Connect with us

Noticias Internacionales

Merecemos la verdad sobre los falsos positivos

BOGOTÁ — Acarreados desde Soacha y la capital, 19 jóvenes terminaron en una fosa a 632 kilómetros de allí, muy cerca de la frontera con Venezuela. Sus ejecuciones ocurrieron entre 2007 y 2008, cuando miles de inocentes murieron lejos de casa disfrazados de guerrilleros. El caso se conoce como “falsos positivos”; una serie de ejecuciones extrajudiciales que fueron cometidas para cobrar beneficios. Aquellas 19 víctimas tenían dolientes; un grupo llamado “Madres de Soacha”, que nació justo después de los hallazgos. Las mujeres todavía piden justicia y verdad a los militares que presentaron a sus hijos como supuestas bajas en combate contra la guerrilla para presumir una victoria improbable en nuestra larga guerra interna.

Millones de colombianos han vivido engañados. Convencidos de que el crimen germina solo entre los bandos ilegales del conflicto: las guerrillas y los paramilitares. Pero una noticia reciente ha revelado el verdadero alcance de la metástasis bélica. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —un mecanismo de justicia transicional creado en 2015 con independencia del gobierno—, al menos 6402 civiles fueron ejecutados por miembros del ejército colombiano y reportados como guerrilleros. La mayoría de los asesinatos ocurrieron entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Hasta ahora la Fiscalía había reportado 2248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se trataba ya de una cifra poco creíble porque existía la sospecha de que era mucho mayor. Tras consultar varias fuentes y escuchar centenares de testimonios, la JEP casi triplicó el registro del horror. El ejército había atribuido la responsabilidad a unos cuantos soldados que habrían actuado por su cuenta. Eran unas pocas “manzanas podridas”, pero resultó que buena parte de la canasta estaba infectada. Las evidencias revelan un exterminio sistemático que ocurrió con la complicidad de algunos altos mandos.

Nuestra larga historia de violencia no ha sido el pulso de unos forajidos contra un Estado potable, sino un conflicto heterogéneo donde las fuerzas armadas han sido también letales junto a los demás actores. Esta conflagración estructural no puede seguir siendo motivo de debate. Exige un consenso sobre los hechos y una verdad que ahora por fin podemos empezar a encontrar. Para cortar el ciclo de las nuevas afrentas necesitamos claridad sobre muchas ya cometidas.

Zanjar nuestra polarización y empezar a cerrar por fin su grieta implica darle rostro, nombre y sepultura a los caídos. Eliminar las categorías que nos dividen incluso después de muertos. Como en Argentina, cuya justicia acaba de condenar a ocho represores por sus crímenes contra más de 800 víctimas durante la dictadura militar. Las organizaciones de derechos humanos se han reunido allá en torno a dos palabras que resumen la más urgente necesidad de nuestras sociedades en conflicto: “Nunca más”.

Otros países, como Brasil, no han promovido una transparencia saludable y catártica, y conservan aún fuerzas armadas con mucha influencia social y política. El riesgo es que algunos de estos hombres, habituados a un trato diferencial, empiecen a actuar por encima de una ley que consideran accesoria.

En el caso colombiano, el caldo de cultivo que facilitó la opacidad ha sido el engaño. En el teatro de nuestro largo combate contra las guerrillas nos han vendido a los militares como héroes sin mácula, siempre blindados por una elástica presunción de inocencia. Muchas veces, dudar de su honorabilidad se interpretaba como traición a la patria. Cuestionar sus actos, aunque incluyeran violaciones a los derechos humanos, era hacerle el juego al terrorismo guerrillero. Y durante décadas las fuerzas armadas fueron el garrote legal que distintos gobiernos usaron en sus enfrentamientos ideológicos. Pero algo empezó a cambiar con el acuerdo de paz, firmado en 2016, que creó instituciones como la JEP y la Comisión de la Verdad; donde se han empezado a destapar las cañerías más oscuras en esta pugna que lleva al menos seis décadas.

