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Macao, el modelo de China para controlar ciudades rebeldes

MACAO — Cuando la antigua colonia portuguesa de Macao, ahora convertida en un centro chino de apuestas, eligió a un nuevo jefe ejecutivo en octubre, la votación del comité electoral fue unánime. No tuvo contendientes. Nadie tomó las calles para protestar.

Cuando los jóvenes activistas solicitaron un permiso para manifestarse a favor del movimiento de protesta que transcurría en la región vecina de Hong Kong, las autoridades se los negaron… cuatro veces. Cuando de todas maneras unas cuantas decenas de personas se presentaron en agosto en el centro histórico de Macao, la policía arrestó a siete de ellos.

En la actualidad, Macao, al igual que Hong Kong, es un experimento político que comenzó a fines de la década de 1990, cuando China reclamó ambos territorios a las potencias occidentales coloniales y prometió que las libertades civiles podían coexistir con su sello de gobierno autoritario. Ahora, mientras continúa la agitación política de Hong Kong, el Partido Comunista chino se ha vuelto cada vez más explícito sobre cuánto tolerará bajo esa fórmula, y usa a Macao como un excelente ejemplo de obediencia.

“Lo más importante es implementar y salvaguardar el control absoluto del gobierno central”, dijo en un discurso sobre Macao Li Zhanshu, el tercer funcionario más importante de China, quien preside la política para ambos territorios.

En comparación con Hong Kong, Macao ha aceptado más fácilmente la autoridad suprema de Pekín en temas de política nacional bajo la fórmula “un país, dos sistemas” que se aplica en ambos casos. Además, en su mayor parte, los 670.000 residentes de la ciudad la han aceptado, ya sea por convencimiento o por coerción por parte de la China continental.

“Después de veinte años en Macao, es difícil notar las divisiones claras entre los dos sistemas”, dijo Sou Ka Hou, uno de los 33 diputados de la Asamblea Legislativa de Macao y quien, a sus 28 años, es el líder de una nueva generación de la oposición demócrata.

El dirigente chino, Xi Jinping, llegó el 17 de diciembre a Macao en una visita de tres días para conmemorar el vigésimo aniversario del “regreso de ese territorio a su tierra natal” en 1999, tras más de cuatro siglos de dominio portugués. Su visita, anunciada en los medios de comunicación estatales de China, lleva el mensaje implícito de que la satrapía tiene sus recompensas.

“Como solíamos decir: a los niños que se portan bien, les damos un premio”, comentó Larry So Man-yum, profesor jubilado de Trabajo Social en el Instituto Politécnico de Macao, quien ahora es asesor en materia de adicción a las apuestas. “Y Macao se porta bien”.

Para los dirigentes chinos, Macao ofrece la respuesta a la sediciosa obstinación de Hong Kong, ubicada a 65 kilómetros al este, donde las protestas que comenzaron en junio contra un proyecto de ley que permitiría la extradición a China se han convertido en una campaña contra la violencia policial y la transgresión constante del Partido Comunista a las libertades de la ciudad.

En Macao, más de la mitad de la población nació en China continental; millones más vienen a apostar a los casinos de la ciudad, los cuales son un motor de la economía. En todos los edificios gubernamentales ondea la bandera china. Las escuelas utilizan los libros de texto de China. Nadie abuchea el himno nacional chino, como lo hacen habitualmente los manifestantes de Hong Kong.

Lo más importante es que los dirigentes políticos de Macao han adoptado leyes que reprimen a la disidencia, incluyendo una de 2009 que criminaliza la subversión contra el Estado de China. En Hong Kong, una legislación similar fracasó gracias a las protestas de 2003, pero sigue siendo una prioridad fundamental para el partido.

En septiembre, el tribunal más importante de Macao rechazó una apelación para permitir que se realizaran varias manifestaciones, incluyendo una contra la policía de Hong Kong. El tribunal dictó que no estaba justificada una manifestación porque ninguna de las medidas tomadas por la policía de Hong Kong empleaba la tortura ni el maltrato, con lo que estaban repitiendo los argumentos del gobierno chino.

