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Los US$4.000 millones del gobierno de Biden no van a cambiar la realidad de Centroamérica

Iván Velásquez cree que la democracia pasa por un momento "critico" en Centroamérica. Foto de archivo. - GETTY IMAGES

Honduras es tildada de «narcoestado» en un juicio en Estados Unidos. El Salvador tiene un líder cada vez más poderoso. Guatemala vio su Congreso arder en una protesta reciente. Y en Nicaragua se ha reprimido con dureza a la oposición.

Centroamérica se ha vuelto el epicentro de un fenómeno que recorre América Latina: el deterioro de democracias que parecían florecer años atrás.

El Salvador, Guatemala y Honduras fueron los tres países latinoamericanos con menor respaldo popular a la democracia en la encuesta de Latinobarómetro 2018, la última disponible.

En los últimos tiempos, esos tres países del Triángulo del Norte y Nicaragua han acumulado acusaciones de falta de equilibrio de poderes, corrupción, violaciones de derechos humanos o ataques a la libertad de expresión.

«Hay muchos signos negativos comunes en estos países», dice Iván Velásquez, el exmagistrado colombiano que encabezó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Creada con el respaldo de las Naciones Unidas en 2007, la Cicig liderada por Velásquez ayudó a destapar decenas de casos de corrupción en Guatemala que involucraron a autoridades y llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en 2015, hasta que fue disuelta en 2019.

Durante una entrevista con BBC Mundo, Velásquez analiza el deterioro de las democracias centroamericanas y la idea del presidente de EE.UU., Joe Biden, de destinar US$4.000 millones a países de la región para atacar las causas de la emigración, como la pobreza o la violencia.

«Los US$4.000 millones no van a cambiar la realidad», sostiene Velásquez. Y advierte que «no se debe conceder ayuda económica si no hay un compromiso de los países por respetar el Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia».

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico, editado por motivos de claridad:

¿Cómo ve el estado de la democracia en Centroamérica?
Me parece que está pasando por un momento bastante crítico, particularmente con los países del norte de Centroamérica: Honduras, El Salvador y Guatemala.

Las recientes elecciones en El Salvador creo que van a afectar bastante la democracia por muchas manifestaciones autoritarias del presidente Bukele, quien ahora, teniendo el poder absoluto, seguramente va a incidir en la conformación de la Corte Suprema de Justicia y, dentro de ella, la Sala de lo Constitucional.

En Honduras no sólo fue el triunfo cuestionado del presidente Juan Orlando Hernández sino lo que ahora se viene diciendo en una corte de EE.UU. sobre su directa participación en temas de narcotráfico.

Eso afecta profundamente la institucionalidad hondureña, que ya se ha visto bastante deteriorada por lo que significó la conclusión del mandato de la Maccih (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, apoyada por la Organización de Estados Americanos).

En Guatemala, lo que han denominado «el pacto de corruptos» viene apoderándose de la Corte de Constitucionalidad con las designaciones que hicieron.

Eso es realmente grave: la Corte de Constitucionalidad era el último bastión de la posibilidad de continuar con un relativo éxito en la lucha por la democracia.

El presidente Giammattei tiene su coalición en el Congreso sustentada especialmente en un partido que ha sido catalogado por la embajada de EE.UU. en el pasado como un partido del narcotráfico, la UCN.

¿Ve un patrón que se repita en general en estos países?
Hay un elemento vinculante que se ha visto con mayor fuerza por las actuaciones en El Salvador y Guatemala: el no respeto al Estado de derecho y el no sometimiento del Poder Ejecutivo a las decisiones de las autoridades de justicia constitucional.

Desconozco la situación de El Salvador, pero un elemento igualmente común en Honduras y Guatemala es la gran presencia del crimen organizado y particularmente del narcotráfico en instancias de gobierno.

Eso es muy preocupante y debería llamar fuertemente la atención de la comunidad internacional.

En un juicio que se lleva a cabo en EE.UU. a un presunto narcotraficante, la fiscalía se refirió a Honduras como un «narcoestado». ¿Avalaría esa definición?

No sólo se refirió a «narcoestado» sino que el fiscal señaló que el presidente Juan Orlando Hernández tenía una participación activa en el narcotráfico.

Si eso es verdad y el presidente de un país tiene actividad en temas de narcotráfico, eso afecta toda la institucionalidad del país.

