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Inmigración

Estas son las nuevas tarifas propuestas por el servicio de inmigración de EEUU

Las nuevas tarifas propuestas por el servicio de inmigración la semana pasada entrarán en vigor en el 2020, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reciba comentarios del público y publique una regla final.

En general, las nuevas tarifas incrementan un 21% los desembolsos actuales por gestiones migratorias ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración USCIS), pero al revisar la propuesta, descubrimos que algunos trámites tendrán un incremento que llega hasta el 559%, como el Formulario I-929, que corresponde a la petición para un familiar inmediato de un no inmigrante U-1 (víctimas de violencia doméstica).

La tarifa actual es de $230 y la propuesta recomienda $1,515 dólares.

Otro trámite que experimentará una fuerte alza corresponde al Formulario I-881 (Solicitud de suspensión de deportación o cancelación de deportación por regla especial), que aumentará de $285 a $1,515 dólares, un incremento del 532%.

En el caso del trámite para la ciudadanía, Formulario N-400, la USCIS recomienda incrementarlo de $640 a $1,170 dólares, un aumento del 83%.

Las mayores alzas propuestas por el servicio de inmigración USCIS
Entre los más perjudicados por la propuesta se encuentran los trabajadores no profesionales H2A y quienes piden la ciudadanía de EEUU.
Formulario Propuesta % aumento
Formulario I-929 1,515 559%
Formulario I-881 1,800 532%
Formulario G-1041A 385 492%
Formulario N-300 1,050 389%
Formulario I-193 2,790 377%
Formulario I-192 1,415 142%
Formulario N-400 1,170 83%
Fuente: USCIS

 

Las rebajas
La propuesta también incluye rebajas, pero en un porcentaje interior comparado con los mayores aumentos de tarifas. En el caso de la toma de huellas biométricas, cuya tarifa actual es de $85 dólares, la USCIS propone una rebaja a $30 dólares (-65%).

Otro servicio a la baja corresponde al Formulario I-612 (Solicitud de exención del requisito de residencia en el extranjero), que actualmente cuesta $930 y la propuesta recomienda una tarifa de $525 dólares (-44%).

El gobierno también propuso rebajar el trámite del Formulario I-140 (Petición de inmigrante para trabajador extranjero) de $700 dólares actuales a $545 dólares (-22%).

En el caso de la toma de huellas biométricas, cuya tarifa actual es de $85 dólares, la USCIS propone una rebaja a $30 dólares (65%).

Las mayores rebajas de tarifas propuestas por la USCIS
La propuesta de nuevas tarifas de la USCIS incluye varias rebajas para ciertos trámites, entre ellos la petición de un trabajador por medio de un empleador y la toma de huellas biométricas.
Formulario Trámite Propuesta de la USCIS Porcentaje de rebaja
Huellas biométricas 30 65
I-612 525 44
I-140 545 22
I-694 725 19
N-600K 960 18
I-910 650 17
I-90 415 9
Fuente: USCIS

Cuando la USCIS anunció la propuesta de nuevas tarifas, dijo que Los ajustes “son necesarios para garantizar la recuperación del costo total de administrar las leyes de inmigración del país, adjudicar solicitudes y peticiones, y proporcionar la infraestructura necesaria para respaldar esas actividades”.

Estas son las tarifas propuestas por la agencia federal:

Las nuevas tarifas de inmigración propuestas por la USCIS
El gobierno de Donald Trump propuso un alza generalizada de los trámites de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.
Formulario Tarifa actual Tarifa propuesta
G-1041 $65 $240
G-1041A 65 385
I-90 455 415
I-102 445 490
I-129/129CW 460
I-129F 535 520
I-129CW 460 705
I-129E/TN 460 705
I-129H1 460 560
I-129H2A 460 860
I-129H2B 460 725
I-129L 460 815
I-129MISC 460 705
I-290 (Proposed) 460 715
I-130 535 555
I-131 575 585
I-131 (Menores de 16) 135 145
I-131 (Mayores de 21) 105 115
I-131A 575 1,010
I-140 700 545
I-191 930 800
!-192 930 1,415
I-193 585 2,790
I-212 930 1,040
I-290B 675 705
I-360 435 455
I-485 (Solicitud de registro de residencia) 1,140 1,120
I-485 (Ajuste de estatus) 750 1,120
I-526 3,675 4,015
I-539 370 400
I-589 0 50
I-600 775 810
I-600A 775 810
I-601 930 985
I-601A 630 960
I-612 930 525
I-687 1,130 1,130
I-690 715 770
I-694 890 725
I-698 1,670 1,615
I-751 595 760
I-765 410 490
I-800 775 810
I-800A 775 810
I-817 600 590
I-821D 0 275
I-824 465 500
I-829 3,750 3,900
I-881 285 1,800
I-910 785 650
I-924 17,795 17,795
I-924A 3,035 4,470
I-929 230 1,515
N-300 270 1,320
N-336 700 1,755
N-400 640 1,170
N-470 355 1,600
N-565 555 545
N-600 1,170 960
Huellas biométricas 85 30
Fuente: USCIS
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Inmigración