Una de las personas que intentó organizar ese mitin, Jason Chao, dijo que el fallo significaba que, en efecto, se podría prohibir cualquier “manifestación o reunión para expresar alguna opinión no reconocida de manera oficial por el gobierno”.

Como Hong Kong está agitada, las autoridades de Macao han redoblado sus esfuerzos para disipar cualquier indicio de disidencia por el temor a que se propaguen los disturbios de su vecino.

Conforme se aproximaba la fecha del aniversario, los funcionarios negaron la entrada a varios extranjeros, periodistas y residentes de Hong Kong. Dos líderes de la Cámara de Comercio Estadounidense en Hong Kong fueron rechazados cuando intentaron entrar para asistir a un baile anual organizado por la delegación de la Cámara en Macao.

Debido al aniversario, en el continente se han hecho reconocimientos a la transformación de Macao bajo la política de “un país, dos sistemas”. La cadena de televisión estatal, CCTV, transmite una serie de elogiosos documentales. La revista de Air China le dedicó 50 páginas.

Macao, un conjunto de islas y territorio recuperado con una extensión de solo 30 kilómetros cuadrados, fue el primer asentamiento extranjero en China. Los portugueses lo ocuparon en 1557, casi tres siglos antes de que los británicos lograran el dominio de Hong Kong.

Veinte años después de que ese territorio regresó a China, su cocina y arquitectura son una mezcla de oriente y occidente, lo que le ha valido el título de patrimonio de la humanidad conferido por la UNESCO. Tiene su propio poder judicial y su propia moneda, la pataca. El portugués sigue siendo el idioma oficial y se ve en los letreros de las calles y las fachadas de las tiendas, pese a que cada vez menos residentes lo hablan.

Goza de libertades que casi no existen en la China continental actual. “Si no tuviéramos libertad de expresión, no podría darles una entrevista ahora”, señaló Tung Chih Lin, profesor de la Escuela de Administración Pública del Instituto Politécnico de Macao.

Además, desde hace mucho tiempo, ha sido la más dócil de las dos antiguas colonias que ahora están bajo el dominio de China.

Según los residentes e historiadores, la razón de esa situación tiene que ver con las culturas políticas diferentes de los gobiernos coloniales portugués y británico, y la manera en que cada uno de ellos manejó el traspaso al gobierno chino.

Cuando se aproximaba la reunificación, Portugal otorgó la ciudadanía a cualquiera que hubiera nacido en Macao antes de 1982 y a sus familiares. Quienes no aceptaban al gobierno chino podían irse a Portugal, o a otro país de la Unión Europea. Pero en Hong Kong, los residentes recibieron un pasaporte británico especial que no implicaba la nacionalidad, lo que ha hecho que el rechazo a Pekín sea una lucha existencial.

Macao también es diferente porque es el único lugar de China donde las apuestas son legales, una actividad que ofrece beneficios económicos.

Durante esta visita, se esperaba que Xi anunciara nuevas medidas para integrar más a Macao a un ambicioso proyecto llamado el Área de la Gran Bahía, destinado a establecer vínculos entre las ciudades principales donde el río Perla se junta con el mar de la China Meridional.

Este proyecto intenta que Macao sea el centro turístico y de entretenimiento de la región, con atractivos que van más allá de las apuestas, como el Gran Premio de Macao y el Festival Internacional de Cine de Macao.

“Muchas personas aquí no entienden la importancia del voto”, dijo el diputado Sou. “Solo se preocupan por los problemas de la vida cotidiana”.

Pero advirtió que, sin más democracia, Macao perdería lo que la hace especial. “Nos convertiremos en otra ciudad china”, dijo.

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¿Por qué QAnon fracasó en Japón?

Pâté

Por Matt Alt
Es escritor, traductor y localizador radicado en Japón que se especializa en adaptar contenido japonés para audiencias globales.

