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La capital de Venezuela está viviendo un auge. ¿Ya acabó la revolución?

CARACAS — Mientras bailaban con la música de un DJ y bebían cócteles en la terraza abierta de un bar junto a la montaña, unos adolescentes de escuelas privadas que usaban zapatillas deportivas Prada y bolsos de Chanel miraban hacia las barriadas de Caracas, la capital de Venezuela, que se extiende por el valle.

En las zonas más pobres, ubicadas en las afueras de la ciudad, los residentes continúan luchando contra la escasez de agua y la desnutrición. Y más allá, en la zona rural, Venezuela colapsa y los venezolanos no tienen acceso a los servicios más básicos, como la electricidad y la presencia de los cuerpos policiales.

Pero, en los últimos meses, los vecindarios más ricos de la capital han experimentado un sorprendente auge económico.

Los centros comerciales, que hace seis meses lucían abandonados, ahora están llenos de gente, y las camionetas importadas recorren las calles. Restaurantes y bares nuevos están apareciendo cada semana en las zonas más prósperas de la ciudad, con sus mesas llenas de empresarios extranjeros, caraqueños a la moda y personas vinculadas al gobierno.

“La gente está cansada de sobrevivir”, dijo Raúl Anzola, gerente del 1956 Lounge & Bar, que organizó la fiesta. “Quieren gastar. Quieren vivir”.

Casi de la noche a la mañana, Nicolás Maduro, el líder autoritario del país, ha logrado que eso sea posible, pero solo para algunos.

Con la economía del país destruida por años de mala administración y corrupción, y luego llevada al borde del colapso por las sanciones de Estados Unidos, Maduro se vio obligado a disminuir las restricciones económicas que alguna vez definieron su gobierno socialista y proporcionaron la base de su legitimidad política.

Esas medidas han ayudado a generar cambios en Venezuela de una manera que pocos en Washington o Caracas habrían imaginado, pero que recuerdan a los casos de sus aliados, Cuba y Nicaragua, que en las últimas décadas relajaron las políticas comunistas y permitieron cierta inversión privada ante el colapso económico.

Después de años de nacionalizar las empresas, determinar el tipo de cambio y fijar el precio de los bienes más básicos, una serie de medidas que durante mucho tiempo contribuyeron a la escasez crónica, pareciera que Maduro hizo las paces con el sector privado y ahora lo deja trabajar. Y aunque en general la economía del país sigue contrayéndose, la disminución de las regulaciones ha motivado a las empresas que les ofrecen servicios a los ricos o al mercado de exportación a invertir nuevamente.

Ahora los dólares son aceptados en todas partes, a pesar de las frecuentes denuncias de Maduro acerca de que Estados Unidos son la raíz de todos los problemas de Venezuela. La moneda del país, el bolívar, inútil por la hiperinflación, es difícil de encontrar.

“No lo veo mal […] ese proceso que llaman de dolarización”, dijo Maduro en una entrevista televisiva, refiriéndose a la libre circulación de dólares. “Gracias a Dios existe”.

Ver los anaqueles llenos otra vez también ha ayudado a aliviar las tensiones en la capital, donde la ira por la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas ha ayudado a que se desencadenen protestas masivas a lo largo de los años.

En esa nueva economía, los partidarios de Maduro que forman parte de la élite venezolana viven a lo grande con sus negocios y reservas de divisas, que las sanciones de Estados Unidos les impidieron gastar en el extranjero. En el bar 1956, los adolescentes y sus padres bebían champán y hablaban sobre sus próximos viajes en yate.

La transformación también trajo algo de alivio a los millones de venezolanos que tienen familia en el extranjero y ahora pueden recibir y gastar sus remesas en dólares comprando alimentos importados.

Pero ese auge también tiene un costo.

La nueva economía de libre mercado excluye completamente a la mitad de los venezolanos sin acceso a dólares. Esta desigualdad exacerbada, una de las grandes fallas del capitalismo, socava las pretensiones de Maduro sobre preservar el legado de mayor igualdad social dejado por su predecesor, Hugo Chávez, y su “Revolución bolivariana”.

En sus discursos, Maduro continúa promoviendo una visión de Venezuela en la que todos comparten sus recursos, pero la brecha entre la retórica y la realidad es mayor que nunca, dijo Ramiro Molina, economista de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

“La lucha por la supervivencia ha obligado a que el gobierno se vuelva pragmático”, dijo Molina. “Solo la narrativa sigue siendo socialista”.

Incluso algunos miembros del partido gobernante calificaron los cambios del gobierno de Maduro como una traición al movimiento de Chávez, que se inspiraba en el socialismo, y su misión de ayudar a los pobres.

