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Evo Morales busca la reelección: en qué se diferencian los modelos económicos de Bolivia y Venezuela

Entre los países que se llaman a sí mismos socialistas, es tan difícil encontrar un caso de éxito económico comparable al de Bolivia como un fracaso de la magnitud de Venezuela.

En los cerca de 14 años de gobierno de Evo Morales, Bolivia ha crecido una media del 4,8% al año, con una inflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en un 2% para 2019 y cortando la pobreza extrema a la mitad hasta el 17%.

La hiperinflacionaria Venezuela de Nicolás Maduro (con sus políticas económicas fundamentalmente heredadas de Hugo Chávez) ha destruido la mitad de su economía en seis años.

Del país que presume de las mayores reservas probadas de petróleo, han huido más de cuatro millones de personas.

Casi como en un país en guerra, escasean bienes de primera necesidad y es virtualmente imposible conseguir algunos medicamentos.

Las situaciones de las economías de Bolivia y Venezuela parece diametralmente opuestas.

Pero si ambos líderes se dicen socialistas ¿cómo es posible que tengan resultados tan diferentes?

“Evonomics”
Para responder, hay que explicar el éxito de la políticas de Morales y el punto de partida debe ser recordar los persistentes traumas entre los bolivianos por la hiperinflación que padecieron en los 80.

Por eso, al llegar al poder en 2006, en una época de mucha convulsión política, la izquierda boliviana tiene muy presente que de la estabilidad macroeconómica depende su permanencia.

Así es como, con el ministro Luis Arce Catacora como la principal cabeza pensante, idean un modelo mixto basado en dos pilares.

El primero y fundamental es el sector estatal, que se hace con el control de los hidrocarburos y la electricidad, estratégicos generadores de recursos económicos que luego son destinados a políticas sociales.

Y la otra pieza es el sector privado, donde destacan la agroindustria de Santa Cruz (este) y el sector informal: artesanos y pequeño comercio responsables de más del 60% del empleo.

Con las nacionalizaciones de los hidrocarburos que decretó Morales hace más de una década, se multiplicaron los recursos que se quedan dentro del país y creció el poder del Estado que los redistribuye.

“Eso ha generado dos cosas, un mercado interno mucho más grande, con lo que actividades como la construcción o el entretenimiento se han vuelto más rentables”, le explica Molina a BBC Mundo.

“Y la otra consecuencia está en que el sector informal, que no ha dejado de ser pobre, ha mejorado en actividad, crea más empleo”.

Es precisamente ese segundo pilar, el sector privado generador de empleo, del que carece Venezuela, país cuya crisis es tan profunda que millones de personas han tenido que huir.

Muchos se fueron a España, otros a Miami y más tarde vimos los grupos de los que se han ido incluso a pie, atravesando los Andes.

Y, algo impensable hace diez años, también ha habido venezolanos que emigraron a Bolivia.

En los últimos meses, muchos bolivianos se mostraron sorprendidos ante la llegada de migrantes venezolanos.

Varios de ellos trabajan como meseros o vendedores ambulantes.

También hacen malabares a cambio de alguna moneda en las principales calles de La Paz.

Al igual que en Colombia, Chile o Perú, se ve a madres cargando hijos pequeños pidiendo ayuda económica mientras otros portan carteles con los colores de la bandera venezolana.

“¡Exprópiese!”
Y es que, a diferencia de Venezuela, las nacionalizaciones bolivianas se circunscribieron a sectores estratégicos.

Esa idea traza una frontera clara entre el modelo mixto boliviano y el expansionismo estatal que impuso Chávez en Venezuela y que Maduro no hizo más que profundizar.

Los “traumas colectivos” venezolanos estaban más marcados por el Caracazo, la ola de violencia desatada por un paquete de ajuste de corte neoliberal, y no tanto por la falta de disciplina fiscal.

Así, con los precios del petróleo por las nubes, vimos a Chávez ordenando expropiar los locales de los alrededores de la plaza Bolívar, en el centro de Caracas, durante un “Aló, presidente”, su programa de televisión.

“¿Y este edificio?”, pregunta Chávez mientras señala. “Eso es un edificio que tiene comercio privado de joyería”, responde el entonces alcalde de Caracas y actual ministro, Jorge Rodríguez.

“¡Exprópiese!”, dictamina el mandatario mientras habla de convertir la zona en un “centro histórico”.

El abogado Carlos García Soto, coautor del libro “Exprópiese, la política expropiatoria del ‘Socialismo del siglo XXI'”, describe las expropiaciones de Chávez como “una política desordenada”.

“No fue producto de un plan estratégico de estatización de sectores económicos”, le dice García Soto a BBC Mundo.

No en vano, en muchos casos las expropiaciones se produjeron por circunstancias de índole social o de retaliación política.