¿Y cómo define la situación de la democracia en Nicaragua?
Es indudable la gravísima violación de derechos humanos que el régimen de Ortega viene cometiendo en el país.

Esto podría ser un denominador común en los cuatro países mencionados: la actitud de los gobiernos frente a la libertad de prensa.

También lo que ha significado Nicaragua en el amparo de la corrupción.

A reconocidos corruptos guatemaltecos les conceden asilo en Nicaragua, como el señor Gustavo Herrera, quien huyó de Guatemala por una orden de captura que se había impartido en su contra por un cuantioso desfalco al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Hay muchos signos negativos comunes en estos países.

Usted mencionaba preocupación que existe por el creciente poder de Bukele, tras las recientes elecciones legislativas en El Salvador. Pero al mismo tiempo él podría argumentar que eso es en base al voto popular y que ha sido efectivo en bajar la violencia o controlar a las maras. ¿Qué respondería a esto?

Es verdad que ha hecho cosas importantes en El Salvador, que ha tenido una diferenciación clara en sus acciones en beneficio de sectores populares.

Pero hay una situación que no se puede desconocer: sobre la base del gran respaldo ciudadano que tiene —las encuestas muestran que es probablemente el presidente con mayor opinión favorable en América Latina—, todo esto lo que ha permitido es fortalecer su carácter autocrático.

Uno no podría respaldar un gobierno que ha hecho cosas positivas cuando ha asumido un papel antidemocrático, como el que vimos por ejemplo cuando entró con el Ejército a la Asamblea Nacional, o como se ha referido a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, inclusive tachándolos de corruptos por no acceder a sus pretensiones autoritarias.

Uno no puede desconocer que se adoptan algunas políticas favorables para el pueblo, pero que por el otro lado está en vías de dictadura.

¿Cree que va continuar esta degradación hasta que haya quiebres democráticos totales en estos países? ¿O es posible revertir la tendencia?

Probablemente uno de los elementos que ha contribuido bastante a ese deterioro es la actitud que tuvo el gobierno de Trump frente a estos países.

De un lado hay una ciudadanía interesada, pero desafortunadamente no todavía tan amplia en su participación, que puede hacer cambiar el rumbo en estos países.

No hay movimientos como los del 2015 en Guatemala o en Honduras, pero sin embargo ese germen de la protesta ciudadana continúa y ocasionalmente hay manifestaciones.

Probablemente todo ese respaldo del gobierno de Trump a los autoritarismos y a la manera como se ha venido ejerciendo el gobierno en estos países desanimó a la ciudadanía, que veía que no había ni siquiera una contribución de la comunidad internacional a esas aspiraciones de democracia.

Ahora tal vez podría verse alimentada la movilización ciudadana por acciones que puedan desarrollarse desde EE.UU. respaldando procesos democráticos. Esa es la expectativa más próxima que se tiene.

El presidente Biden en EE.UU. prevé un paquete de ayuda de US$4.000 millones en cuatro años a países centroamericanos para atacar las causas de la emigración hacia el norte. ¿Es realista ese objetivo cuando hay problemas como los que usted menciona a nivel institucional o de corrupción?

Esa es una gran dificultad y es probablemente para el gobierno de EE.UU. un dilema.

Los US$4.000 millones no van a cambiar la realidad de estos tres países del norte de Centroamérica.

La sola ayuda económica no es suficiente.

Más todavía, creo que no se debe conceder ayuda económica si no hay un compromiso de los países por respetar el Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia.

Particularmente hablo por la situación de Guatemala y el deterioro que se viene dando en estos últimos cinco meses. Es indispensable que esa ayuda económica tenga un condicionamiento en cuanto al proceso de construcción de democracia en estos países.

Se anuncia una comisión regional contra la corrupción que todavía no conocemos cómo puede constituirse y trabajar, medidas de cooperación dentro de las embajadas de EE.UU. fortaleciendo la presencia del Departamento del Tesoro o del Departamento de Justicia para colaborar con la fiscalía de estos países en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

Pero eso supone también que tengan que transformarse esas propias fiscalías nacionales.

¿Qué le parece esta idea de instalar una comisión anticorrupción en Centroamérica, por lo menos para los países del Triángulo del Norte: una medida en el sentido correcto, o sería mejor volver a comisiones dentro de cada país como la CICIG que usted encabezó en Guatemala?

Me parecen más adecuadas comisiones nacionales que pudieran tener como un consejo regional para los delitos transnacionales, que se ejecutan particularmente en esos tres países.