Un segmento de la clase política colombiana parece no estar preparado para tragar una cucharada de verdad cruda. El partido gobernante, Centro Democrático, ha propuesto derogar o reformar la justicia transicional vía referendo, y crear una sala especial que juzgue los delitos de las fuerzas armadas. Sus dirigentes piensan que los militares no deberían acudir ante un tribunal donde pueden ser equiparados con los guerrilleros. Pero esa analogía no es obra de la JEP. Fueron los mismos soldados, por su conducta criminal, quienes se igualaron con los hampones que solían perseguir.

Este es un prejuicio antiguo que necesitamos superar. Los militares colombianos han sido mimados por demasiado tiempo, como una casta privilegiada reacia al escrutinio.

Nuestra sociedad, en su accidentado tránsito hacia la paz, necesita acceder a la verdad sobre la participación de agentes del Estado en una guerra sucia que incluyó delitos atroces. Si exigimos honestidad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), desmovilizadas tras la firma de los acuerdos; con mayor razón debemos pedirla a los militares, quienes conservan el monopolio legítimo de unas armas que los ciudadanos les hemos confiado y por cuyo uso deben responder.

Una creencia convencional en Colombia repite que el gobierno de Uribe nos trajo seguridad; que muchos pudieron volver a sus fincas gracias al repliegue de las Farc. Y es cierto. Durante sus dos periodos presidenciales los homicidios disminuyeron un 46 por ciento. Pero también es verdad que Uribe produjo el mayor número de víctimas de nuestra historia en conflicto. Esta forma de pensar confiere a ciertos muertos un valor instrumental y supone que el fin justifica los medios: algunos debían morir para que otros vivan sin el riesgo de un secuestro. Los llamados “falsos positivos” no fueron un simple daño colateral, sino una campaña de muerte que ayudó a apuntalar la llamada política de seguridad democrática.

La justicia transicional que el uribismo quiere suprimir no es perfecta, pero sí busca las garantías de verdad, reparación y no repetición que la sociedad colombiana merece. El tipo de desagravio que no obtuvimos con la Ley de Justicia y Paz, promovida durante el gobierno de Uribe para desarmar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Decenas de comandantes entonces fueron extraditados a Estados Unidos, donde pagaron penas por narcotráfico, pero no por los miles de inocentes que masacraron. Este país aún espera sus testimonios.

Las demandas de transparencia del gobierno y el ejército superan el ámbito local. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respaldó el trabajo de la JEP y consideró esencial satisfacer los derechos de las víctimas a conocer la verdad. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, acusó a Uribe de distorsionar los hechos y le exigió no ocultar la verdad sobre los falsos positivos.

La JEP, mientras tanto, ha dicho que seguirá sus investigaciones “de abajo hacia arriba”. Es decir, desde los soldados que dispararon, hasta los altos oficiales que pueden haber dado las órdenes. Casi 2000 militares han sido juzgados por la matanza, pero muy pocos tenían entonces posiciones de mando, y aún faltan muchos por comparecer ante los jueces. Uno de ellos, Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército, reaccionó tras el pronunciamiento tildando a la JEP de “víboras” que pretenden debilitar a las fuerzas armadas.

Este tipo de simplificaciones nos han privado del conocimiento y la reflexión necesarios para entender y superar las causas complejas de nuestra guerra.

Las Madres de Soacha han pedido a la JEP que declare las ejecuciones de sus hijos como crímenes de Estado y de lesa humanidad. También exigen que Uribe, entonces presidente, y Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, comparezcan para aportar información.

No es pedir mucho. Es la mínima dosis de verdad y reconocimiento de una barbarie histórica que causó miles de asesinatos. La triste noticia es que probablemente fueron más de los que creíamos, y ese es otro dato concreto que también debemos conocer. Una verdad parcial sería la misma mentira de siempre.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Deja un comentario

Noticias Internacionales

Arrestan al séptimo precandidato presidencial en Nicaragua antes de las elecciones

GETTY IMAGES / El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta fuertes críticas internacionales por la oleada de arrestos de opositores antes de las elecciones.

Noel Vidaurre se convirtió este sábado en el séptimo precandidato a la presidencia de Nicaragua arrestado por el gobierno de Daniel Ortega antes de las elecciones del 7 de noviembre.