Por ejemplo, en julio de 2015, en la primera expropiación ordenada por Maduro se confiscaron unos terrenos para beneficiar a unas familias que allí estaban asentadas.

En 2017, el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Carlos Albornoz, denunció la confiscación de una finca por participar en protestas opositoras.

El gobierno también ha expropiado empresas de construcción por conflictos con los promotores y más recientemente tenemos el caso de los cereales Kellogg’s.

Control de cambios y otros “pecados” de Venezuela

Pero ese expansionismo estatal, de por sí solo, no es la única explicación del nivel de desmembramiento del tejido empresarial privado que padece Venezuela.

El control de cambios y de precios es otro “pecado capital” que los críticos achacan a los regidores de la economía venezolana.

Establecidos por Chávez ante las huelgas generales y paros patronales de 2002 y 2003, pronto se convirtieron en un lastre para el desarrollo económico y en una fuente de corrupción.

Para frenar la inflación, el gobierno estableció el precio máximo para determinados productos básicos que no tardaron en desaparecer de las tiendas.

Lo que se idea para defender a los consumidores frente a los excesos de los “avariciosos empresarios”, en medio procesos inflacionarios, pronto obliga a producir a pérdidas.

Eso es inevitablemente también la semilla de la escasez, nadie quiere trabajar si le cuesta dinero, nadie produce si el precio impuesto por el Estado está por debajo del coste.

Por otra parte, el control de cambios, por el que el Estado monopoliza el acceso a la moneda extranjera, también se convirtió en factor de escasez y corrupción.

Por ejemplo, si para producir papel higiénico se requiere importar el pegamento con el que lo adhieres al tubo de cartón en el centro y no consigues los dólares porque no te los da el gobierno, la producción se hace imposible y los rollos de papel se convierten en un bien escasísimo.

Además, se creó el perfecto incentivo para la aparición de un mercado negro (el dólar paralelo) por las restricciones cada vez mayores al acceso a divisas extranjeras según iba cayendo el precio del petróleo.

“El gobierno decide vender los dólares por debajo del mercado con la idea de garantizar que los precios se mantengan bajos. ¿Qué ocurrió? Hay un gran incentivo para que cualquiera que reciba un dólar del Estado lo puede vender en el mercado paralelo”, le dice a BBC Mundo el analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis.

En ese contexto, según León, el gobierno decide quién se hace millonario y quién se arruina, y esto es lo que destruye la economía.

“La discrecionalidad en la formación de los precios lo corrompe todo. Todo termina en lo mismo, un chiquero de corrupción que destruye la capacidad económica del país”, afirma León.

La guerra económica
Otro contraste está en que mientras en Bolivia el gobierno se esforzaba en desdolarizar la economía y fomentar la confianza de los consumidores en su moneda, en Venezuela se pretendía solucionar los problemas de flujo de caja imprimiendo dinero.

El dinero en circulación en Venezuela pasó de los 127 billones a final de 2017 a 8.000 billardos (miles de billones).

Y eso en un contexto de contracción económica.

Esta impresión de moneda sin respaldo en la economía real, dinero inorgánico, hunde el valor de la moneda, es inevitable que provoque inflación.

Y aunque en el papel en Venezuela confluyen muchos ingredientes que un economista calificaría de inflacionarios, el gobierno defiende que la hiperinflación que padece el país es “inducida y criminal”.

Guerra económica
Lo dijo Maduro en 2014 y lo ha seguido repitiendo a lo largo de los años, según él, la inflación venezolana “no responde a las reglas de la economía”.

De hecho, el gobierno venezolano tiene una explicación para todos los problemas que padece el país: la guerra económica.

Desde que llegó al poder tras el fallecimiento de Chávez en 2013, Maduro no ha parado de denunciar que es víctima de una “guerra económica” y del sabotaje orquestado por empresarios de derecha en connivencia con EE.UU.

Más recientemente ha pasado a culpar a las sanciones decretadas por el gobierno de Donald Trump contra altos jerarcas y el sector petrolero.

“Por supuesto que no es verdad que la crisis es culpa de las sanciones. La crisis es culpa del modelo productivo”, opina León quien sin embargo reconoce que “las sanciones es imposible que afecten solo al gobierno”.

“La sanción amplifica el problema, algo que se ve como un sacrificio que hay que hacer para intentar sacar a Maduro del poder”, señala el analista.

El problema para Washington y los sectores de la oposición que apoyan las sanciones surge, como señala León, cuando no bastan para sacar Maduro del poder “como no ocurrió con Cuba, ni Irán, ni Siria, ni Zimbabue…”.

