Honduras y el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial

Por: José Francisco Ávila

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Nueva York. – La Coalición Garifuna USA, Inc., una organización sin fines de lucro no partidista con exención tributaria 501 (c) (3), con sede en la Ciudad de Nueva York, por este medio declara su solidaridad con la Diputada Dra. Johana Bermúdez, quien ayer (22 de abril), se reunió con la honorable  Karla Cuevas, Ministra de la Secretaria de los Derechos Humanos con el objetivo de revisar las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial  de las Naciones Unidas al estado de Honduras para coordinar acciones para continuar avanzando en este tema.

Honduras participo en Ginebra el 28 y 29 de noviembre, en el examen de los informes periódicos 6º a 8º ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). En el desarrollo de este, el Estado tuvo la oportunidad para presentar sus avances para mejorar las condiciones de vida de los Pueblos indígenas y afro hondureños. Aunque de acuerdo al comunicado oficial, Honduras logró positiva sustentación ante el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial.

Las Observaciones finales sobre los informes periódicos sexto a octavo combinados de Honduras, aprobadaspor el Comité en su 97° período de sesiones (26 noviembre – 14 diciembre, 2018), refleja los siguientes Motivos de preocupación y recomendaciones:

C. Motivos de preocupación y recomendaciones 

Aplicación de la Convención 

6. Si bien el Comité toma nota de que la Convención tiene fuerza de ley en el Estado parte, así como de las informaciones proporcionadas por la delegación en relación a que la Convención ha sido invocada en algunos juicios por parte de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural, lamenta que no se haya proporcionado información concreta y ejemplos específicos de su aplicación por parte de los tribunales (arts. 1 y 6).

7. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas apropiadas, incluso mediante la capacitación, para garantizar que los jueces, los fiscales y los abogados conozcan las disposiciones de la Convención, a fin de que puedan aplicarlas en los casos pertinentes. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya ejemplos concretos de la aplicación de la Convención por los tribunales nacionales. 

Recopilación de datos 
8. Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para recopilar estadísticas, lamenta que no se haya proporcionado información completa sobre las condiciones de vida y la situación socioeconómica de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, incluidos los afrohondureños (art. 2, párr. 1).

9. El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos por recopilar estadísticas fiables, actualizadas y completas sobre la composición demográfica y situación socioeconómica, desglosados por origen étnico, género, edad, departamentos, zonas urbanas y rurales, incluyendo las más remotas. Asimismo, le insta a continuar sus esfuerzos en la elaboración de indicadores de derechos humanos y socioeconómicos que le permitan evaluar y llevar a cabo los ajustes necesarios en relación a la sostenibilidad, alcance e impacto de las políticas públicas adoptadas a favor de los sectores de la población sujetos a discriminación racial y para evaluar la aplicación de la Convención en relación con los grupos que componen la sociedad. 

Medidas legislativas 
10. El Comité toma nota de los cambios realizados al Código Penal; sin embargo, continúa preocupado por que las disposiciones legales relativas a la discriminación racial no contengan todos los elementos previstos en los artículos 1 y 4 de la Convención (arts. 1 y 4).

11. El Comité recomienda al Estado parte que lleve a cabo una revisión de la legislación y asegure que la definición y prohibición de discriminación racial contenga todos los elementos del artículo 1 de la Convención y que contemple los actos de discriminación directa e indirecta en todas las esferas del derecho y de la vida pública. Asimismo, le recomienda que se asegure de que la legislación penal esté en plena conformidad con el artículo 4 de la Convención. El Comité remite al Estado parte a sus recomendaciones generales núm. 14 (1993) sobre el artículo 1, párrafo 1 de la Convención, y núm. 29 (2002) sobre la discriminación basada en la ascendencia. 

Comisionado Nacional de Derechos Humanos 
12. Aun cuando el Comité nota los esfuerzos realizados para fortalecer la independencia y aumentar el presupuesto del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, le preocupa que entre otros, el procedimiento de selección y nombramiento del Comisionado aún no sea suficientemente amplio, transparente y participativo y que los recursos asignados aún sean inadecuados para llevar a cabo plenamente su mandato (art. 2).

