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México acordó tomar medidas migratorias meses antes de que Trump anunciara el acuerdo de los aranceles

WASHINGTON.— El acuerdo para evitar los aranceles que Donald Trump anunció con fanfarrias la noche del viernes está compuesto principalmente por acciones que México ya había prometido adoptar antes de las negociaciones con Estados Unidos durante los últimos meses, según funcionarios de ambos países familiarizados con las negociaciones.

La declaración conjunta del viernes dice que México acordó el “despliegue de su Guardia Nacional en todo el país, dando prioridad a su frontera sur”. No obstante, el gobierno mexicano ya había prometido hacer eso en marzo durante negociaciones secretas en Miami entre Kirstjen Nielsen, entonces secretaria de Seguridad Nacional y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación de México, dijeron los funcionarios.

La parte más importante del acuerdo con Trump fue una expansión del programa para permitir a las personas que solicitan asilo permanecer en México mientras sus casos se procesan en Estados Unidos. No obstante, ese acuerdo se alcanzó en diciembre en un par de notas diplomáticas negociadas con muchas dificultades que intercambiaron los dos países. Nielsen anunció los Protocolos de Protección a Migrantes durante una sesión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes cinco días antes de Navidad.

En el transcurso de la semana pasada, los negociadores no lograron convencer a México de aceptar un tratado de Tercer País Seguro que le habría dado a Estados Unidos la capacidad jurídica para rechazar a los solicitantes de asilo si no han buscado refugio en México primero.

A pesar de todo, Trump celebró el acuerdo el sábado y escribió en Twitter: “¡Todos están muy emocionados por el nuevo acuerdo con México!”. Agradeció al presidente de México por “trabajar tanto y tan arduamente” en un plan para reducir el aumento repentino en la migración a los Estados Unidos.

No quedó claro si Trump creyó que el acuerdo realmente representaba concesiones nuevas e importantes, o si el presidente entendió los límites del acuerdo, pero lo aceptó como una forma de guardar las apariencias para escapar de las consecuencias políticas y económicas de imponer aranceles a México, amenaza que comenzó a mencionar hace menos de dos semanas.

Después de amenazar a México con establecer aranceles que aumentarían progresivamente, comenzando en un cinco por ciento para llegar hasta un 25 por ciento, el presidente estadounidense enfrentó enormes críticas, tanto de líderes mundiales como de ejecutivos empresariales, legisladores republicanos y demócratas y miembros de su propio personal, de que se arriesgaba a afectar un mercado crítico.

Tras nueve días de incertidumbre, Trump respaldó y aceptó las promesas de México.

Los funcionarios que participaron en las negociaciones dijeron que comenzaron en serio el domingo pasado, cuando Kevin K. McAleenan, el secretario interino de Seguridad Nacional, se reunió en una cena con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Un alto funcionario gubernamental, que no estaba autorizado para hablar públicamente sobre las negociaciones a puerta cerrada que hubo durante varios días, insistió en que los mexicanos acordaron actuar con mayor rapidez y con mayor dinamismo que anteriormente para frenar a los migrantes.

Su promesa de desplegar hasta a 6000 miembros de la Guardia Nacional fue mayor que la anterior y el acuerdo mexicano para acelerar el Protocolo de Protección a Migrantes podría ayudar a reducir lo que Trump llama la “detención y liberación” de los migrantes en Estados Unidos, dándole al país una mayor capacidad para hacer que los solicitantes de asilo esperen en México.

Sin embargo, sigue habiendo un profundo escepticismo entre algunos funcionarios estadounidenses —incluso en el mismo Trump— sobre si los mexicanos han aceptado hacer suficiente, si cumplirán sus promesas y si, incluso si lo hacen, eso reducirá el flujo de migrantes en la frontera suroeste.

Además, el Protocolo de Protección a Migrantes ya está siendo impugnado en los tribunales por los grupos que defienden los derechos de los migrantes, pues consideran que violan los derechos de los migrantes a tener un abogado. Un juez federal evitó que el gobierno de Trump implementara el plan, pero posteriormente un tribunal de apelaciones determinó que podía seguir adelante mientras procede la impugnación en los tribunales.

Durante una llamada telefónica la noche del viernes cuando se le informó sobre el acuerdo, Trump les preguntó a sus abogados, diplomáticos y funcionarios migratorios si pensaban que el acuerdo funcionaría. Sus asesores dijeron que sí, pero admitieron que también eran realistas en cuanto a que el aumento repentino en la migración podría continuar.

“Veremos si funciona”, les dijo el presidente, aprobando el acuerdo antes de enviar su tuit para anunciarlo.

El sábado, Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, dijo que el gobierno deseaba reducir la inmigración ilegal y hacer la frontera “fuerte y segura” al trabajar con México para cumplir el acuerdo.

