Marcela emigró a la ciudad de Nueva York desde Perú cuando era niña con su familia y se crió en Sunset Park, Brooklyn. Ahora está criando a su propia familia en esa misma comunidad hermosa y vibrante.
Marcela asistió a la escuela primaria en P.S. 169 en Sunset Park. Su hija fue a la misma escuela primaria y Marcela se desempeñó como presidenta de la PTA en P.S. 169. También ha demostrado ser un miembro activo de su comunidad como miembro de la Junta Comunitaria 7 durante 10 años.
Marcela fue desalojada de su apartamento de alquiler, donde vivía con su familia durante 30 años y comenzó el trabajo de su vida de empoderar a sus vecinos para que conozcan sus derechos y encuentren sus voces para luchar por permanecer en sus hogares.
A través de su trabajo con Vecinos Ayudando Vecinos y con inquilinos en todo el estado de Nueva York, Marcela contribuyó decisivamente a la aprobación de la histórica Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección de Inquilinos de 2019. Esta legislación fortaleció de manera radical y completa los derechos de los inquilinos en apartamentos con alquiler estabilizado a defender sus hogares y comunidades.
Marcela es la primera inmigrante peruana en la legislatura estatal.
En el primer año, Marcela ayudó a conseguir 2.1 mil millones de dólares para el programa de Trabajadores Excluidos, a recaudar $4500 millones en nuevos ingresos aumentando los impuestos a los ricos, votó para extender la moratoria de desalojo para mantener a nuestros vecinos en sus hogares durante covid, ayudó a miles de personas a obtener asistencia de alquiler y seguro de desempleo.
Marcela continúa organizándose en el distrito y ayudando a construir poder para la clase trabajadora. Todos los neoyorquinos merecen acceso a vivienda, atención médica y energía. Necesitamos construir un movimiento masivo de la clase trabajadora para ganar un futuro en el que la gente de la clase trabajadora tenga la oportunidad de vivir vidas dignas.
Información: El Presupuesto del Estado de Nueva York incluye un Fondo de Trabajadores Excluidos de $2,100 millones para brindar respaldo a los trabajadores desocupados que quedaron excluidos de los beneficios de desempleo, incluidos los adultos indocumentados y aquellos con empleos no tradicionales.
