Honduras abrirá el próximo lunes, de “forma gradual y condicionada”, sus fronteras terrestres con El Salvador, Guatemala y Nicaragua, informaron este viernes fuentes oficiales.

“A partir del 19 de octubre de 2020 se reapertura las fronteras terrestres con las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua”, indicó la directora del Instituto Nacional de Migración, Carolina Menjívar, en una rueda de prensa, acompañada del director de la Administradora Aduanera, Juan José Vides, y la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

La reapertura de las fronteras comprende el ingreso y salida de nacionales y extranjeros en todas las categorías migratorias establecidas en la Ley de Migración y Extranjería, añadió.

“Todo viajero deberá cumplir nuevos requisitos de ingreso y tránsito, aplicables para ciudadanos nacionales y extranjeros, además de los ya establecidos en la Ley de Migración y Extranjería”, subrayó la funcionaria.

Entre los nuevos requisitos destacan el uso obligatorio y permanente de mascarilla, presentar una prueba de coronavirus PCR o prueba rápida negativa y realizar un pre registro migratorio.

Desde que estalló la pandemia en el país, a mediados de marzo, se registran más de 86.000 positivos de covid-19, 2.552 muertos y 34.099 personas recuperadas, según cifras oficiales.

El Instituto Nacional de Migración indicó que si el viajero no presenta prueba de covid-19 “se someterá a evaluación clínica” por el personal de la oficina sanitaria internacional, la que emitirá opinión clínica en relación “con el diagnóstico que permita o no el ingreso” de la persona a Honduras.

Si la oficina sanitaria internacional recomienda el ingreso de la persona al país, esta hará “cuarentena obligatoria según determine la autoridad sanitaria”.

Las autoridades hondureñas señalaron además que a partir del 26 de octubre se iniciará la activación “gradual y condicionada” de las operaciones del transporte terrestre internacional para pasajeros, bajo las restricciones de operación establecidas por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Los viajeros serán atendidos en las fronteras terrestres entre las 6.00 y las 18.00 horas locales (entre las 12.00 y las 24.00 GMT).

“El transporte de carga internacional se rige por los lineamientos de bioseguridad aplicables al sector transporte terrestre centroamericano aprobado por la instancia regional de Consejo de Ministros de Integración Económica”, señalaron las autoridades hondureñas.

La mayor parte del territorio hondureño entró el pasado 29 de septiembre en la segunda fase de reapertura económica “gradual y progresiva”, con aplicación de protocolos de bioseguridad.

Siguen excluidos de la reapertura, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones y los centros educativos.

Por EFE

Lo que en un inicio fue anunciado como una compra que aliviaría la necesidad de hospitales para afrontar la pandemia de covid-19 en Honduras se ha convertido en un escándalo de mala gestión y presunta corrupción en el país centroamericano.

El gobierno de Juan Orlando Hernández, a través de la oficina de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), anunció en marzo la adquisición de hospitales móviles fabricados en Turquía que iban a “quintuplicar” la capacidad de atención médica en el país.

Pero pasaron las semanas, luego los meses y los siete sanatorios de campaña, con capacidad para 450 camas y con un costo de US$47 millones, quedaron en un limbo.

“Una vez lleguen los hospitales la instalación se hará en 3 a 5 días porque ya vienen con todo integrado adentro”, decía en junio el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, quien prometía que para julio estarían llegando al país los primeros.

La extraña demora destapó los enredos de cómo Invest-H hizo la compra a intermediarios, algo que fue investigado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que este miércoles emitió un informe sobre las irregularidades.

El TSC “constató atrasos injustificados en los tiempos de entrega” de hasta 107 días para el primer hospital, “equipos ofrecidos incompletos” y un “proceso de contratación sin garantías”, entre otras fallas.

Además de anunciar que habrá acusaciones penales contra funcionarios, el fiscal general Óscar Chinchilla apuntó que la compra generó “perjuicios a la salud y la economía del país”.

“Estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el covid-19, impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada”.

Casi siete meses después del anuncio de la compra, la Secretaría de Salud informó a BBC Mundo que este jueves entrará en funcionamiento el primer hospital en San Pedro Sula.

