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Evo Morales busca la reelección: en qué se diferencian los modelos económicos de Bolivia y Venezuela

Entre los países que se llaman a sí mismos socialistas, es tan difícil encontrar un caso de éxito económico comparable al de Bolivia como un fracaso de la magnitud de Venezuela.

En los cerca de 14 años de gobierno de Evo Morales, Bolivia ha crecido una media del 4,8% al año, con una inflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en un 2% para 2019 y cortando la pobreza extrema a la mitad hasta el 17%.

La hiperinflacionaria Venezuela de Nicolás Maduro (con sus políticas económicas fundamentalmente heredadas de Hugo Chávez) ha destruido la mitad de su economía en seis años.

Del país que presume de las mayores reservas probadas de petróleo, han huido más de cuatro millones de personas.

Casi como en un país en guerra, escasean bienes de primera necesidad y es virtualmente imposible conseguir algunos medicamentos.

Las situaciones de las economías de Bolivia y Venezuela parece diametralmente opuestas.

Pero si ambos líderes se dicen socialistas ¿cómo es posible que tengan resultados tan diferentes?

«Evonomics»
Para responder, hay que explicar el éxito de la políticas de Morales y el punto de partida debe ser recordar los persistentes traumas entre los bolivianos por la hiperinflación que padecieron en los 80.

Por eso, al llegar al poder en 2006, en una época de mucha convulsión política, la izquierda boliviana tiene muy presente que de la estabilidad macroeconómica depende su permanencia.

Así es como, con el ministro Luis Arce Catacora como la principal cabeza pensante, idean un modelo mixto basado en dos pilares.

El primero y fundamental es el sector estatal, que se hace con el control de los hidrocarburos y la electricidad, estratégicos generadores de recursos económicos que luego son destinados a políticas sociales.

Y la otra pieza es el sector privado, donde destacan la agroindustria de Santa Cruz (este) y el sector informal: artesanos y pequeño comercio responsables de más del 60% del empleo.

Con las nacionalizaciones de los hidrocarburos que decretó Morales hace más de una década, se multiplicaron los recursos que se quedan dentro del país y creció el poder del Estado que los redistribuye.

«Eso ha generado dos cosas, un mercado interno mucho más grande, con lo que actividades como la construcción o el entretenimiento se han vuelto más rentables», le explica Molina a BBC Mundo.

«Y la otra consecuencia está en que el sector informal, que no ha dejado de ser pobre, ha mejorado en actividad, crea más empleo».

Es precisamente ese segundo pilar, el sector privado generador de empleo, del que carece Venezuela, país cuya crisis es tan profunda que millones de personas han tenido que huir.

Muchos se fueron a España, otros a Miami y más tarde vimos los grupos de los que se han ido incluso a pie, atravesando los Andes.

Y, algo impensable hace diez años, también ha habido venezolanos que emigraron a Bolivia.

En los últimos meses, muchos bolivianos se mostraron sorprendidos ante la llegada de migrantes venezolanos.

Varios de ellos trabajan como meseros o vendedores ambulantes.

También hacen malabares a cambio de alguna moneda en las principales calles de La Paz.

Al igual que en Colombia, Chile o Perú, se ve a madres cargando hijos pequeños pidiendo ayuda económica mientras otros portan carteles con los colores de la bandera venezolana.

«¡Exprópiese!»
Y es que, a diferencia de Venezuela, las nacionalizaciones bolivianas se circunscribieron a sectores estratégicos.

Esa idea traza una frontera clara entre el modelo mixto boliviano y el expansionismo estatal que impuso Chávez en Venezuela y que Maduro no hizo más que profundizar.

Los «traumas colectivos» venezolanos estaban más marcados por el Caracazo, la ola de violencia desatada por un paquete de ajuste de corte neoliberal, y no tanto por la falta de disciplina fiscal.

Así, con los precios del petróleo por las nubes, vimos a Chávez ordenando expropiar los locales de los alrededores de la plaza Bolívar, en el centro de Caracas, durante un «Aló, presidente», su programa de televisión.

«¿Y este edificio?», pregunta Chávez mientras señala. «Eso es un edificio que tiene comercio privado de joyería», responde el entonces alcalde de Caracas y actual ministro, Jorge Rodríguez.

«¡Exprópiese!», dictamina el mandatario mientras habla de convertir la zona en un «centro histórico».