“Este es un capitalismo salvaje que borra años de lucha”, dijo Elías Jaua, exvicepresidente de Chávez, quien todavía forma parte de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, el movimiento político que apoya a Maduro.

La producción de petróleo, la mayor fuente de divisas del país, se está estabilizando después de caer a los niveles más bajos desde la década de 1940. Esto se debe a que Maduro relajó el control del Estado sobre el sector y ahora impulsa la inversión privada.

Pero en vez de continuar con el fastuoso gasto público que definió a la era de Chávez, ahora hay profundos recortes en los programas sociales. El gasto del gobierno de Venezuela cayó un 25 por ciento el año pasado, según Ecoanalítica, una consultora con sede en Caracas.

Cansadas de esperar el cambio político, las clases altas y medias que se oponen a Maduro han aprovechado los ahorros extranjeros acumulados durante la bonanza petrolera de Venezuela en la década de los 2000, cuando el gobierno otorgó a los ciudadanos miles de millones de dólares a tasas de cambio que estaban muy subsidiadas.

Los venezolanos tenían depósitos en el extranjero por un valor de 136.000 millones de dólares en 2018, según el Banco Central del país. Incluso si se divide equitativamente entre los venezolanos, esta cifra equivale a 4500 dólares por persona. Pero unos pocos venezolanos tenían mucho más que eso.

Los que están más abajo en la escala social dependen cada vez más del dinero enviado por los millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años para sobrevivir. Alrededor del 40 por ciento de los hogares venezolanos recibe dinero del extranjero, un total de aproximadamente 3500 millones de dólares al año, lo que se ha convertido en un aporte crucial para mantener a flote la economía de Venezuela, según Molina, el economista.

“El gobierno ha sido capaz de lograr el efecto de la abundancia, y es muy poderoso”, dijo Félix Seijas, director de Delphos, una encuestadora con sede en Caracas. “Trae un cierto alivio que ayuda a reducir la tensión social”.

Pero aproximadamente la mitad de los venezolanos no tiene acceso a dólares. La mayoría vive en las provincias donde, según Delphos, apenas sobreviven gracias a las entregas gubernamentales de moneda local devaluada y alimentos subsidiados. Gran parte de esa comida es importada o empacada por empresarios privados que Maduro alguna vez ridiculizó llamándolos golpistas y parásitos.

Para la mayoría de los venezolanos, las reformas de Maduro solo han logrado un modesto alivio ante la devastación económica sufrida en los últimos años.

Mariely Marín, de 30 años, vende algodón de azúcar en una plaza del centro de Caracas. Ella gana 2 dólares al día, apenas lo suficiente para comprar alimentos pero no para tratarse una enfermedad respiratoria que recientemente le afectó un pulmón.

“Esta es una forma de tapar la realidad”, dijo sobre la multitud de personas que se toman selfis en la plaza iluminada y llena de trabajadores informales que venden palomitas y dulces. “Los que conocieron otra Venezuela entienden que las cosas no están bien. Es obvio que la crisis continúa”.

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Nicaragua: autoridades detienen a los dos principales líderes empresariales del país

GETTY IMAGES | Michael Healy acudió este jueves a la Fiscalía y fue detenido poco después.

El presidente de la patronal de Nicaragua, Michael Healy, y el vicepresidente de esa institución, Álvaro Vargas, fueron arrestados este jueves.

Ambos están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, así como por haber realizado supuestamente «actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación» del país, de acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Nacional.

Healy asumió la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hace pocos meses, luego de que su antecesor en el cargo, José Aguerri, fuera arrestado en julio pasado bajo acusaciones similares.

Con estos dos nuevos arrestos son ya 39 las personalidades críticas con el gobierno del mandatario Daniel Ortega que han sido detenidas en Nicaragua desde junio, entre las cuales hay siete candidatos presidenciales que aspiraban a competir en los comicios generales del próximo 7 de noviembre, así como periodistas y líderes empresariales, sociales y políticos.

Según informó el Ministerio Público, un tribunal ordenó la detención de Healy y de Vargas durante 90 días, mientras se adelantan las investigaciones.

En un comunicado divulgado este jueves, Cosep calificó estas detenciones como «arbitrarias» e «ilegales» y señaló que se trataba de un ataque directo del gobierno hacia esa institución, «lo cual no contribuye a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos».

Además, exigieron la liberación inmediata de los detenidos, así como la de «todos los presos políticos».

El sector empresarial nicaragüense fue un gran aliado del gobierno de Ortega hasta 2018, cuando asumió una postura crítica ante el Ejecutivo durante la ola de protestas desatadas en el país que fueron duramente reprimidas por el gobierno y en las que murieron cientos de personas.