TOKIO — Durante más de 40 años, el principal proveedor de fenómenos oscuros en Japón, la revista Mu, le ha vendido Pie Grande, ovnis y lo oculto a una base de fanáticos voraces. Las civilizaciones alienígenas y la biología del monstruo del lago Ness han sido populares artículos de portada. Una teoría de la conspiración no llega del todo al país sin un visto bueno de la publicación mensual.

Sin embargo, Mu, con casi 60.000 lectores y seguidores, entre ellos un ex primer ministro, un célebre director de anime e ídolos del J-Pop, se contuvo de publicar el artículo obvio sobre la teoría de la conspiración más grande de la era: QAnon.

Ese movimiento llegó a su pico de notoriedad con la irrupción al Capitolio de Estados Unidos en enero y su relato central sin fundamentos se volvió muy conocida durante la pandemia del coronavirus. Sus seguidores están convencidos de que una camarilla de élites adoradoras de Satán y abusadoras de menores controla el mundo y desató la COVID-19 y la tecnología 5G como parte de su plan. QAnon ha encontrado creyentes en más de 70 países, desde madres británicas que se oponen al tráfico infantil hasta manifestantes anticonfinamiento en Alemania e incluso un gurú australiano del bienestar.

Sin embargo, fue un fiasco en Japón, un país que no es ajeno a las teorías conspirativas. Aunque los medios de Occidente lo hayan retratado de otra manera, casi no hay ningún seguidor de Q entre los japoneses y no ha pasado la prueba de los expertos en conspiraciones de la nación. “Es demasiado ingenuo para nuestra base de lectores”, le comentó el mes pasado Takeharu Mikami, editor de Mu desde 2005, al periódico Asahi Shimbun.

Japón ha sido un terreno fértil para el pensamiento conspiratorio desde hace mucho tiempo. En 1877, una iniciativa de inoculación en contra del cólera generó rumores de que las autoridades se estaban robando los hígados de la gente para vendérselos a extranjeros. Después del gran terremoto de Kanto en 1923, se propagaron rumores racistas sobre un sabotaje coreano; miles de coreanos inocentes fueron linchados como consecuencia. Y en 1995, Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), un culto religioso obsesionado con el apocalipsis, lanzó un ataque con gas nervioso en el metro de Tokio. En la revista oficial del culto, su líder le declaró “la guerra al gobierno mundial en las sombras”, antes de que sus seguidores asesinaran a catorce personas y lesionaran a 6000 más.

Lo que es más, Japón le dio al mundo “2channel”, un tablero de mensajes anónimos en la red fundado en 1999 que se transformó en un semillero de nacionalismo y discurso de odio. La versión de habla inglesa que inspiró directamente, “4chan”, incubó buena parte de la cultura más desagradable de los memes en internet. También engendró a QAnon, cuando legiones se reunieron para apoyar publicaciones de un usuario aún desconocido que se hace llamar “Q”, quien profetizó que el entonces presidente Donald Trump iba a derrotar a la camarilla.

Luego, la primavera pasada, el coronavirus confinó a naciones enteras y esto encendió la llama para que QAnon ardiera por el mundo. Atrapadas en casa, temerosas e inseguras, personas desde Londres hasta Melbourne, París y Brasilia se sumergieron en el oscuro laberinto digital. En Japón, las búsquedas de QAnon en Google también se dispararon de forma drástica, después de que Tokio declaró un estado de emergencia en abril pasado.

Los perplejos internautas japoneses apodaron a los nuevos discípulos “J-Anon”, una frase multifunción para designar el revoltijo de quienes adoptan sus teorías preferidas derivadas de Q, las cuales en su mayoría no se superponen.

Un grupo tradujo las profecías de Q al japonés, y se unía casi de manera exclusiva en internet en torno a una cuenta de Twitter y una etiqueta (#QArmyJapanFlynn). La inició Eri Okabayashi, quien localizó contenido de QAnon: en un inicio, su cuenta pareció generar decenas de miles de seguidores.

