resolver los problemas: más migración autorizada. Como dicen en México; no hay de otra.

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Inmigración

Qué ha cambiado con Biden y qué no en la frontera de EE.UU. con México

El incremento de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y un sistema de tramitación de asilo desbordado ponen a prueba las promesas de cambio del presidente Biden.

El número de personas retenidas ronda las 130.000 a lo largo del mes de marzo, en comparación con las 100.000 de febrero.

La cifra de menores no acompañados que tratan de cruzar a EE.UU. se ha triplicado en las primeras semanas de marzo. El gobierno de Biden revirtió la ley puesta en marcha por Donald Trump que permitía expulsarlos.

Por: BBC Mundo

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Inmigración

Guatemala y México se preparan para frenar una nueva caravana de migrantes

Migrantes hondureños caminan por una carretera de El Florido, Guatemala, en su ruta hacia México y con el objetivo de llegar hasta Estados Unidos. 16 de enero de 2020. © Luis Echeverría/ Reuters

Las redes sociales nuevamente están siendo utilizadas para convocar a cientos, quizás miles de inmigrantes hondureños para que inicien una travesía rumbo a Estados Unidos en busca de asilo.

“Lista y fuerte caravana hondureña preparada este 30 de marzo. Desde la gran terminal de San Pedro Sula rumbo a USA. Todos en la terminal, Dios nos guíe y nos guarde a todos los del grupo. Bendiciones”, se lee en uno de los mensajes publicados la semana pasada en Facebook.

En otro mensaje advierten que hay tres requisitos para sumarse a la marcha: prueba de covid, cédula de identidad y permiso migratorio. Pero en ninguna parte se explica dónde deben conseguirse las pruebas médicas de que la persona no está infectada con el virus, lo que puede dar paso al uso de documentos falsificados.

A finales de enero las autoridades mexicanas anunciaron que habían detectado la venta de pruebas falsas de covid, luego de que Canadá, Francia y Estados Unidos comenzaron a exigir este documento con resultado negativo a personas que transitaran por sus fronteras.

La mayoría de las personas que integran las caravanas lo hacen para escapar de la pobreza, un fenómeno agravado a finales del año pasado tras el paso de los huracanes Eta e Iota. Y también de la violencia de las pandillas y el narcotráfico.

Pero ambas causales no están contempladas en la ley de asilo y la frontera estadounidense sigue cerrada por la pandemia del coronavirus, un escenario difícil para los migrantes que, a pesar de las dificultades, toman el riesgo.

“Aquí no tenemos nada. Preferimos intentarlo que esperar la muerte en nuestros pueblos”, dice Manuel, un agricultor que decidió emprender el viaje por primera vez.

Plan de contención
Mientras avanzan los preparativos, los gobiernos de Guatemala y Honduras ponen en operativo conjunto para detener a los migrantes en sus respectivas fronteras y evitar que avancen hacia el norte

La cancillería guatemalteca confirmó el sábado el envío de agentes y tropas a la frontera de Tecún Uman para detener la marcha. Y que México, a su vez, había movilizado personal operativo “para salvaguardar los derechos e integridad de las personas migrantes de diferentes naciones centroamericanas, particularmente de los menores de edad”.

Ambos gobiernos señalaron que el objetivo del plan era combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Y aseguraron el “respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes en todas las fases del ciclo migratorio”.

La cancillería mexicana agregó que la movilización protegerá el cerco sanitario para evitar la propagación de la pandemia del covid-19.

Estado de prevención
Este lunes el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei y el Consejo de Ministros decretaron Estado de Prevención en los departamentos (provincias) de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Petén en vísperas de la llegada de una nueva caravana de migrantes que proviene de Honduras y se dirige a México para luego enfilar al sur de Estados Unidos.

“Existe riesgo de desplazamiento de grupos de personas con características de migrantes, que cruzarán las fronteras del país hacia los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Petén”, se lee en el decreto.

Agrega que los integrantes de la caravana no cumplirían con los requisitos legales y sanitarios que se exigen las autoridades, entre ellas el distanciamiento social ni la presentación de una prueba médica que está libre (negativo) del covid-19.