Las experiencias de la CICIG en Guatemala o de la Maccih en Honduras fueron provechosas, adelantaron alguna tarea respecto a la lucha contra la corrupción.

Pero no puede funcionar una comisión nacional ni regional con unos ministerios públicos cooptados.

Es necesario crear por lo menos dentro de los países una unidad al estilo de la Fiscalía Especial contra la impunidad en Guatemala y fortalecerla para poder desarrollar tareas de investigación.

De lo contrario, va a ser muy difícil que la cooperación internacional pueda desarrollarse con ministerios públicos que no estén realmente comprometidos en la lucha contra la corrupción.

Por: Gerardo Lissardy
BBC News Mundo

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Príncipe William: en qué consiste el exitoso plan de conservación de Costa Rica

REUTERS | La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunció el reconocimiento para Costa Rica.

Son días felices en Costa Rica.

La semana pasada, la banda Coldplay anunció que abrirá allí su gira de conciertos The Music Of The Spheres («Música de las esferas») prevista para 2022, por la fama mundial de este pequeño país en el uso de energías limpias.

Y el domingo, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, le otorgó a su gobierno el premio Earthshot en la categoría «proteger y restaurar la naturaleza».

Un reconocimiento de 1 millón de libras esterlinas (unos US$1,3 millones) por su exitoso modelo de conservación del bosque.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo en Twitter que su gobierno invertirá el premio en la conservación de los ecosistemas marinos.

Según Alvarado, los fondos se usarán para «replicar en el mar el modelo de conservación que se ha implementado exitosamente en los ecosistemas terrestres».

El premio también recuerda que este programa, que sostiene una parte importante de los bosques privados, sufre una presión económica creciente.

Reforestación y protección
Costa Rica es, según un informe de 2016 de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el primer país de Latinoamérica que logró revertir la deforestación y aumentar su cobertura boscosa.

Cifras recientes del Banco Mundial muestran que el país aumentó su cobertura forestal de un 47% en el año 2000 al 59% en 2020.

Este avance se debe en parte al programa galardonado por el príncipe Guillermo y a un cambio en la estructura productiva del país, que antes se enfocaba en gran parte en la ganadería.

El plan ambiental premiado combina la conservación del bosque en áreas silvestres protegidas que pertenecen al Estado con la reforestación y preservación en terrenos que pertenecen a dueños privados.

En el caso del ámbito privado existe un sistema de pago por servicios ambientales (PSA), que consiste en una compensación económica para las personas que poseen fincas y que, en vez de usarlas para cultivos o ganadería, deciden conservar y proteger los árboles o incluso combinar esa protección con otras actividades productivas.

Los pagos por servicios ambientales existen en varios países del mundo, pero en Costa Rica hay diferencias palpables, según le explica a BBC Mundo Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) que desarrolla el programa.

Una de ellas es que el país tiene fondos ya asegurados cada año.

«La ventaja es que la ley forestal le dio una fuente de recursos fija, sólida y constante», explica Rodríguez.

La ley forestal de 1996 creó los PSA y estableció un impuesto a la gasolina y a otros hidrocarburos que actualmente es del 3,5%.

Según Rodríguez, la mayoría de países que tiene este tipo de esquemas establece un presupuesto cada año, según las condiciones del país.

«Es lo que sucedía en Costa Rica antes de la ley forestal: el Ministerio de Hacienda era el que decidía cuánto presupuestaba. En cambio ahora, con los datos de Recope (la refinadora de petróleo del país) hay una estimación bastante cercana de cuánto será el ingreso. Eso nos permite a nosotros planificar a mediano y largo plazo», indica el director de Fonafifo.

Con esa planificaciónse hacen contratos por cinco, diez y hasta 16 años para la conservación de los bosques y se mantiene el compromiso con los dueños, que en su mayoría tiene fincas pequeñas y medianas.

Una clave adicional es que el intercambio económico no se ve como una «regalía» por una buena causa, sino como un pago por un servicio obtenido.

«Ahora se reconoce por los servicios ambientales que genera, de los cuales nos beneficiamos todos los ciudadanos del mundo, pues los árboles capturan CO2, gran responsable del calentamiento global», señala Rodríguez.

Amplio apoyo político
Además de tener una fuente de ingresos constante y una planificación adecuada, otra de las pistas para entender el éxito de Costa Rica en este campo parece ser el apoyo de distintos gobiernos.

