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Merecemos la verdad sobre los falsos positivos

BOGOTÁ — Acarreados desde Soacha y la capital, 19 jóvenes terminaron en una fosa a 632 kilómetros de allí, muy cerca de la frontera con Venezuela. Sus ejecuciones ocurrieron entre 2007 y 2008, cuando miles de inocentes murieron lejos de casa disfrazados de guerrilleros. El caso se conoce como “falsos positivos”; una serie de ejecuciones extrajudiciales que fueron cometidas para cobrar beneficios. Aquellas 19 víctimas tenían dolientes; un grupo llamado “Madres de Soacha”, que nació justo después de los hallazgos. Las mujeres todavía piden justicia y verdad a los militares que presentaron a sus hijos como supuestas bajas en combate contra la guerrilla para presumir una victoria improbable en nuestra larga guerra interna.

Millones de colombianos han vivido engañados. Convencidos de que el crimen germina solo entre los bandos ilegales del conflicto: las guerrillas y los paramilitares. Pero una noticia reciente ha revelado el verdadero alcance de la metástasis bélica. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —un mecanismo de justicia transicional creado en 2015 con independencia del gobierno—, al menos 6402 civiles fueron ejecutados por miembros del ejército colombiano y reportados como guerrilleros. La mayoría de los asesinatos ocurrieron entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Hasta ahora la Fiscalía había reportado 2248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se trataba ya de una cifra poco creíble porque existía la sospecha de que era mucho mayor. Tras consultar varias fuentes y escuchar centenares de testimonios, la JEP casi triplicó el registro del horror. El ejército había atribuido la responsabilidad a unos cuantos soldados que habrían actuado por su cuenta. Eran unas pocas “manzanas podridas”, pero resultó que buena parte de la canasta estaba infectada. Las evidencias revelan un exterminio sistemático que ocurrió con la complicidad de algunos altos mandos.

Nuestra larga historia de violencia no ha sido el pulso de unos forajidos contra un Estado potable, sino un conflicto heterogéneo donde las fuerzas armadas han sido también letales junto a los demás actores. Esta conflagración estructural no puede seguir siendo motivo de debate. Exige un consenso sobre los hechos y una verdad que ahora por fin podemos empezar a encontrar. Para cortar el ciclo de las nuevas afrentas necesitamos claridad sobre muchas ya cometidas.

Zanjar nuestra polarización y empezar a cerrar por fin su grieta implica darle rostro, nombre y sepultura a los caídos. Eliminar las categorías que nos dividen incluso después de muertos. Como en Argentina, cuya justicia acaba de condenar a ocho represores por sus crímenes contra más de 800 víctimas durante la dictadura militar. Las organizaciones de derechos humanos se han reunido allá en torno a dos palabras que resumen la más urgente necesidad de nuestras sociedades en conflicto: “Nunca más”.

Otros países, como Brasil, no han promovido una transparencia saludable y catártica, y conservan aún fuerzas armadas con mucha influencia social y política. El riesgo es que algunos de estos hombres, habituados a un trato diferencial, empiecen a actuar por encima de una ley que consideran accesoria.

En el caso colombiano, el caldo de cultivo que facilitó la opacidad ha sido el engaño. En el teatro de nuestro largo combate contra las guerrillas nos han vendido a los militares como héroes sin mácula, siempre blindados por una elástica presunción de inocencia. Muchas veces, dudar de su honorabilidad se interpretaba como traición a la patria. Cuestionar sus actos, aunque incluyeran violaciones a los derechos humanos, era hacerle el juego al terrorismo guerrillero. Y durante décadas las fuerzas armadas fueron el garrote legal que distintos gobiernos usaron en sus enfrentamientos ideológicos. Pero algo empezó a cambiar con el acuerdo de paz, firmado en 2016, que creó instituciones como la JEP y la Comisión de la Verdad; donde se han empezado a destapar las cañerías más oscuras en esta pugna que lleva al menos seis décadas.