El abogado Carlos García Soto, coautor del libro «Exprópiese, la política expropiatoria del ‘Socialismo del siglo XXI'», describe las expropiaciones de Chávez como «una política desordenada».

«No fue producto de un plan estratégico de estatización de sectores económicos», le dice García Soto a BBC Mundo.

No en vano, en muchos casos las expropiaciones se produjeron por circunstancias de índole social o de retaliación política.

Por ejemplo, en julio de 2015, en la primera expropiación ordenada por Maduro se confiscaron unos terrenos para beneficiar a unas familias que allí estaban asentadas.

En 2017, el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Carlos Albornoz, denunció la confiscación de una finca por participar en protestas opositoras.

El gobierno también ha expropiado empresas de construcción por conflictos con los promotores y más recientemente tenemos el caso de los cereales Kellogg’s.

Control de cambios y otros «pecados» de Venezuela

Pero ese expansionismo estatal, de por sí solo, no es la única explicación del nivel de desmembramiento del tejido empresarial privado que padece Venezuela.

El control de cambios y de precios es otro «pecado capital» que los críticos achacan a los regidores de la economía venezolana.

Establecidos por Chávez ante las huelgas generales y paros patronales de 2002 y 2003, pronto se convirtieron en un lastre para el desarrollo económico y en una fuente de corrupción.

Para frenar la inflación, el gobierno estableció el precio máximo para determinados productos básicos que no tardaron en desaparecer de las tiendas.

Lo que se idea para defender a los consumidores frente a los excesos de los «avariciosos empresarios», en medio procesos inflacionarios, pronto obliga a producir a pérdidas.

Eso es inevitablemente también la semilla de la escasez, nadie quiere trabajar si le cuesta dinero, nadie produce si el precio impuesto por el Estado está por debajo del coste.

Por otra parte, el control de cambios, por el que el Estado monopoliza el acceso a la moneda extranjera, también se convirtió en factor de escasez y corrupción.

Por ejemplo, si para producir papel higiénico se requiere importar el pegamento con el que lo adhieres al tubo de cartón en el centro y no consigues los dólares porque no te los da el gobierno, la producción se hace imposible y los rollos de papel se convierten en un bien escasísimo.

Además, se creó el perfecto incentivo para la aparición de un mercado negro (el dólar paralelo) por las restricciones cada vez mayores al acceso a divisas extranjeras según iba cayendo el precio del petróleo.

«El gobierno decide vender los dólares por debajo del mercado con la idea de garantizar que los precios se mantengan bajos. ¿Qué ocurrió? Hay un gran incentivo para que cualquiera que reciba un dólar del Estado lo puede vender en el mercado paralelo», le dice a BBC Mundo el analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis.

En ese contexto, según León, el gobierno decide quién se hace millonario y quién se arruina, y esto es lo que destruye la economía.

«La discrecionalidad en la formación de los precios lo corrompe todo. Todo termina en lo mismo, un chiquero de corrupción que destruye la capacidad económica del país», afirma León.

La guerra económica
Otro contraste está en que mientras en Bolivia el gobierno se esforzaba en desdolarizar la economía y fomentar la confianza de los consumidores en su moneda, en Venezuela se pretendía solucionar los problemas de flujo de caja imprimiendo dinero.

El dinero en circulación en Venezuela pasó de los 127 billones a final de 2017 a 8.000 billardos (miles de billones).

Y eso en un contexto de contracción económica.

Esta impresión de moneda sin respaldo en la economía real, dinero inorgánico, hunde el valor de la moneda, es inevitable que provoque inflación.

Y aunque en el papel en Venezuela confluyen muchos ingredientes que un economista calificaría de inflacionarios, el gobierno defiende que la hiperinflación que padece el país es «inducida y criminal».

Guerra económica
Lo dijo Maduro en 2014 y lo ha seguido repitiendo a lo largo de los años, según él, la inflación venezolana «no responde a las reglas de la economía».

De hecho, el gobierno venezolano tiene una explicación para todos los problemas que padece el país: la guerra económica.

Desde que llegó al poder tras el fallecimiento de Chávez en 2013, Maduro no ha parado de denunciar que es víctima de una «guerra económica» y del sabotaje orquestado por empresarios de derecha en connivencia con EE.UU.

Más recientemente ha pasado a culpar a las sanciones decretadas por el gobierno de Donald Trump contra altos jerarcas y el sector petrolero.