La decisión de Trump de usar el comercio como un garrote contra México fue impulsada en parte por su obsesión con detener lo que falsamente llama una invasión del país y, en parte, por un deseo de satisfacer a sus seguidores de base, muchos de los cuales se han molestado ante su incapacidad de construir su prometido muro fronterizo.

Muchos de sus asesores de alto nivel, incluyendo aquellos que supervisan sus agendas política y económica, se oponían a la amenaza de los aranceles. Sin embargo, la ira del presidente se aviva regularmente con los informes cotidianos que recibe sobre cuántos migrantes han cruzado la frontera en las últimas veinticuatro horas.

Los altos funcionarios migratorios de Trump le advirtieron en repetidas ocasiones al presidente que los resultados de su trabajo para impedir el flujo de migrantes podrían no ser evidentes sino hasta julio, y le pidieron paciencia.

No obstante, ese esfuerzo se dificultó más en mayo, cuando las cifras se dispararon a los niveles más altos de su presidencia. Durante la semana del 24 de mayo, 5800 migrantes —la cantidad más elevada que se haya registrado— cruzaron en un solo día. A esa cifra se sumó rápidamente un grupo de 1036 migrantes que fueron captados por las cámaras de vigilancia mientras cruzaban la frontera en masa. Posteriormente, Trump tuiteó el video, y poco después comenzó la amenaza de los aranceles.

Durante las negociaciones de la semana, los funcionarios de ambos países se preocuparon por lo que Trump estaría dispuesto a aceptar a cambio de retirar su amenaza de los aranceles. La pregunta estuvo en el aire durante las negociaciones, que fueron encabezadas un día por el vicepresidente Mike Pence e incluyeron a Pompeo y McAleenan.

Los funcionarios mexicanos abrieron las negociaciones con la oferta de desplegar a elementos de su nueva Guardia Nacional contra los migrantes, mediante una presentación de PowerPoint para demostrarles a sus pares estadounidenses que hacerlo sería innovador en su capacidad para detener a los migrantes que recorren México con destino al norte, a menudo en autobús.

De hecho, los funcionarios mexicanos ya habían hecho la misma promesa meses antes cuando Nielsen se reunió en Miami con Sánchez Cordero y asesores del canciller mexicano. El objetivo de la reunión, según personas que saben del tema, era presionar a los mexicanos para que actuaran más rápido.

Sánchez Cordero también le dijo a Nielsen que la nueva Guardia Nacional del gobierno mexicano, que se creó apenas un mes antes para combatir el narcotráfico y la delincuencia, se redirigiría a la frontera con Guatemala, el puerto de entrada de la mayoría de los migrantes centroamericanos.

En ese momento, Nielsen y los demás negociadores estadounidenses se refirieron a la promesa mexicana como el plan de la “tercera frontera” porque los mexicanos propusieron crear una línea de soldados en torno a la región sur mexicana para evitar que los migrantes siguieran su camino hacia el norte.

Los mexicanos habían comenzado a implementar el plan, pero no lo suficientemente rápido para el gobierno de Trump, que dijo que solo unos mil elementos de la Guardia Nacional mexicana se encontraban en sus puestos en mayo.

El acuerdo del viernes con México establece que los dos países “expandirán de inmediato” el Protocolo de Protección a Migrantes a lo largo de toda la frontera sur. A la fecha se han regresado migrantes en solo tres de los puertos de entrada más transitados.

Sin embargo, los funcionarios familiarizados con el programa declararon el sábado que el acuerdo al que llegaron los dos países en diciembre pasado siempre tuvo como objetivo expandirse a lo largo de toda la frontera. Lo que evitó que eso ocurriera, dijeron, fue la asignación de recursos en ambos países.

En Estados Unidos, los migrantes deben comparecer ante jueces migratorios antes de que puedan ser enviados a esperar en México, y la escasez de jueces retrasó el proceso. El gobierno mexicano también se retrasó en proveer refugio, servicios médicos, prestaciones laborales y atención básica que permitirían a Estados Unidos enviar a los migrantes de regreso a ese país.

El nuevo acuerdo reitera que México proveerá “los empleos, la atención médica y la educación” necesarios para permitir que el programa se expanda, pero la velocidad con la que Estados Unidos puede mandar más migrantes a esperar a México todavía dependerá de qué tan rápidamente el gobierno cumpla su promesa.

Quizá la señal más clara de que ambos lados reconocen que el acuerdo podría ser insuficiente se encuentra en una sección del acuerdo del viernes titulada: “Medidas adicionales”.

Un funcionario familiarizado con las negociaciones dijo que la sección tenía el propósito de ser una advertencia seria para el gobierno mexicano de que Trump estaría observando con atención los informes diarios que recibe sobre el número de migrantes que cruzan la frontera. El funcionario dijo que si las cifras no cambiaban —rápido— el enojo del presidente llevaría a las partes de vuelta a la mesa de negociación.

“La amenaza de los aranceles no se ha ido”, dijo el funcionario. “Está suspendida”.

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¿Será Chile un ejemplo de verdadera democracia?

