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Evo Morales pierde el control político absoluto en Bolivia, mientras la segunda vuelta está por decidirse

LA PAZ, Bolivia. – El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a las elecciones de este domingo buscando reeditar sus tres amplios triunfos electorales y mantener el control de los dos tercios en la Asamblea Legislativa, pero no alcanzó a cumplir con sus objetivos en la votación que, según los resultados preliminares, revelan la necesidad de una segunda vuelta ante el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

Los datos oficiales del sistema de Transmisión Rápido de Resultados Electorales (TREP) del Órgano Electoral al 83% y los extraoficiales dados por la encuestadora privada Vía Ciencia, al 100 %, prevén el balotaje entre Morales y Mesa al ser el insuficiente el triunfo del mandatario, aunque en las últimas horas esa previsión ha sido puesta en vilo por la paralización de la publicación de los datos del recuento que ha generado incertidumbre en el país.

Según el TREP, Morales gana parcialmente la votación del domingo con un 45.28% del apoyo frente al 38.16 % de Mesa, un resultado interpretado de manera muy diferente por ambos candidatos.

Peor resultado para Morales en casi 14 años
“Un nuevo triunfo más, ganamos una vez más. Cuatro elecciones consecutivas ganamos en Bolivia. Histórico, inédito”, proclamó Morales ante sus seguidores en el antiguo Palacio de Gobierno. Sin embargo, se trata de su peor resultado en casi 14 años comparados con las tres votaciones previas en las que Morales consiguió un 53.7 % (2005), un 64.2 % (2009) y un 61.3% (2014), lo cual tendrá una consecuencia en la presencia del oficialismo en la Asamblea Legislativa.

En 2014, el mandatario cosechó 3.1 millones de votos, mientras que al 83 % del conteo TREP de la votación del domingo la cifra absoluta es de al menos 2.2 millones de votos, aunque todavía falta el cómputo de un 17 % de los sufragios, en los que Morales confía sumar más apoyo del área rural.

En Bolivia, un candidato se proclama presidente si gana la elección con el 50% más 1 del respaldo o si el primero pasa la barrera del 40% y tiene diez puntos de diferencia respecto al segundo, lo que no se cumplen este caso.

Pero, además, con la votación conocida, ninguna de las dos fuerzas mayoritarias podría tener los dos tercios del Congreso, lo que supone que el Movimiento al Socialismo (MAS) dejará de ejercer su control hegemónico en el Congreso, algo que había dejado casi en la inercia a la oposición.

Mesa llama a los ciudadanos a defender el voto
Por su parte, Mesa compareció este lunes ante los medios de comunicación para denunciar que el presidente Morales intenta, a través del Tribunal Supremo Electoral, bloquear la información completa del TREP que ratifica la segunda vuelta.

“Nosotros sabemos de manera positiva que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la información del TREP (conteo rápido) y le exigimos que la haga conocer al país”, dijo Mesa para convocar a las organizaciones de ciudadanos y militantes a defender el voto emitido el domingo.

El conteo del TREP fue paralizado la noche del domingo por decisión del mismo Órgano Electoral con el argumento de que iba a comenzar a hacer el cómputo tradicional, levantando muchas sospechas en la oposición por el temor a una manipulación de los resultados electorales.

Pero, según el expresidente, las organizaciones no van “a permitir que se de un nuevo 21-F de 2016”, en alusión a la fecha del referendo que Morales perdió el 21 de febrero de ese año para intentar cambiar la Constitución en un primer intento de reelección, aunque igual volvió a ser candidato este año por una decisión judicial.

La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) también pidió en sendos tuits a las autoridades del Tribunal Electoral explicar las razones de la suspensión del TREP e informó que sus observadores están en las nueve sedes de los tribunales electorales departamentales. “Es crucial que este proceso se lleve a cabo con agilidad y transparencia”, señaló OEA en un trino.

El computo tradicional que realizan los órganos electorales está en alrededor del 28%, mostrando a las 11.00 hora local (15.00 GMT) una victoria de Mesa sobre Morales, con cifras del 45.3 % frente al 39.5 % de Morales.

Morales se declara ganador y confía en el voto rural
El hecho de que Morales se haya declarado ganador de la votación con los resultados parciales y se negara a aceptar la segunda vuelta a espera del voto del área rural, ha provocado una incertidumbre y una desconfianza en muchos de los electores bolivianos que denuncian posibles fraudes.