Por: BBC News Mundo

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Príncipe William: en qué consiste el exitoso plan de conservación de Costa Rica

REUTERS | La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunció el reconocimiento para Costa Rica.

Son días felices en Costa Rica.

La semana pasada, la banda Coldplay anunció que abrirá allí su gira de conciertos The Music Of The Spheres («Música de las esferas») prevista para 2022, por la fama mundial de este pequeño país en el uso de energías limpias.

Y el domingo, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, le otorgó a su gobierno el premio Earthshot en la categoría «proteger y restaurar la naturaleza».

Un reconocimiento de 1 millón de libras esterlinas (unos US$1,3 millones) por su exitoso modelo de conservación del bosque.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo en Twitter que su gobierno invertirá el premio en la conservación de los ecosistemas marinos.

Según Alvarado, los fondos se usarán para «replicar en el mar el modelo de conservación que se ha implementado exitosamente en los ecosistemas terrestres».

El premio también recuerda que este programa, que sostiene una parte importante de los bosques privados, sufre una presión económica creciente.

Reforestación y protección
Costa Rica es, según un informe de 2016 de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el primer país de Latinoamérica que logró revertir la deforestación y aumentar su cobertura boscosa.

Cifras recientes del Banco Mundial muestran que el país aumentó su cobertura forestal de un 47% en el año 2000 al 59% en 2020.

Este avance se debe en parte al programa galardonado por el príncipe Guillermo y a un cambio en la estructura productiva del país, que antes se enfocaba en gran parte en la ganadería.

El plan ambiental premiado combina la conservación del bosque en áreas silvestres protegidas que pertenecen al Estado con la reforestación y preservación en terrenos que pertenecen a dueños privados.

En el caso del ámbito privado existe un sistema de pago por servicios ambientales (PSA), que consiste en una compensación económica para las personas que poseen fincas y que, en vez de usarlas para cultivos o ganadería, deciden conservar y proteger los árboles o incluso combinar esa protección con otras actividades productivas.

Los pagos por servicios ambientales existen en varios países del mundo, pero en Costa Rica hay diferencias palpables, según le explica a BBC Mundo Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) que desarrolla el programa.

Una de ellas es que el país tiene fondos ya asegurados cada año.

«La ventaja es que la ley forestal le dio una fuente de recursos fija, sólida y constante», explica Rodríguez.

La ley forestal de 1996 creó los PSA y estableció un impuesto a la gasolina y a otros hidrocarburos que actualmente es del 3,5%.

Según Rodríguez, la mayoría de países que tiene este tipo de esquemas establece un presupuesto cada año, según las condiciones del país.

«Es lo que sucedía en Costa Rica antes de la ley forestal: el Ministerio de Hacienda era el que decidía cuánto presupuestaba. En cambio ahora, con los datos de Recope (la refinadora de petróleo del país) hay una estimación bastante cercana de cuánto será el ingreso. Eso nos permite a nosotros planificar a mediano y largo plazo», indica el director de Fonafifo.

Con esa planificaciónse hacen contratos por cinco, diez y hasta 16 años para la conservación de los bosques y se mantiene el compromiso con los dueños, que en su mayoría tiene fincas pequeñas y medianas.

Una clave adicional es que el intercambio económico no se ve como una «regalía» por una buena causa, sino como un pago por un servicio obtenido.

«Ahora se reconoce por los servicios ambientales que genera, de los cuales nos beneficiamos todos los ciudadanos del mundo, pues los árboles capturan CO2, gran responsable del calentamiento global», señala Rodríguez.

Amplio apoyo político
Además de tener una fuente de ingresos constante y una planificación adecuada, otra de las pistas para entender el éxito de Costa Rica en este campo parece ser el apoyo de distintos gobiernos.

Al principio no fue fácil, contó el exministro Carlos Manuel Rodríguez al medio costarricense La Nación.

«Costó mucho impulsar el programa en aquel momento», dijo.

«Pasados varios gobiernos, ha trascendido a las distintas administraciones, y estas han sabido adueñarse de los PSA y llevarlos adelante al margen de diferencias políticas», precisa Rodríguez, quien lideró la creación del programa en el país y lo empezó a implementar en 1998.

Inversión insuficiente
El programa invierte entre unos US$24 y $30 millones anuales en el pago económico a los productores que deciden resguardar el bosque, pero eso solo alcanza para atender el 20% de las solicitudes que recibe cada año.

«La inversión es importante, pero es totalmente insuficiente», se queja Rodríguez.