«Por supuesto que no es verdad que la crisis es culpa de las sanciones. La crisis es culpa del modelo productivo», opina León quien sin embargo reconoce que «las sanciones es imposible que afecten solo al gobierno».

«La sanción amplifica el problema, algo que se ve como un sacrificio que hay que hacer para intentar sacar a Maduro del poder», señala el analista.

El problema para Washington y los sectores de la oposición que apoyan las sanciones surge, como señala León, cuando no bastan para sacar Maduro del poder «como no ocurrió con Cuba, ni Irán, ni Siria, ni Zimbabue…».

«Entonces alargas el proceso de deterioro interno y destruyes la capacidad infraestructura, de producción, la industria… Y el más afectado es ya el pueblo porque incluso el gobierno se convierte en el big brother que algo tiene para repartir».

El socialismo evista
En contraste, el «socialismo boliviano» nacionalizó los sectores estratégicos para más que nada renegociar los contratos con las petroleras internacionales y así multiplicar las regalías con las que se quedaba el Estado.

Esa renegociación puso ingentes recursos a disposición del gobierno que activó una política de redistribución de la riqueza a través de tres bonos: a la vejez, a los escolares y a las mujeres embarazadas.

De hecho, con esa decisión de limitar las nacionalizaciones a sectores estratégicos se explica también cómo, a diferencia de Venezuela, el gobierno de Morales operó para garantizar el abastecimiento interno de alimentos.

Y es que más allá de la agricultura de supervivencia que se puede encontrar a lo largo y ancho del país, la sede del sector agroindustrial está en Santa Cruz, cuna de los movimientos opositores a Morales.

La agroindustria es el segundo rubro de exportación, alrededor de un 10%, pero el sector crece a un ritmo de más de un 8%, por lo que su aporte en el Producto Interno Bruto (PIB) es cada vez mayor.

Convivencia pacífica
Durante los primeros y turbulentos años del presidente Morales en el poder, el sector agroindustrial se alía con la oposición y sus aspiraciones autonomistas y hasta separatistas.

El gobierno decretó entonces el control de las exportaciones de alimentos y exigió un «certificado de abastecimiento interno» para garantizar la disponibilidad de los productos en el mercado interno.

Pero a diferencia del enconado enfrentamiento entre gobierno y clase empresarial que nunca vio la paz en Venezuela, en 2011 Morales logró convencer a los agroindustriales de la conveniencia de una convivencia pacífica.

«Se dieron cuenta los agroindustriales de que la oposición y la conflictividad los iba a llevar al descalabro, así que empezaron a trabajar con el gobierno», recuerda Molina.

El analista señala que el gobierno «también hizo una concesión» al pasar de su discurso contra los transgénicos y demás a «un discurso desarrollista agropecuario».

«Con ese acuerdo, tienes resuelto el problema de la alimentación y provisión básica», afirma Molina.

Bolivia, también en problemas
Pero no todo son buenas noticias en la economía boliviana.

De hecho, hay motivos para la preocupación.

La prometida industrialización de los recursos naturales no llegó durante los años de boom petrolero y los críticos acusan al gobierno de haber profundizado el modelo rentista extractivista.

Molina habla de signos de una «enfermedad holandesa» que aunque no ha llegado al punto de destruir la economía sí que ha impedido la diversificación y la industrialización, y ha hecho que siga fuertemente dependiente de la exportación de recursos naturales.

Además, la situación cambia radicalmente en 2014 con la caída de los precios de los hidrocarburos.

Bolivia comienza a registrar déficit fiscal, el gobierno gasta más de lo que ingresa, y al mismo tiempo se registra déficit comercial, se importa más de lo que se exporta.

Ambos déficits, de en torno al 6 y 8%, no han llevado al gobierno a hacer ningún tipo de ajuste, se han pagado accediendo a deuda externa y acudiendo a las reservas internacionales.

Cifras saludables pero degradadas
Y aunque tanto la deuda externa (alrededor del 25% del PIB) y las reservas internacionales (20% del PIB) siguen en cifras que se pueden considerar saludables, no lo es la velocidad a la que se han degenerado.

En cinco años, las reservas internacionales pasaron del 50% del PIB al 20%.

Muchos ven inevitable una próxima devaluación del boliviano, pero eso se plasmaría en inflación y tampoco parece una receta mágica que vaya a servir para arreglar la situación.