Hay otro que incluye una pizca de agrupaciones pro-Trump, que divulgaron la consigna de “Paren el robo” después de la derrota de Trump en noviembre. Los simpatizantes provienen de fuentes como la religión Happy Science y una sede local de Falun Gong. Han reunido a unos pocos cientos de participantes en casi una docena de protestas, a difundir un sentimiento anti-China.

Y también están los negacionistas de la COVID, cuyas manifestaciones antimascarillas tienen como objetivo hacer que todos los demás “se sientan estúpidos”.

A pesar de toda su fanfarronería, los creyentes de J-Anon siguen siendo marginales.

Una cantidad significativa de japoneses tal vez comparta las opiniones negativas sobre China de los conspiracionistas, pero las basan en hechos verificables como disputas territoriales y agravios históricos. Además, la mayoría de los japoneses nunca aceptaría las extrañas teorías de J-Anon: por ejemplo, que la familia imperial fue remplazada por dobles o que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron obra de japoneses. Un análisis digital forense ha establecido que probablemente la mayoría de los seguidores de Okabayashi sean falsos (Twitter eliminó su cuenta en enero como parte de una purga mundial de QAnon).

Entonces, ¿por qué la recepción tan tibia? Al parecer las peculiaridades culturales y políticas de Japón han sido las principales formas de inoculación en contra de QAnon.

Gran parte de la cultura japonesa se esfuerza mucho por evitar el conflicto, por eso deja poco espacio para el combate ideológico que les gusta a los seguidores de QAnon. “Los japoneses no hablan abiertamente sobre política. Es casi un tabú, por la posibilidad de una confrontación polémica”, opinó Kaori Hayashi, quien imparte clases de Periodismo y Medios en la Universidad de Tokio. Cuando responden encuestas, casi la mitad de los votantes japoneses asegura no tener una afiliación política. Sin el elemento combustible de la política identitaria, los memes de QAnon simplemente no atrapan la psique japonesa.

Otra defensa en contra de la desinformación es el dominio heredado de los medios audiovisuales e impresos de Japón, un efecto involuntario de su control. Con el respaldo de una doctrina de justicia en la ley nacional de medios audiovisuales, la programación debe evitar la tergiversación de hechos, mantener una postura política justa y no perjudicar la seguridad pública. La ley ha obstaculizado el ascenso de la televisión y la radio abiertamente partidistas; no hay un ciclo de noticias que esté las 24 horas del día clamando primicias.

Los periódicos japoneses también siguen gozando de una de las circulaciones más altas de medios impresos en el mundo. Por lo tanto, no han explorado en serio la distribución digital y casi no habían reconocido los actuales sucesos en línea sino hasta hace poco tiempo. La ventaja de esto es que las teorías de la periferia no se tratan con tanta facilidad en los medios noticiosos tradicionales, en contraste con Estados Unidos, donde un solo tuit puede llegar a los titulares y a menudo lo logra.

No obstante, hay partes vulnerables en la sociedad japonesa. De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, abunda el pesimismo sobre el futuro, por eso la mayoría de los japoneses cree que sus hijos tendrán una peor situación económica que ellos. Más de la mitad cree que sus políticos son corruptos y no les dan importancia. Además, la gente siente un profundo escepticismo en torno a las vacunas para la COVID-19, aunque no dudan de la ciencia, sino del manejo que puedan hacer sus líderes de las campañas de vacunación.

Los medios tradicionales tal vez son menos bombásticos, pero su letargo ha alienado a las minorías. En Japón, los adultos menores de 50 años están abandonando los periódicos por completo. Los movimientos marginales brotan cuando la gente siente que el sistema la descuida. “Los medios tradicionales no están prestando suficiente atención a sus voces”, opinó Hayashi. “Están recurriendo a internet para hacerse escuchar y a veces incluso son hostiles hacia los medios tradicionales”. Es una señal ominosa de que la frase “noticias falsas” ya entró en el léxico japonés.