Mesa ha comenzado a recibir el apoyo de candidatos y personalidades políticas para reclamar al gobierno de Morales y al TSE la comunicación de la información al 100 % del TREP para confirmar la segunda vuelta.

El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y dirigente y empresario Samuel Doria Medina han criticado la decisión del TSE y pidieron que se reanude el conteo rápido para tener resultados pronto.

El excandidato y senador opositor Oscar Ortiz, de Bolivia dice No, ha ofrecido su apoyo incondicional a Mesa, mientras que el pastor evangélico surcoreano boliviano Chi Hyung Chung ha dicho que no apoyará a Morales y que podría negociar su apoyo a Mesa.

De ser un candidato de última hora, el pastor cristiano ha causado un revuelo en la campaña al situarse en tercer lugar rebasando a Ortiz con posiciones conservadoras y declaraciones polémicas sobre las mujeres y los homosexuales y con la singular oferta de “devolver la palabra de Dios al Palacio de Gobierno”.

Mientras tanto, distintos países han comenzado a pronunciarse sobre la incertidumbre creada por la paralización del recuento.

“Estados Unidos está observando de cerca la primera ronda de elecciones en Bolivia, especialmente la reprentina interrupción de la tabulación electrónica de votos”, escribió en su cuenta de Twitter el jefe interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak. “Las utoridades electorales deben restaurar (la) credibilidad y transparencia al proceso ya para que se resptete la voluntad del pueblo”.

Brasil, por medio de un tuit en la cuenta Itamaraty Brasil, señaló que está acompañando la primera ronda de elecciones en Bolivia y que le “preocupa mucho la interrupción inesperada del escrutinio y la falta de respuestas de las autoridades electorales a las solicitudes de aclaración de la OEA”.

Por su parte, la Embajada de Argentina en Bolivia informó en un comunicado que su gobierno sigue con atención desarrollo del escrutinio y dijo que espera que “se reanude el proceso de escrutinio con todas las garantías de modo que se pueda conocer el pronunciamiento del pueblo boliviano”.

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¿Por qué QAnon fracasó en Japón?

Pâté

Por Matt Alt
Es escritor, traductor y localizador radicado en Japón que se especializa en adaptar contenido japonés para audiencias globales.

TOKIO — Durante más de 40 años, el principal proveedor de fenómenos oscuros en Japón, la revista Mu, le ha vendido Pie Grande, ovnis y lo oculto a una base de fanáticos voraces. Las civilizaciones alienígenas y la biología del monstruo del lago Ness han sido populares artículos de portada. Una teoría de la conspiración no llega del todo al país sin un visto bueno de la publicación mensual.

Sin embargo, Mu, con casi 60.000 lectores y seguidores, entre ellos un ex primer ministro, un célebre director de anime e ídolos del J-Pop, se contuvo de publicar el artículo obvio sobre la teoría de la conspiración más grande de la era: QAnon.

Ese movimiento llegó a su pico de notoriedad con la irrupción al Capitolio de Estados Unidos en enero y su relato central sin fundamentos se volvió muy conocida durante la pandemia del coronavirus. Sus seguidores están convencidos de que una camarilla de élites adoradoras de Satán y abusadoras de menores controla el mundo y desató la COVID-19 y la tecnología 5G como parte de su plan. QAnon ha encontrado creyentes en más de 70 países, desde madres británicas que se oponen al tráfico infantil hasta manifestantes anticonfinamiento en Alemania e incluso un gurú australiano del bienestar.

Sin embargo, fue un fiasco en Japón, un país que no es ajeno a las teorías conspirativas. Aunque los medios de Occidente lo hayan retratado de otra manera, casi no hay ningún seguidor de Q entre los japoneses y no ha pasado la prueba de los expertos en conspiraciones de la nación. “Es demasiado ingenuo para nuestra base de lectores”, le comentó el mes pasado Takeharu Mikami, editor de Mu desde 2005, al periódico Asahi Shimbun.

Japón ha sido un terreno fértil para el pensamiento conspiratorio desde hace mucho tiempo. En 1877, una iniciativa de inoculación en contra del cólera generó rumores de que las autoridades se estaban robando los hígados de la gente para vendérselos a extranjeros. Después del gran terremoto de Kanto en 1923, se propagaron rumores racistas sobre un sabotaje coreano; miles de coreanos inocentes fueron linchados como consecuencia. Y en 1995, Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), un culto religioso obsesionado con el apocalipsis, lanzó un ataque con gas nervioso en el metro de Tokio. En la revista oficial del culto, su líder le declaró “la guerra al gobierno mundial en las sombras”, antes de que sus seguidores asesinaran a catorce personas y lesionaran a 6000 más.