“Entonces alargas el proceso de deterioro interno y destruyes la capacidad infraestructura, de producción, la industria… Y el más afectado es ya el pueblo porque incluso el gobierno se convierte en el big brother que algo tiene para repartir”.

El socialismo evista
En contraste, el “socialismo boliviano” nacionalizó los sectores estratégicos para más que nada renegociar los contratos con las petroleras internacionales y así multiplicar las regalías con las que se quedaba el Estado.

Esa renegociación puso ingentes recursos a disposición del gobierno que activó una política de redistribución de la riqueza a través de tres bonos: a la vejez, a los escolares y a las mujeres embarazadas.

De hecho, con esa decisión de limitar las nacionalizaciones a sectores estratégicos se explica también cómo, a diferencia de Venezuela, el gobierno de Morales operó para garantizar el abastecimiento interno de alimentos.

Y es que más allá de la agricultura de supervivencia que se puede encontrar a lo largo y ancho del país, la sede del sector agroindustrial está en Santa Cruz, cuna de los movimientos opositores a Morales.

La agroindustria es el segundo rubro de exportación, alrededor de un 10%, pero el sector crece a un ritmo de más de un 8%, por lo que su aporte en el Producto Interno Bruto (PIB) es cada vez mayor.

Convivencia pacífica
Durante los primeros y turbulentos años del presidente Morales en el poder, el sector agroindustrial se alía con la oposición y sus aspiraciones autonomistas y hasta separatistas.

El gobierno decretó entonces el control de las exportaciones de alimentos y exigió un “certificado de abastecimiento interno” para garantizar la disponibilidad de los productos en el mercado interno.

Pero a diferencia del enconado enfrentamiento entre gobierno y clase empresarial que nunca vio la paz en Venezuela, en 2011 Morales logró convencer a los agroindustriales de la conveniencia de una convivencia pacífica.

“Se dieron cuenta los agroindustriales de que la oposición y la conflictividad los iba a llevar al descalabro, así que empezaron a trabajar con el gobierno”, recuerda Molina.

El analista señala que el gobierno “también hizo una concesión” al pasar de su discurso contra los transgénicos y demás a “un discurso desarrollista agropecuario”.

“Con ese acuerdo, tienes resuelto el problema de la alimentación y provisión básica”, afirma Molina.

Bolivia, también en problemas
Pero no todo son buenas noticias en la economía boliviana.

De hecho, hay motivos para la preocupación.

La prometida industrialización de los recursos naturales no llegó durante los años de boom petrolero y los críticos acusan al gobierno de haber profundizado el modelo rentista extractivista.

Molina habla de signos de una “enfermedad holandesa” que aunque no ha llegado al punto de destruir la economía sí que ha impedido la diversificación y la industrialización, y ha hecho que siga fuertemente dependiente de la exportación de recursos naturales.

Además, la situación cambia radicalmente en 2014 con la caída de los precios de los hidrocarburos.

Bolivia comienza a registrar déficit fiscal, el gobierno gasta más de lo que ingresa, y al mismo tiempo se registra déficit comercial, se importa más de lo que se exporta.

Ambos déficits, de en torno al 6 y 8%, no han llevado al gobierno a hacer ningún tipo de ajuste, se han pagado accediendo a deuda externa y acudiendo a las reservas internacionales.

Cifras saludables pero degradadas
Y aunque tanto la deuda externa (alrededor del 25% del PIB) y las reservas internacionales (20% del PIB) siguen en cifras que se pueden considerar saludables, no lo es la velocidad a la que se han degenerado.

En cinco años, las reservas internacionales pasaron del 50% del PIB al 20%.

Muchos ven inevitable una próxima devaluación del boliviano, pero eso se plasmaría en inflación y tampoco parece una receta mágica que vaya a servir para arreglar la situación.

“En el caso boliviano, dado que el 70-80% de las exportaciones son minerales e hidrocarburos, difícilmente una devaluación llevaría al incremento de las exportaciones”, apunta José Pérez-Cajías, historiador de la economía boliviano de la Universidad de Barcelona (España).

El vicepresidente, Álvaro García Linera, dice que la clave para salir del atolladero pasa por diversificar las exportaciones con la industrialización del litio, la “economía del conocimiento” y hasta el turismo.

Y eso es algo que tienen en común los gestores de Bolivia y Venezuela: más de una década hablando de diversificar la economía sin que ocurra.

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¿Por qué QAnon fracasó en Japón?

Pâté

Por Matt Alt
Es escritor, traductor y localizador radicado en Japón que se especializa en adaptar contenido japonés para audiencias globales.

TOKIO — Durante más de 40 años, el principal proveedor de fenómenos oscuros en Japón, la revista Mu, le ha vendido Pie Grande, ovnis y lo oculto a una base de fanáticos voraces. Las civilizaciones alienígenas y la biología del monstruo del lago Ness han sido populares artículos de portada. Una teoría de la conspiración no llega del todo al país sin un visto bueno de la publicación mensual.