13. El Comité insta al Estado parte a intensificar sus esfuerzos para asegurar que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos cumpla plenamente con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) y atienda debidamente a las recomendaciones del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. 

Fortalecimiento institucional 
14. El Comité toma nota de la información proporcionada durante el diálogo sobre las acciones llevadas a cabo para la reactivación de la Comisión Nacional contra la Discriminación Racial, Racismo, Xenofobia y otras formas Conexas de Intolerancia. Sin embargo, continúa preocupado por que la referida comisión aún no se encuentra en funcionamiento. De igual forma, lamenta que la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños haya sido convertida en una Dirección como parte de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, lo cual limitaría su alcance y poder de decisión (art. 2).

15. Tomando en cuenta sus anteriores recomendaciones (CERD/C/HND/CO/1-5, párrs. 11 y 12), el Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para la reactivación de la Comisión Nacional contra la Discriminación Racial, Racismo, Xenofobia y otras formas Conexas de Intolerancia, como institución de lucha contra la discriminación racial, asegurando su plena autonomía, la representación amplia de los pueblos indígenas y afrohondureños, y que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para garantizar su pleno funcionamiento. El Comité alienta al Estado parte a considerar elevar nuevamente la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños al rango de Secretaría de Estado, asegurando que cuente con una amplia representatividad de los pueblos indígenas y afrohondureños. 

Discriminación estructural 
16. Preocupa al Comité la persistente discriminación estructural que enfrentan los pueblos indígenas y afrohondureños en el Estado parte, lo cual se ve reflejado en la brecha de desigualdad en el ejercicio de sus derechos humanos, en relación al resto de la población. Aun cuando el Comité toma nota de los datos proporcionados por la delegación en cuanto a los resultados de la implementación de la Plataforma Vida Mejor, le preocupan los altos índices de pobreza y exclusión social que continúan afectando a los pueblos indígenas y afrohondureños, particularmente aquellos que viven en zonas rurales y remotas (arts. 1, 2 y 5).

17. Con base en sus recomendaciones generales núm. 32 (2009) sobre el significado y alcance de las medidas especiales en la Convención, y núm. 34 (2011) sobre discriminación racial contra afrodescendientes, el Comité insta al Estado parte a: 

  1. Garantizar la implementación efectiva de la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños 2016-2022, entre otros, mediante la asignación adecuada de recursos humanos, técnicos y financieros, la creación de mecanismos efectivos de coordinación entre las diferentes autoridades a nivel nacional y local encargadas de su implementación y la participación plena de los pueblos indígenas y afrohondureños; 
  1.  Asegurar que los programas sociales de lucha contra la pobreza sean implementados de manera efectiva tomando en cuenta las brechas de desigualdad y las necesidades concretas de los pueblos indígenas y afrohondureños a fin de lograr resultados significativos en la disminución de la pobreza y de los niveles de desigualdad que les afectan, tomando en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
  1. Adoptar medidas especiales o de acción afirmativa para poner fin a la discriminación racial estructural que enfrentan los pueblos indígenas y afrohondureños en el Estado parte. 

Consulta previa 

18. El Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación de que, previo a la adopción del proyecto de ley relativo al derecho de los pueblos indígenas y afrohondureños a la consulta previa que se encuentra en el Congreso Nacional, se ampliará el proceso de diálogo, en atención a las preocupaciones que han sido expresadas por algunos sectores. Sin embargo, preocupa al Comité que más allá de la necesidad de llevar a cabo un proceso de consulta amplio y representativo con relación al proyecto de ley, existan inquietudes sobre algunas deficiencias en relación al contenido, tales como la definición del ámbito de aplicación, los mecanismos previstos para su implementación, las etapas del proceso de consulta y el concepto del consentimiento. Le preocupa también que el referido proyecto de ley no fue elaborado con base a un proceso apropiado de consulta y participación de los pueblos indígenas y afrohondureños. El Comité está, además, seriamente preocupado por que los proyectos de inversión que se llevan a cabo en territorios de pueblos indígenas o afrohondureños se realicen sin respetar plenamente su derecho a ser consultados con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado (arts. 2 y 5).