Una protesta en noviembre de 2019 en Santiago, la capital de ChileCredit...Javier Torres/Agence France-Presse — Getty Images

El 25 de octubre, los chilenos votarán para rechazar o aprobar el comienzo de la creación de una nueva constitución. Los ciudadanos de más países deberían hacer lo mismo. La actual Constitución chilena, escrita durante el régimen autoritario del dictador Augusto Pinochet, ha protegido intereses conservadores y al ejército, y ha reprimido la disidencia política durante 40 años.

La lucha de Chile con su pasado autoritario no es única. Los países con democracias recientes, como Birmania, Corea del Sur y Turquía, se han regido por constituciones autoritarias durante años o incluso décadas. Mi investigación indica que más de dos terceras partes de las transiciones políticas a la democracia desde la Segunda Guerra Mundial —en más de 50 países— han ocurrido bajo constituciones escritas por el régimen autoritario saliente. En algunas naciones, como Argentina, que han oscilado una y otra vez entre la democracia y la dictadura, varias transiciones democráticas han sido guiadas por constituciones redactadas por gobiernos autoritarios.

La persistencia del autoritarismo por vía constitucional en una democracia es una receta para la desigualdad y el descontento democrático. Las democracias con constituciones promulgadas en épocas autoritarias tienen sistemas de transparencia y rendición de cuentas frágiles y una participación ciudadana insuficiente en la formulación de políticas. Además, sus sistemas políticos favorecen a las élites vinculadas al antiguo régimen y no a los ciudadanos de a pie.

La desigualdad en Chile está en un nivel similar al de la época de Pinochet en tanto que el tráfico de influencias por parte de los ricos —algunos de los cuales adquirieron sus fortunas por medio de conexiones con Pinochet y la privatizaciones de empresas estatales— es ubicuo.

Esta mezcla tóxica explotó hace un año desatando manifestaciones callejeras generalizadas que trastocaron la reputación que el país se había forjado como un modelo de estabilidad y progreso en América Latina a lo largo de cuatro décadas de economía de mercado. Desde entonces, la reputación de Chile solo ha empeorado debido a la respuesta deficiente del país a la pandemia. Incluso dentro de una región gravemente afectada por la COVID-19, Chile no tardó en destacar como un foco de contagio, con tasas de infección per cápita entre las más elevadas del mundo.

Este hecho refleja una vez más cómo Sebastián Piñera, el multimillonario presidente empresario de Chile, está sumamente desconectado de la manera en que viven la mayoría de los chilenos. La pandemia ha devastado barrios pobres donde la gente vive hacinada, los servicios de salud son limitados y los ciudadanos no pueden darse el lujo de refugiarse en casa.

El plebiscito para convocar una convención constituyente en Chile podría derivar en un nuevo documento que acerque más el liderazgo al pueblo con una descentralización del sistema político y la introducción de mecanismos formales de consulta ciudadana y referendos. También podría ampliar los derechos de los sindicatos, consagrar la atención médica y la educación como derechos fundamentales, garantizar la igualdad para las mujeres y otorgar mayor autonomía a los pueblos indígenas.

El gobierno de Piñera está consciente de esto y está tomando medidas para oponerse a un cambio político radical. Los activistas informan que el gobierno ha usado la pandemia como un pretexto para intensificar la represión y callar a la oposición. Apenas la semana pasada, se difundió un video que mostraba a un policía empujando a un adolescente hasta hacerlo caer de un puente durante una protesta, lo cual provocó una indignación generalizada. Esto se suma a las agresiones brutales que las fuerzas de seguridad ya habían ejercido en contra de los manifestantes en otoño del año pasado.

Chile es un ejemplo de cómo los dictadores que redactan constituciones pueden dejar de lado los intereses del pueblo. La Constitución chilena protegió a los militares y a sus aliados del régimen autoritario cuando entregaron el poder en 1990. Les concedió a los altos mandos del ejército escaños en el Senado, les otorgó a los militares la autoridad de elegir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y desvió el 10 por ciento de los enormes ingresos del cobre de Chile al presupuesto del ejército. También les brindó amnistías a Pinochet y a otros generales, estableció un sistema electoral diseñado para sobrerrepresentar a los partidos conservadores y prohibió la participación de los partidos de extrema izquierda.

Con el correr de los años, ha habido varias reformas constitucionales. En 2005, se fortaleció el control civil sobre la milicia y se eliminaron los escaños vitalicios designados en el Senado. Aun así, los umbrales de mayoría cualificada para las reformas han protegido muchos de sus elementos básicos.

La mayoría de los manifestantes chilenos y sus simpatizantes están motivados por cuestiones de primera necesidad, como mejores salarios, igualdad de género, mayor acceso a los servicios de salud y atención médica de calidad, reforma de las pensiones, más derechos para los pueblos indígenas, acceso a transporte público asequible y educación pública gratuita. Sin embargo, también quieren tener una voz política y ser respetados por las instituciones de gobierno, que desde hace mucho se han enfocado en equilibrar presupuestos, atraer inversión y preservar la estabilidad.

