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Las protestas sociales marcan atípico Día de la Independencia en Colombia

ntegrantes de la primera línea marchan hoy por las calles de Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Bogotá, 20 jul (EFE).- Las protestas contra el Gobierno colombiano volvieron este martes a la calle con motivo del Día de la Independencia y de la instalación del Congreso Nacional, al que oficialismo y oposición presentaron proyectos de ley relacionados con las demandas sociales que impulsaron las movilizaciones.

La jornada de manifestaciones transcurrió festiva en las principales ciudades del país donde miles de personas plantaron sus demandas de justicia, empleo, salud y educación, así como exigieron al Estado respetar la vida y los derechos humanos.

Sin embargo, hubo disturbios en Medellín y en Manizales, donde manifestantes se enfrentaron a la Policía.

‘Que pare la violencia policial excesiva contra los manifestantes y en particular contra los jóvenes’, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, al comenzar un concierto en Bogotá de la banda de rock Aterciopelados.

El presidente colombiano, Iván Duque, respondió de manera anticipada a esos reclamos durante el discurso con el que abrió el nuevo periodo de sesiones del Congreso, en el que reconoció que el país tiene una ‘deuda histórica’ con los más pobres.

‘Sabemos y entendemos que hay deudas históricas que saldar, que son muchas las frustraciones que como sociedad sentimos, pero la solución la encontramos trabajando en equipo’, manifestó Duque ante el Congreso en pleno, que este año, por las protestas convocadas, fue instalado a las 9 de la mañana y no a las 3 de la tarde como es tradición.

Duque también rindió un homenaje en la celebración del Día de la Independencia a las Fuerzas Militares y de Policía, a las familias de todas las víctimas de la pandemia y de la violencia del país, al tiempo que pidió a los colombianos ‘encontrar soluciones que nos engrandezcan como sociedad’.

RECHAZO A LA VIOLENCIA POLICIAL
Duque enfrenta desde el pasado 28 de abril una crisis social sin precedentes en la historia reciente del país que estalló por el rechazo de buena parte de la sociedad, principalmente de la población joven, a la política fiscal de su Gobierno.

Aquellas multitudinarias movilizaciones de mayo y junio transcurrieron generalmente de forma pacífica, pero en ciudades como Cali y Bogotá estuvieron marcadas por la violencia.

La Fiscalía colombiana ha documentado más de una veintena de muertes en los 50 días de protestas pero diversas organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a 84, al menos 20 por disparos de la Policía, y así se lo manifestaron a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país en junio.

Por esa razón, el presidente presentó este martes ante el Congreso el Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional, que promueve un espíritu de proximidad a los ciudadanos, transparencia en los procedimientos de la institución y fortalecimiento en la protección de los derechos humanos.

También dio inicio al trámite legislativo de un proyecto de ley para el nuevo estatuto de carrera para la profesionalización del servicio en la Policía, con el que espera impulsar el ‘respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica’.

COMITÉ DE PARO PRESENTA PROYECTOS DE LEY
En esta jornada, el Comité Nacional de Paro (CNP), convocante de las manifestaciones, presentó también 10 proyectos de ley en los que recogen las demandas que llevaron a las mesas de diálogos con el Gobierno, que terminaron hace más de un mes sin ningún acuerdo.

Los sindicatos esperan que el Congreso dé trámite a sus propuestas que incluyen una renta básica de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares, gratuidad universal de la educación superior pública, fortalecimiento de la red pública de salud, apoyo para la reactivación económica de las mipymes y el sector agropecuario y acciones contra las violencias de género, entre otras propuestas.

Maltés agradeció a los manifestantes por apoyar de forma pacífica los proyectos del CNP y dijo que las movilizaciones artísticas y culturales, con las que rechazaron hoy ‘las políticas del Gobierno’, son una forma legítima de ‘expresar la indignación’.

RECLAMOS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, la oposición legislativa de izquierdas, cuestionó a Duque por abandonar el recinto del Congreso sin escuchar la réplica a su discurso, intervención a la que tienen derecho por ley.