La revista Mu ha comprendido las señales. Como respuesta a unas peticiones, Mu dedicará su próximo número al movimiento de QAnon. Sin embargo, no será la victoria que ansían los conspiracionistas: Mikami, el editor, ha prometido no promover los dogmas de Q, sino iluminar a sus lectores sobre “educación conspiratoria”. Hasta ahora, los japoneses han logrado oponer resistencia a QAnon, pero ¿quién no disfruta una lectura sensacionalista?

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Qué significa para el presidente de Honduras que hayan condenado a su hermano en EE.UU.

Activistas hondureños se reunieron en Nueva York. - EPA

El hermano del presidente de Honduras escuchó este martes su condena por narcotráfico en una corte de Nueva York en silencio y vistiendo un traje azul de presidiario: cadena perpetua.

La decisión del juez Kevin Castel es el desenlace del juicio en que Tony Hernández, un exdiputado hondureño de 42 años, fue hallado culpable de participar en la importación de 185.000 kilos de cocaína a Estados Unidos y otros cargos.

Pero la condena también es una nueva señal de los cuestionamientos que enfrenta su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández.

Al leer la pena este martes, el propio juez Castel dijo que el tráfico de drogas en el que participó el acusado “de hecho fue patrocinado por el Estado”.

El magistrado también indicó que Tony Hernández, además de ser responsable de asesinatos, “actuó como facilitador en sobornos a políticos, incluido su hermano” el presidente hondureño, provenientes de narcos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, para proteger el tráfico de cocaína.

Ningún cargo formal ha sido presentado hasta ahora contra del mandatario, quien niega tener vínculos con el narcotráfico y asegura combatirlo.

Pero los fiscales estadounidenses han revelado que abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como co-conspirador en el juicio de su hermano y de otro hondureño hallado culpable de narcotráfico en la misma corte de Manhattan la semana pasada, Geovanny Fuentes Ramírez.

Todo esto ocurre justo cuando el presidente de EE.UU., Joe Biden, planea enviar hasta US$4.000 millones a Honduras, Guatemala y El Salvador para atacar las causas de la emigración, como la pobreza o la violencia, un asunto que gana relevancia política en Washington.

Sin embargo, la condena del hermano del presidente hondureño refleja que “el narcotráfico está muy cercano a la política” en ese país, dice Juan Jiménez Mayor, un abogado y exministro peruano de Justicia que encabezó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) entre 2016 y 2018.

“Honduras creo que va a ser la peor crisis de la penetración del narcotráfico en la política en América Latina”, dice Jiménez Mayor a BBC Mundo.

Por: Gerardo Lissardy – BBC News Mundo

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Victoria Salazar: qué se sabe de la mujer salvadoreña muerta en México

GETTY IMAGES

Por: BBC News Mundo

Victoria Salazar huyó de la pobreza y pocas oportunidades de El Salvador, considerado en su momento como uno de los países más violentos del mundo, pero fue en México donde perdió la vida violentamente.

La conmoción por su muerte tras ser sometida de manera brutal por la policía en plena calle el pasado sábado continúa, y también los reclamos para que se haga justicia.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no dudó en asegurar que Salazar fue “brutalmente tratada y asesinada” por agentes de la ciudad de Tulum y afirmó que no habrá impunidad al respecto.

Los cuatro policías implicados ya fueron detenidos por su presunta participación en un caso de feminicidio.

Desde El Salvador, familiares exigieron castigo para los responsables de la muerte de Salazar, quien residía y trabajaba de manera legal en México “por un mejor futuro” de sus dos hijas menores de edad.

Refugiada en México
Salazar tenía 36 años y era originaria de Sonsonate, una ciudad de unos 70.000 habitantes en el oeste de El Salvador.

Su familia explicó que la mujer llegó a México en 2016 en busca de “mejores oportunidades”. Con ella viajaron sus dos hijas, que en la actualidad tienen 15 y 16 años.

“Ella, como era madre soltera, quizá aquí no hallaba un empleo digno, un trabajo. Entonces por eso se fue, por un mejor futuro de las niñas, de sacarlas adelante”, dijo a periodistas este lunes su madre, Rosibel Salazar.