Lo que es más, Japón le dio al mundo “2channel”, un tablero de mensajes anónimos en la red fundado en 1999 que se transformó en un semillero de nacionalismo y discurso de odio. La versión de habla inglesa que inspiró directamente, “4chan”, incubó buena parte de la cultura más desagradable de los memes en internet. También engendró a QAnon, cuando legiones se reunieron para apoyar publicaciones de un usuario aún desconocido que se hace llamar “Q”, quien profetizó que el entonces presidente Donald Trump iba a derrotar a la camarilla.

Luego, la primavera pasada, el coronavirus confinó a naciones enteras y esto encendió la llama para que QAnon ardiera por el mundo. Atrapadas en casa, temerosas e inseguras, personas desde Londres hasta Melbourne, París y Brasilia se sumergieron en el oscuro laberinto digital. En Japón, las búsquedas de QAnon en Google también se dispararon de forma drástica, después de que Tokio declaró un estado de emergencia en abril pasado.

Los perplejos internautas japoneses apodaron a los nuevos discípulos “J-Anon”, una frase multifunción para designar el revoltijo de quienes adoptan sus teorías preferidas derivadas de Q, las cuales en su mayoría no se superponen.

Un grupo tradujo las profecías de Q al japonés, y se unía casi de manera exclusiva en internet en torno a una cuenta de Twitter y una etiqueta (#QArmyJapanFlynn). La inició Eri Okabayashi, quien localizó contenido de QAnon: en un inicio, su cuenta pareció generar decenas de miles de seguidores.

Hay otro que incluye una pizca de agrupaciones pro-Trump, que divulgaron la consigna de “Paren el robo” después de la derrota de Trump en noviembre. Los simpatizantes provienen de fuentes como la religión Happy Science y una sede local de Falun Gong. Han reunido a unos pocos cientos de participantes en casi una docena de protestas, a difundir un sentimiento anti-China.

Y también están los negacionistas de la COVID, cuyas manifestaciones antimascarillas tienen como objetivo hacer que todos los demás “se sientan estúpidos”.

A pesar de toda su fanfarronería, los creyentes de J-Anon siguen siendo marginales.

Una cantidad significativa de japoneses tal vez comparta las opiniones negativas sobre China de los conspiracionistas, pero las basan en hechos verificables como disputas territoriales y agravios históricos. Además, la mayoría de los japoneses nunca aceptaría las extrañas teorías de J-Anon: por ejemplo, que la familia imperial fue remplazada por dobles o que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron obra de japoneses. Un análisis digital forense ha establecido que probablemente la mayoría de los seguidores de Okabayashi sean falsos (Twitter eliminó su cuenta en enero como parte de una purga mundial de QAnon).

Entonces, ¿por qué la recepción tan tibia? Al parecer las peculiaridades culturales y políticas de Japón han sido las principales formas de inoculación en contra de QAnon.

Gran parte de la cultura japonesa se esfuerza mucho por evitar el conflicto, por eso deja poco espacio para el combate ideológico que les gusta a los seguidores de QAnon. “Los japoneses no hablan abiertamente sobre política. Es casi un tabú, por la posibilidad de una confrontación polémica”, opinó Kaori Hayashi, quien imparte clases de Periodismo y Medios en la Universidad de Tokio. Cuando responden encuestas, casi la mitad de los votantes japoneses asegura no tener una afiliación política. Sin el elemento combustible de la política identitaria, los memes de QAnon simplemente no atrapan la psique japonesa.

Otra defensa en contra de la desinformación es el dominio heredado de los medios audiovisuales e impresos de Japón, un efecto involuntario de su control. Con el respaldo de una doctrina de justicia en la ley nacional de medios audiovisuales, la programación debe evitar la tergiversación de hechos, mantener una postura política justa y no perjudicar la seguridad pública. La ley ha obstaculizado el ascenso de la televisión y la radio abiertamente partidistas; no hay un ciclo de noticias que esté las 24 horas del día clamando primicias.