«En el caso boliviano, dado que el 70-80% de las exportaciones son minerales e hidrocarburos, difícilmente una devaluación llevaría al incremento de las exportaciones», apunta José Pérez-Cajías, historiador de la economía boliviano de la Universidad de Barcelona (España).

El vicepresidente, Álvaro García Linera, dice que la clave para salir del atolladero pasa por diversificar las exportaciones con la industrialización del litio, la «economía del conocimiento» y hasta el turismo.

Y eso es algo que tienen en común los gestores de Bolivia y Venezuela: más de una década hablando de diversificar la economía sin que ocurra.

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Príncipe William: en qué consiste el exitoso plan de conservación de Costa Rica

REUTERS | La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunció el reconocimiento para Costa Rica.

Son días felices en Costa Rica.

La semana pasada, la banda Coldplay anunció que abrirá allí su gira de conciertos The Music Of The Spheres («Música de las esferas») prevista para 2022, por la fama mundial de este pequeño país en el uso de energías limpias.

Y el domingo, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, le otorgó a su gobierno el premio Earthshot en la categoría «proteger y restaurar la naturaleza».

Un reconocimiento de 1 millón de libras esterlinas (unos US$1,3 millones) por su exitoso modelo de conservación del bosque.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo en Twitter que su gobierno invertirá el premio en la conservación de los ecosistemas marinos.

Según Alvarado, los fondos se usarán para «replicar en el mar el modelo de conservación que se ha implementado exitosamente en los ecosistemas terrestres».

El premio también recuerda que este programa, que sostiene una parte importante de los bosques privados, sufre una presión económica creciente.

Reforestación y protección
Costa Rica es, según un informe de 2016 de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el primer país de Latinoamérica que logró revertir la deforestación y aumentar su cobertura boscosa.

Cifras recientes del Banco Mundial muestran que el país aumentó su cobertura forestal de un 47% en el año 2000 al 59% en 2020.

Este avance se debe en parte al programa galardonado por el príncipe Guillermo y a un cambio en la estructura productiva del país, que antes se enfocaba en gran parte en la ganadería.

El plan ambiental premiado combina la conservación del bosque en áreas silvestres protegidas que pertenecen al Estado con la reforestación y preservación en terrenos que pertenecen a dueños privados.

En el caso del ámbito privado existe un sistema de pago por servicios ambientales (PSA), que consiste en una compensación económica para las personas que poseen fincas y que, en vez de usarlas para cultivos o ganadería, deciden conservar y proteger los árboles o incluso combinar esa protección con otras actividades productivas.

Los pagos por servicios ambientales existen en varios países del mundo, pero en Costa Rica hay diferencias palpables, según le explica a BBC Mundo Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) que desarrolla el programa.

Una de ellas es que el país tiene fondos ya asegurados cada año.

«La ventaja es que la ley forestal le dio una fuente de recursos fija, sólida y constante», explica Rodríguez.

La ley forestal de 1996 creó los PSA y estableció un impuesto a la gasolina y a otros hidrocarburos que actualmente es del 3,5%.

Según Rodríguez, la mayoría de países que tiene este tipo de esquemas establece un presupuesto cada año, según las condiciones del país.

«Es lo que sucedía en Costa Rica antes de la ley forestal: el Ministerio de Hacienda era el que decidía cuánto presupuestaba. En cambio ahora, con los datos de Recope (la refinadora de petróleo del país) hay una estimación bastante cercana de cuánto será el ingreso. Eso nos permite a nosotros planificar a mediano y largo plazo», indica el director de Fonafifo.

Con esa planificaciónse hacen contratos por cinco, diez y hasta 16 años para la conservación de los bosques y se mantiene el compromiso con los dueños, que en su mayoría tiene fincas pequeñas y medianas.

Una clave adicional es que el intercambio económico no se ve como una «regalía» por una buena causa, sino como un pago por un servicio obtenido.

«Ahora se reconoce por los servicios ambientales que genera, de los cuales nos beneficiamos todos los ciudadanos del mundo, pues los árboles capturan CO2, gran responsable del calentamiento global», señala Rodríguez.

Amplio apoyo político
Además de tener una fuente de ingresos constante y una planificación adecuada, otra de las pistas para entender el éxito de Costa Rica en este campo parece ser el apoyo de distintos gobiernos.