La Policía Nacional nicaragüense informó que Vidaurre, de 66 años, fue puesto bajo custodia policial en su domicilio para investigarlo por presunta traición a la patria.

Se trata de una acusación similar a la que han recibido varios de los otros seis aspirantes a la presidencia de Nicaragua detenidos en los últimos dos meses junto con más políticos, activistas y periodistas.

La policía informó este sábado que también pusieron bajo arresto domiciliario a Jaime Arellano, un comentarista político crítico de Ortega.

Estados Unidos atribuyó las detenciones de este sábado directamente a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

“El candidato presidencial Noel Vidaurre y el periodista Jaime Arellano son apenas las últimas víctimas de una despreciable campaña para criminalizar a la oposición pacífica”, tuiteó la subsecretaria de Estado interina para asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Julie Chung.

“El día que los votantes nicaragüenses están confirmando su registro (en el padrón electoral) Ortega y Murillo arrestan a dos opositores políticos más”, sostuvo la funcionaria.

Una lista creciente

Vidaurre es precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), un grupo político opositor en el país centroamericano.

Al igual que otros políticos nicaragüenses, su arresto se produjo por una ley aprobada en diciembre de forma urgente por la Asamblea Nacional que controla el sandinismo.

La policía indicó que Vidaurre y Arellano son investigados por presuntos “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, y pedir intervenciones militares”.

Esto confirma que en el país continúa la serie de detenciones de aspirantes presidenciales que ha sido criticada por varios países y grupos defensores de derechos humanos.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena son otros precandidatos arrestados en las últimas semanas.

Varios están incomunicados en lugares que las autoridades mantienen en reserva.

Entre los detenidos también hay desde excompañeros de lucha de Ortega en la revolución sandinista de 1979 hasta líderes estudiantiles.

Ortega, quien a los 75 años busca permanecer en el poder que ejerce desde 2007, justificó el mes pasado la detención de opositores afirmando sin presentar pruebas que son “criminales” que quieren “derribar al gobierno”.

Las candidaturas en Nicaragua deben registrarse entre el 28 de julio y el 2 de agosto, pero la ley impide hacerlo a quienes enfrentan procesos en su contra.

Por: BBC News Mundo

Continue Reading

Noticias Internacionales

Las protestas sociales marcan atípico Día de la Independencia en Colombia

ntegrantes de la primera línea marchan hoy por las calles de Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Bogotá, 20 jul (EFE).- Las protestas contra el Gobierno colombiano volvieron este martes a la calle con motivo del Día de la Independencia y de la instalación del Congreso Nacional, al que oficialismo y oposición presentaron proyectos de ley relacionados con las demandas sociales que impulsaron las movilizaciones.

La jornada de manifestaciones transcurrió festiva en las principales ciudades del país donde miles de personas plantaron sus demandas de justicia, empleo, salud y educación, así como exigieron al Estado respetar la vida y los derechos humanos.

Sin embargo, hubo disturbios en Medellín y en Manizales, donde manifestantes se enfrentaron a la Policía.

‘Que pare la violencia policial excesiva contra los manifestantes y en particular contra los jóvenes’, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, al comenzar un concierto en Bogotá de la banda de rock Aterciopelados.

El presidente colombiano, Iván Duque, respondió de manera anticipada a esos reclamos durante el discurso con el que abrió el nuevo periodo de sesiones del Congreso, en el que reconoció que el país tiene una ‘deuda histórica’ con los más pobres.

‘Sabemos y entendemos que hay deudas históricas que saldar, que son muchas las frustraciones que como sociedad sentimos, pero la solución la encontramos trabajando en equipo’, manifestó Duque ante el Congreso en pleno, que este año, por las protestas convocadas, fue instalado a las 9 de la mañana y no a las 3 de la tarde como es tradición.

Duque también rindió un homenaje en la celebración del Día de la Independencia a las Fuerzas Militares y de Policía, a las familias de todas las víctimas de la pandemia y de la violencia del país, al tiempo que pidió a los colombianos ‘encontrar soluciones que nos engrandezcan como sociedad’.