Los periódicos japoneses también siguen gozando de una de las circulaciones más altas de medios impresos en el mundo. Por lo tanto, no han explorado en serio la distribución digital y casi no habían reconocido los actuales sucesos en línea sino hasta hace poco tiempo. La ventaja de esto es que las teorías de la periferia no se tratan con tanta facilidad en los medios noticiosos tradicionales, en contraste con Estados Unidos, donde un solo tuit puede llegar a los titulares y a menudo lo logra.

No obstante, hay partes vulnerables en la sociedad japonesa. De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, abunda el pesimismo sobre el futuro, por eso la mayoría de los japoneses cree que sus hijos tendrán una peor situación económica que ellos. Más de la mitad cree que sus políticos son corruptos y no les dan importancia. Además, la gente siente un profundo escepticismo en torno a las vacunas para la COVID-19, aunque no dudan de la ciencia, sino del manejo que puedan hacer sus líderes de las campañas de vacunación.

Los medios tradicionales tal vez son menos bombásticos, pero su letargo ha alienado a las minorías. En Japón, los adultos menores de 50 años están abandonando los periódicos por completo. Los movimientos marginales brotan cuando la gente siente que el sistema la descuida. “Los medios tradicionales no están prestando suficiente atención a sus voces”, opinó Hayashi. “Están recurriendo a internet para hacerse escuchar y a veces incluso son hostiles hacia los medios tradicionales”. Es una señal ominosa de que la frase “noticias falsas” ya entró en el léxico japonés.

La revista Mu ha comprendido las señales. Como respuesta a unas peticiones, Mu dedicará su próximo número al movimiento de QAnon. Sin embargo, no será la victoria que ansían los conspiracionistas: Mikami, el editor, ha prometido no promover los dogmas de Q, sino iluminar a sus lectores sobre “educación conspiratoria”. Hasta ahora, los japoneses han logrado oponer resistencia a QAnon, pero ¿quién no disfruta una lectura sensacionalista?

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Qué significa para el presidente de Honduras que hayan condenado a su hermano en EE.UU.

Activistas hondureños se reunieron en Nueva York. - EPA

El hermano del presidente de Honduras escuchó este martes su condena por narcotráfico en una corte de Nueva York en silencio y vistiendo un traje azul de presidiario: cadena perpetua.

La decisión del juez Kevin Castel es el desenlace del juicio en que Tony Hernández, un exdiputado hondureño de 42 años, fue hallado culpable de participar en la importación de 185.000 kilos de cocaína a Estados Unidos y otros cargos.

Pero la condena también es una nueva señal de los cuestionamientos que enfrenta su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández.

Al leer la pena este martes, el propio juez Castel dijo que el tráfico de drogas en el que participó el acusado “de hecho fue patrocinado por el Estado”.

El magistrado también indicó que Tony Hernández, además de ser responsable de asesinatos, “actuó como facilitador en sobornos a políticos, incluido su hermano” el presidente hondureño, provenientes de narcos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, para proteger el tráfico de cocaína.

Ningún cargo formal ha sido presentado hasta ahora contra del mandatario, quien niega tener vínculos con el narcotráfico y asegura combatirlo.

Pero los fiscales estadounidenses han revelado que abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como co-conspirador en el juicio de su hermano y de otro hondureño hallado culpable de narcotráfico en la misma corte de Manhattan la semana pasada, Geovanny Fuentes Ramírez.

Todo esto ocurre justo cuando el presidente de EE.UU., Joe Biden, planea enviar hasta US$4.000 millones a Honduras, Guatemala y El Salvador para atacar las causas de la emigración, como la pobreza o la violencia, un asunto que gana relevancia política en Washington.

Sin embargo, la condena del hermano del presidente hondureño refleja que “el narcotráfico está muy cercano a la política” en ese país, dice Juan Jiménez Mayor, un abogado y exministro peruano de Justicia que encabezó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) entre 2016 y 2018.

“Honduras creo que va a ser la peor crisis de la penetración del narcotráfico en la política en América Latina”, dice Jiménez Mayor a BBC Mundo.

Por: Gerardo Lissardy – BBC News Mundo

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Victoria Salazar: qué se sabe de la mujer salvadoreña muerta en México

GETTY IMAGES

Por: BBC News Mundo

Victoria Salazar huyó de la pobreza y pocas oportunidades de El Salvador, considerado en su momento como uno de los países más violentos del mundo, pero fue en México donde perdió la vida violentamente.