Los manifestantes consideran que una nueva constitución es la clave para satisfacer estas demandas. El statu quo está extremadamente desacreditado: los índices de aprobación del Congreso y del presidente son significativamente bajos. Una convención constituyente puede llenar el vacío de liderazgo actual al incluir a los ciudadanos en un proceso de consulta para dirigir al país hacia el futuro y enaltecer sus principales intereses para dar nueva forma a su liderazgo político.

El proceso de reforma no necesariamente tiene que descarrilar el estatus de Chile como una fuerza económica en la región. Un sistema político más inclusivo que promueva los intereses de la mayoría de sus ciudadanos también puede beneficiar a los empleadores mediante estabilidad política y una fuerza laboral más feliz y saludable. Algunas de las democracias más antiguas y desarrolladas del mundo, como Suecia y Dinamarca, anularon sus constituciones autoritarias y se embarcaron en un camino rumbo al éxito.

No obstante, el proceso conlleva riesgos. En vista de que el plebiscito inicial programado para abril se pospuso y el debate continúa, se ha incrementado el riesgo de que grupos radicales de la izquierda o la derecha se apropien del discurso.

Muchos manifestantes actuales predijeron este riesgo desde un inicio, por lo que centraron sus esfuerzos en organizar miles de foros de debate para involucrar a sus vecinos, así como a través obras de arte gráfico y música para transmitir y difundir su mensaje. Otros, sobre todo las mujeres, se organizaron en grupos de decenas de miles en torno a una demanda amplia de inclusión para garantizar que sus voces sean escuchadas. Sin embargo, desde que las reuniones presenciales están restringidas por la pandemia, los foros en línea y las redes sociales han cobrado más relevancia y han subido el volumen de voces extremas pero bien financiadas.

Otras democracias que viven bajo el yugo de constituciones escritas por regímenes autoritarios deberían seguir el ejemplo de Chile. Esto no siempre es fácil. Birmania programó un referendo nacional para reformar su Constitución, promulgada por el ejército en 2015. No obstante, los militares, que habían conservado una cuarta parte de los escaños en el Congreso y fijado el umbral para enmendar la Constitución en más de tres cuartas partes, ayudaron a socavar los cambios más importantes y el referendo se pospuso de manera indefinida.

Otras naciones han obtenido mejores resultados. Colombia se deshizo de una constitución autoritaria en 1991 y apuntaló su democracia. Aunque en el país sigue habiendo desigualdad y problemas relacionados con la guerra civil, como la restitución de tierras, su Constitución ha proporcionado una plataforma para que hasta los ciudadanos marginados puedan proteger sus derechos básicos mediante un sencillo mecanismo legal conocido como acción de tutela. Túnez remplazó una Constitución autoritaria en 2014. Lo mismo sucedió en varios de los antiguos Estados satélite de la Unión Soviética, como Bulgaria, República Checa y Georgia (por desgracia, Viktor Orbán se ha apropiado del proceso de reforma en Hungría para atrincherar su poder político).

Si la reforma constitucional de Chile allana el camino hacia una democracia más auténtica, servirá de ejemplo para que otras nuevas democracias que enfrentan desafíos similares —como Indonesia, Guatemala y Perú— hagan lo mismo.

Por Michael Albertus
TheNYTimes

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Guatemala, el país centroamericano donde 14 niñas quedan embarazadas todos los días

Según Unicef, ser niño en Guatemala es "una condición de alto riesgo". / AFP

Ser niña en Guatemala ya era complicado antes de la llegada del coronavirus.

Pero el riesgo de terminar siendo víctima de la violencia sexual solamente ha aumentado con la pandemia.

Según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez, al menos 5.133 niñas de entre 10 y 14 años resultaron embarazadas el año pasado en el país centroamericano.

Esto es un promedio de 14 al día.

Y el observatorio de la Coordinadora Institucional de Promoción de Derechos de la Niñez (Ciprodeni) también registró 111.216 embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años.

Esto equivale a más de 12 embarazos adolescentes por hora, en su inmensa mayoría también atribuibles a la violencia sexual, como destaca el secretario ejecutivo de Ciprodeni, Otto Rivera.

“De acuerdo con la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, sostener relaciones sexo-genitales con cualquier persona menor de 18 años es tipificado como violación”, explica Rivera.

“Y en el contexto de la pandemia este tipo de delitos es todavía más severo”, le asegura a BBC Mundo.

Multiplicar por tres
Por lo pronto, las cifras de Ciprodeni hasta el mes de julio de este año recogen 2.289 embarazos entre niñas de 10 a 14 años y 51.548 para el grupo de edad de 15 a 19.

Mientras que el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) ya sumaba 77.847 embarazos infantiles y adolescentes al 16 de septiembre.