Sin embargo, Mu, con casi 60.000 lectores y seguidores, entre ellos un ex primer ministro, un célebre director de anime e ídolos del J-Pop, se contuvo de publicar el artículo obvio sobre la teoría de la conspiración más grande de la era: QAnon.

Ese movimiento llegó a su pico de notoriedad con la irrupción al Capitolio de Estados Unidos en enero y su relato central sin fundamentos se volvió muy conocida durante la pandemia del coronavirus. Sus seguidores están convencidos de que una camarilla de élites adoradoras de Satán y abusadoras de menores controla el mundo y desató la COVID-19 y la tecnología 5G como parte de su plan. QAnon ha encontrado creyentes en más de 70 países, desde madres británicas que se oponen al tráfico infantil hasta manifestantes anticonfinamiento en Alemania e incluso un gurú australiano del bienestar.

Sin embargo, fue un fiasco en Japón, un país que no es ajeno a las teorías conspirativas. Aunque los medios de Occidente lo hayan retratado de otra manera, casi no hay ningún seguidor de Q entre los japoneses y no ha pasado la prueba de los expertos en conspiraciones de la nación. “Es demasiado ingenuo para nuestra base de lectores”, le comentó el mes pasado Takeharu Mikami, editor de Mu desde 2005, al periódico Asahi Shimbun.

Japón ha sido un terreno fértil para el pensamiento conspiratorio desde hace mucho tiempo. En 1877, una iniciativa de inoculación en contra del cólera generó rumores de que las autoridades se estaban robando los hígados de la gente para vendérselos a extranjeros. Después del gran terremoto de Kanto en 1923, se propagaron rumores racistas sobre un sabotaje coreano; miles de coreanos inocentes fueron linchados como consecuencia. Y en 1995, Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), un culto religioso obsesionado con el apocalipsis, lanzó un ataque con gas nervioso en el metro de Tokio. En la revista oficial del culto, su líder le declaró “la guerra al gobierno mundial en las sombras”, antes de que sus seguidores asesinaran a catorce personas y lesionaran a 6000 más.

Lo que es más, Japón le dio al mundo “2channel”, un tablero de mensajes anónimos en la red fundado en 1999 que se transformó en un semillero de nacionalismo y discurso de odio. La versión de habla inglesa que inspiró directamente, “4chan”, incubó buena parte de la cultura más desagradable de los memes en internet. También engendró a QAnon, cuando legiones se reunieron para apoyar publicaciones de un usuario aún desconocido que se hace llamar “Q”, quien profetizó que el entonces presidente Donald Trump iba a derrotar a la camarilla.

Luego, la primavera pasada, el coronavirus confinó a naciones enteras y esto encendió la llama para que QAnon ardiera por el mundo. Atrapadas en casa, temerosas e inseguras, personas desde Londres hasta Melbourne, París y Brasilia se sumergieron en el oscuro laberinto digital. En Japón, las búsquedas de QAnon en Google también se dispararon de forma drástica, después de que Tokio declaró un estado de emergencia en abril pasado.

Los perplejos internautas japoneses apodaron a los nuevos discípulos “J-Anon”, una frase multifunción para designar el revoltijo de quienes adoptan sus teorías preferidas derivadas de Q, las cuales en su mayoría no se superponen.

Un grupo tradujo las profecías de Q al japonés, y se unía casi de manera exclusiva en internet en torno a una cuenta de Twitter y una etiqueta (#QArmyJapanFlynn). La inició Eri Okabayashi, quien localizó contenido de QAnon: en un inicio, su cuenta pareció generar decenas de miles de seguidores.

Hay otro que incluye una pizca de agrupaciones pro-Trump, que divulgaron la consigna de “Paren el robo” después de la derrota de Trump en noviembre. Los simpatizantes provienen de fuentes como la religión Happy Science y una sede local de Falun Gong. Han reunido a unos pocos cientos de participantes en casi una docena de protestas, a difundir un sentimiento anti-China.

Y también están los negacionistas de la COVID, cuyas manifestaciones antimascarillas tienen como objetivo hacer que todos los demás “se sientan estúpidos”.

A pesar de toda su fanfarronería, los creyentes de J-Anon siguen siendo marginales.

Una cantidad significativa de japoneses tal vez comparta las opiniones negativas sobre China de los conspiracionistas, pero las basan en hechos verificables como disputas territoriales y agravios históricos. Además, la mayoría de los japoneses nunca aceptaría las extrañas teorías de J-Anon: por ejemplo, que la familia imperial fue remplazada por dobles o que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron obra de japoneses. Un análisis digital forense ha establecido que probablemente la mayoría de los seguidores de Okabayashi sean falsos (Twitter eliminó su cuenta en enero como parte de una purga mundial de QAnon).