Un segmento de la clase política colombiana parece no estar preparado para tragar una cucharada de verdad cruda. El partido gobernante, Centro Democrático, ha propuesto derogar o reformar la justicia transicional vía referendo, y crear una sala especial que juzgue los delitos de las fuerzas armadas. Sus dirigentes piensan que los militares no deberían acudir ante un tribunal donde pueden ser equiparados con los guerrilleros. Pero esa analogía no es obra de la JEP. Fueron los mismos soldados, por su conducta criminal, quienes se igualaron con los hampones que solían perseguir.

Este es un prejuicio antiguo que necesitamos superar. Los militares colombianos han sido mimados por demasiado tiempo, como una casta privilegiada reacia al escrutinio.

Nuestra sociedad, en su accidentado tránsito hacia la paz, necesita acceder a la verdad sobre la participación de agentes del Estado en una guerra sucia que incluyó delitos atroces. Si exigimos honestidad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), desmovilizadas tras la firma de los acuerdos; con mayor razón debemos pedirla a los militares, quienes conservan el monopolio legítimo de unas armas que los ciudadanos les hemos confiado y por cuyo uso deben responder.

Una creencia convencional en Colombia repite que el gobierno de Uribe nos trajo seguridad; que muchos pudieron volver a sus fincas gracias al repliegue de las Farc. Y es cierto. Durante sus dos periodos presidenciales los homicidios disminuyeron un 46 por ciento. Pero también es verdad que Uribe produjo el mayor número de víctimas de nuestra historia en conflicto. Esta forma de pensar confiere a ciertos muertos un valor instrumental y supone que el fin justifica los medios: algunos debían morir para que otros vivan sin el riesgo de un secuestro. Los llamados “falsos positivos” no fueron un simple daño colateral, sino una campaña de muerte que ayudó a apuntalar la llamada política de seguridad democrática.

La justicia transicional que el uribismo quiere suprimir no es perfecta, pero sí busca las garantías de verdad, reparación y no repetición que la sociedad colombiana merece. El tipo de desagravio que no obtuvimos con la Ley de Justicia y Paz, promovida durante el gobierno de Uribe para desarmar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Decenas de comandantes entonces fueron extraditados a Estados Unidos, donde pagaron penas por narcotráfico, pero no por los miles de inocentes que masacraron. Este país aún espera sus testimonios.

Las demandas de transparencia del gobierno y el ejército superan el ámbito local. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respaldó el trabajo de la JEP y consideró esencial satisfacer los derechos de las víctimas a conocer la verdad. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, acusó a Uribe de distorsionar los hechos y le exigió no ocultar la verdad sobre los falsos positivos.

La JEP, mientras tanto, ha dicho que seguirá sus investigaciones “de abajo hacia arriba”. Es decir, desde los soldados que dispararon, hasta los altos oficiales que pueden haber dado las órdenes. Casi 2000 militares han sido juzgados por la matanza, pero muy pocos tenían entonces posiciones de mando, y aún faltan muchos por comparecer ante los jueces. Uno de ellos, Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército, reaccionó tras el pronunciamiento tildando a la JEP de “víboras” que pretenden debilitar a las fuerzas armadas.

Este tipo de simplificaciones nos han privado del conocimiento y la reflexión necesarios para entender y superar las causas complejas de nuestra guerra.

Las Madres de Soacha han pedido a la JEP que declare las ejecuciones de sus hijos como crímenes de Estado y de lesa humanidad. También exigen que Uribe, entonces presidente, y Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, comparezcan para aportar información.

No es pedir mucho. Es la mínima dosis de verdad y reconocimiento de una barbarie histórica que causó miles de asesinatos. La triste noticia es que probablemente fueron más de los que creíamos, y ese es otro dato concreto que también debemos conocer. Una verdad parcial sería la misma mentira de siempre.

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Príncipe William: en qué consiste el exitoso plan de conservación de Costa Rica

REUTERS | La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunció el reconocimiento para Costa Rica.

Son días felices en Costa Rica.

La semana pasada, la banda Coldplay anunció que abrirá allí su gira de conciertos The Music Of The Spheres («Música de las esferas») prevista para 2022, por la fama mundial de este pequeño país en el uso de energías limpias.