La escandalosa demora
“¿Dónde está el dinero?” es la pregunta que manifestantes han usado como consigna -y hasta la han pintado en letras gigantes en Tegucigalpa- ante la no disponibilidad de unas clínicas que hubieran sido útiles en los meses pasados, cuando el país vio los números más altos de contagios de covid-19.

La nación ha acumulado más de 84.400 casos confirmados de covid-19 y 2.500 fallecimientos -la segunda cifra de víctimas fatales de Centroamérica- hasta el martes 13 de octubre.

Pero el 18 de marzo, cuando el país inició la compra de hospitales móviles como parte de su estrategia de preparación para la pandemia, la situación era otra: 13 casos confirmados y solo un fallecido.

El gobierno esperaba la instalación de siete hospitales móviles: tres (con 91 camas cada uno) serían abiertos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca; cuatro (con 51 camas) para La Ceiba, Danlí, Santa Rosa de Copán y Juticalpa.

También tendrían equipo de cuidados intensivos e intermedios, así como unidades de procesamiento de desechos.

El gobierno decía que estaba bien preparado para la pandemia.

Pero pasó el tiempo y ya con las críticas encima en junio, la encargada de la compra por parte del Invest-H, Sireya Díaz, dijo que desde el principio sabían que “iba ser muy duro para la población esa espera”.

“Compramos los hospitales en marzo y a lo mejor a la población se le hace mucho tiempo que sea en julio que los vamos a tener; quiero decirles que en cuatro meses hacer este trabajo a nivel técnico es una labor titánica”, señalaba.

Pero la llegada de los dos primeros en julio no significó su pronta apertura.

Por el contrario, una inspección del Ministerio Público determinó que había material clínico dañado y algunos productos con fechas de expiración de 2016.

En una amplia investigación, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) -una asociación civil de Honduras- afirma que hasta octubre el país había recibido solo cuatro de los siete hospitales móviles.

Este jueves será entregado el primero por parte del Invest-H, indicó la Secretaría de Salud a BBC Mundo.

“El hospital ya se ha verificado, se han hecho las pruebas de todo el equipo para atender a los pacientes en estado crítico, Invest-H nos hará la entrega oficial el día jueves (15 de octubre)y nosotros contamos con un plan puesto en marcha”, indicó la ministra de Salud Alba Consuelo Flores.

La verificación sanitaria de los hospitales ha sido “bastante compleja”, por lo que la puesta en marcha bajo estándares nacionales e internacionales de las unidades ha sido lenta.

“No podíamos recibir hasta no estar seguros y nos hemos tomado el tiempo”, indicó Flores, quien aseguró que el hospital móvil para Tegucigalpa está aún en proceso de acondicionamiento y certificación.

¿Qué errores se han detectado?
Tanto quienes protestan contra el gobierno de Hernández como el CNA han señalado que las fallas no solo han golpeado las finanzas públicas, sino también la atención médica de los hondureños.

“Los familiares de los fallecidos por esta crónica de impunidad anunciada deben saber que los responsables de garantizar el acceso a una salud digna, que determinaron no hacerlo, pagarán por sus vínculos a la corrupción”, dijo un portavoz del CNA antes de que se revelara el informe del Tribunal Superior de Cuentas.

El organismo autónomo anticorrupción notificó al Ministerio Público que hay indicios de responsabilidad penal en la adquisición de las clínicas móviles.

Una de las fallas es que Invest-H eligió un intermediario, Elmed Medical System Inc, que no contaba con certificación ni experiencia para proveer hospitales de campaña como los que se instalaron en otras partes del mundo.

“Invest-H no verificó la información presentada” por la empresa, la cual a su vez subcontrató a otra firma sin experiencia para el ensamblaje de los módulos hospitalarios e incluso usó un código de certificación de su proveedor de Turquía para hacerlo pasar como propio.

Además, Invest-H pagó al 100% los US$47 millones sin ninguna garantía de cumplimiento de tiempos y no se cercioró de que su proveedor tuviera personal capacitado para instalar los hospitales.

Los exdirectivos de Invest-H Marco Bográn y Alex Moraes fueron destituidos y podrían enfrentar, junto a otros funcionarios, acusaciones penales.

La institución informó a BBC Mundo que está cooperando con la investigación.