‘Hemos retrocedido en materia de derechos humanos a las oscuras épocas del Estatuto de Seguridad (de la década de 1980). El incumplimiento y los ataques al acuerdo de paz, nos conducen al recrudecimiento de la violencia, las masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales’, dijo el senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde.

El congresista también criticó al oficialismo por, según manifestó, no haber brindado garantías suficientes para el legítimo ejercicio de la protesta social, estigmatizar a la oposición y acusarla de ser cómplice de una estrategia de desprestigio internacional.

‘Escuchamos a Iván Duque y millones pensamos que vive en un país que definitivamente no es Colombia. Se va (del Congreso) justo cuando iba a hablar la oposición, entonces hemos tomado la decisión de no hablarle a un presidente que delega su oreja, sino de hablarle a Colombia’, dijo en su discurso la representante María José Pizarro, del movimiento de izquierdas Lista de la Decencia.

La representante aseguró que Colombia está viviendo una de las épocas más dolorosas de su historia y añadió que ‘ese es el legado del Gobierno de Iván Duque’, quien será recordado por ‘dolor, por pobreza, por indiferencia, por mezquindad’. EFE

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Nicaragua: autoridades detienen a los dos principales líderes empresariales del país

GETTY IMAGES | Michael Healy acudió este jueves a la Fiscalía y fue detenido poco después.

El presidente de la patronal de Nicaragua, Michael Healy, y el vicepresidente de esa institución, Álvaro Vargas, fueron arrestados este jueves.

Ambos están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, así como por haber realizado supuestamente «actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación» del país, de acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Nacional.

Healy asumió la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hace pocos meses, luego de que su antecesor en el cargo, José Aguerri, fuera arrestado en julio pasado bajo acusaciones similares.

Con estos dos nuevos arrestos son ya 39 las personalidades críticas con el gobierno del mandatario Daniel Ortega que han sido detenidas en Nicaragua desde junio, entre las cuales hay siete candidatos presidenciales que aspiraban a competir en los comicios generales del próximo 7 de noviembre, así como periodistas y líderes empresariales, sociales y políticos.

Según informó el Ministerio Público, un tribunal ordenó la detención de Healy y de Vargas durante 90 días, mientras se adelantan las investigaciones.

En un comunicado divulgado este jueves, Cosep calificó estas detenciones como «arbitrarias» e «ilegales» y señaló que se trataba de un ataque directo del gobierno hacia esa institución, «lo cual no contribuye a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos».

Además, exigieron la liberación inmediata de los detenidos, así como la de «todos los presos políticos».

El sector empresarial nicaragüense fue un gran aliado del gobierno de Ortega hasta 2018, cuando asumió una postura crítica ante el Ejecutivo durante la ola de protestas desatadas en el país que fueron duramente reprimidas por el gobierno y en las que murieron cientos de personas.

Por: BBC News Mundo

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Príncipe William: en qué consiste el exitoso plan de conservación de Costa Rica

REUTERS | La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunció el reconocimiento para Costa Rica.

Son días felices en Costa Rica.

La semana pasada, la banda Coldplay anunció que abrirá allí su gira de conciertos The Music Of The Spheres («Música de las esferas») prevista para 2022, por la fama mundial de este pequeño país en el uso de energías limpias.

Y el domingo, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, le otorgó a su gobierno el premio Earthshot en la categoría «proteger y restaurar la naturaleza».

Un reconocimiento de 1 millón de libras esterlinas (unos US$1,3 millones) por su exitoso modelo de conservación del bosque.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo en Twitter que su gobierno invertirá el premio en la conservación de los ecosistemas marinos.

Según Alvarado, los fondos se usarán para «replicar en el mar el modelo de conservación que se ha implementado exitosamente en los ecosistemas terrestres».

El premio también recuerda que este programa, que sostiene una parte importante de los bosques privados, sufre una presión económica creciente.