El confinamiento -que según Rivera está exponiendo a más menores a más riesgo- puede sin embargo haber afectado la detección de muchos otros embarazos, por lo que las cifras reales podrían ser más altas.

Ciprodeni, por ejemplo, dice ya haber detectado una reducción en el número de denuncias por violencia intrafamiliar en los últimos meses.

“En el mismo marco de la pandemia se incrementaron los casos, sabemos de casos, pero al mismo tiempo se redujeron las denuncias, porque los órganos jurisdiccionales no funcionaron en el horario habitual”, asegura Rivera.

Y el secretario ejecutivo de la coordinadora también comparte una hipótesis de trabajo que hace todavía más evidente la gravedad del problema de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia guatemaltecas.

“En Ciprodeni estimamos que solo una niña o adolescente de cada tres que son abusadas o violadas resulta embarazada”, le dice a BBC Mundo.

“En otras palabras no es que en lo que va del año se haya abusado o violado a 77.847 niñas y adolescentes. Eso lo tenemos que multiplicar por tres”, sugiere Rivera.

“Vidas silenciadas”
Esas cifras explican por qué la investigadora de Flacso Guatemala Ana Lucía Ramazzini se refiere al problema como “otra epidemia”.

Pero Ramazzini destaca además el impacto biológico, social y psicológico que esa violencia, y los embarazos que produce, tienen sobre niñas y adolescentes.

Durante una investigación suya de 2015, por ejemplo, nueve de cada 10 adolescentes embarazadas entrevistadas dijeron haber dejado de estudiar y de participar en espacios de organización comunitaria.

Y más recientemente Ramazzini coordinó una investigación sobre la relación entre embarazos no deseados y suicidios en Guatemala, un problema que cree no está recibiendo la atención que se merece.

Según la socióloga guatemalteca, en el país no hay cifras confiables sobre el tema, porque “cuando llega muerta un mujer en edad fértil no se le hace la prueba de embarazo”.

La investigadora, sin embargo, logró establecer que, en 2017, la mitad de los suicidios de mujeres adolescentes en el departamento de Alta Verapaz habían sido de mujeres embarazadas.

Mientras que en países como El Salvador una investigación de 2006 encontró que el suicidio fue la tercera causa de muerte materna, especialmente entre las adolescentes.

“Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de suicidio tres veces mayor que las adolescentes que no están embarazadas”, le dice Ramazzini a BBC Mundo.

Con pocas opciones
Los testimonios recogidos para la investigación “Vidas sesgadas” evidencian los riesgos para la salud mental de los embarazos no deseados productos de la violencia.

Pero la interrupción de los mismos no está contemplada en la legislación guatemalteca.

“Hubo un proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y uno de los artículos iba en ese sentido, pero fue rechazada en el 2018”, explica Ramazzini.

Y para Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, es altamente improbable que esta opción se legalice.

“Aquí hay un actor muy importante que son las iglesias y las iglesias no son partidarias de los abortos”, le dice a BBC Mundo.

Gómez, sin embargo, asegura que el Estado guatemalteco sí reconoce el impacto de este tipo de embarazos sobre la salud mental de niñas y adolescentes.

“Con las niñas que hemos tenido nosotros bajo protección en nuestros albergues, una de las principales acciones que se hacen es sensibilizar. Y todas han decidido tener a ese bebé”, ofrece como ejemplo.

“¿Y qué pasa si esa niña no quiere tener a su bebé? Para eso existe una institución en Guatemala que se llama la Comisión Nacional de Adopciones”, agrega.

“En discusión”
Gómez destaca además la existencia de una Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que considera clave para confrontar el problema.

Pero también reconoce que la misma “todavía está en discusión”, a pesar de que Guatemala lleva años con una de las tasas de fecundidad infantil y adolescente más altas de la región latinoamericana.

Y ese retraso retrata las diferencias de opiniones sobre la forma de encarar el problema que seguramente ha limitado la capacidad de respuesta de Guatemala.

Para Ramazzini, por ejemplo, un elemento clave detrás de los altos índices de embarazo infantil y adolescente es la falta de una efectiva educación integral en sexualidad, un tema que sin embargo todavía es considerado tabú por muchos sectores.

“En nuestro país se piensa que educar en sexualidad es solo educar en sexo y relaciones sexo-genitales, cuando estamos hablando de una educación integral en sexualidad que es clave para la vida”, lamenta Ramazzini.

“Tiene que ver con relaciones de respeto, con compromisos a largo plazo, con consentimiento, con identificar estas relaciones de violencia, con desmontar esta idea de ser hombre que pasa por apropiarse de los cuerpos de niñas y adolescentes”, explica.

Según Ramazzini, en el Ministerio de Educación de Guatemala existe desde hace años una estrategia sobre el tema.

“Pero hay muchas resistencias. Hay sectores antiderechos y de oposición que se niegan a que esto se implemente”, le dice a BBC Mundo.