«Si quisiéramos atender el universo (toda la demanda), tendríamos que tener un presupuesto cinco veces superior para pagar los mismos montos. Pero también es cierto que nosotros quisiéramos pagarles más a los productores», observa.

Los retos para sumar más hectáreas protegidas se han hecho más profundos en los últimos años.

No tanto por falta de compromiso directo con el medio ambiente, sino por una serie de decisiones fiscales que tienen a Costa Rica sumida en una constante presión económica internacional.

Por: María Fernanda Cruz Chaves
BBC News Mundo

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La histórica disputa en Centroamérica por la soberanía en el golfo de Fonseca

GETTY IMAGES

El golfo de Fonseca, en el océano Pacífico, ha sido históricamente una fuente de tensiones donde Honduras, El Salvador y Nicaragua hacen reclamos territoriales.

Ahora, el consejo de ministros hondureño publicó un decreto para «reafirmar la soberanía nacional en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en dichas aguas».

En el decreto, el gobierno de Honduras anuncia un plan de desarrollo para la región.

Pero ¿qué significa exactamente esto y por qué hay disputas territoriales en esta región?

Triple frontera
El golfo de Fonseca, con 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido escenario de conflictos territoriales desde las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

A diferencia de Nicaragua, que cuenta con 352 kilómetros de costa sobre el Pacífico, y El Salvador, con 307 km, para Honduras el golfo es su única salida a ese océano.

El principal problema es la falta de delimitación de las aguas, asunto que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para dirimir una disputa entre El Salvador y Honduras.

En una resolución en 1992, la CIJ determinó que ambos estados tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, pero adjudicó la administración del resto de las aguas del golfo a los tres países que lo comparten.

Isla Conejo, en el centro de la disputa
Pese a que apenas es un peñón de menos de 1 km cuadrado, Isla Conejo es objeto de una larga disputa por su soberanía entre El Salvador y Honduras.

En los años 80, cuando El Salvador estaba en plena guerra civil, el contingente militar salvadoreño que resguardaba la isla volvió al continente, y tropas del ejército hondureño aprovecharon para ocupar por primera vez el islote.

Entonces empezó una controversia diplomática entre ambos países. El Salvador argumenta que Honduras ocupó la isla ilegalmente, y este que el peñón es suyo por su mayor cercanía a la costa hondureña (unos 600 metros).

La disputa casi siempre resurge en las campañas electorales. Honduras celebra elecciones generales el 28 de noviembre.

Pero ¿por qué hay una disputa sobre una isla de medio kilómetro cuadrado?

La ubicación geográfica de sus vecinos forma una especie de pinza en la entrada de la bahía, lo cual cierra aún más el libre acceso pues ambos cuentan con una soberanía de 12 millas náuticas según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Si las autoridades nicaragüenses y salvadoreñas acordaran limitar la navegación en su mar territorial, podrían aislar a los hondureños.

En esas condiciones las islas en el golfo Fonseca tienen un valor fundamental, incluso un islote como Conejo.

Para Honduras el conflicto fue superado con el fallo de la Corte de La Haya en 1992 que reconoce la soberanía de 3 millas náuticas (5,5 km) desde la costa de cada nación.

Mientras El Salvador argumenta que Isla Conejo nunca formó parte de la resolución, pues no la menciona específicamente.

En la resolución se establece la soberanía sobre otras islas: El Tigre, que le pertenece a Honduras, y Meanguera y Meanguerita, a El Salvador.

En 2003, la CIJ rechazó una petición de El Salvador para revisar dicha resolución.

Por: BBC News Mundo

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Pronunciamiento de ONECA ante publicación de FLACSO

ASUNTO: Estudio sobre Garífunas. Las rutas del cuerpo entre el Aquí y el Allá Imaginarios colectivos sobre el fenómeno migratorio en las comunidades de Sambo Creek y Corozal. Tegucigalpa, 2021. ISBN 978-
99979-65-06-6.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO: Reyes, Milton y Gallo, Mildred
Dr. Francisco Herrera Alvarado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras;
Dr. Rolando Sierra Fonseca, Director FLACSO Honduras, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Dra. Josette Altmann Borbón, Secretaria General, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Mtr. Cinthya Fernández Lépiz, Coordinadora Académica Regional, FLACSO, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales;
MSc. Lorena Aguilar Revelo, Coordinadora Regional de Cooperación Internacional e Investigación,
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
OMIH, Observatorio para las Migraciones Internacionales de Honduras;
Sr. D. Juan José Sanzberro Gamio, AECID, Agencia Española de Cooperación Técnica para el Desarrollo.

Para ver mas clic aquí

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