El decreto indica que la presencia de la caravana genera una crisis de seguridad ciudadana y agrava la emergencia sanitaria epidemiológica y coloca en peligro a la población y autoridades de Guatemala, e inclusive a los propios migrantes, dijo el diario Prensa Libre.

El último intento
La última caravana fue frenada en el sur de Guatemala el 17 de enero por policías y tropas del ejército, quienes utilizaron gases lacrimógenos y palos para dispersarlos y que se regresaran a Honduras.

El gobierno guatemalteco estimó que unos 9,000 migrantes habían cruzado la frontera con Honduras en los tres días anteriores a los enfrentamientos.

La mayoría de los inmigrantes que viajaban a Estados Unidos no llevaban mascarillas, y tampoco pruebas de covid-19 o de vacuna contra la enfermedad, situación que provocó alarma entre las autoridades de ese país centroamericano.

La postura de EEUU

La Casa Blanca ha reiterado que la frontera sur con México permanece cerrada debido a la pandemia del covid-19 y que la mayoría de los migrantes que llegan en busca de asilo están siendo expulsados inmediatamente bajo los Títulos 8 y 42 del Código de Estados Unidos, activados el año pasado.

El jueves de la semana pasada el presidente Joe Biden reiteró que su gobierno no deportará a Menores No Acompañados (UAC) detenidos en la frontera cuando intentan ingresar indocumentados a Estados Unidos en busca de asilo.

El mandatario insistió en que las fronteras no estaban abiertas, como aseguran los republicanos, sino que sólo se están procesando los casos de UAC y unidades familiares que México se niega a recibir una vez son expulsadas del país bajo el Título 42.

Durante el mes de febrero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expulsó a 102,020 personas bajo los títulos 8 y 42 de la Ley de Inmigración, entre ellos inmigrantes adultos solteros y unidades familiares.

La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), dijo que la prohibición de entrada total o parcial de personas o bienes tanto de México o Canadá, se requiere en interés de la salud pública. Y aseguró que las personas sujetas a la orden (bajo los Títulos 42 y 8) “no serán retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y, en su lugar, son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito”. Y que, en caso de que una persona no pueda ser devuelta al país de último tránsito, será enviada al país de origen.

POR: JORGE CANCINO – UNIVISION

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Inmigración

Eduardo, el joven hondureño que intenta cruzar por cuarta vez a Estados Unidos

Eduardo intenta llegar a Estados Unidos desde su Honduras natal. Durante una parada en el sur de México, compartió su historia con BBC Mundo. - CECILIA TOMBESI

A Eduardo (no es su verdadero nombre) le valió una sola noche de descanso a las afueras del albergue para migrantes de Palenque, en el sur de México, antes de retomar su camino hacia Estados Unidos en la mañana siguiente.

Este joven hondureño de 23 años lleva días de intensa caminata y aún le quedan unas cuantas semanas más en caso de que consiga su sueño de llegar a la frontera para cruzar de manera ilegal.

Y el sueño sigue: poder estudiar un oficio y trabajar para ganar dinero con el que ayudar a su familia.

Eduardo conoce perfectamente la dureza y peligros de este camino que miles de centroamericanos realizan cada año.

Y no porque se lo hayan contado, sino porque esta es la cuarta vez que intenta el viaje “al norte”. Todas sin éxito.

La última vez, de hecho, cuenta que estuvo secuestrado dos días por miembros de un cartel que pensó iban a quitarle la vida. Pero sobrevivió, igual que sus mismas ganas de llegar a EE.UU. que le llevan a volver a intentarlo, pese a la pesadilla que vivió en su propia piel.

Tras un 2020 marcado por el covid-19 y el cierre de fronteras entre países, el número de migrantes centroamericanos que huye de la pobreza e inseguridad de sus países buscando un futuro mejor en EE.UU. se multiplicó este año.

Algunos están esperanzados en que la política migratoria del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, sea más favorable hacia su situación. Otros simplemente dicen que tras los efectos económicos de la pandemia y los huracanes del año pasado, no les queda más opción que salir de su hogar para tratar de sobrevivir.

Esta es la historia de Eduardo, una de tantas realidades detrás de esos miles de personas que decidieron volver a la carretera este año en su búsqueda del llamado “sueño americano”. Cueste lo que cueste.

Por: Marcos González Díaz
BBC Mundo, enviado especial a Palenque, México

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