19. El Comité insta al Estado parte a: 

  1. Diseñar y adoptar, en consulta con los pueblos indígenas y afrohondureños, un procedimiento y metodología adecuados que permitan garantizar el derecho que tienen a ser consultados respecto de cualquier medida legislativa o administrativa susceptible de afectar sus derechos, con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado, que además tome en cuenta las tradiciones y características culturales de cada pueblo; 
  1. Previo a la discusión y adopción del proyecto de ley relativo a la consulta previa que se encuentra actualmente en el Congreso Nacional, llevar a cabo una revisión exhaustiva del contenido del referido proyecto de ley a la luz de los estándares internacionalmente reconocidos y garantizando la participación activa, plena y transparente de todos los pueblos indígenas y afrohondureños;
  1. Garantizar que se respete debidamente el derecho que tienen los pueblos indígenas y afrohondureños a ser consultados con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado en cuanto a la realización de proyectos de desarrollo económico, energéticos, turísticos, de infraestructura y explotación de recursos naturales que puedan afectar sus territorios y recursos, asegurando que tales consultas se lleven a cabo de manera sistemática y transparente con la debida representación de los pueblos afectados; 
  1. Sin perjuicio de la reglamentación que se proyecta, garantizar el derecho a la consulta previa en los términos previstos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como otros estándares internacionalmente reconocidos;
  1. Tener debidamente en consideración las recomendaciones realizadas por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en lo relativo a la consulta previa. 

Tierras, territorios y recursos naturales 
20. Aun cuando el Comité toma nota de los esfuerzos realizados para titular tierras en favor de los pueblos indígenas y afrohondureños, le preocupa la falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos que estos tienen sobre sus tierras, territorios y recursos. Preocupan al Comité los graves conflictos sociales que se generan en torno a la posesión y utilización de tierras y territorios entre pueblos indígenas o afrohondureños y terceros ocupantes o interesados en la explotación de los recursos naturales que se encuentran en tales territorios (arts. 2 y 5).

21. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Establezca un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, agrarias y otras instituciones relevantes, que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados; 

b) Garantice la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante un proceso adecuado de saneamiento territorial, el reconocimiento legal y la protección jurídica necesarios de conformidad con los estándares internacionales; 

c) Intensifique sus esfuerzos para dar efectivo cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Comunidad Garífuna Punta Piedra Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz

Desarrollo de proyectos económicos 
22. Preocupa seriamente al Comité el impacto que tiene el desarrollo de proyectos energéticos, extractivos, turísticos, agroindustriales y de infraestructura sobre los territorios y recursos de los pueblos indígenas y afrohondureños, así como en sus formas tradicionales de vida y subsistencia.

23. Tomando en cuenta que la protección de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación racial son parte esencial de un desarrollo económico sostenible y recordando el papel que desempeñan tanto el Estado parte como el sector privado en ese sentido, el Comité insta al Estado parte a: 

  1. Asegurar que, como parte del proceso de consulta previa, entidades independientes e imparciales realicen estudios sobre el impacto social, ambiental y cultural que puedan tener los proyectos de desarrollo económico y de explotación de recursos naturales en territorios de pueblos indígenas y afrohondureños, asegurando la debida participación de pueblos indígenas y afrohondureños a fin de proteger sus formas tradicionales de vida y de subsistencia; 
  1. Definir, en consulta con los pueblos indígenas y afrohondureños cuyos territorios y recursos son afectados, medidas de mitigación, compensasión por daños o pérdidas sufridas y de participación en los beneficios obtenidos de dichas actividades. 

Esperamos que la honorable Karla Cuevas, Ministra de la Secretaria de los Derechos Humanos y el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, se comprometan a resolver los Motivosde preocupación y recomendacionesen las observaciones finales sobre los informes periódicos sexto a octavo combinados de Honduras, aprobadaspor el Comité́ en su 97° período de sesiones (26 noviembre – 14 diciembre, 2018).

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