Reforestación y protección
Costa Rica es, según un informe de 2016 de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el primer país de Latinoamérica que logró revertir la deforestación y aumentar su cobertura boscosa.

Cifras recientes del Banco Mundial muestran que el país aumentó su cobertura forestal de un 47% en el año 2000 al 59% en 2020.

Este avance se debe en parte al programa galardonado por el príncipe Guillermo y a un cambio en la estructura productiva del país, que antes se enfocaba en gran parte en la ganadería.

El plan ambiental premiado combina la conservación del bosque en áreas silvestres protegidas que pertenecen al Estado con la reforestación y preservación en terrenos que pertenecen a dueños privados.

En el caso del ámbito privado existe un sistema de pago por servicios ambientales (PSA), que consiste en una compensación económica para las personas que poseen fincas y que, en vez de usarlas para cultivos o ganadería, deciden conservar y proteger los árboles o incluso combinar esa protección con otras actividades productivas.

Los pagos por servicios ambientales existen en varios países del mundo, pero en Costa Rica hay diferencias palpables, según le explica a BBC Mundo Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) que desarrolla el programa.

Una de ellas es que el país tiene fondos ya asegurados cada año.

«La ventaja es que la ley forestal le dio una fuente de recursos fija, sólida y constante», explica Rodríguez.

La ley forestal de 1996 creó los PSA y estableció un impuesto a la gasolina y a otros hidrocarburos que actualmente es del 3,5%.

Según Rodríguez, la mayoría de países que tiene este tipo de esquemas establece un presupuesto cada año, según las condiciones del país.

«Es lo que sucedía en Costa Rica antes de la ley forestal: el Ministerio de Hacienda era el que decidía cuánto presupuestaba. En cambio ahora, con los datos de Recope (la refinadora de petróleo del país) hay una estimación bastante cercana de cuánto será el ingreso. Eso nos permite a nosotros planificar a mediano y largo plazo», indica el director de Fonafifo.

Con esa planificaciónse hacen contratos por cinco, diez y hasta 16 años para la conservación de los bosques y se mantiene el compromiso con los dueños, que en su mayoría tiene fincas pequeñas y medianas.

Una clave adicional es que el intercambio económico no se ve como una «regalía» por una buena causa, sino como un pago por un servicio obtenido.

«Ahora se reconoce por los servicios ambientales que genera, de los cuales nos beneficiamos todos los ciudadanos del mundo, pues los árboles capturan CO2, gran responsable del calentamiento global», señala Rodríguez.

Amplio apoyo político
Además de tener una fuente de ingresos constante y una planificación adecuada, otra de las pistas para entender el éxito de Costa Rica en este campo parece ser el apoyo de distintos gobiernos.

Al principio no fue fácil, contó el exministro Carlos Manuel Rodríguez al medio costarricense La Nación.

«Costó mucho impulsar el programa en aquel momento», dijo.

«Pasados varios gobiernos, ha trascendido a las distintas administraciones, y estas han sabido adueñarse de los PSA y llevarlos adelante al margen de diferencias políticas», precisa Rodríguez, quien lideró la creación del programa en el país y lo empezó a implementar en 1998.

Inversión insuficiente
El programa invierte entre unos US$24 y $30 millones anuales en el pago económico a los productores que deciden resguardar el bosque, pero eso solo alcanza para atender el 20% de las solicitudes que recibe cada año.

«La inversión es importante, pero es totalmente insuficiente», se queja Rodríguez.

«Si quisiéramos atender el universo (toda la demanda), tendríamos que tener un presupuesto cinco veces superior para pagar los mismos montos. Pero también es cierto que nosotros quisiéramos pagarles más a los productores», observa.

Los retos para sumar más hectáreas protegidas se han hecho más profundos en los últimos años.

No tanto por falta de compromiso directo con el medio ambiente, sino por una serie de decisiones fiscales que tienen a Costa Rica sumida en una constante presión económica internacional.