Coronavirus en EE.UU. | “Tuvimos que fabricar mascarillas con toallas sanitarias y camisetas”

Por: Patricia Sulbarán Lovera
Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles

Verónica dice que desde hace días que solo la alimentan con pan y agua porque los cocineros dejaron de trabajar debido a la emergencia del coronavirus.

Es una joven salvadoreña solicitante de asilo que ha estado detenida desde octubre del año pasado en Estados Unidos.

El pasado viernes 10 de abril, Verónica decidió junto a otra compañera juntar retazos de tela de camisetas y, con toallas sanitarias de uso diario y elásticos para el pelo, elaborar mascarillas.

Lo hizo porque en el centro donde está detenida, el de Otay Mesa, en el sur de California, no les habían dado ni tapabocas ni guantes para protegerse, pese a que ya había casos positivos de covid-19 dentro de la instalación, asegura la joven de 23 años a BBC Mundo.

“Aquí no hay asistencia médica, no nos atienden, nos dicen que hagamos gárgaras de agua con sal, que estamos bien, que es un resfriado nada más”, dice en una llamada telefónica el martes 21 de abril.

Lo descrito por Verónica es replicado por más inmigrantes que le hablaron a este medio en Otay Mesa y en otros centros, y por organizaciones que brindan asesoría legal y mantienen comunicación constante con esta población.

Al viernes 24 de abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) confirmaba 317 casos de covid-19 en una población estimada de 31.000 detenidos.

Tan solo se habían realizado alrededor de 400 pruebas diagnósticas hasta el viernes 17 de abril, según declaró Matthew Albence, director interino de ICE, en una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes.

No ha habido ningún fallecimiento como consecuencia de la covid-19, de acuerdo a información que ICE hizo llegar a este medio a mediados de la semana pasada.

En las últimas semanas, diversas protestas frente a centros del ICE exigieron la liberación de las personas retenidas por temor a que puedan resultar contagiadas de covid-19. / AFP

Pese a que la agencia federal asegura en su sitio web que la salud, seguridad y bienestar de los detenidos están “entre las más altas prioridades”, en semanas recientes grupos de inmigrantes han iniciado huelgas de hambre en señal de protesta y varios tribunales han ordenado la liberación de algunos detenidos.

¿Qué pasa?
Verónica cuenta que duerme en una celda “de ocho camas, una encima de otra a una distancia más o menos de un metro” y que convive con otras cuatro mujeres.

“Utilizamos el mismo baño… no estamos en un ambiente en el que se pueda hacer distanciamiento”, dice.

Los centros de detención son administrados por empresas privadas y cuentan con tamaños y distribuciones diferentes, pero los detenidos y organizaciones consultados coinciden en que a menudo hay espacios en los que conviven cientos de personas y que las celdas son compartidas.

Además, señalan, son los mismos detenidos quienes deben limpiar las áreas que usan, incluidos sanitarios colectivos, y lo hacen sin protección como guantes o tapabocas.

“(Los detenidos) solo tienen acceso a una barra de jabón para la semana entera”, dice Veronica Salama, abogada de inmigración de la organización estadounidense de derechos humanos Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés).

Salama advierte que sus clientes”no tenían idea de la gravedad de esta enfermedad” al principio y que “los funcionarios no les informaban de nada ni les daban panfletos con instrucciones para el lavado de manos”.

“Hay funcionarios que entran a las unidades donde están los detenidos a entregarles la comida sin guantes ni máscaras”, agrega.

ICE informó hasta el miércoles 22 de abril de 35 de sus trabajadores en estas instalaciones que dieron positivo por covid-19.