RECHAZO A LA VIOLENCIA POLICIAL
Duque enfrenta desde el pasado 28 de abril una crisis social sin precedentes en la historia reciente del país que estalló por el rechazo de buena parte de la sociedad, principalmente de la población joven, a la política fiscal de su Gobierno.

Aquellas multitudinarias movilizaciones de mayo y junio transcurrieron generalmente de forma pacífica, pero en ciudades como Cali y Bogotá estuvieron marcadas por la violencia.

La Fiscalía colombiana ha documentado más de una veintena de muertes en los 50 días de protestas pero diversas organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a 84, al menos 20 por disparos de la Policía, y así se lo manifestaron a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país en junio.

Por esa razón, el presidente presentó este martes ante el Congreso el Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional, que promueve un espíritu de proximidad a los ciudadanos, transparencia en los procedimientos de la institución y fortalecimiento en la protección de los derechos humanos.

También dio inicio al trámite legislativo de un proyecto de ley para el nuevo estatuto de carrera para la profesionalización del servicio en la Policía, con el que espera impulsar el ‘respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica’.

COMITÉ DE PARO PRESENTA PROYECTOS DE LEY
En esta jornada, el Comité Nacional de Paro (CNP), convocante de las manifestaciones, presentó también 10 proyectos de ley en los que recogen las demandas que llevaron a las mesas de diálogos con el Gobierno, que terminaron hace más de un mes sin ningún acuerdo.

Los sindicatos esperan que el Congreso dé trámite a sus propuestas que incluyen una renta básica de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares, gratuidad universal de la educación superior pública, fortalecimiento de la red pública de salud, apoyo para la reactivación económica de las mipymes y el sector agropecuario y acciones contra las violencias de género, entre otras propuestas.

Maltés agradeció a los manifestantes por apoyar de forma pacífica los proyectos del CNP y dijo que las movilizaciones artísticas y culturales, con las que rechazaron hoy ‘las políticas del Gobierno’, son una forma legítima de ‘expresar la indignación’.

RECLAMOS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, la oposición legislativa de izquierdas, cuestionó a Duque por abandonar el recinto del Congreso sin escuchar la réplica a su discurso, intervención a la que tienen derecho por ley.

‘Hemos retrocedido en materia de derechos humanos a las oscuras épocas del Estatuto de Seguridad (de la década de 1980). El incumplimiento y los ataques al acuerdo de paz, nos conducen al recrudecimiento de la violencia, las masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales’, dijo el senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde.

El congresista también criticó al oficialismo por, según manifestó, no haber brindado garantías suficientes para el legítimo ejercicio de la protesta social, estigmatizar a la oposición y acusarla de ser cómplice de una estrategia de desprestigio internacional.

‘Escuchamos a Iván Duque y millones pensamos que vive en un país que definitivamente no es Colombia. Se va (del Congreso) justo cuando iba a hablar la oposición, entonces hemos tomado la decisión de no hablarle a un presidente que delega su oreja, sino de hablarle a Colombia’, dijo en su discurso la representante María José Pizarro, del movimiento de izquierdas Lista de la Decencia.

La representante aseguró que Colombia está viviendo una de las épocas más dolorosas de su historia y añadió que ‘ese es el legado del Gobierno de Iván Duque’, quien será recordado por ‘dolor, por pobreza, por indiferencia, por mezquindad’. EFE

Continue Reading

Noticias Internacionales

Cafeteando por Jesús Vélez Banegas | 13-7-2021

LA NOTICIA ME agarró de sorpresa, de un paró cardíaco falleció Allard Plummer me dijo mi amigo Omar Murcia. El otrora delantero de Marathon era el padre de Carlos Alberto, goleador de Real España y de la Selección Nacional.

LLEGARON A MI mente los recuerdos de Plummer en Honduras traído por el entonces entrenador Héctor “Mico” Mejía, en 1972, a las filas de Marathon. Antes habían estado los también ticos Luis y Fernando Aguilar y el medio campista Gonzales.

LA HISTORIA De Allard Plummer tiene muchos pasajes futbolísticos y personales que valen la pena registrarlos para que no se pierdan porque, al fin y al cabo son parte del fútbol hondureño.