Y el domingo, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, le otorgó a su gobierno el premio Earthshot en la categoría «proteger y restaurar la naturaleza».

Un reconocimiento de 1 millón de libras esterlinas (unos US$1,3 millones) por su exitoso modelo de conservación del bosque.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo en Twitter que su gobierno invertirá el premio en la conservación de los ecosistemas marinos.

Según Alvarado, los fondos se usarán para «replicar en el mar el modelo de conservación que se ha implementado exitosamente en los ecosistemas terrestres».

El premio también recuerda que este programa, que sostiene una parte importante de los bosques privados, sufre una presión económica creciente.

Reforestación y protección
Costa Rica es, según un informe de 2016 de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el primer país de Latinoamérica que logró revertir la deforestación y aumentar su cobertura boscosa.

Cifras recientes del Banco Mundial muestran que el país aumentó su cobertura forestal de un 47% en el año 2000 al 59% en 2020.

Este avance se debe en parte al programa galardonado por el príncipe Guillermo y a un cambio en la estructura productiva del país, que antes se enfocaba en gran parte en la ganadería.

El plan ambiental premiado combina la conservación del bosque en áreas silvestres protegidas que pertenecen al Estado con la reforestación y preservación en terrenos que pertenecen a dueños privados.

En el caso del ámbito privado existe un sistema de pago por servicios ambientales (PSA), que consiste en una compensación económica para las personas que poseen fincas y que, en vez de usarlas para cultivos o ganadería, deciden conservar y proteger los árboles o incluso combinar esa protección con otras actividades productivas.

Los pagos por servicios ambientales existen en varios países del mundo, pero en Costa Rica hay diferencias palpables, según le explica a BBC Mundo Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) que desarrolla el programa.

Una de ellas es que el país tiene fondos ya asegurados cada año.

«La ventaja es que la ley forestal le dio una fuente de recursos fija, sólida y constante», explica Rodríguez.

La ley forestal de 1996 creó los PSA y estableció un impuesto a la gasolina y a otros hidrocarburos que actualmente es del 3,5%.

Según Rodríguez, la mayoría de países que tiene este tipo de esquemas establece un presupuesto cada año, según las condiciones del país.

«Es lo que sucedía en Costa Rica antes de la ley forestal: el Ministerio de Hacienda era el que decidía cuánto presupuestaba. En cambio ahora, con los datos de Recope (la refinadora de petróleo del país) hay una estimación bastante cercana de cuánto será el ingreso. Eso nos permite a nosotros planificar a mediano y largo plazo», indica el director de Fonafifo.

Con esa planificaciónse hacen contratos por cinco, diez y hasta 16 años para la conservación de los bosques y se mantiene el compromiso con los dueños, que en su mayoría tiene fincas pequeñas y medianas.

Una clave adicional es que el intercambio económico no se ve como una «regalía» por una buena causa, sino como un pago por un servicio obtenido.

«Ahora se reconoce por los servicios ambientales que genera, de los cuales nos beneficiamos todos los ciudadanos del mundo, pues los árboles capturan CO2, gran responsable del calentamiento global», señala Rodríguez.

Amplio apoyo político
Además de tener una fuente de ingresos constante y una planificación adecuada, otra de las pistas para entender el éxito de Costa Rica en este campo parece ser el apoyo de distintos gobiernos.

Al principio no fue fácil, contó el exministro Carlos Manuel Rodríguez al medio costarricense La Nación.

«Costó mucho impulsar el programa en aquel momento», dijo.

«Pasados varios gobiernos, ha trascendido a las distintas administraciones, y estas han sabido adueñarse de los PSA y llevarlos adelante al margen de diferencias políticas», precisa Rodríguez, quien lideró la creación del programa en el país y lo empezó a implementar en 1998.

Inversión insuficiente
El programa invierte entre unos US$24 y $30 millones anuales en el pago económico a los productores que deciden resguardar el bosque, pero eso solo alcanza para atender el 20% de las solicitudes que recibe cada año.