Estas situaciones han provocado que “haya gente organizándose en 30 detenciones para exigir cambios y que en trece de ellas haya habido retaliaciones”, estima Cynthia Galaz, de la organización Freedom For Immigrants, que tiene una línea telefónica directa con los centros de detención.

Galaz ha documentado testimonios de personas que dicen haber recibido amenazas de que les rociarían gas pimienta o de que los trasladarían a una zona de confinamiento solitario, informalmente llamada “el hoyo”.

“Avientan a las personas a un cuarto donde están solas por mucho tiempo y básicamente la gente lo describe como tortura psicológica”, apunta.

Además de las demandas interpuestas en tribunales que piden la liberación de ciertos detenidos, un juez federal ordenó a ICE el pasado lunes 20 que identificara y considerara liberar a aquellos inmigrantes bajo su custodia cuya edad o estado de salud los ponen en riesgo de contagiarse de coronavirus.

El juez Jesús Bernal, de una corte en Los Ángeles, determinó que las evidencias presentadas “sugieren una inacción sistemática” por parte del gobierno “que va más allá de una mera ‘diferencia de opinión médica o de negligencia'”.

Adicionalmente, dicen, han limitado el ingreso de nuevos detenidos.

“La población de detenidos bajo custodia de ICE ha decrecido en más de 4.000 personas desde el 1 de marzo”, asegura.

Además de suspender temporalmente todas las visitas, la oficina “decidió reducir la población de todas las instalaciones” hasta que queden en una capacidad del 70% o menos para hacer posible el distanciamiento social.

A los detenidos que presentan síntomas de fiebre o problemas respiratorios, se les “aísla y monitorea por un periodo de tiempo determinado”.

Aquellos que no presentan los síntomas arriba mencionados, pero “que están incluidos en las pautas de riesgo epidemiológico” son monitoreados por 14 días.

Los que presentan síntomas entre moderados y severos o aquellos que requieren “niveles más altos de cuidado o monitoreo” son trasladados a hospitales.

La agencia, sin embargo, no brindó información a este medio sobre cuántas personas han sido hospitalizadas.

“Nunca me hicieron la prueba”
Rosmary Freites es una de las inmigrantes que, por su situación médica -es diabética y asmática- fue liberada del centro Broward Transitional (BTC) en Florida, luego de que la organización United We Dream, que vela por los derechos de inmigrantes, la ayudara al presentar una petición con más de 1.000 firmas para su liberación ante un juez.

Freites, venezolana de 23 años, describe que estuvo aislada en un cuarto con otras cinco detenidas por un par de días y que al preguntar por qué, funcionarios le comunicaron que una persona que estaba allí había tenido contacto con un abogado que dio positivo por covid-19.

“Después de los dos días nos sacaron de la cuarentena y nunca me hicieron la prueba ni me dieron mascarilla”, dice.

El SPLC documentó que el centro de detención de Krome, en Miami, tenía cuatro espacios con personas en cuarentena y que “la gente está entrando y saliendo, no es realmente una cuarentena”.

Otro problema reportado es el del traslado de inmigrantes de un centro a otro, como le ocurrió al esposo de Anette Villa, quien es asmático.

La cubana cuenta que en las últimas semanassu esposo pasó por al menos tres diferentes centros antes de ser finalmente admitido en Baker, en el centro-norte de Florida.

“Ya la pandemia estaba andando y con todos los traslados que le hicieron mientras lo procesaban, pasó dos noches durmiendo en el piso y otras tantas en un catre porque no había camas disponibles”, describe.

Villa, quien vive en Florida, cuenta que su esposo viajó desde México y que pidió asilo ante las autoridades fronterizas hace 11 meses.

“Él sabe que si le cae el virus, sus pulmones no van a aguantar. Está con pánico y le digo que se calme. Tengo miedo que se me muera”, dice.

Según le ha descrito su esposo por teléfono, comparte el espacio con otras 29 personas y varios están usando los jabones que traían de otros centros.

Villa, mientras tanto, dice que está tomando antidepresivos y que sufre de alopecia como consecuencia de la situación.

“Es mucha la presión que tengo”, añade.

“Nos rociaron con gas pimienta”
El centro Otay Mesa, en el que permanece recluida Verónica, es el que cuenta con más casos confirmados de covid-19, 57 detenidos y 8 empleados de ICE.

Aunque organizaciones como el SPLC temen que la cifra sea mayor.

“No sabemos todos los detalles de lo que pasa adentro, la situación no es transparente”, dice la abogada Maia Fleischman en referencia a todos los centros.