Y, para mientras, el número de niñas y adolescentes embarazadas crece y crece.

Por: Arturo Wallace
BBC News Mundo

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Bukele vs El Faro: qué hay detrás del enfrentamiento del popular presidente de El Salvador

Nayib Bukele es el presidente más joven de la historia de El Salvador. / GETTY IMAGES

Uno de los mandatarios más populares de América Latina parece haberle declarado la guerra a uno de los medios de comunicación más prestigiosos de la región.

Y los “ataques” del presidente salvadoreño Nayib Bukele en contra del portal digital local El Faro han hecho sonar campanadas de alerta en todo el continente.

“La Fundación Gabo me envió una carta firmada por más de 500 periodistas y escritores alarmados por los ataques de Nayib Bukele a la prensa en El Salvador”, informó la semana pasada el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

“Denuncian retaliación a El Faro por su investigación sobre negociación gobierno-maras. Vamos a dar seguimiento”, detalló Lanza vía Twitter.

Ya antes organizaciones gremiales y de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, entre muchas otras, también habían hecho sonar la alerta.

Y en una rara muestra de consenso entre demócratas y republicanos en Washington, congresistas de ambos partidos ya le habían escrito a Bukele para manifestarle su preocupación por lo que está ocurriendo en el país centroamericano.

“El periodismo de primera calidad de El Faro es respetado no solo en El Salvador sino por la comunidad internacional”, le recordaron los congresistas y senadores demócratas a Bukele.

“Su credibilidad ha sido atacada por su gobierno a través de artículos anónimos en medios administrados por su gobierno. Adicionalmente, nos preocupa enormemente la agresiva auditoría que su Ministerio de Finanzas está haciendo de las cuentas de El Faro en lo que parece ser un esfuerzo por intimidarlo“, se lee en la misiva.

Patrón recurrente

Esto, sin embargo, no evitó que el pasado 25 de septiembre Bukele utilizara una cadena nacional de radio y televisión para volver a arremeter contra varios medios independientes e informar que El Faro estaba siendo objeto de una investigación “por evasión de impuestos y lavado de dinero”.

“Algunos periodistas dicen que este gobierno ataca a la prensa; nosotros estamos comprometidos con la libertad de expresión, pero algunos pasan publicando una sarta de mentiras y lo que nosotros hacemos es desmentirlos. Eso no es violar la libertad”, dijo también el mandatario durante la comparecencia.

“¿Quiere decir que cualquier lavador de dinero, narcotraficante o evasor fiscal, solo tiene que poner un periódico y entonces ya nadie puede investigarlo?”, preguntó por Twitter al día siguiente, cuando la investigación ya había sido denunciada por muchos como un nuevo ataque en contra del periodismo.

Para Natalie Southwick, coordinadora del Programa para Centro y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), hay sin embargo muchos elementos que sugieren que eso no es lo que está ocurriendo en el caso de El Faro.

“Es potestad de un gobierno realizar auditorías. Pero cuando tienes a un presidente anunciando investigaciones dudosas sin previo aviso en una conferencia de prensa, y siempre está atacando a los mismos periodistas y a los mismos medios, hay razones de sobra para preocuparse. Como mínimo eso evidencia un patrón de intimidación”, le dice a BBC Mundo.

“Desde que Bukele llegó al poder cada vez parece más consciente de las herramientas que puede utilizar como mandatario para tratar de intimidar y acosar a los medios que percibe como críticos y las ha estado empleando cada vez con más frecuencia. Y es una táctica que hemos visto utilizar a otros líderes políticos en la región”, advierte.

De hecho, como destaca el director de El Faro, José Luis Sanz, esta no es la primera vez que las cuentas de la publicación salvadoreña —ganadora de numerosos reconocimientos internacionales— están siendo investigadas por las autoridades locales.

“En 2018, con el gobierno del FMLN, nos lanzaron tres auditorías simultáneas, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Economía”, le dice Sanz a BBC Mundo.

“Claramente formaban parte de un intento de amedrentarnos. Y las superamos todas“, afirma.

Reacio a la crítica

Por ese entonces, destaca Sanz, Bukele “aplaudía el trabajo de El Faro y lo reivindicaba frente a los partidos políticos que estaban en el poder y nos criticaban”.

“Pero eso cambió en el momento en el que ganó las elecciones“, asegura el periodista.

“Empezó con medios más pequeños y en septiembre tuvo un primer gesto público de censura al no dejar entrar a una conferencia de prensa a periodistas de Factum El Faro. Y luego empezaron fortísimas campañas de acoso en redes a diferentes periodistas, incluidos los nuestros, y reacciones muy agresivas a cualquier publicación que lo cuestionara”, relata Sanz.

Según el director de El Faro la actitud no fue motivo de sorpresa.

“Sabíamos que Bukele iba a tratar de atacar a El Faro en uno u otro momento, porque odia perder el control de la narrativa y no soporta ninguna crítica“, le dice a BBC Mundo.