Entonces, ¿por qué la recepción tan tibia? Al parecer las peculiaridades culturales y políticas de Japón han sido las principales formas de inoculación en contra de QAnon.

Gran parte de la cultura japonesa se esfuerza mucho por evitar el conflicto, por eso deja poco espacio para el combate ideológico que les gusta a los seguidores de QAnon. “Los japoneses no hablan abiertamente sobre política. Es casi un tabú, por la posibilidad de una confrontación polémica”, opinó Kaori Hayashi, quien imparte clases de Periodismo y Medios en la Universidad de Tokio. Cuando responden encuestas, casi la mitad de los votantes japoneses asegura no tener una afiliación política. Sin el elemento combustible de la política identitaria, los memes de QAnon simplemente no atrapan la psique japonesa.

Otra defensa en contra de la desinformación es el dominio heredado de los medios audiovisuales e impresos de Japón, un efecto involuntario de su control. Con el respaldo de una doctrina de justicia en la ley nacional de medios audiovisuales, la programación debe evitar la tergiversación de hechos, mantener una postura política justa y no perjudicar la seguridad pública. La ley ha obstaculizado el ascenso de la televisión y la radio abiertamente partidistas; no hay un ciclo de noticias que esté las 24 horas del día clamando primicias.

Los periódicos japoneses también siguen gozando de una de las circulaciones más altas de medios impresos en el mundo. Por lo tanto, no han explorado en serio la distribución digital y casi no habían reconocido los actuales sucesos en línea sino hasta hace poco tiempo. La ventaja de esto es que las teorías de la periferia no se tratan con tanta facilidad en los medios noticiosos tradicionales, en contraste con Estados Unidos, donde un solo tuit puede llegar a los titulares y a menudo lo logra.

No obstante, hay partes vulnerables en la sociedad japonesa. De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, abunda el pesimismo sobre el futuro, por eso la mayoría de los japoneses cree que sus hijos tendrán una peor situación económica que ellos. Más de la mitad cree que sus políticos son corruptos y no les dan importancia. Además, la gente siente un profundo escepticismo en torno a las vacunas para la COVID-19, aunque no dudan de la ciencia, sino del manejo que puedan hacer sus líderes de las campañas de vacunación.

Los medios tradicionales tal vez son menos bombásticos, pero su letargo ha alienado a las minorías. En Japón, los adultos menores de 50 años están abandonando los periódicos por completo. Los movimientos marginales brotan cuando la gente siente que el sistema la descuida. “Los medios tradicionales no están prestando suficiente atención a sus voces”, opinó Hayashi. “Están recurriendo a internet para hacerse escuchar y a veces incluso son hostiles hacia los medios tradicionales”. Es una señal ominosa de que la frase “noticias falsas” ya entró en el léxico japonés.

La revista Mu ha comprendido las señales. Como respuesta a unas peticiones, Mu dedicará su próximo número al movimiento de QAnon. Sin embargo, no será la victoria que ansían los conspiracionistas: Mikami, el editor, ha prometido no promover los dogmas de Q, sino iluminar a sus lectores sobre “educación conspiratoria”. Hasta ahora, los japoneses han logrado oponer resistencia a QAnon, pero ¿quién no disfruta una lectura sensacionalista?

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Qué significa para el presidente de Honduras que hayan condenado a su hermano en EE.UU.

Activistas hondureños se reunieron en Nueva York. - EPA

El hermano del presidente de Honduras escuchó este martes su condena por narcotráfico en una corte de Nueva York en silencio y vistiendo un traje azul de presidiario: cadena perpetua.

La decisión del juez Kevin Castel es el desenlace del juicio en que Tony Hernández, un exdiputado hondureño de 42 años, fue hallado culpable de participar en la importación de 185.000 kilos de cocaína a Estados Unidos y otros cargos.

Pero la condena también es una nueva señal de los cuestionamientos que enfrenta su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández.

Al leer la pena este martes, el propio juez Castel dijo que el tráfico de drogas en el que participó el acusado “de hecho fue patrocinado por el Estado”.

El magistrado también indicó que Tony Hernández, además de ser responsable de asesinatos, “actuó como facilitador en sobornos a políticos, incluido su hermano” el presidente hondureño, provenientes de narcos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, para proteger el tráfico de cocaína.

Ningún cargo formal ha sido presentado hasta ahora contra del mandatario, quien niega tener vínculos con el narcotráfico y asegura combatirlo.