Al principio no fue fácil, contó el exministro Carlos Manuel Rodríguez al medio costarricense La Nación.

«Costó mucho impulsar el programa en aquel momento», dijo.

«Pasados varios gobiernos, ha trascendido a las distintas administraciones, y estas han sabido adueñarse de los PSA y llevarlos adelante al margen de diferencias políticas», precisa Rodríguez, quien lideró la creación del programa en el país y lo empezó a implementar en 1998.

Inversión insuficiente
El programa invierte entre unos US$24 y $30 millones anuales en el pago económico a los productores que deciden resguardar el bosque, pero eso solo alcanza para atender el 20% de las solicitudes que recibe cada año.

«La inversión es importante, pero es totalmente insuficiente», se queja Rodríguez.

«Si quisiéramos atender el universo (toda la demanda), tendríamos que tener un presupuesto cinco veces superior para pagar los mismos montos. Pero también es cierto que nosotros quisiéramos pagarles más a los productores», observa.

Los retos para sumar más hectáreas protegidas se han hecho más profundos en los últimos años.

No tanto por falta de compromiso directo con el medio ambiente, sino por una serie de decisiones fiscales que tienen a Costa Rica sumida en una constante presión económica internacional.

Por: María Fernanda Cruz Chaves
BBC News Mundo

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La histórica disputa en Centroamérica por la soberanía en el golfo de Fonseca

GETTY IMAGES

El golfo de Fonseca, en el océano Pacífico, ha sido históricamente una fuente de tensiones donde Honduras, El Salvador y Nicaragua hacen reclamos territoriales.

Ahora, el consejo de ministros hondureño publicó un decreto para «reafirmar la soberanía nacional en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en dichas aguas».

En el decreto, el gobierno de Honduras anuncia un plan de desarrollo para la región.

Pero ¿qué significa exactamente esto y por qué hay disputas territoriales en esta región?

Triple frontera
El golfo de Fonseca, con 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido escenario de conflictos territoriales desde las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

A diferencia de Nicaragua, que cuenta con 352 kilómetros de costa sobre el Pacífico, y El Salvador, con 307 km, para Honduras el golfo es su única salida a ese océano.

El principal problema es la falta de delimitación de las aguas, asunto que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para dirimir una disputa entre El Salvador y Honduras.

En una resolución en 1992, la CIJ determinó que ambos estados tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, pero adjudicó la administración del resto de las aguas del golfo a los tres países que lo comparten.

Isla Conejo, en el centro de la disputa
Pese a que apenas es un peñón de menos de 1 km cuadrado, Isla Conejo es objeto de una larga disputa por su soberanía entre El Salvador y Honduras.

En los años 80, cuando El Salvador estaba en plena guerra civil, el contingente militar salvadoreño que resguardaba la isla volvió al continente, y tropas del ejército hondureño aprovecharon para ocupar por primera vez el islote.

Entonces empezó una controversia diplomática entre ambos países. El Salvador argumenta que Honduras ocupó la isla ilegalmente, y este que el peñón es suyo por su mayor cercanía a la costa hondureña (unos 600 metros).

La disputa casi siempre resurge en las campañas electorales. Honduras celebra elecciones generales el 28 de noviembre.

Pero ¿por qué hay una disputa sobre una isla de medio kilómetro cuadrado?

La ubicación geográfica de sus vecinos forma una especie de pinza en la entrada de la bahía, lo cual cierra aún más el libre acceso pues ambos cuentan con una soberanía de 12 millas náuticas según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Si las autoridades nicaragüenses y salvadoreñas acordaran limitar la navegación en su mar territorial, podrían aislar a los hondureños.

En esas condiciones las islas en el golfo Fonseca tienen un valor fundamental, incluso un islote como Conejo.

Para Honduras el conflicto fue superado con el fallo de la Corte de La Haya en 1992 que reconoce la soberanía de 3 millas náuticas (5,5 km) desde la costa de cada nación.

Mientras El Salvador argumenta que Isla Conejo nunca formó parte de la resolución, pues no la menciona específicamente.

En la resolución se establece la soberanía sobre otras islas: El Tigre, que le pertenece a Honduras, y Meanguera y Meanguerita, a El Salvador.

En 2003, la CIJ rechazó una petición de El Salvador para revisar dicha resolución.