«La inversión es importante, pero es totalmente insuficiente», se queja Rodríguez.

«Si quisiéramos atender el universo (toda la demanda), tendríamos que tener un presupuesto cinco veces superior para pagar los mismos montos. Pero también es cierto que nosotros quisiéramos pagarles más a los productores», observa.

Los retos para sumar más hectáreas protegidas se han hecho más profundos en los últimos años.

No tanto por falta de compromiso directo con el medio ambiente, sino por una serie de decisiones fiscales que tienen a Costa Rica sumida en una constante presión económica internacional.

Por: María Fernanda Cruz Chaves
BBC News Mundo

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La histórica disputa en Centroamérica por la soberanía en el golfo de Fonseca

GETTY IMAGES

El golfo de Fonseca, en el océano Pacífico, ha sido históricamente una fuente de tensiones donde Honduras, El Salvador y Nicaragua hacen reclamos territoriales.

Ahora, el consejo de ministros hondureño publicó un decreto para «reafirmar la soberanía nacional en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en dichas aguas».

En el decreto, el gobierno de Honduras anuncia un plan de desarrollo para la región.

Pero ¿qué significa exactamente esto y por qué hay disputas territoriales en esta región?

Triple frontera
El golfo de Fonseca, con 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido escenario de conflictos territoriales desde las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

A diferencia de Nicaragua, que cuenta con 352 kilómetros de costa sobre el Pacífico, y El Salvador, con 307 km, para Honduras el golfo es su única salida a ese océano.

El principal problema es la falta de delimitación de las aguas, asunto que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para dirimir una disputa entre El Salvador y Honduras.

En una resolución en 1992, la CIJ determinó que ambos estados tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, pero adjudicó la administración del resto de las aguas del golfo a los tres países que lo comparten.

Isla Conejo, en el centro de la disputa
Pese a que apenas es un peñón de menos de 1 km cuadrado, Isla Conejo es objeto de una larga disputa por su soberanía entre El Salvador y Honduras.

En los años 80, cuando El Salvador estaba en plena guerra civil, el contingente militar salvadoreño que resguardaba la isla volvió al continente, y tropas del ejército hondureño aprovecharon para ocupar por primera vez el islote.

Entonces empezó una controversia diplomática entre ambos países. El Salvador argumenta que Honduras ocupó la isla ilegalmente, y este que el peñón es suyo por su mayor cercanía a la costa hondureña (unos 600 metros).

La disputa casi siempre resurge en las campañas electorales. Honduras celebra elecciones generales el 28 de noviembre.

Pero ¿por qué hay una disputa sobre una isla de medio kilómetro cuadrado?

La ubicación geográfica de sus vecinos forma una especie de pinza en la entrada de la bahía, lo cual cierra aún más el libre acceso pues ambos cuentan con una soberanía de 12 millas náuticas según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Si las autoridades nicaragüenses y salvadoreñas acordaran limitar la navegación en su mar territorial, podrían aislar a los hondureños.

En esas condiciones las islas en el golfo Fonseca tienen un valor fundamental, incluso un islote como Conejo.

Para Honduras el conflicto fue superado con el fallo de la Corte de La Haya en 1992 que reconoce la soberanía de 3 millas náuticas (5,5 km) desde la costa de cada nación.

Mientras El Salvador argumenta que Isla Conejo nunca formó parte de la resolución, pues no la menciona específicamente.

En la resolución se establece la soberanía sobre otras islas: El Tigre, que le pertenece a Honduras, y Meanguera y Meanguerita, a El Salvador.

En 2003, la CIJ rechazó una petición de El Salvador para revisar dicha resolución.

Por: BBC News Mundo

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Pronunciamiento de ONECA ante publicación de FLACSO

ASUNTO: Estudio sobre Garífunas. Las rutas del cuerpo entre el Aquí y el Allá Imaginarios colectivos sobre el fenómeno migratorio en las comunidades de Sambo Creek y Corozal. Tegucigalpa, 2021. ISBN 978-
99979-65-06-6.