Pero los fiscales estadounidenses han revelado que abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como co-conspirador en el juicio de su hermano y de otro hondureño hallado culpable de narcotráfico en la misma corte de Manhattan la semana pasada, Geovanny Fuentes Ramírez.

Todo esto ocurre justo cuando el presidente de EE.UU., Joe Biden, planea enviar hasta US$4.000 millones a Honduras, Guatemala y El Salvador para atacar las causas de la emigración, como la pobreza o la violencia, un asunto que gana relevancia política en Washington.

Sin embargo, la condena del hermano del presidente hondureño refleja que “el narcotráfico está muy cercano a la política” en ese país, dice Juan Jiménez Mayor, un abogado y exministro peruano de Justicia que encabezó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) entre 2016 y 2018.

“Honduras creo que va a ser la peor crisis de la penetración del narcotráfico en la política en América Latina”, dice Jiménez Mayor a BBC Mundo.

Por: Gerardo Lissardy – BBC News Mundo

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Victoria Salazar: qué se sabe de la mujer salvadoreña muerta en México

GETTY IMAGES

Por: BBC News Mundo

Victoria Salazar huyó de la pobreza y pocas oportunidades de El Salvador, considerado en su momento como uno de los países más violentos del mundo, pero fue en México donde perdió la vida violentamente.

La conmoción por su muerte tras ser sometida de manera brutal por la policía en plena calle el pasado sábado continúa, y también los reclamos para que se haga justicia.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no dudó en asegurar que Salazar fue “brutalmente tratada y asesinada” por agentes de la ciudad de Tulum y afirmó que no habrá impunidad al respecto.

Los cuatro policías implicados ya fueron detenidos por su presunta participación en un caso de feminicidio.

Desde El Salvador, familiares exigieron castigo para los responsables de la muerte de Salazar, quien residía y trabajaba de manera legal en México “por un mejor futuro” de sus dos hijas menores de edad.

Refugiada en México
Salazar tenía 36 años y era originaria de Sonsonate, una ciudad de unos 70.000 habitantes en el oeste de El Salvador.

Su familia explicó que la mujer llegó a México en 2016 en busca de “mejores oportunidades”. Con ella viajaron sus dos hijas, que en la actualidad tienen 15 y 16 años.

“Ella, como era madre soltera, quizá aquí no hallaba un empleo digno, un trabajo. Entonces por eso se fue, por un mejor futuro de las niñas, de sacarlas adelante”, dijo a periodistas este lunes su madre, Rosibel Salazar.

La mujer solicitó asilo como refugiada, el cual le fue otorgado por las autoridades mexicanas. Según informó el portal Animal Político, la petición de protección fue realizada “por motivos de género”.

Tras obtener su condición de refugiada, Salazar vivía en México como residente permanente por razones humanitarias desde principios de 2018, según confirmó el Instituto Nacional de Migración.

Sus familiares aseguraron a los medios que desconocían si su hija había recibido amenazas que le habían obligado a salir de El Salvador.

“Me imagino que cuando la entrevistaron ella debió haber dicho la situación del país, por eso ella se iba, eso pienso yo que para nadie es oculto esas cosas que han estado pasando”, dijo su madre al ser preguntada sobre el proceso de petición de asilo.

Indignación y frustración de la familia
En Tulum, uno de los enclaves turísticos más populares de México, Salazar trabajaba como limpiadora en hoteles.

Su objetivo era “criar a mis sobrinas, darles estudio”, contó René, hermano de la mujer fallecida.

“Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada, yo hubiera querido estar allí”, aseguró la madre de la víctima.

“No merecía esa muerte (…) Las autoridades están para proteger a los seres humanos, con todas sus técnicas que tienen para tratar de someter a alguien. Pero eso fue un abuso de autoridad, así es que yo pido justicia”.

El deseo de la familia ahora es poder viajar a México para hacerse cargo cuanto antes de las hijas de la fallecida, ambas menores de edad.

“Nosotros nos encargaremos de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten”, aseguró Nayib Bukele, presidente del gobierno de El Salvador, que también gestiona los permisos necesarios para repatriar el cadáver.

¿Qué pasó minutos antes de su muerte?
El fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, dijo que los policías acudieron al lugar donde estaba la mujer tras recibir una llamada por supuesta alteración del orden.

“Victoria estaba en una tienda de conveniencia, tiene diferencias con empleados y clientes, origina que llamen al 911, solicitan el apoyo de la fuerza pública, llegan los policías y encuentran a Victoria saliendo de la tienda”, dijo en entrevista con grupo Fórmula.

En un video de las cámaras de seguridad de la tienda difundido por el canal Milenio, se observa a la mujer por los pasillos balanceando y haciendo distintos movimientos con un garrafón de agua vacío sin agredir a nadie.