Por: BBC News Mundo

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Pronunciamiento de ONECA ante publicación de FLACSO

ASUNTO: Estudio sobre Garífunas. Las rutas del cuerpo entre el Aquí y el Allá Imaginarios colectivos sobre el fenómeno migratorio en las comunidades de Sambo Creek y Corozal. Tegucigalpa, 2021. ISBN 978-
99979-65-06-6.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO: Reyes, Milton y Gallo, Mildred
Dr. Francisco Herrera Alvarado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras;
Dr. Rolando Sierra Fonseca, Director FLACSO Honduras, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Dra. Josette Altmann Borbón, Secretaria General, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Mtr. Cinthya Fernández Lépiz, Coordinadora Académica Regional, FLACSO, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales;
MSc. Lorena Aguilar Revelo, Coordinadora Regional de Cooperación Internacional e Investigación,
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
OMIH, Observatorio para las Migraciones Internacionales de Honduras;
Sr. D. Juan José Sanzberro Gamio, AECID, Agencia Española de Cooperación Técnica para el Desarrollo.

Para ver mas clic aquí

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José Francisco Ávila anuncia fecha de estreno de su autobiografía

Bronx, NY, 24 de septiembre de 2021: José Francisco Ávila anuncia el lanzamiento de su libro, El Poder del Orgullo Pan-Garífuna Afrolatino Mi búsqueda de identidad racial, ancestral, étnica y cultural   (El libro electrónico está disponible para pre-pedido en la Tienda Kindle aquí)

En esta autobiografía emancipadora y convincente, el hijo de un padre negro caribe / garífuna y una madre mestiza, cuenta la historia de cómo su lucha por reconciliar las percepciones sociales de su herencia multirracial y étnica, lo llevó a una búsqueda de identidad racial, ancestral, étnica y cultural, que lo llevó a impulsar el Movimiento Moderno Garífuna y resulto en el Movimiento Afrodescendiente en América Latina.

José Francisco lleva a los lectores a un viaje convincente de cómo su búsqueda lo llevó a investigar su ascendencia, y cómo el poder de su orgullo racial, ancestral, étnico y cultural, lo llevó a su misión de por vida, informar, empoderar y abogar por su pueblo, que se convirtió en su campaña de por la justicia social de base y, finalmente, en un movimiento transnacional.

Reflexionando sobre sus experiencias vividas, ofrece una exploración única y reflexiva de cómo influyeron en su pensamiento. Desde su nacimiento en Honduras, donde su padre lo expuso a la justicia social, migrando a Boston, MA, durante la desegregación racial, trasladándose a Dallas, TX, durante la era posmoderna de la globalización y la Revolución Digital.

«He pasado los últimos años reflexionando sobre las historias que quería leer pero que aún no se habían escrito, por lo tanto, decidí proporcionar una plataforma para celebrar los logros, exitos y contribuciones de los garífunas. Esas historias, y mis experiencias vividas, forman la esencia de la línea argumental del libro e El Poder del Orgullo Pan-Garífuna Afrolatino«, dijo el autor José Francisco Ávila.

Este poderoso libro captura la convicción de José Francisco Ávila de que necesitamos narrar nuestras propias historias con nuestras propias palabras, para hacer justicia a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Esto es más urgente, en esta era, donde se están aprobando leyes para eliminar los planes de estudio que examinan cuestiones sociales, culturales y legales relacionadas con la raza y el racismo en los Estados Unidos, y el continuo blanqueo de la historia.

El lanzamiento oficial del libro está programado para el domingo 24 de octubre de 2021, de 3 pm a 7 pm, en el Centro Comunitario Justice Sonia Sotomayor, 1000 Rosedale Avenue, Bronx, NY 10472

El libro estará disponible para su compra en Amazon.

(El libro electrónico está disponible para pre-pedido en la Tienda Kindle aquí)

Los detalles completos sobre el libro junto con más detalles se pueden encontrar en www.josefranciscoavila.com

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José Francisco Ávila

Garifuna Afro-Latino Author – Publisher

«If it’s not written, It doesn’t exist!»

Website: https://josefranciscoavila.com

Email: josefranciscoavila@gmail.com

Tel:  (810) 462-1243

Twitter: @JoseFAvilaLopez

Facebook: https://www.facebook.com/josefranciscoavilaauthor

LinkedIn: Jose Francisco Avila

Instagram: @josefavi

Spotify Playlist:  Jose Francisco’s Playlist

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