Otay Mesa ocupó titulares en días recientes luego de que se hicieran públicos audios en los que una detenida describía que estaban rociando gas pimienta dentro de algunas celdas.

El incidente fue reportado el viernes 10 de abril, luego de que un grupo de detenidas se negara a firmar un documento en el que, según describen, la empresa que administra el centro se liberaba de la responsabilidad en caso de que alguna se contagiara, y solo después de que firmaran les entregaría unas mascarillas.

“El ataque ocurrió en mi unidad”, dice Briseida Salazar, una mexicana de 23 años que fue liberada bajo fianza días después.

Salazar, una de las pocas que hablaba inglés en el grupo, de más de 60 mujeres, ayudó a traducir el documento para las demás y esto provocó, explica, que rehusaran firmarlo.

“Llegó un punto en que nos frustramos mucho y empezamos a protestar y la gerente que estaba allí nos dijo que estábamos haciendo mucho ruido y llamó al equipo de emergencia y ellos llegaron con el gas pimienta”.

Verónica, que en ese momento hablaba por teléfono con un miembro de la organización Pueblos Sin Fronteras (PSF), gritó que les estaban rociando con gas pimienta y que se llevaban con esposas a una detenida que sufre de problemas mentales.

El audio fue difundido en los medios de comunicación.

ICE confirmó los hechos, pero negó que hubieran rociado el gas pimienta.

“No hubo uso de fuerza ni de agentes químicos dispersados durante el incidente (…) estos alegatos sencillamente no son verdaderos”, dice un comunicado enviado a BBC Mundo.

De acuerdo con PSF, que intercambia llamadas a diario con detenidos en Otay Mesa, hay más de 100 en huelga de hambre como protesta por la mala alimentación y la falta de medidas para garantizar la prevención de contagios.

En otra área de las instalaciones está detenido Samuel Gallardo Andara, un enfermero venezolano de 28 años que cuenta que la zona en la que está, de unas 100 personas, “la mitad se ha enfermado”.

“Lo máximo que han hecho los médicos es observación y lo único que dan es tylenol (paracetamol)”.

Las situaciones descritas no son ajenas a estos centros de detención, advierten organizaciones que han interpuesto demandas en el pasado al denunciar, entre otras cosas, negligencia en la atención médica dentro de las instalaciones.

La pandemia del coronavirus lo que ha hecho, indican, es subrayar los problemas que persistían en algunas de estas infraestructuras, manejadas en su mayoría por compañías privadas.

Desde el teléfono, Verónica dice que está muy estresada y que por el momento no le ve “salida a esto”.

“Este momento que estamos viviendo aquí es muy difícil, muy difícil”, dice antes de que se agote el tiempo permitido de la llamada y se corte la línea.

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Inmigración

WSJ: el gobierno compró una base de datos de teléfonos celulares para ubicar inmigrantes

Las agencias federales utilizan datos de ubicación de teléfonos celulares para aplicar la ley de inmigración, denunció el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico dijo que la herramienta fue conseguida tras la compra del acceso a una base de datos comercial que rastrea y mapea los movimientos de millones de teléfonos celulares.

La información “la están utilizando para la implementación de la ley de inmigración y la seguridad fronteriza”, dijo el periódico atribuyendo el hecho a personas familiarizadas con el tema.

El WSJ dijo que también tuvo acceso a documentos que explican el alcance de la herramienta.

“Los datos de ubicación se obtienen de aplicaciones de teléfonos celulares comunes, incluidas las de juegos, clima y comercio electrónico, para las cuales el usuario ha otorgado permiso para registrar la ubicación del teléfono”, explicó.

De qué se trata
El diario dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha utilizado la información para detectar a inmigrantes indocumentados y otras personas que pueden ingresar ilegalmente al país.

Indicó además que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia encargada de las deportaciones y que opera bajo el mando del DHS, ha utilizado los datos para ayudar a identificar a los inmigrantes que posteriormente fueron arrestados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargada de la vigilancia de las fronteras, también utiliza la información “para buscar actividad de teléfonos celulares en lugares inusuales”, tal como zonas remotas en el desierto que se extienden a lo largo de la frontera con México, dijeron las fuentes mencionadas por el periódico.

No se sabía
El uso de la herramienta por parte del gobierno federal para fines de aplicación de la ley de inmigración era un secreto, hasta ahora.