EL ESPIGADO JUGADOR tico procedente de Puerto Limón llegó como centro delantero y rindió pues con su físico se imponía, a las defensas contraías, era bueno para cabecear y le pegaba potente de derecha e izquierda.

SU RENDIMIENTO como goleador en el Marathon fue noticia que rebotó en Costa Rica y entonces el Cartagines mandó a buscar al jugador con un dirigente de apellido Volio. Era una violación porque el futbolista tenía contrato vigente.

ME ACUERDO QUE el finado Andrés Torres h, redactor deportivo por ese entonces escribió al respecto sobre lo que decía FIFA. Andrés, en su momento había sido secretario del Directorio de la Federación Deportiva Extraescolar de Honduras y sabía del tema.

AL ENTERARSE la directiva de Marathon de la presencia de Volio en el Hotel Sula se movilizó y encomendó al ingeniero Jerónimo Sandoval (QDDG) investigar.

AL FINAL DEL día el enviado de Cartagines, con varios “tapis entre pecho y espalda” informó que Allard Plummer, salía para Costa Rica desde el aeropuerto Toncontín.

ENTONCES JUNTO a Mario Escobar Ferman salimos a media noche hacia Tegucigalpa, para amanecer en la terminal aérea a la espera de la llegada del jugador.

NO TARDO EN LLEGAR con su maleta y le salimos al paso lo que le sorprendió. Le hicimos saber que por su actuación podría ser suspendido del fútbol por lo que retornó a San Pedro Sula, con nosotros.

EN ESE PUNTO se da inicio a otra historia y es que conoce a una joven femenina, limeña, con quien mantiene relaciones amorosas y sale embarazada. Nace un niño al que bautizan con el nombre de Carlos Alberto.

ESE NIÑO CRECE en La Lima y da muestras de tener cualidades futbolísticas y es federado en un equipo que en ese tiempo era reserva de Olimpia.

CONOCIDAS SUS facultades es llevado a Tegucigalpa, pero el jovencito no se encuentra cómodo. Entonces lo ve en su paso por el barrio donde vivía, Sergio Amaya (QEPD) y lo invita a retornar a San Pedro Sula, lo que Carlos Alberto acepta de inmediato. El caso del pase deportivo fue motivo de una discusión legal que llegó a un Congreso del Fútbol en donde se resuelve el futbolista puede jugar, en propiedad, con Real España.

LA FAMA DE goleador de Carlos Alberto Pavón, crece, se le conocía como “Plummer” pues se sabía era hijo, no reconocido, de Allard, ya dije en su momento goleador de Marathon.

SE ME OCURRIO entonces provocar un encuentro entre Carlos Alberto Pavón y su padre Allard Plummer y para ello cuento con el apoyo del entonces dirigente de Real España Roberto Reyes Silva y de Ricardo Hidalgo gerente del medio de comunicación del cual, yo era, jefe de redacción de la sección deportiva.

COMO ERA UNA nota exclusiva, se manejó en reserva. El encuentro, entre padre e hijo se dá en el Hotel San Anthonny. La cámara de Gerardo Mazariegos dejó constancia para la historia del momento de ese primer encuentro. El, exitoso, joven futbolista no superaba los veinte años.

NO FUE FACIL, limar las asperezas de los años pasados con muchas dificultades por quien se convirtió en el histórico goleador de Real España y de la Selección Nacional. Con el paso de los años padre e hijo superaron todo y Carlos Alberto tuvo el reconocimiento de su progenitor y su primer apellido pasó de ser Pavón a Plummer, se supo.

HOY CARLOS Alberto Plummer Pavón es un reconocido analista del fútbol en una cadena de televisión de Estados Unidos. Antes fue entrenador del equipo donde jugó su padre, Marathon. Tambien estuvo por La Ceiba con El Vida.

QUE DESCANSE EN Paz Allard Francisco Plummer Miller, quien en su paso por Honduras se convirtió en protagonista de la historia de nuestro fútbol.