“Pero no esperábamos que lo hiciera con este nivel de abuso de poder y utilizando de una forma tan descarada las instituciones del Estado”, admite Sanz, quien asegura que las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero son absolutamente infundadas.

BBC Mundo trató de obtener la versión del gobierno salvadoreño sobre el tema, pero el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió a dos solicitudes de entrevista.

Pero en el análisis de Sanz el problema de fondo es que mientras Bukele llegó al poder enarbolando la bandera del cambio, las investigaciones de El Faro y otros medios y periodistas que también han sido objetos de ataques sugieren que “el presidente millenial” se parece a sus predecesores mucho más de lo que le gustaría admitir.

“Empezó con medios más pequeños y en septiembre tuvo un primer gesto público de censura al no dejar entrar a una conferencia de prensa a periodistas de Factum El Faro. Y luego empezaron fortísimas campañas de acoso en redes a diferentes periodistas, incluidos los nuestros, y reacciones muy agresivas a cualquier publicación que lo cuestionara”, relata Sanz.

Según el director de El Faro la actitud no fue motivo de sorpresa.

“Sabíamos que Bukele iba a tratar de atacar a El Faro en uno u otro momento, porque odia perder el control de la narrativa y no soporta ninguna crítica“, le dice a BBC Mundo.

“Pero no esperábamos que lo hiciera con este nivel de abuso de poder y utilizando de una forma tan descarada las instituciones del Estado”, admite Sanz, quien asegura que las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero son absolutamente infundadas.

BBC Mundo trató de obtener la versión del gobierno salvadoreño sobre el tema, pero el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió a dos solicitudes de entrevista.

Pero en el análisis de Sanz el problema de fondo es que mientras Bukele llegó al poder enarbolando la bandera del cambio, las investigaciones de El Faro y otros medios y periodistas que también han sido objetos de ataques sugieren que “el presidente millenial” se parece a sus predecesores mucho más de lo que le gustaría admitir.

“Una de las cosas que más nervioso pone a Nayib Bukele es que constantemente le recordamos que en términos de corrupción, en términos de abuso de poder, en términos de falta de compromiso con la memoria histórica y con las víctimas (de la Guerra Civil salvadoreña) y en términos de relación con las pandillas, está repitiendo los pasos de los gobiernos anteriores“, afirma Sanz.

“Y esa fue la gota que derramó el vaso”, dice del reportaje con el que El Faro denunció una supuesta negociación entre la administración Bukele y la Mara Salvatrucha.

Repercusiones internacionales

“Las pandillas no son solo un gran poder y la violencia un gran problema, sino que es un tema que toca nervio, que le pone en una situación comprometida internamente y además tiene connotaciones complejas en su relación con EE.UU.”, explica Sanz.

De hecho, la supuesta negociación con las pandillas —que Bukele niega tajantemente— fue explícitamente mencionada en la carta enviada en la que los congresistas republicanos le dicen estar preocupados “por lo que parece ser un lento pero claro alejamiento del Estado de derecho y las normas de la democracia” en el país centroamericano.

Y no son los únicos que piensan eso: para Rosental Alves, director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, los aparentes ataques contra El Faro también ahondan las dudas sobre lascredenciales democráticas del mandatario.

“Un claro acoso fiscal como este es común en dictaduras, no en democracias”, escribió Alves.

Y hasta medios internacionales que en un inicio se habían mostrado menos críticos con Bukele, como Vice News —uno de los pocos a los que el mandatario salvadoreño les ha concedido una entrevista— han mostrado su decepción por lo que consideran su “deriva autoritaria”.

“El presidente hipster de El Salvador está atacando a la prensa”, fue el titular de un reciente reportaje de Vice.

Por: Arturo Wallace
BBC News Mundo

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Conflicto de la basura entre Honduras y Guatemala

Honduras asegura que ha recogido más de 550 toneladas de basura en los últimos 11 días. / CORTESÍA SANDRA CÁRDENAS CEM)

Cuando salió de su casa hace un par de semanas, poco antes de que apareciera el sol, Julio Rodríguez se dio cuenta que esa mañana no iba a poder pescar.

De nada le valió haber preparado las redes, las cuerdas, las carnadas y los anzuelos desde la otra noche. Incluso de lejos, antes de llegar a la costa, supo que así no podría salir: una nata inconfundible llenaba de un olor agrio el municipio de Omoa, en la costa del Caribe de Honduras.

“Toda la arena, todo estaba lleno de basura, por donde estaba mi bote, por todos lados. Así tiras la red y se te rompe porque lo que sacas es basura”, cuenta a BBC Mundo.

Desde inicios de septiembre, varias localidades del litoral y la Bahía de Omoa de Honduras (uno de los principales destinos turísticos del país) se han visto afectadas, otra vez, por la repentina llegada de toneladas de basura, una situación que ha creado tensiones por años con la vecina Guatemala.