En tanto, a excepción de la de San Pedro Sula, las clínicas que debían estar en funcionamiento en los meses más agudos de la pandemia aún siguen sin tener una fecha de apertura.

Por: BBC News Mundo

WASHINGTON — La excursión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el domingo por la noche, sus repetidas solicitudes para ser dado de alta y su agresiva negación de la gravedad del coronavirus subrayan el problema inusual y precario que se le presentó a su médico: su paciente también es su jefe.

En el caso de Sean P. Conley, médico de la Casa Blanca y miembro de la Marina, el paciente es su jefe y también es su comandante en jefe. Desobedecer los deseos de Trump podría considerarse como insubordinación, uno de los delitos más graves para los militares.

Trump, como muchos presidentes, eligió a un médico militar porque, desde hace mucho tiempo, han sido considerados como los guardianes más confiables de la salud presidencial y la información médica que debe guardarse celosamente.

Conley, quien se desempeñó como médico de emergencia en la Marina de Estados Unidos, donde tiene el rango de teniente comandante, dijo el lunes que si bien el mandatario “no estaba fuera de peligro”, estaba de acuerdo con la decisión de Trump de abandonar el centro de salud militar en Bethesda, Maryland.

“El presidente ha sido un paciente fenomenal durante su estadía aquí, y ha trabajado mano a mano con nosotros y el equipo”, dijo Conley en una conferencia de prensa en el Walter Reed, en la que anunció que Trump dejaría las instalaciones.

“Él nunca nos ha presionado a hacer nada”, agregó el médico.

Aunque es común que quienes sirven en el ejército sean tratados por un profesional médico de menor rango, solo el presidente ostenta el título de máximo jefe y, en el caso del Walter Reed, técnicamente tiene el mando de todo el centro médico. Al igual que otros presidentes, Trump eligió un médico que mantendría la narrativa de su estado de salud.

“Los presidentes toman estas decisiones basándose en la política, antes que la medicina”, dijo Matthew Algeo, autor de The President Is a Sick Man y otros libros sobre la presidencia. “Y, entre la política y la medicina, hay un conflicto inherente”.

Algeo dijo que el problema había obstaculizado tanto el derecho del público a conocer el estado de salud del presidente que debería establecerse una comisión para reevaluar cómo el encargado de la Oficina Oval recibe atención médica.

Trump está lejos de ser el primer mandatario en tratar de minimizar una condición médica, otros han ido más lejos en sus esfuerzos. Lo que sucede es que el equipo de Trump ha sido particularmente torpe al manejar su condición, dijo Algeo.

Abraham Lincoln estaba incubando la viruela cuando pronunció el Discurso de Gettysburg, una condición que sus ayudantes minimizaron posteriormente. Woodrow Wilson tuvo un derrame cerebral que se ocultó durante cuatro meses y lo incapacitó en gran medida hacia el final de su segundo mandato. La cirugía de cáncer de Grover Cleveland estuvo oculta durante casi un cuarto de siglo. Franklin D. Roosevelt (FDR) y sus colaboradores disfrazaron su incapacidad para caminar sin ayuda, debido a una enfermedad paralítica, así como una serie de graves dolencias al final de su vida. Warren G. Harding tenía un problema cardíaco que no ha sido revelado.

“Mi impresión es que FDR probablemente negaba lo grave que era su condición”, dijo Susan Dunn, profesora de humanidades en Williams College y autora de un libro sobre el expresidente. “También fue una temporada de elecciones para FDR, cuando su salud empeoró de manera tan dramática. Quizás Trump, como FDR, también niega la gravedad de su enfermedad”.

Dunn sostiene que Trump se había “comportado de manera irresponsable y con deliberada ignorancia sobre la gravedad de la pandemia, una verdadera crisis de salud pública, y su insistencia en dejar el hospital solo subraya su comportamiento juvenil y egoísta”.

Las formas de los medios modernos, en particular las redes sociales, hacen que ocultar cualquier enfermedad o deterioro sea mucho más difícil que en generaciones anteriores. De modo que el médico de Trump parece haber elegido otro camino, omitiendo los detalles con vagas líneas de tiempo y un lenguaje impreciso.