La mujer solicitó asilo como refugiada, el cual le fue otorgado por las autoridades mexicanas. Según informó el portal Animal Político, la petición de protección fue realizada “por motivos de género”.

Tras obtener su condición de refugiada, Salazar vivía en México como residente permanente por razones humanitarias desde principios de 2018, según confirmó el Instituto Nacional de Migración.

Sus familiares aseguraron a los medios que desconocían si su hija había recibido amenazas que le habían obligado a salir de El Salvador.

“Me imagino que cuando la entrevistaron ella debió haber dicho la situación del país, por eso ella se iba, eso pienso yo que para nadie es oculto esas cosas que han estado pasando”, dijo su madre al ser preguntada sobre el proceso de petición de asilo.

Indignación y frustración de la familia
En Tulum, uno de los enclaves turísticos más populares de México, Salazar trabajaba como limpiadora en hoteles.

Su objetivo era “criar a mis sobrinas, darles estudio”, contó René, hermano de la mujer fallecida.

“Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada, yo hubiera querido estar allí”, aseguró la madre de la víctima.

“No merecía esa muerte (…) Las autoridades están para proteger a los seres humanos, con todas sus técnicas que tienen para tratar de someter a alguien. Pero eso fue un abuso de autoridad, así es que yo pido justicia”.

El deseo de la familia ahora es poder viajar a México para hacerse cargo cuanto antes de las hijas de la fallecida, ambas menores de edad.

“Nosotros nos encargaremos de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten”, aseguró Nayib Bukele, presidente del gobierno de El Salvador, que también gestiona los permisos necesarios para repatriar el cadáver.

¿Qué pasó minutos antes de su muerte?
El fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, dijo que los policías acudieron al lugar donde estaba la mujer tras recibir una llamada por supuesta alteración del orden.

“Victoria estaba en una tienda de conveniencia, tiene diferencias con empleados y clientes, origina que llamen al 911, solicitan el apoyo de la fuerza pública, llegan los policías y encuentran a Victoria saliendo de la tienda”, dijo en entrevista con grupo Fórmula.

En un video de las cámaras de seguridad de la tienda difundido por el canal Milenio, se observa a la mujer por los pasillos balanceando y haciendo distintos movimientos con un garrafón de agua vacío sin agredir a nadie.

Otros clientes la observan y se alejan de ella. Este comportamiento fue, supuestamente, la causa por la que se requirió el apoyo de las autoridades en el lugar.

Ya en el exterior de la tienda, otro video ampliamente difundido en redes refleja el momento en que la mujer es sometida contra el suelo por la policía.

En la grabación, se ve a la víctima forzada a permanecer boca abajo contra el suelo, esposada, mientras una mujer policía apoya la rodilla contra su espalda, bajo la mirada de otros tres uniformados.

Posteriormente, en el video se ve cómo los agentes mueven el cuerpo a la parte posterior de una camioneta policial.

“No la llevaron a ningún lado y es uno de los puntos que estamos tratando, porque se muestra un desprecio. Es misoginia, pudiendo actuar de otra forma, debieron haber llamado al servicio médico, pedir apoyo a otras unidades, pero no, la suben a una camioneta”, criticó el fiscal Montes de Oca.

La Fiscalía confirmó que la causa de la muerte fue una fractura y lesiones en la parte superior de la columna vertebral que “son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer”.

“La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración”, aseguró el organismo.

Los cuatro agentes implicados fueron detenidos “por su probable participación en hechos señalados por la ley como feminicidio” lo que, según la Fiscalía estatal, les podría acarrear una pena de hasta 50 años de cárcel.

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Honduras, un gran dolor de cabeza para Biden

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en 2018Credit...Orlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images

SAN SALVADOR — El gobierno de Joe Biden tiene un gran dolor de cabeza: Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras y firme aliado de Estados Unidos en Centroamérica durante casi una década, se ha convertido en un paria. Las versiones cada vez más escandalosas de su supuesta participación en tráfico de drogas complican la continuidad del respaldo que siempre recibió de Washington.