RESPONSABLES DEL ESTUDIO: Reyes, Milton y Gallo, Mildred
Dr. Francisco Herrera Alvarado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras;
Dr. Rolando Sierra Fonseca, Director FLACSO Honduras, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Dra. Josette Altmann Borbón, Secretaria General, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
Mtr. Cinthya Fernández Lépiz, Coordinadora Académica Regional, FLACSO, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales;
MSc. Lorena Aguilar Revelo, Coordinadora Regional de Cooperación Internacional e Investigación,
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
OMIH, Observatorio para las Migraciones Internacionales de Honduras;
Sr. D. Juan José Sanzberro Gamio, AECID, Agencia Española de Cooperación Técnica para el Desarrollo.

Para ver mas clic aquí

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José Francisco Ávila anuncia fecha de estreno de su autobiografía

Bronx, NY, 24 de septiembre de 2021: José Francisco Ávila anuncia el lanzamiento de su libro, El Poder del Orgullo Pan-Garífuna Afrolatino Mi búsqueda de identidad racial, ancestral, étnica y cultural   (El libro electrónico está disponible para pre-pedido en la Tienda Kindle aquí)

En esta autobiografía emancipadora y convincente, el hijo de un padre negro caribe / garífuna y una madre mestiza, cuenta la historia de cómo su lucha por reconciliar las percepciones sociales de su herencia multirracial y étnica, lo llevó a una búsqueda de identidad racial, ancestral, étnica y cultural, que lo llevó a impulsar el Movimiento Moderno Garífuna y resulto en el Movimiento Afrodescendiente en América Latina.

José Francisco lleva a los lectores a un viaje convincente de cómo su búsqueda lo llevó a investigar su ascendencia, y cómo el poder de su orgullo racial, ancestral, étnico y cultural, lo llevó a su misión de por vida, informar, empoderar y abogar por su pueblo, que se convirtió en su campaña de por la justicia social de base y, finalmente, en un movimiento transnacional.

Reflexionando sobre sus experiencias vividas, ofrece una exploración única y reflexiva de cómo influyeron en su pensamiento. Desde su nacimiento en Honduras, donde su padre lo expuso a la justicia social, migrando a Boston, MA, durante la desegregación racial, trasladándose a Dallas, TX, durante la era posmoderna de la globalización y la Revolución Digital.

«He pasado los últimos años reflexionando sobre las historias que quería leer pero que aún no se habían escrito, por lo tanto, decidí proporcionar una plataforma para celebrar los logros, exitos y contribuciones de los garífunas. Esas historias, y mis experiencias vividas, forman la esencia de la línea argumental del libro e El Poder del Orgullo Pan-Garífuna Afrolatino«, dijo el autor José Francisco Ávila.

Este poderoso libro captura la convicción de José Francisco Ávila de que necesitamos narrar nuestras propias historias con nuestras propias palabras, para hacer justicia a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Esto es más urgente, en esta era, donde se están aprobando leyes para eliminar los planes de estudio que examinan cuestiones sociales, culturales y legales relacionadas con la raza y el racismo en los Estados Unidos, y el continuo blanqueo de la historia.

El lanzamiento oficial del libro está programado para el domingo 24 de octubre de 2021, de 3 pm a 7 pm, en el Centro Comunitario Justice Sonia Sotomayor, 1000 Rosedale Avenue, Bronx, NY 10472

El libro estará disponible para su compra en Amazon.

(El libro electrónico está disponible para pre-pedido en la Tienda Kindle aquí)

Los detalles completos sobre el libro junto con más detalles se pueden encontrar en www.josefranciscoavila.com

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José Francisco Ávila

Garifuna Afro-Latino Author – Publisher

«If it’s not written, It doesn’t exist!»

Website: https://josefranciscoavila.com

Email: josefranciscoavila@gmail.com

Tel:  (810) 462-1243

Twitter: @JoseFAvilaLopez

Facebook: https://www.facebook.com/josefranciscoavilaauthor

LinkedIn: Jose Francisco Avila

Instagram: @josefavi

Spotify Playlist:  Jose Francisco’s Playlist

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