Por ejemplo, Algeo dijo que no admitir que Trump requirió oxígeno le “recuerda a la parodia de Monty Python en la que uno de los caballeros al que le cortaron una pierna y luego la otra pierna y luego un brazo dice: ‘Solo es un rasguño’”.

El resultado de la hospitalización de Trump ha sido una confusión generalizada entre quienes pueden haber sido expuestos por el presidente y otras personas a su alrededor que dieron positivo por el virus, y una sensación de que su atención está siendo más coordinada por el Ala Oeste que por los profesionales médicos.

Más inusual es la insistencia de Trump en tratar de reanudar sus actividades normales cuando tiene una enfermedad altamente contagiosa y notablemente volátil, una que es particularmente peligrosa para los hombres de su edad y peso.

“Tener una enfermedad infecciosa no es una razón para mantener a alguien en el hospital”, dijo Leana Wen, excomisionada de salud de la ciudad de Baltimore. “Pero si existe la sospecha de que un paciente pondrá en peligro a otros, a sabiendas y deliberadamente, debería haber una discusión sobre mantener a ese paciente en el hospital contra su voluntad”.

Pero la mayoría de los expertos coincidieron en que los mandatarios tienen la última palabra sobre su atención médica de una manera que no se presenta en la mayoría de los pacientes dentro y fuera del ámbito militar, y esas decisiones terminan reflejándose en los médicos que hablan de sus casos en público.

“En última instancia, todas estas decisiones recaen en el presidente, y eso está poniendo a los hospitales y médicos en una mala posición”, dijo David Lapan, exfuncionario de los Departamentos de Seguridad y Defensa Nacional y coronel retirado de la Marina. “Cuando los médicos salen y dicen cosas en conferencias de prensa que se consideran falsas o confusas, eso hace quedar mal al médico y al ejército”.

El lunes, Conley no dijo si le aconsejó a Trump que fuera a una recaudación de fondos en Nueva Jersey el jueves por la noche. “No voy a entrar en el tema operativo”, dijo, objetando la opinión del presidente de que el coronavirus no era algo que temer. “No voy a entrar en eso”.

Por Jennifer Steinhauer
TheNYTimes

Con la participación de todos sus miembros fue juramentada la Comunidad Unidad del Bronx, organización que tendrá como finalidad empoderar política y económicamente a los dominicanos que viven en uno de los condados más pobres de los Estados Unidos.

“La Comunidad Unida del Bronx, es un equipo estratégico a través del cual se pretende, entre otras cosas, alcanzar posisiones de relevancia en la política de los Estados Unidos y en especial en el Bronx, donde vive una gran cantidad de dominicanos”, manifestó George Alvarez, presidente de la entidad.

“Una de nuestras metas es crear valor y marcar la diferencia trabajando mano a mano con la comunidad, a la vez que apoyemos candidatos a distintas posiciones que reunan las condiciones para representar a sus electores”, agregó Alvarez.

La creación de esta organización data del año 2015, cuando un grupo de hombres y mujeres de origen dominicano, residentes en su mayoría en el Bronx, decidieron dar inicio a una serie de reuniones con la finalidad de analizar la problemática existentes en los diversos barrios que comprende el denominado Condado del Salsarengue.

Admás de Alvarez, son miembros de la directiva los señores Adriano Turbí, Presidente en Funciones; Leo Peña, Vicepresidente; Puro Fajardo, Vicepresidente; Altagracia Soldevila, Secretaria Ejecutiva; Maria Luisa Pichardo, Secretaria General; Awilda Reynoso, Secretaria de Correspindencia; Genis Feliz, Tesorero; Yoselyn Mejía, Enlace con la Comunidad; Víctor Beco, Director Ejecutiva; Nolagko Nolasco, Relaciones Públicas; Julio Feliz, Secretario de Organización; María Morales, Primer Vocal; Félix Suriel; Segundo Vocal; y Domingo Medina, Director Electoral.

También Luís Santiler, Director División de Regiones; junto con los Subdirectores de División de Regiones Danny Archibold, José Martínez, José Bautista, Carlos De la Cruz, Deisy De la Cruz, Awilda Brito, Ignaci Aracena, Juan Isidro Rojas y Domingo Castillo.

Por Nolagko Nolasco