En febrero, ocho senadores estadounidenses introdujeron una propuesta de ley para suspender ayuda financiera relacionada con cuestiones de seguridad a Honduras porque, argumentan, hay evidencia sustancial de que el presidente Hernández “se ha involucrado en un patrón de actividad criminal y utilizado el aparato de Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas”.

Buena parte de esta evidencia contra JOH, como llaman los hondureños a Hernández, proviene de testimonios y confesiones registrados en la Corte Federal del Distrito de Manhattan, en Nueva York, durante varios juicios abiertos en años recientes contra hondureños acusados de narcotráfico y delitos conexos. Han sido encontrados culpables, entre otros, el hijo de un expresidente, el hermano de otro, dos miembros de la familia más rica del país y un exjefe de policía. El Estado hondureño ha sido penetrado hasta sus raíces por el narcotráfico y la corrupción.

No es extraño, pues, que los hondureños huyan en masa de su país; de un Estado incapaz de garantizar sus derechos o procurar justicia porque las instituciones son controladas por el crimen organizado.

Honduras es crítico para Estados Unidos en materia de migración y combate al tráfico de drogas. Pero hoy Washington no tiene un interlocutor en Tegucigalpa y eso ya tampoco basta porque JOH no es el único problema: el sistema entero está podrido y ha perdido todas sus defensas.
Pero los juicios de Nueva York también develan la disonancia entre la agenda antidrogas y la política exterior estadounidense. El Departamento de Estado estadounidense lleva años apoyando políticamente a un hombre que la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) investiga por narcotráfico.

La semana pasada concluyó el juicio en Nueva York contra el capo hondureño Geovanny Fuentes Ramírez. Los fiscales aseguraron que el presidente Hernández prometió utilizar las fuerzas de seguridad de su país para “inundar Estados Unidos con cocaína”. Cerraron el juicio llamando al presidente “coconspirador” del narcotráfico.

Nadie en Centroamérica se sorprendió. Hace mucho que sabemos que Honduras es un narco-Estado y que la familia presidencial ha estado involucrada en el crimen. Su hermano, Tony Hernández, fue juzgado en la misma corte y encontrado culpable de transportar cientos de toneladas de coca a Estados Unidos. Incluso marcaba sus paquetes con sus iniciales: T. H. Su hermana, Hilda Hernández, fue mencionada por testigos como receptora de fondos del narco para financiar campañas del presidente. Murió en un misterioso accidente de helicóptero en 2017.

JOH tiene una larga carrera política. Fue diputado y presidente del congreso nacional y gobierna su país desde 2014. En 2017, maniobró para cambiar la constitución que prohibía la reelección. Necesitó de un fraude en las urnas para reelegirse. La Organización de los Estados Americanos (OEA) no reconoció el resultado, pero el Departamento de Estado de Donald Trump legitimó su reelección. Para entonces, Estados Unidos ya conocía las actividades criminales de su aliado hondureño.

El principal testigo en los juicios ha sido Devis Leonel Rivera, el violento jefe del cartel de Los Cachiros, quien cooperaba con la DEA desde 2013 y se entregó en 2014. Confesó haber ordenado 78 asesinatos y ha detallado su relación con la familia Hernández y sus contribuciones a las campañas de otros dos presidentes hondureños: Porfirio Lobo y Manuel Zelaya.

Es decir: desde antes del inicio de la presidencia de JOH —y cuatro años antes de su fraudulenta reelección—, Estados Unidos tiene información sobre su involucramiento con el narcotráfico. Y esta información sigue ventilándose en Manhattan.

Los centroamericanos conocemos muy bien la divergencia entre distintas agencias estadounidenses. En tiempos de Jimmy Carter, mientras la Casa Blanca hablaba de la importancia de los derechos humanos, agentes de la CIA apoyaban actividades de grupos paramilitares anticomunistas proscritos por la Casa Blanca y por el Congreso. Lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa tu mano derecha.