“Los expertos dicen que la información equivale a uno de los mayores tesoros conocidos de datos a granel desplegados por las fuerzas del orden público en Estados Unidos”, indicó el periódico. Y que el uso de esta información “parece estar en una base legal firme, porque el gobierno compra el acceso a un proveedor comercial privado”.

Hasta ahora el uso de esta información no ha sido desafiado en los tribunales de justicia. Pero la revelación de la herramienta pone en el tapete el debate sobre los alcances de la vigilancia comercial progresiva “que ahora está llegando a manos del gobierno”, dijo al diario Alan Butler, asesor general del Centro de Información de Privacidad Electrónica, un grupo de expertos que impulsa leyes de privacidad más estrictas.

Clima de miedo
“La noticia aumenta los temores en la comunidad inmigrante”, dijo a Univision Noticias Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Esto hará que muchas personas cambien la manera en cómo se comunican”.

“También es probable que el gobierno arreste a las personas equivocadas, individuos que le prestaron el teléfono a otro individuo que estaba en el radar de las autoridades”, agregó.

“Pero en concreto, esto pone más pánico en el publico”, dijo Hernández. “Y perjudicará la colaboración o la denuncia de hechos delictivos a la policía si algo les pasa. El saber que el gobierno los está rastreando asusta a las personas y causa un impacto negativo”.

A la pregunta si cabe un consejo tras conocerse la noticia de la nueva herramienta para rastrear inmigrantes deportables, Hernández dijo que “por ahora no sabemos cómo funciona la herramienta en detalle. Pero lo recomendable es no colocar información sensible y confidencial en los teléfonos celulares. Hay que proteger la privacidad”.

Los vendedores
Según el WSJ, el acceso a la base de datos comenzó a ser tramitado en 2017 por una división del DHS. El proveedor es Venntel Inc, de Herndon, Virginia, una compañía tecnológica que comparte varios ejecutivos y patentes con Gravy Analytics, una pieza importante en el sector móvil.

El reportaje añade que en 2018 ICE compró licencias Venntel por valor de $190,000. Y en septiembre del año pasado la CBP compró $1.1 millones en licencias para tres tipos de software, incluidas las suscripciones de Venntel para datos de ubicación.

The Wall Street Journal dijo que el DHS y las agencias bajo su mando “reconocieron” haber comprado el acceso a la base de datos, pero no discutieron los detalles sobre cómo lo están utilizando en las operaciones policiales.

Otras fuentes familiarizadas con protocolos de operación de las agencias indicaron que la herramienta se utiliza para “generar pistas de investigación sobre posibles cruces fronterizos ilegales y para detectar o rastrear grupos de migrantes”.

CBP dijo que tiene “protecciones de privacidad” y límites sobre cómo usa la información para ubicar teléfonos. Agregó que solo accede a una pequeña cantidad de datos de ubicación, y que garantiza “proteger la privacidad de estadounidenses”.

“Lo intuíamos”
“Esto es grave, muy grave”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Lo intuíamos, teníamos sospecha de que algo así estaba sucediendo, pero no estaba confirmado”, agrega.

“Una familia aquí en California se mudó de casa el viernes de la semana pasada porque tenían una orden de deportación. El sábado un grupo de agentes de ICE llegó a la antigua residencia. No había nadie. Y el lunes, de madrugada, estaban en las afuera del nuevo apartamento. La única manera de haberlo sabido era por el teléfono”, indicó.

Gálvez dijo además que el gobierno “está comprando legalmente” este tipo de información que se colecta a través de Apps que utilizan GPS, entre ellos mapas e incluso para ver el estado del tiempo.

En un comienzo ICE tuvo acceso a la base de datos de la herramienta “para su uso por parte de sus investigadores que rastrean organizaciones criminales de tráfico de personas y drogas”, dijo el WSJ. “Posteriormente, la información fue compartida con la unidad que lleva a cabo deportaciones”.

La agencia federal dijo además que “no discutimos tácticas o técnicas específicas de aplicación de la ley, ni discutimos la existencia o ausencia de capacidades específicas sensibles a la aplicación de la ley”.

En general, “ICE no utiliza los datos de ubicación para las operaciones de deportación de rutina”, aseguró Bryan Cox, portavoz de ICE.

El presidente de Venntel, Chris Gildea, dijo: que “no podemos hacer comentarios en nombre de nuestros clientes, y cualquier consulta sobre este contrato debe dirigirse al DHS”.

