En América Latina (8 de Enero)

Fuente: The New York Times Company

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Algunas personas esperan en fila para cruzar hacia McAllen, Estados Unidos, desde Reynosa, México, el 5 de enero Meridith Kohut para The New York Times
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• El gobierno guatemalteco pone fin inmediato a la comisión antiimpunidad. Guatemala anunció ayer el término unilateral del acuerdo con Naciones Unidas, vigente desde 2006, para establecer una Comisión Internacional contra la Impunidad en el país centroamericano (Cicig), pese a que el mandato del grupo debía mantenerse hasta por lo menos septiembre de este año. El secretario general de la ONU afirmó que el programa seguirá y organismos de la sociedad civil presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad, aunque el gobierno de Jimmy Morales no siempre ha acatado sus fallos.

“Agoté todos los procesos diplomáticos y actué de buena fe, pero no he visto esa buena fe del otro lado”, dijo Morales en referencia a la Cicig, cuya finalidad es ayudar al Ministerio Público a combatir la corrupción. En sus años de funcionamiento, la Cicig ha apoyado en investigaciones de alto perfil como la que vinculó al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta a desfalcos aduanales, que forzó la renuncia de ambos y los llevó a prisión, donde están ahora. Más recientemente, la Cicig sugirió investigar a Morales y a familiares suyos por posible financiamiento ilícito de campaña.

• Las consecuencias de la obsesión por el muro: trabas políticas y más dinero para los contrabandistas. “Honestamente, no quiero cruzar de manera ilegal, pero no tengo opción”, dijo un hombre hondureño que terminó por recurrir a coyotes en su intento por llegar a Estados Unidos. Es uno de los miles de ejemplos de cómo la política migratoria de Donald Trump ha mejorado el negocio para los contrabandistas; en ciudades fronterizas como Reynosa, México, el aumento de las dificultades para solicitar asilo ha hecho crecer la demanda por traficantes de personas, que llegan a cobrar hasta 7000 dólares por cruzar a una persona al otro lado del río Bravo.

La promesa de Trump de construir un muro fronterizo, eje rector de su discurso migratorio, se ha topado justamente con cada vez más muros. Trump exige destinar fondos para la obra a pesar del rechazo rotundo de los demócratas, que ahora controlan la Cámara de Representantes. Como no hay acuerdo presupuestario, Estados Unidos cumple su tercera semana con cierre de gobierno: la suspensión de labores y sueldos de buena parte de la administración pública.

• La agencia medioambiental de Brasil se queda sin dirigente y las pandillas retan a Bolsonaro. A días de haber asumido el cargo, ya hay muestras de las dificultades que enfrentará el gobierno de Jair Bolsonaro para cumplir sus promesas de mejorar la seguridad en el país: durante las últimas noches ha habido ataques con bombas e incendios de autos en el estado de Ceará, un aparente mensaje de las pandillas al presidente que enalteció su política de mano dura en la campaña.

El fin de semana hubo quema de automóviles en la ciudad de Fortaleza, aparentemente por parte de pandillas, y se dio una orden para movilizar tropas a la zona. Alex Gomes/Agence France-Presse — Getty Images

Además, Bolsonaro generó ayer descontento por sus planes para fiscalizar a las organizaciones de la sociedad civil que considere que no van en línea con los objetivos de su gobierno: la brasileña Suely Araujo renunció al instituto medioambiental Ibama, que dirigía desde 2016, en protesta porque el nuevo presidente la acusó de destinar demasiados recursos a patrullajes de la Amazonía para combatir la tala ilegal. Bolsonaro sugirió en la campaña que buscaría explotar áreas protegidas y territorios indígenas.

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