Otros clientes la observan y se alejan de ella. Este comportamiento fue, supuestamente, la causa por la que se requirió el apoyo de las autoridades en el lugar.

Ya en el exterior de la tienda, otro video ampliamente difundido en redes refleja el momento en que la mujer es sometida contra el suelo por la policía.

En la grabación, se ve a la víctima forzada a permanecer boca abajo contra el suelo, esposada, mientras una mujer policía apoya la rodilla contra su espalda, bajo la mirada de otros tres uniformados.

Posteriormente, en el video se ve cómo los agentes mueven el cuerpo a la parte posterior de una camioneta policial.

“No la llevaron a ningún lado y es uno de los puntos que estamos tratando, porque se muestra un desprecio. Es misoginia, pudiendo actuar de otra forma, debieron haber llamado al servicio médico, pedir apoyo a otras unidades, pero no, la suben a una camioneta”, criticó el fiscal Montes de Oca.

La Fiscalía confirmó que la causa de la muerte fue una fractura y lesiones en la parte superior de la columna vertebral que “son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer”.

“La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración”, aseguró el organismo.

Los cuatro agentes implicados fueron detenidos “por su probable participación en hechos señalados por la ley como feminicidio” lo que, según la Fiscalía estatal, les podría acarrear una pena de hasta 50 años de cárcel.

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Honduras, un gran dolor de cabeza para Biden

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en 2018Credit...Orlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images

SAN SALVADOR — El gobierno de Joe Biden tiene un gran dolor de cabeza: Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras y firme aliado de Estados Unidos en Centroamérica durante casi una década, se ha convertido en un paria. Las versiones cada vez más escandalosas de su supuesta participación en tráfico de drogas complican la continuidad del respaldo que siempre recibió de Washington.

En febrero, ocho senadores estadounidenses introdujeron una propuesta de ley para suspender ayuda financiera relacionada con cuestiones de seguridad a Honduras porque, argumentan, hay evidencia sustancial de que el presidente Hernández “se ha involucrado en un patrón de actividad criminal y utilizado el aparato de Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas”.

Buena parte de esta evidencia contra JOH, como llaman los hondureños a Hernández, proviene de testimonios y confesiones registrados en la Corte Federal del Distrito de Manhattan, en Nueva York, durante varios juicios abiertos en años recientes contra hondureños acusados de narcotráfico y delitos conexos. Han sido encontrados culpables, entre otros, el hijo de un expresidente, el hermano de otro, dos miembros de la familia más rica del país y un exjefe de policía. El Estado hondureño ha sido penetrado hasta sus raíces por el narcotráfico y la corrupción.

No es extraño, pues, que los hondureños huyan en masa de su país; de un Estado incapaz de garantizar sus derechos o procurar justicia porque las instituciones son controladas por el crimen organizado.

Honduras es crítico para Estados Unidos en materia de migración y combate al tráfico de drogas. Pero hoy Washington no tiene un interlocutor en Tegucigalpa y eso ya tampoco basta porque JOH no es el único problema: el sistema entero está podrido y ha perdido todas sus defensas.
Pero los juicios de Nueva York también develan la disonancia entre la agenda antidrogas y la política exterior estadounidense. El Departamento de Estado estadounidense lleva años apoyando políticamente a un hombre que la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) investiga por narcotráfico.

La semana pasada concluyó el juicio en Nueva York contra el capo hondureño Geovanny Fuentes Ramírez. Los fiscales aseguraron que el presidente Hernández prometió utilizar las fuerzas de seguridad de su país para “inundar Estados Unidos con cocaína”. Cerraron el juicio llamando al presidente “coconspirador” del narcotráfico.

Nadie en Centroamérica se sorprendió. Hace mucho que sabemos que Honduras es un narco-Estado y que la familia presidencial ha estado involucrada en el crimen. Su hermano, Tony Hernández, fue juzgado en la misma corte y encontrado culpable de transportar cientos de toneladas de coca a Estados Unidos. Incluso marcaba sus paquetes con sus iniciales: T. H. Su hermana, Hilda Hernández, fue mencionada por testigos como receptora de fondos del narco para financiar campañas del presidente. Murió en un misterioso accidente de helicóptero en 2017.

JOH tiene una larga carrera política. Fue diputado y presidente del congreso nacional y gobierna su país desde 2014. En 2017, maniobró para cambiar la constitución que prohibía la reelección. Necesitó de un fraude en las urnas para reelegirse. La Organización de los Estados Americanos (OEA) no reconoció el resultado, pero el Departamento de Estado de Donald Trump legitimó su reelección. Para entonces, Estados Unidos ya conocía las actividades criminales de su aliado hondureño.