Fallo de la Corte Suprema
En 2018 la Corte Suprema, en una decisión 5-4, determinó que el gobierno no puede monitorear los movimientos de personas por semanas o meses por medio del rastreo del teléfono celular, a no ser que tenga una orden judicial que lo permita.

Los magistrados que votaron a favor argumentaron que los rápidos avances en la tecnología han hecho inadecuadas las regulaciones sobre el respeto a la privacidad.

El magistrado presidente John Roberts escribió el razonamiento que fue respaldado por los cuatro jueces liberales del máximo tribunal, pero rechazada por los otros cuatro magistrados conservadores.

Por ejemplo, el conservador Anthony Kennedy señaló que el rastreo de celulares era permitido porque esa tecnología está en manos de las empresas de telefonía celular, no de los portadores de los teléfonos. “El nuevo curso sin dirección clara inhabilitará a las autoridades”, dijo.

La decisión también tuvo implicaciones de todo tipo sobre información personal de terceras partes, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto, búsquedas en internet e información bancaria y de tarjetas de crédito.

Sin embargo, el juez Roberts señaló que la decisión está circunscrita a un ámbito específico. “Mantenemos que una orden judicial es requerida solo en la rara circunstancia donde el sospechoso tiene un legítimo interés privado sobre datos que tiene un tercero”. Sin embargo, esa argumentación puede provocar todo tipo interpretaciones.

En todo caso, la decisión de la Corte Suprema es una gran victoria para quienes defienden la posibilidad de incrementar los derechos de privacidad porque -dicen- se necesita más protección a la hora de que el gobierno busque obtener información de terceras partes, tales como una empresa de celulares.

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Inmigración

De qué se trata el cambio para adjudicar una petición familiar con el Formulario I-130 en el extranjero

El servicio de inmigración anunció la semana pasada que las peticiones familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes con permiso de reingreso que viven en el extranjero y piden una visa de inmigrante para familiares inmediatos, se procesarán en Estados Unidos desde el primero de febrero y no en los consulados, excepto en circunstancias especiales.

El Formulario I-130 se utiliza para pedir la residencia de un familiar inmediato extranjero, por ejemplo, un cónyuge. El cambio tiene como objetivo “aumentar la eficiencia” del proceso, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

En caso de “circunstancias especiales” como militares o razones especiales, la agencia dijo que el Formulario I-130 será procesado por el Departamento de Estado (DOS).

Nuevas tareas
El cambio en el proceso del Formulario I-130 “centralizará el proceso. A partir del sábado la mayor parte de las peticiones se gestionan en la oficina de la USCIS en Dallas, Texas”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Desde este momento en adelante todos los que quieran hacer una petición por medio del Formulario I-130 en el extranjero y anteriormente lo hacían en ciertos consulados, ahora lo deben hacer en Estados Unidos”, agregó.

Guerrero recordó que en marzo del año pasado la USCIS anunció el cierre de sus oficinas en el extranjero. Abogados consultados por Univision Noticias en esa ocasión advirtieron que la decisión podía afectar las peticiones de visas de inmigrante.

“Ahora aseguran que serán más eficientes, con algunas excepciones”, indicó Guerrero.

Nuevas funciones
El trabajo que hasta la semana pasada ejecutaban agentes de la USCIS destacados en el exterior fue asumido por el Departamento de Estado (DOS).

“El DOS asumió la responsabilidad de ciertos servicios que anteriormente proporcionaba USCIS en sus oficinas internacionales”, explicó la agencia en un comunicado.

Pero puntualizó que los militares en servicio activo destacados en el extranjero “presentarán su Formulario I-130 localmente con DOS, al igual que ciertos peticionarios que no son militares y cumplen con criterios específicos para procesamiento consular”.

“USCIS continúa modernizándose y convirtiéndose en una agencia más eficiente”, dijo Mark Koumans, subdirector de USCIS. “Dado el caso de que el Departamento de Estado tiene una presencia internacional más amplia, hemos delegado en nuestros colegas la autoridad para aceptar y adjudicar peticiones de familiares inmediatos que están en el extranjero, bajo ciertas circunstancias”.

Nuevas prioridades
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que el cambio “puede ayudar a la agilización del proceso del Formulario I-130 en lugares donde ya no existe una oficina de la USCIS”.

“Están concentrándose en personas de alta en el ejército y en quienes viven en el exterior (ciudadanos y residentes permanentes) para acelerar el trámite, sobre todo en situaciones cuando haya problemas graves”, agregó.