CAFÉ CALIENTE. ¿ Como cree, usted, nos irá en Los Juegos Olímpicos y en la Copa Oro? Jesus29646@yahoo.com

Continue Reading

Noticias Internacionales

Daniel Ortega está destrozando el sueño nicaragüense

La palabra “asesino” está sobrepuesta al rostro del presidente Daniel Ortega en un mural de 2018 en Managua, Nicaragua.Credit...Esteban Felix/Associated Press

¿Vendrán por mí? ¿Qué se sentirá ser encarcelada por la misma gente con la que peleé hombro a hombro para derrocar la dictadura de 45 años de los Somoza en Nicaragua, mi país?

En 1970, me uní a la resistencia urbana clandestina del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como FSLN. Tenía 20 años. La larga y sangrienta lucha para librarnos de Anastasio Somoza Debayle ahora es un recuerdo que produce un orgullo agridulce. Alguna vez fui parte de una generación joven y valiente dispuesta a morir por la libertad. De los diez compañeros que estaban en mi célula clandestina, tan solo sobrevivimos dos. El 20 de julio de 1979, tres días después de que Somoza fue expulsado gracias a una insurrección popular, entré caminando a su búnker en una colina desde donde se veía Managua, llena del sentimiento de haber logrado lo imposible.

Ninguna de esas ilusiones sobrevive el día de hoy. En retrospectiva, para mí está claro que Nicaragua también pagó un costo demasiado alto por esa revolución. Sus jóvenes líderes se enamoraron demasiado de sí mismos; pensaron que podíamos superar todos los obstáculos y crear una utopía socialista.

Miles murieron para derrocar a Anastasio Somoza y muchos más perdieron la vida en la guerra de los contras que le siguió. Ahora, el hombre que alguna vez fue elegido para representar nuestra esperanza de cambio, Daniel Ortega, se ha convertido en otro tirano. Junto con su excéntrica esposa, Rosario Murillo, gobiernan Nicaragua con puño de hierro.

Ahora que las elecciones de noviembre se acercan cada vez más, la pareja parece poseída por el miedo de perder el poder. Atacan y encarcelan a quien consideren un obstáculo para ellos. En las últimas semanas, encarcelaron a seis candidatos presidenciales y arrestaron a muchas personas más, entre ellas a figuras revolucionarias prominentes que alguna vez fueron sus aliadas. El mes pasado, incluso fueron tras mi hermano. Para evitar ser capturado, huyó de Nicaragua. No estaba paranoico: tan solo unos días más tarde, el 17 de junio, más de una veintena de policías armados hicieron una redada en su casa; lo estaban buscando. Su esposa estaba sola. Buscaron en cada rincón y se fueron después de cinco horas.

La noche siguiente varios hombres enmascarados y armados con cuchillos y un rifle entraron a robar a su casa. Se escuchó a uno de ellos decir que era un “segundo operativo”. Otro amenazó con matar a su esposa y violar a mi sobrina, que había llegado para pasar la noche con su madre. Ortega y Murillo parecen estar usando la forma más cruda de terror para intimidar a sus opositores políticos.

En lo personal, nunca admiré a Ortega. A mí siempre me pareció un hombre mediocre e hipócrita, pero su experiencia en la calle le permitió aventajar a muchos de sus compañeros.

En 1979, fue la cabeza del primer gobierno sandinista y el presidente de 1984 a 1990. La derrota frente a Violeta Chamorro en las elecciones de 1990 dejó una cicatriz en la psique de Ortega. Regresar al poder se volvió su única ambición. Después del fracaso electoral, muchos de nosotros quisimos modernizar el movimiento sandinista. Ortega no aceptó nada de eso. Consideró nuestros intentos de democratizar el partido como una amenaza a su control. A quienes no estuvimos de acuerdo con él nos acusó de venderle el alma a Estados Unidos, y se rodeó de aduladores. Su esposa se puso de su lado aun después de que su hija acusó a Ortega, su padrastro, de haber abusado sexualmente de ella a la edad de 11 años, un escándalo que habría sido el fin de la carrera de otro político.