La conmoción por su muerte tras ser sometida de manera brutal por la policía en plena calle el pasado sábado continúa, y también los reclamos para que se haga justicia.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no dudó en asegurar que Salazar fue “brutalmente tratada y asesinada” por agentes de la ciudad de Tulum y afirmó que no habrá impunidad al respecto.

Los cuatro policías implicados ya fueron detenidos por su presunta participación en un caso de feminicidio.

Desde El Salvador, familiares exigieron castigo para los responsables de la muerte de Salazar, quien residía y trabajaba de manera legal en México “por un mejor futuro” de sus dos hijas menores de edad.

Refugiada en México
Salazar tenía 36 años y era originaria de Sonsonate, una ciudad de unos 70.000 habitantes en el oeste de El Salvador.

Su familia explicó que la mujer llegó a México en 2016 en busca de “mejores oportunidades”. Con ella viajaron sus dos hijas, que en la actualidad tienen 15 y 16 años.

“Ella, como era madre soltera, quizá aquí no hallaba un empleo digno, un trabajo. Entonces por eso se fue, por un mejor futuro de las niñas, de sacarlas adelante”, dijo a periodistas este lunes su madre, Rosibel Salazar.

La mujer solicitó asilo como refugiada, el cual le fue otorgado por las autoridades mexicanas. Según informó el portal Animal Político, la petición de protección fue realizada “por motivos de género”.

Tras obtener su condición de refugiada, Salazar vivía en México como residente permanente por razones humanitarias desde principios de 2018, según confirmó el Instituto Nacional de Migración.

Sus familiares aseguraron a los medios que desconocían si su hija había recibido amenazas que le habían obligado a salir de El Salvador.

“Me imagino que cuando la entrevistaron ella debió haber dicho la situación del país, por eso ella se iba, eso pienso yo que para nadie es oculto esas cosas que han estado pasando”, dijo su madre al ser preguntada sobre el proceso de petición de asilo.

Indignación y frustración de la familia
En Tulum, uno de los enclaves turísticos más populares de México, Salazar trabajaba como limpiadora en hoteles.

Su objetivo era “criar a mis sobrinas, darles estudio”, contó René, hermano de la mujer fallecida.

“Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada, yo hubiera querido estar allí”, aseguró la madre de la víctima.

“No merecía esa muerte (…) Las autoridades están para proteger a los seres humanos, con todas sus técnicas que tienen para tratar de someter a alguien. Pero eso fue un abuso de autoridad, así es que yo pido justicia”.

El deseo de la familia ahora es poder viajar a México para hacerse cargo cuanto antes de las hijas de la fallecida, ambas menores de edad.

“Nosotros nos encargaremos de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten”, aseguró Nayib Bukele, presidente del gobierno de El Salvador, que también gestiona los permisos necesarios para repatriar el cadáver.

¿Qué pasó minutos antes de su muerte?
El fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, dijo que los policías acudieron al lugar donde estaba la mujer tras recibir una llamada por supuesta alteración del orden.

“Victoria estaba en una tienda de conveniencia, tiene diferencias con empleados y clientes, origina que llamen al 911, solicitan el apoyo de la fuerza pública, llegan los policías y encuentran a Victoria saliendo de la tienda”, dijo en entrevista con grupo Fórmula.

En un video de las cámaras de seguridad de la tienda difundido por el canal Milenio, se observa a la mujer por los pasillos balanceando y haciendo distintos movimientos con un garrafón de agua vacío sin agredir a nadie.

Otros clientes la observan y se alejan de ella. Este comportamiento fue, supuestamente, la causa por la que se requirió el apoyo de las autoridades en el lugar.

Ya en el exterior de la tienda, otro video ampliamente difundido en redes refleja el momento en que la mujer es sometida contra el suelo por la policía.

En la grabación, se ve a la víctima forzada a permanecer boca abajo contra el suelo, esposada, mientras una mujer policía apoya la rodilla contra su espalda, bajo la mirada de otros tres uniformados.

Posteriormente, en el video se ve cómo los agentes mueven el cuerpo a la parte posterior de una camioneta policial.

“No la llevaron a ningún lado y es uno de los puntos que estamos tratando, porque se muestra un desprecio. Es misoginia, pudiendo actuar de otra forma, debieron haber llamado al servicio médico, pedir apoyo a otras unidades, pero no, la suben a una camioneta”, criticó el fiscal Montes de Oca.

