En América Latina (7 de enero)

Fuente: The New York Times Company

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• Tensión institucional en Guatemala por fallos y desacatos. El gobierno de Jimmy Morales se involucró el fin de semana en una polémica disputa con los tribunales del país y con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). La Corte de Constitucionalidad ordenó que cualquier investigador de ese organismo, dedicado a ayudar a combatir la corrupción, debía poder quedarse en el país para sus actividades, pero el colombiano Yilen Osorio fue retenido más de veinticuatro horas en el aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala porque las autoridades migratorias le negaron la entrada y lo detuvo la policía. El Ministerio Público guatemalteco giró órdenes de aprehensión para dos funcionarios que desacataron la decisión del tribunal.

Morales, cuyo mandato termina a mediados de este año, revocó en septiembre pasado el permiso con el cual la Cicig había operado desde 2006, después de que el comisionado Iván Velásquez —quien tampoco ha podido reingresar a Guatemala— sugiriera investigar al presidente y a su familia por aparente financiamiento ilícito de su campaña.

• El gobierno venezolano inicia el año con un aislamiento regional casi total. Trece países latinoamericanos indicaron el viernes que no reconocerán a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela cuando este inicie un nuevo mandato el jueves, al considerar ilegítima la elección que permitió su reelección. La declaración de los países que conforman el llamado Grupo de Lima es una nueva muestra del creciente rechazo continental al gobierno venezolano en medio de una profunda crisis económica y del éxodo de millones de personas.

Sin embargo, por primera vez, un país del Grupo de Lima se rehusó a firmar la más reciente declaración: el nuevo gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador dijo que no opinará sobre asuntos internos de la nación sudamericana, lo que desató críticas en México y de expertos en derechos humanos.

• El cuestionado fiscal de la Nación del Perú, cada vez más cercado. El titular del Ministerio Público peruano, Pedro Chávarry, ha sido acusado de tener vínculos con un grupo que amañaba fallos judiciales y de frenar las investigaciones de corrupción por sobornos de la constructora Odebrecht, lo que llevó a organizaciones de la sociedad civil y al presidente Martín Vizcarra a pedir su renuncia. Ahora, la permanencia de Chávarry como fiscal de la nación pende aún más de un hilo: uno de los requisitos para ser fiscal es tener la colegiatura profesional vigente, pero esta le fue suspendida ayer por el Cuerpo de Abogados de Lima.

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