De hecho, Murillo, a quien se le ha caracterizado como una Lady Macbeth tropical, renovó la imagen de Ortega con astucia luego de que este perdió dos elecciones más. Sus ideas New Age aparecieron en símbolos de amor y paz y pancartas pintadas con colores psicodélicos. De manera muy conveniente, Ortega y su esposa se metamorfosearon en católicos devotos tras décadas de ateísmo revolucionario. Para tener a la Iglesia católica más de su lado, su némesis en la década de 1980, Ortega accedió a respaldar una prohibición total al aborto. También firmó en 1999 un pacto con el presidente Arnoldo Alemán, quien luego fue declarado culpable de corrupción, para llenar puestos de gobierno con cantidades iguales de partidarios. A cambio, el Partido Liberal Constitucionalista de Alemán accedió a reducir el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia.

Funcionó. En 2006, Ortega ganó con tan solo el 38 por ciento de los votos. En cuanto asumió el cargo, comenzó a desmantelar instituciones estatales ya de por sí debilitadas. Obtuvo el apoyo del sector privado al permitirle tener voz y voto en las decisiones económicas a cambio de que aceptara sus políticas. Modificó la Constitución, la cual prohibía expresamente la reelección, para que se permitiera una cantidad indefinida de reelecciones. Luego, en 2016, en la campaña para su tercer periodo, Ortega eligió a su esposa para la vicepresidencia.

Ortega y Murillo parecían haber asegurado su poder hasta abril de 2018, cuando un grupo de esbirros sandinistas reprimió con violencia una pequeña manifestación en contra de una reforma que iba a reducir las pensiones de seguridad social. Varias protestas pacíficas arrasaron todo el país. Ortega y Murillo reaccionaron con furia y combatieron la revuelta con balas: 328 personas fueron asesinadas, 2000 lesionadas y 100.000 exiliadas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paramilitares armados deambularon por las calles matando a diestra y siniestra, y los hospitales tenían la orden de negar la asistencia médica a los manifestantes heridos. Los doctores que desobedecieron fueron despedidos. El régimen impuso un estado de emergencia de facto y suspendió los derechos constitucionales. Se prohibieron las manifestaciones públicas de cualquier índole. Nuestras ciudades fueron militarizadas. Ortega y Murillo justificaron estas acciones con una gran mentira: el levantamiento era un golpe de Estado planeado y financiado por Estados Unidos.

Las siguientes elecciones de Nicaragua están programadas para el 7 de noviembre. A finales de la primavera, los dos principales grupos de oposición acordaron elegir a un candidato bajo el cobijo de Alianza Ciudadana. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Chamorro, tuvo un sólido respaldo en las encuestas. Poco después de que anunció su intención de contender por la presidencia, le impusieron un arresto domiciliario. El gobierno parece haber fabricado un caso de lavado de dinero con la noción equivocada de que eso iba a legitimar su arresto. Le siguieron más detenciones: otros cinco candidatos a la presidencia, periodistas, un banquero, un representante del sector privado, dos contadores que trabajaban para la fundación de Cristiana Chamorro y hasta su hermano, todos ellos acusados bajo leyes nuevas y de una ambigüedad conveniente que en esencia hacen que cualquier tipo de oposición a la pareja en el poder sea un delito de traición. Ortega insistió en que todos los detenidos eran parte de una inmensa conspiración apoyada por Estados Unidos para derrocarlo.

Ahora, los nicaragüenses nos encontramos sin ningún recurso, ninguna ley, ninguna policía que nos proteja. Una ley que le permite al Estado encarcelar hasta por 90 días a las personas que estén bajo investigación ha remplazado el habeas corpus. La mayoría de los presos no ha podido ver a sus abogados ni a sus familiares. Ni siquiera estamos seguros de dónde los tienen detenidos. Por las noches, muchos nicaragüenses se van a la cama con el temor de que su puerta sea la siguiente que derribe la policía.

Soy poeta, soy escritora. Soy una crítica manifiesta de Ortega. Tuiteo, doy entrevistas. Con Somoza, me juzgaron por traición. Tuve que exiliarme. ¿Ahora enfrentaré la cárcel o de nuevo el exilio?

¿Por quién irán después?

Por Gioconda Belli
NYTimes

Continue Reading
Advertisement

Suscríbete con nosotros

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a nuestra web y recibir todas nuestras noticias.

Únete a otros 4.259 suscriptores

QUÉDATE EN CASA

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Sígueme en Twitter