La Fiscalía confirmó que la causa de la muerte fue una fractura y lesiones en la parte superior de la columna vertebral que “son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer”.

“La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración”, aseguró el organismo.

Los cuatro agentes implicados fueron detenidos “por su probable participación en hechos señalados por la ley como feminicidio” lo que, según la Fiscalía estatal, les podría acarrear una pena de hasta 50 años de cárcel.

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Honduras, un gran dolor de cabeza para Biden

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en 2018Credit...Orlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images

SAN SALVADOR — El gobierno de Joe Biden tiene un gran dolor de cabeza: Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras y firme aliado de Estados Unidos en Centroamérica durante casi una década, se ha convertido en un paria. Las versiones cada vez más escandalosas de su supuesta participación en tráfico de drogas complican la continuidad del respaldo que siempre recibió de Washington.

En febrero, ocho senadores estadounidenses introdujeron una propuesta de ley para suspender ayuda financiera relacionada con cuestiones de seguridad a Honduras porque, argumentan, hay evidencia sustancial de que el presidente Hernández “se ha involucrado en un patrón de actividad criminal y utilizado el aparato de Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas”.

Buena parte de esta evidencia contra JOH, como llaman los hondureños a Hernández, proviene de testimonios y confesiones registrados en la Corte Federal del Distrito de Manhattan, en Nueva York, durante varios juicios abiertos en años recientes contra hondureños acusados de narcotráfico y delitos conexos. Han sido encontrados culpables, entre otros, el hijo de un expresidente, el hermano de otro, dos miembros de la familia más rica del país y un exjefe de policía. El Estado hondureño ha sido penetrado hasta sus raíces por el narcotráfico y la corrupción.

No es extraño, pues, que los hondureños huyan en masa de su país; de un Estado incapaz de garantizar sus derechos o procurar justicia porque las instituciones son controladas por el crimen organizado.

Honduras es crítico para Estados Unidos en materia de migración y combate al tráfico de drogas. Pero hoy Washington no tiene un interlocutor en Tegucigalpa y eso ya tampoco basta porque JOH no es el único problema: el sistema entero está podrido y ha perdido todas sus defensas.
Pero los juicios de Nueva York también develan la disonancia entre la agenda antidrogas y la política exterior estadounidense. El Departamento de Estado estadounidense lleva años apoyando políticamente a un hombre que la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) investiga por narcotráfico.

La semana pasada concluyó el juicio en Nueva York contra el capo hondureño Geovanny Fuentes Ramírez. Los fiscales aseguraron que el presidente Hernández prometió utilizar las fuerzas de seguridad de su país para “inundar Estados Unidos con cocaína”. Cerraron el juicio llamando al presidente “coconspirador” del narcotráfico.

Nadie en Centroamérica se sorprendió. Hace mucho que sabemos que Honduras es un narco-Estado y que la familia presidencial ha estado involucrada en el crimen. Su hermano, Tony Hernández, fue juzgado en la misma corte y encontrado culpable de transportar cientos de toneladas de coca a Estados Unidos. Incluso marcaba sus paquetes con sus iniciales: T. H. Su hermana, Hilda Hernández, fue mencionada por testigos como receptora de fondos del narco para financiar campañas del presidente. Murió en un misterioso accidente de helicóptero en 2017.

JOH tiene una larga carrera política. Fue diputado y presidente del congreso nacional y gobierna su país desde 2014. En 2017, maniobró para cambiar la constitución que prohibía la reelección. Necesitó de un fraude en las urnas para reelegirse. La Organización de los Estados Americanos (OEA) no reconoció el resultado, pero el Departamento de Estado de Donald Trump legitimó su reelección. Para entonces, Estados Unidos ya conocía las actividades criminales de su aliado hondureño.

El principal testigo en los juicios ha sido Devis Leonel Rivera, el violento jefe del cartel de Los Cachiros, quien cooperaba con la DEA desde 2013 y se entregó en 2014. Confesó haber ordenado 78 asesinatos y ha detallado su relación con la familia Hernández y sus contribuciones a las campañas de otros dos presidentes hondureños: Porfirio Lobo y Manuel Zelaya.