El Motagua, un caudaloso río que atraviesa ese último país, arrastra cada día montones de desechos que en muchas ocasiones, como ahora, desembocan en el Caribe hondureño y recalan en los pueblos de la costa como islas de plástico, ropas viejas y mugre de todo tipo.

Ahora, en medio de la pandemia que ha paralizado la economía y que ha dejado más de 2.300 muertos y 76.000 contagios en Honduras, grupos ambientalistas y de derechos humanos temen que la situación pueda agravar las condiciones de pobreza y la exposición a enfermedades de las miles de personas que viven el área.

Sobre todo, de los pescadores artesanales, como Rodríguez, y los cientos de personas que viven del turismo.

“Ahorita, además de este problema con la pandemia tenemos que lidiar con el problema de la basura”, dice Rodríguez.

“El daño que nos ha hecho ha sido devastador. Estamos viviendo de milagro, tratando de ver cómo mantenemos a nuestras familias, porque ya casi no salimos porque los peces se están alejando por la basura”.

“Esto ha sido un golpe duro para nosotros. Yo siempre viví honrado de mi trabajo. Con estas manos. Pero ya el poco dinero que nos queda tenemos que guardarlo para los medicamentos”.

De acuerdo con cifras del gobierno de Honduras, en los últimos 11 días, las autoridades han recolectado unas 550 toneladas de desechos que han recalado en las costas y que han llegado incluso hasta Roatán, una isla del Caribe conocida por sus playas paradisiacas y sus arrecifes casi vírgenes.

“Para que se tenga una idea, solo en dos días, en el fin de semana, se recogieron 144 toneladas de basura”, dice a BBC Mundo Liliam Rivera, la responsable por el Ministerio de Ambiente de Honduras de lidiar con el tema.

“Aunque esto suele suceder cada cierto tiempo, este es, en mi criterio, el peor impacto que hemos tenido en los últimos cinco años. Era un tsunami de basura. Daban ganas de llorar”, agrega.

Tras el recalo de los desechos, los gobiernos de ambos países sostuvieron la pasada semana un reunión bilateral, pero el domingo Honduras dio un ultimátum al país vecino para que encuentre una “solución definitiva” al problema.

Sin embargo, dadas las condiciones de las dos naciones -entre las más pobres de América Latina- muchos ambientalistas e incluso, los funcionarios de ambos gobiernos entrevistados por BBC Mundo, dudan que una solución definitiva sea posible sin ayuda internacional.

Las causas del problema
Las responsabilidades detrás de la basura que llega frecuentemente al Caribe de Honduras han sido por años causas de disputa entre los dos gobiernos y motivos de tensiones bilaterales.

Tegucigalpa asegura que la mayor parte de los desechos que recalan en sus costas se origina en la nación vecina, mientras Guatemala cuestiona que varios municipios hondureños también contribuyen al problema.

En esta ocasión, sin embargo, el gobierno guatemalteco reconoció que se debió a una falla en una barda industrial que colocaron a inicios de año como “medida paliativa” para frenar el flujo de basura hacia Honduras.

“Debido al aumento de los caudales, porque hemos tenido un invierno particularmente fuerte, las aguas fueron exageradas en el río Motagua y esto provocó que colapsara la barda industrial”, explica a BBC Mundo el ministro de Ambiente de Guatemala, Mario Rojas Espino.

De acuerdo con el ministro, su gobierno solicitó a la Contraloría del país una investigación para determinar las causas detrás del fallo de la barda, que costó casi US$2 millones y fue inaugurada hace solo ocho meses.

A la vez, indicó que un equipo técnico trabaja en su reparación desde inicios de esta semana.

“Esperamos muy pronto tener esta barda ya en funcionamiento y que pueda servirnos para evitar que siga arrastrando basura durante el invierno”, dice.

Pero en Honduras creen que reparar la contención no resuelve el problema a largo plazo y que Guatemala necesita asumir posiciones más fuertes para solucionarlo de forma terminante.

“Estas bardas solo retienen los residuos flotantes, pero no los que van por debajo, como los microplásticos y otros desechos más pequeños. Entonces las aguas del Litoral y de la Bahía de Omoa van a seguir contaminados si ellos no toman otro tipo de medidas definitivas”, asegura Rivera.

“Estamos hablando de un problema que nos afecta a lo largo de 45 kilómetros de nuestra línea costera. Es una pesadilla para nuestros pescadores artesanales, para el turismo y la salud de la población y por eso necesitamos una solución definitiva”, agrega.

Como parte de la reunión de la pasada semana, ambos países acordaron un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que va desde la restauración de la barda hasta alianzas con empresas internacionales o programas de restauración de la cuenca del Motagua.

Pero grupos ambientales señalan que no es la primera vez que los dos gobiernos hacen planes de este tipo y que solo se vuelven a recordar cuando una nueva oleada de basura llega a las costas del Caribe de Honduras.

Por: Lioman Lima – @liomanlima
BBC News Mundo

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