Al principio no fue fácil, contó el exministro Carlos Manuel Rodríguez al medio costarricense La Nación.

«Costó mucho impulsar el programa en aquel momento», dijo.

«Pasados varios gobiernos, ha trascendido a las distintas administraciones, y estas han sabido adueñarse de los PSA y llevarlos adelante al margen de diferencias políticas», precisa Rodríguez, quien lideró la creación del programa en el país y lo empezó a implementar en 1998.

Inversión insuficiente
El programa invierte entre unos US$24 y $30 millones anuales en el pago económico a los productores que deciden resguardar el bosque, pero eso solo alcanza para atender el 20% de las solicitudes que recibe cada año.

«La inversión es importante, pero es totalmente insuficiente», se queja Rodríguez.

«Si quisiéramos atender el universo (toda la demanda), tendríamos que tener un presupuesto cinco veces superior para pagar los mismos montos. Pero también es cierto que nosotros quisiéramos pagarles más a los productores», observa.

Los retos para sumar más hectáreas protegidas se han hecho más profundos en los últimos años.

No tanto por falta de compromiso directo con el medio ambiente, sino por una serie de decisiones fiscales que tienen a Costa Rica sumida en una constante presión económica internacional.

Por: María Fernanda Cruz Chaves
BBC News Mundo

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La histórica disputa en Centroamérica por la soberanía en el golfo de Fonseca

GETTY IMAGES

El golfo de Fonseca, en el océano Pacífico, ha sido históricamente una fuente de tensiones donde Honduras, El Salvador y Nicaragua hacen reclamos territoriales.

Ahora, el consejo de ministros hondureño publicó un decreto para «reafirmar la soberanía nacional en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en dichas aguas».

En el decreto, el gobierno de Honduras anuncia un plan de desarrollo para la región.

Pero ¿qué significa exactamente esto y por qué hay disputas territoriales en esta región?

Triple frontera
El golfo de Fonseca, con 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido escenario de conflictos territoriales desde las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

A diferencia de Nicaragua, que cuenta con 352 kilómetros de costa sobre el Pacífico, y El Salvador, con 307 km, para Honduras el golfo es su única salida a ese océano.

El principal problema es la falta de delimitación de las aguas, asunto que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para dirimir una disputa entre El Salvador y Honduras.

En una resolución en 1992, la CIJ determinó que ambos estados tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, pero adjudicó la administración del resto de las aguas del golfo a los tres países que lo comparten.

Isla Conejo, en el centro de la disputa
Pese a que apenas es un peñón de menos de 1 km cuadrado, Isla Conejo es objeto de una larga disputa por su soberanía entre El Salvador y Honduras.

En los años 80, cuando El Salvador estaba en plena guerra civil, el contingente militar salvadoreño que resguardaba la isla volvió al continente, y tropas del ejército hondureño aprovecharon para ocupar por primera vez el islote.

Entonces empezó una controversia diplomática entre ambos países. El Salvador argumenta que Honduras ocupó la isla ilegalmente, y este que el peñón es suyo por su mayor cercanía a la costa hondureña (unos 600 metros).

La disputa casi siempre resurge en las campañas electorales. Honduras celebra elecciones generales el 28 de noviembre.

Pero ¿por qué hay una disputa sobre una isla de medio kilómetro cuadrado?

La ubicación geográfica de sus vecinos forma una especie de pinza en la entrada de la bahía, lo cual cierra aún más el libre acceso pues ambos cuentan con una soberanía de 12 millas náuticas según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Si las autoridades nicaragüenses y salvadoreñas acordaran limitar la navegación en su mar territorial, podrían aislar a los hondureños.

En esas condiciones las islas en el golfo Fonseca tienen un valor fundamental, incluso un islote como Conejo.

Para Honduras el conflicto fue superado con el fallo de la Corte de La Haya en 1992 que reconoce la soberanía de 3 millas náuticas (5,5 km) desde la costa de cada nación.

Mientras El Salvador argumenta que Isla Conejo nunca formó parte de la resolución, pues no la menciona específicamente.

En la resolución se establece la soberanía sobre otras islas: El Tigre, que le pertenece a Honduras, y Meanguera y Meanguerita, a El Salvador.

En 2003, la CIJ rechazó una petición de El Salvador para revisar dicha resolución.