La USCIS dijo que, “por lo general, el DOS “procesará el Formulario I-130 localmente si la petición recae bajo los criterios de autorización general:

En caso de conflictos civiles prolongados o severos, o de desastre natural, o Militares estadounidenses asignados a bases militares en el extranjero.

Gálvez dijo además que, a los dos grupos señalados por la USCIS, “se suma una tercera categoría integrada por personas que tramitan la visa de inmigrante por asuntos graves”.
Dentro de la tercera categoría califican peticionarios que “ cumplen con criterios específicos para el procesamiento consular”, precisó la USCIS.

“El DOS tiene discrecionalidad para aceptar el Formulario I-130 si un peticionario que es ciudadano estadounidense cumple con los criterios de ‘circunstancias excepcionales’ descritas en el Manual de Políticas actualizado”, dijo la USCIS.

Gálvez comentó además que “el cambio podría acelerar los procesos de meses a cuestión de días o semanas” debido a la mayor capacidad de respuesta del Departamento de Estado.

Trámite en línea
La agencia federal también dijo que quienes viven en el extranjero pueden “presentar solicitudes en línea”, un proceso que “ahorra tiempo y dinero”.

Cuando en marzo del año pasado el servicio de inmigración anunció el cierre de oficinas internacionales, abogados comentaron que la decisión favorecería los trámites.

“Se dieron cuenta que esto es necesario. Eso sí, no cabe la menor duda que ciertos casos se verán afectados. Lo sabremos en la medida que conozcamos el cambio”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.

Para el abogado Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, el cambio puede que afecte el tiempo de procesamiento de algunos trámites, pero “no lo veo como algo negativo”.

Indicó además que, algunas oficinas internacionales de la USCIS “no tenían mucha presencia”.

La agencia también reconoció en esa ocasión que, el cierre de oficinas internacionales “puede ser difícil y puede causar consternación”, pero prometió que se aseguraría que las operaciones “continuarán sin interrupciones”.

La USIS tenía oficinas internacionales en al menos 18 países. Uno de ellos es México, con instalaciones en la Ciudad de México, Monterrey y Ciudad Juárez.

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Inmigración

Donald Trump ha amenazado con redadas masivas

LOS ÁNGELES, California.- El verano pasado, el presidente Donald Trump lanzó airadas amenazas de realizar redadas masiva enfocadas en unos 2,000 indocumentados con antecedentes penales en 10 ciudades santuario. Los Ángeles estaba en la mirilla, pero nada pasó. Aunque en ese entonces solo hubo unos cuantos operativos, el pánico predominó en las comunidades migrantes.

El director de la oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles, David Marin, explicó en una entrevista con Univision Noticias por qué en años recientes no se han visto incursiones a gran escala en esta metrópoli, habitada por un millón de personas sin papeles. La última se registró hace 12 años en una fábrica del Valle de San Fernando y concluyó con 138 arrestos.

“No soy un partidario de hacer eso”, afirmó el funcionario, agregando que hacerlo infunde miedo en los vecindarios hispanos y termina por afectar las acciones que efectúan los equipos dedicados a la búsqueda de fugitivos.

“No creo que haya necesidad de estar haciendo eso (operaciones masivas). Lo único que genera es que todos en la comunidad se preocupen y digan que hay redadas. Nosotros iríamos a un lugar en La Puente (una ciudad en el este del condado de Los Ángeles), rodearíamos el área, arrestaríamos a muchas personas y las deportaríamos. Porque es más efectivo hacerlo todos los días”, describió el funcionario.

El punto de vista de Marin no ha cambiado desde que salía a detener indocumentados en los barrios angelinos durante el gobierno de Barack Obama. Sus opiniones siguen sin ser incendiarias, como las que se escuchan a menudo en la Casa Blanca y las oficinas centrales de ICE. Incluso, él afirma que sus oficiales tampoco ponen bajo custodia a cualquier inmigrante sin papeles que se les cruza en el camino, sin distinguir si se trata de un asesino convicto o un padre de familia que se dirigía al trabajo, como se reclama con frecuencia.

“No arrestamos a todas las personas con las que entramos en contacto, con las que hemos establecido una causa probable, que no deberían estar aquí. Usamos nuestra discreción”, expuso el funcionario.