Por: María Fernanda Cruz Chaves
BBC News Mundo

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La histórica disputa en Centroamérica por la soberanía en el golfo de Fonseca

GETTY IMAGES

El golfo de Fonseca, en el océano Pacífico, ha sido históricamente una fuente de tensiones donde Honduras, El Salvador y Nicaragua hacen reclamos territoriales.

Ahora, el consejo de ministros hondureño publicó un decreto para «reafirmar la soberanía nacional en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en dichas aguas».

En el decreto, el gobierno de Honduras anuncia un plan de desarrollo para la región.

Pero ¿qué significa exactamente esto y por qué hay disputas territoriales en esta región?

Triple frontera
El golfo de Fonseca, con 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido escenario de conflictos territoriales desde las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

A diferencia de Nicaragua, que cuenta con 352 kilómetros de costa sobre el Pacífico, y El Salvador, con 307 km, para Honduras el golfo es su única salida a ese océano.

El principal problema es la falta de delimitación de las aguas, asunto que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para dirimir una disputa entre El Salvador y Honduras.

En una resolución en 1992, la CIJ determinó que ambos estados tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, pero adjudicó la administración del resto de las aguas del golfo a los tres países que lo comparten.

Isla Conejo, en el centro de la disputa
Pese a que apenas es un peñón de menos de 1 km cuadrado, Isla Conejo es objeto de una larga disputa por su soberanía entre El Salvador y Honduras.

En los años 80, cuando El Salvador estaba en plena guerra civil, el contingente militar salvadoreño que resguardaba la isla volvió al continente, y tropas del ejército hondureño aprovecharon para ocupar por primera vez el islote.

Entonces empezó una controversia diplomática entre ambos países. El Salvador argumenta que Honduras ocupó la isla ilegalmente, y este que el peñón es suyo por su mayor cercanía a la costa hondureña (unos 600 metros).

La disputa casi siempre resurge en las campañas electorales. Honduras celebra elecciones generales el 28 de noviembre.

Pero ¿por qué hay una disputa sobre una isla de medio kilómetro cuadrado?

La ubicación geográfica de sus vecinos forma una especie de pinza en la entrada de la bahía, lo cual cierra aún más el libre acceso pues ambos cuentan con una soberanía de 12 millas náuticas según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Si las autoridades nicaragüenses y salvadoreñas acordaran limitar la navegación en su mar territorial, podrían aislar a los hondureños.

En esas condiciones las islas en el golfo Fonseca tienen un valor fundamental, incluso un islote como Conejo.

Para Honduras el conflicto fue superado con el fallo de la Corte de La Haya en 1992 que reconoce la soberanía de 3 millas náuticas (5,5 km) desde la costa de cada nación.

Mientras El Salvador argumenta que Isla Conejo nunca formó parte de la resolución, pues no la menciona específicamente.

En la resolución se establece la soberanía sobre otras islas: El Tigre, que le pertenece a Honduras, y Meanguera y Meanguerita, a El Salvador.

En 2003, la CIJ rechazó una petición de El Salvador para revisar dicha resolución.

Por: BBC News Mundo

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Pronunciamiento de ONECA ante publicación de FLACSO

ASUNTO: Estudio sobre Garífunas. Las rutas del cuerpo entre el Aquí y el Allá Imaginarios colectivos sobre el fenómeno migratorio en las comunidades de Sambo Creek y Corozal. Tegucigalpa, 2021. ISBN 978-
99979-65-06-6.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO: Reyes, Milton y Gallo, Mildred
Dr. Francisco Herrera Alvarado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras;
Dr. Rolando Sierra Fonseca, Director FLACSO Honduras, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Dra. Josette Altmann Borbón, Secretaria General, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Mtr. Cinthya Fernández Lépiz, Coordinadora Académica Regional, FLACSO, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales;
MSc. Lorena Aguilar Revelo, Coordinadora Regional de Cooperación Internacional e Investigación,
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
OMIH, Observatorio para las Migraciones Internacionales de Honduras;
Sr. D. Juan José Sanzberro Gamio, AECID, Agencia Española de Cooperación Técnica para el Desarrollo.

Para ver mas clic aquí

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