Por: BBC News Mundo

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Pronunciamiento de ONECA ante publicación de FLACSO

ASUNTO: Estudio sobre Garífunas. Las rutas del cuerpo entre el Aquí y el Allá Imaginarios colectivos sobre el fenómeno migratorio en las comunidades de Sambo Creek y Corozal. Tegucigalpa, 2021. ISBN 978-
99979-65-06-6.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO: Reyes, Milton y Gallo, Mildred
Dr. Francisco Herrera Alvarado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras;
Dr. Rolando Sierra Fonseca, Director FLACSO Honduras, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Dra. Josette Altmann Borbón, Secretaria General, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Mtr. Cinthya Fernández Lépiz, Coordinadora Académica Regional, FLACSO, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales;
MSc. Lorena Aguilar Revelo, Coordinadora Regional de Cooperación Internacional e Investigación,
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
OMIH, Observatorio para las Migraciones Internacionales de Honduras;
Sr. D. Juan José Sanzberro Gamio, AECID, Agencia Española de Cooperación Técnica para el Desarrollo.

Para ver mas clic aquí

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José Francisco Ávila anuncia fecha de estreno de su autobiografía

Bronx, NY, 24 de septiembre de 2021: José Francisco Ávila anuncia el lanzamiento de su libro, El Poder del Orgullo Pan-Garífuna Afrolatino Mi búsqueda de identidad racial, ancestral, étnica y cultural   (El libro electrónico está disponible para pre-pedido en la Tienda Kindle aquí)

En esta autobiografía emancipadora y convincente, el hijo de un padre negro caribe / garífuna y una madre mestiza, cuenta la historia de cómo su lucha por reconciliar las percepciones sociales de su herencia multirracial y étnica, lo llevó a una búsqueda de identidad racial, ancestral, étnica y cultural, que lo llevó a impulsar el Movimiento Moderno Garífuna y resulto en el Movimiento Afrodescendiente en América Latina.

José Francisco lleva a los lectores a un viaje convincente de cómo su búsqueda lo llevó a investigar su ascendencia, y cómo el poder de su orgullo racial, ancestral, étnico y cultural, lo llevó a su misión de por vida, informar, empoderar y abogar por su pueblo, que se convirtió en su campaña de por la justicia social de base y, finalmente, en un movimiento transnacional.

Reflexionando sobre sus experiencias vividas, ofrece una exploración única y reflexiva de cómo influyeron en su pensamiento. Desde su nacimiento en Honduras, donde su padre lo expuso a la justicia social, migrando a Boston, MA, durante la desegregación racial, trasladándose a Dallas, TX, durante la era posmoderna de la globalización y la Revolución Digital.

«He pasado los últimos años reflexionando sobre las historias que quería leer pero que aún no se habían escrito, por lo tanto, decidí proporcionar una plataforma para celebrar los logros, exitos y contribuciones de los garífunas. Esas historias, y mis experiencias vividas, forman la esencia de la línea argumental del libro e El Poder del Orgullo Pan-Garífuna Afrolatino«, dijo el autor José Francisco Ávila.

Este poderoso libro captura la convicción de José Francisco Ávila de que necesitamos narrar nuestras propias historias con nuestras propias palabras, para hacer justicia a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Esto es más urgente, en esta era, donde se están aprobando leyes para eliminar los planes de estudio que examinan cuestiones sociales, culturales y legales relacionadas con la raza y el racismo en los Estados Unidos, y el continuo blanqueo de la historia.

El lanzamiento oficial del libro está programado para el domingo 24 de octubre de 2021, de 3 pm a 7 pm, en el Centro Comunitario Justice Sonia Sotomayor, 1000 Rosedale Avenue, Bronx, NY 10472

El libro estará disponible para su compra en Amazon.

(El libro electrónico está disponible para pre-pedido en la Tienda Kindle aquí)

Los detalles completos sobre el libro junto con más detalles se pueden encontrar en www.josefranciscoavila.com

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José Francisco Ávila

Garifuna Afro-Latino Author – Publisher

«If it’s not written, It doesn’t exist!»

Website: https://josefranciscoavila.com

Email: josefranciscoavila@gmail.com

Tel:  (810) 462-1243

Twitter: @JoseFAvilaLopez

Facebook: https://www.facebook.com/josefranciscoavilaauthor

LinkedIn: Jose Francisco Avila

Instagram: @josefavi

Spotify Playlist:  Jose Francisco’s Playlist

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