Hacen excepciones, ejemplificó, si verifican los antecedentes penales de un detenido y se dan cuenta de que tiene un proceso migratorio pendiente. “Puede que no tenga sentido que los pongamos bajo custodia a menos que hayan cometido algún otro delito. Pero si ya están pasando por el proceso migratorio, tienen una audiencia en la corte y ya han visto a un juez de inmigración, entonces tal vez no tenga sentido que los detengamos”, detalló.

Las estadísticas, sin embargo, muestran que los agentes de ‘La Migra’ no han sido tan indulgentes en la era Trump. En diciembre, un estudio hecho por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) reveló que desde 2017 la dependencia ha detenido a menos personas con antecedentes criminales graves y a más que no tenían antecedente alguno o solo cometieron faltas menores.

La reducción pasó de poco más de 8,000 arrestos de personas con delitos serios en octubre de 2017 a unos 6,000 en abril pasado, de acuerdo con ese análisis. TRAC señala que las condenas relacionadas con terrorismo y pandillas “son notablemente raras” en los indocumentados.

Arrestando a menos delincuentes
Las cifras de ICE indican que la gran mayoría de los 6,657 detenidos en Los Ángeles entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019 tenían convicciones criminales (5,766) o cargos penales pendientes (418). En ese período, casi 8,600 migrantes que permanecían detenidos en esta ciudad fueron devueltos a sus comunidades de origen.

Siete de las 24 oficinas de ICE en todo el país rebasaron los arrestos realizados en Los Ángeles. Dallas y Atlanta lideraron esa lista con 16,900 y 13,247 detenciones en el año fiscal 2019, respectivamente.

Marin atribuye este descenso a la falta de cooperación con las agencias del orden en California, donde la ley santuario SB 54 exige a los policías locales no participar en operativos para detener indocumentados y les impide entregar a funcionarios de migración a quienes cometieron faltas menores.

Esta legislación, que ya lleva dos años en vigencia, los ha forzado a realizar más operativos en las calles, advierte el titular de ICE en Los Ángeles. “Antes los arrestábamos dentro de una cárcel, en un ambiente seguro, no solo para nosotros, sino para el público, ahora tenemos que salir a la comunidad”, lamentó.

“Y cuando estamos en las comunidades es inevitable que nos encontremos con otras personas (…) Tal vez miembros de la familia, tal vez amigos”, señaló el funcionario, quien cuenta que sus capturas se tornan emocionales si se llevan a un padre de familia.

“Cuando realizamos una operación de arresto selectivo yendo a la casa de alguien y tal vez tienen niños allí. Y tienes que arrestar a alguien frente a sus hijos. Yo lo he hecho y como padre es difícil, es muy difícil”, contó.

ICE: solo atemorizamos a los criminales
Marin es uno de los 4,200 hispanos que trabajan para ICE en todo el país, el 21% de toda su nómina. Sus ancestros vivían en Texas y Arizona cuando ese territorio le pertenecía a México. Es veterano de las Fuerzas Armadas y lleva casi 25 años con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Comenzó en el extinto Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y se unió a las filas de ICE desde su creación en 2003. Suma ya 11 años en la oficina de Los Ángeles, que abarca siete condados del sur de California.

“He estado haciendo esto desde 1995. Las leyes (migratorias) no han cambiado en absoluto. Estoy haciendo cumplir las mismas leyes para cuatro presidentes (de Bill Clinton a Trump)”, dice.

El funcionario subraya que ha pasado tres décadas localizando, deteniendo y deportando migrantes que solo vinieron a delinquir a este país. “ICE se encuentra en una posición única en la que podemos prevenir crímenes”, enfatizó. “Pero creo que lo que ha sucedido es que en California está el foco de atención por todas estas políticas de santuario”, agregó.

Él reclama que sus agentes se han vuelto el objetivo de airadas protestas y gente que los filma con sus celulares apenas los identifican. “Eso nos hace más visibles. Cuando estábamos en las cárceles, la mayoría del público y los medios de comunicación no sabían lo que estábamos haciendo”.

Cuando se le pregunta sobre las acusaciones de que ICE infunde miedo en las comunidades migrantes, Marin responde que su trabajo es precisamente evitar que los delincuentes hagan de las suyas en esos vecindarios.

“¿Cómo aterrorizamos a la comunidad cuando arrestamos a extranjeros criminales y los sacamos de la comunidad? ¿Sabes quiénes están aterrados? Los extranjeros criminales”, concluyó.

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