Es decir: desde antes del inicio de la presidencia de JOH —y cuatro años antes de su fraudulenta reelección—, Estados Unidos tiene información sobre su involucramiento con el narcotráfico. Y esta información sigue ventilándose en Manhattan.

Los centroamericanos conocemos muy bien la divergencia entre distintas agencias estadounidenses. En tiempos de Jimmy Carter, mientras la Casa Blanca hablaba de la importancia de los derechos humanos, agentes de la CIA apoyaban actividades de grupos paramilitares anticomunistas proscritos por la Casa Blanca y por el Congreso. Lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa tu mano derecha.

Estas contradicciones alcanzaron el humor negro en diciembre de 2019. Tony Hernández, el hermano de JOH, ya había sido encontrado culpable de narcotráfico. Pero al presidente hondureño le llegó un tanque de oxígeno al firmar el acuerdo de tercer país seguro que la Casa Blanca le exigía y se encontró con el presidente Donald Trump en Florida, durante la conferencia anual del Consejo Nacional Estadounidense Israelí. Trump le agradeció y lo reconoció en su discurso: “El presidente de Honduras está trabajando de cerca con Estados Unidos […]. Estamos deteniendo las drogas como nunca antes se había hecho”.

Honduras fue siempre puente para el tráfico de drogas. Pero el narcotráfico se incrementó a partir de golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya. Una de las pocas cosas en las que concuerdan todos los hondureños es en que la influencia de Estados Unidos es tan grande que, si el gobierno de Barack Obama hubiera querido revertir el golpe, lo habría hecho. Pero Zelaya estaba demasiado cerca del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

Desde entonces, los narcovuelos procedentes de Colombia y Venezuela se multiplicaron y tres meses después cayó asesinado el zar antidrogas hondureño, Julián Arístides González Irías. Y se aceleró la penetración criminal al Estado.

Es fácil analizar en retrospectiva a la política exterior de Obama y Trump, con las evidencias que hoy tenemos, y concluir que fue un grave error apostar a la estabilidad en Honduras apoyando a Juan Orlando Hernández por encima del Estado de derecho y del combate al crimen organizado y la corrupción. Esas decisiones no mejoraron la vulnerable situación de los hondureños sino, por el contrario, abrieron la puerta a que los grupos criminales controlaran el sistema.

El presidente Biden necesita cambiar la estrategia hacia Honduras pero primero debe combatir las inercias de la política exterior estadounidense. Abandonar la realpolitik que rigió las relaciones de sus antecesores con consecuencias lamentables.

Hernández concluye su mandato en enero del próximo año, pero extirpar el narcotráfico del Estado hondureño será mucho más difícil. Los carteles y las redes de corrupción han penetrado al ejército, a la policía, al sistema judicial, al Congreso, a los poderes locales, a parte de la prensa y a los partidos políticos. ¿Cómo se salva un país cuando su sistema ya no tiene capacidad de sanearse? Solo con una inyección externa.

Pero si de algo sirven las lecciones de la historia, Biden debe abandonar las soluciones diseñadas en Washington y buscarlas en concierto con la comunidad internacional y la sociedad civil hondureña. Así salió Guatemala de una situación similar. Hace quince años, organizaciones criminales controlaban el Estado. La descomposición fue tal que el sistema ya no podía defenderse. Entonces recurrieron a las Naciones Unidas y así nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Con el firme respaldo de la comunidad internacional, la Cicig reformó la fiscalía, depuró la policía, investigó y persiguió a las estructuras criminales que controlaban el Estado. Se ganó el apoyo de la sociedad civil guatemalteca, indispensable para avanzar. Tuvo tal éxito que logró la captura del general Otto Pérez Molina, entonces presidente del país y cabeza de una red de corrupción. La limpieza terminó cuando poderosos sectores de Guatemala lograron la salida de la Cicig con el apoyo de congresistas republicanos de Estados Unidos.

Honduras no tiene muchas opciones. Es hora de tocar otra vez las puertas de las Naciones Unidas. Biden podría liderar el esfuerzo y la presión para crear una Cicig en Honduras, administrada por la ONU (y no por la OEA, como el fallido experimento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que se disolvió en 2020). Los hondureños merecen recuperar su país. Solo la comunidad internacional en conjunto puede hoy restaurar el Estado hondureño y garantizar que las estrategias de combate al narcotráfico y la corrupción no terminen otra vez enredadas con otras agendas políticas en Washington.

Por Carlos Dada – NYTimes

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