El principal testigo en los juicios ha sido Devis Leonel Rivera, el violento jefe del cartel de Los Cachiros, quien cooperaba con la DEA desde 2013 y se entregó en 2014. Confesó haber ordenado 78 asesinatos y ha detallado su relación con la familia Hernández y sus contribuciones a las campañas de otros dos presidentes hondureños: Porfirio Lobo y Manuel Zelaya.

Es decir: desde antes del inicio de la presidencia de JOH —y cuatro años antes de su fraudulenta reelección—, Estados Unidos tiene información sobre su involucramiento con el narcotráfico. Y esta información sigue ventilándose en Manhattan.

Los centroamericanos conocemos muy bien la divergencia entre distintas agencias estadounidenses. En tiempos de Jimmy Carter, mientras la Casa Blanca hablaba de la importancia de los derechos humanos, agentes de la CIA apoyaban actividades de grupos paramilitares anticomunistas proscritos por la Casa Blanca y por el Congreso. Lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa tu mano derecha.

Estas contradicciones alcanzaron el humor negro en diciembre de 2019. Tony Hernández, el hermano de JOH, ya había sido encontrado culpable de narcotráfico. Pero al presidente hondureño le llegó un tanque de oxígeno al firmar el acuerdo de tercer país seguro que la Casa Blanca le exigía y se encontró con el presidente Donald Trump en Florida, durante la conferencia anual del Consejo Nacional Estadounidense Israelí. Trump le agradeció y lo reconoció en su discurso: “El presidente de Honduras está trabajando de cerca con Estados Unidos […]. Estamos deteniendo las drogas como nunca antes se había hecho”.

Honduras fue siempre puente para el tráfico de drogas. Pero el narcotráfico se incrementó a partir de golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya. Una de las pocas cosas en las que concuerdan todos los hondureños es en que la influencia de Estados Unidos es tan grande que, si el gobierno de Barack Obama hubiera querido revertir el golpe, lo habría hecho. Pero Zelaya estaba demasiado cerca del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

Desde entonces, los narcovuelos procedentes de Colombia y Venezuela se multiplicaron y tres meses después cayó asesinado el zar antidrogas hondureño, Julián Arístides González Irías. Y se aceleró la penetración criminal al Estado.

Es fácil analizar en retrospectiva a la política exterior de Obama y Trump, con las evidencias que hoy tenemos, y concluir que fue un grave error apostar a la estabilidad en Honduras apoyando a Juan Orlando Hernández por encima del Estado de derecho y del combate al crimen organizado y la corrupción. Esas decisiones no mejoraron la vulnerable situación de los hondureños sino, por el contrario, abrieron la puerta a que los grupos criminales controlaran el sistema.

El presidente Biden necesita cambiar la estrategia hacia Honduras pero primero debe combatir las inercias de la política exterior estadounidense. Abandonar la realpolitik que rigió las relaciones de sus antecesores con consecuencias lamentables.

Hernández concluye su mandato en enero del próximo año, pero extirpar el narcotráfico del Estado hondureño será mucho más difícil. Los carteles y las redes de corrupción han penetrado al ejército, a la policía, al sistema judicial, al Congreso, a los poderes locales, a parte de la prensa y a los partidos políticos. ¿Cómo se salva un país cuando su sistema ya no tiene capacidad de sanearse? Solo con una inyección externa.

Pero si de algo sirven las lecciones de la historia, Biden debe abandonar las soluciones diseñadas en Washington y buscarlas en concierto con la comunidad internacional y la sociedad civil hondureña. Así salió Guatemala de una situación similar. Hace quince años, organizaciones criminales controlaban el Estado. La descomposición fue tal que el sistema ya no podía defenderse. Entonces recurrieron a las Naciones Unidas y así nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Con el firme respaldo de la comunidad internacional, la Cicig reformó la fiscalía, depuró la policía, investigó y persiguió a las estructuras criminales que controlaban el Estado. Se ganó el apoyo de la sociedad civil guatemalteca, indispensable para avanzar. Tuvo tal éxito que logró la captura del general Otto Pérez Molina, entonces presidente del país y cabeza de una red de corrupción. La limpieza terminó cuando poderosos sectores de Guatemala lograron la salida de la Cicig con el apoyo de congresistas republicanos de Estados Unidos.

Honduras no tiene muchas opciones. Es hora de tocar otra vez las puertas de las Naciones Unidas. Biden podría liderar el esfuerzo y la presión para crear una Cicig en Honduras, administrada por la ONU (y no por la OEA, como el fallido experimento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que se disolvió en 2020). Los hondureños merecen recuperar su país. Solo la comunidad internacional en conjunto puede hoy restaurar el Estado hondureño y garantizar que las estrategias de combate al narcotráfico y la corrupción no terminen otra vez enredadas con otras agendas políticas en Washington.

Por Carlos Dada – NYTimes

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