Estas contradicciones alcanzaron el humor negro en diciembre de 2019. Tony Hernández, el hermano de JOH, ya había sido encontrado culpable de narcotráfico. Pero al presidente hondureño le llegó un tanque de oxígeno al firmar el acuerdo de tercer país seguro que la Casa Blanca le exigía y se encontró con el presidente Donald Trump en Florida, durante la conferencia anual del Consejo Nacional Estadounidense Israelí. Trump le agradeció y lo reconoció en su discurso: “El presidente de Honduras está trabajando de cerca con Estados Unidos […]. Estamos deteniendo las drogas como nunca antes se había hecho”.

Honduras fue siempre puente para el tráfico de drogas. Pero el narcotráfico se incrementó a partir de golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya. Una de las pocas cosas en las que concuerdan todos los hondureños es en que la influencia de Estados Unidos es tan grande que, si el gobierno de Barack Obama hubiera querido revertir el golpe, lo habría hecho. Pero Zelaya estaba demasiado cerca del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

Desde entonces, los narcovuelos procedentes de Colombia y Venezuela se multiplicaron y tres meses después cayó asesinado el zar antidrogas hondureño, Julián Arístides González Irías. Y se aceleró la penetración criminal al Estado.

Es fácil analizar en retrospectiva a la política exterior de Obama y Trump, con las evidencias que hoy tenemos, y concluir que fue un grave error apostar a la estabilidad en Honduras apoyando a Juan Orlando Hernández por encima del Estado de derecho y del combate al crimen organizado y la corrupción. Esas decisiones no mejoraron la vulnerable situación de los hondureños sino, por el contrario, abrieron la puerta a que los grupos criminales controlaran el sistema.

El presidente Biden necesita cambiar la estrategia hacia Honduras pero primero debe combatir las inercias de la política exterior estadounidense. Abandonar la realpolitik que rigió las relaciones de sus antecesores con consecuencias lamentables.

Hernández concluye su mandato en enero del próximo año, pero extirpar el narcotráfico del Estado hondureño será mucho más difícil. Los carteles y las redes de corrupción han penetrado al ejército, a la policía, al sistema judicial, al Congreso, a los poderes locales, a parte de la prensa y a los partidos políticos. ¿Cómo se salva un país cuando su sistema ya no tiene capacidad de sanearse? Solo con una inyección externa.

Pero si de algo sirven las lecciones de la historia, Biden debe abandonar las soluciones diseñadas en Washington y buscarlas en concierto con la comunidad internacional y la sociedad civil hondureña. Así salió Guatemala de una situación similar. Hace quince años, organizaciones criminales controlaban el Estado. La descomposición fue tal que el sistema ya no podía defenderse. Entonces recurrieron a las Naciones Unidas y así nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Con el firme respaldo de la comunidad internacional, la Cicig reformó la fiscalía, depuró la policía, investigó y persiguió a las estructuras criminales que controlaban el Estado. Se ganó el apoyo de la sociedad civil guatemalteca, indispensable para avanzar. Tuvo tal éxito que logró la captura del general Otto Pérez Molina, entonces presidente del país y cabeza de una red de corrupción. La limpieza terminó cuando poderosos sectores de Guatemala lograron la salida de la Cicig con el apoyo de congresistas republicanos de Estados Unidos.

Honduras no tiene muchas opciones. Es hora de tocar otra vez las puertas de las Naciones Unidas. Biden podría liderar el esfuerzo y la presión para crear una Cicig en Honduras, administrada por la ONU (y no por la OEA, como el fallido experimento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que se disolvió en 2020). Los hondureños merecen recuperar su país. Solo la comunidad internacional en conjunto puede hoy restaurar el Estado hondureño y garantizar que las estrategias de combate al narcotráfico y la corrupción no terminen otra vez enredadas con otras agendas políticas en Washington.

Por Carlos Dada – NYTimes

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