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Inmigración

Nuevo fallo judicial permite que ciertos inmigrantes con TPS puedan pedir la residencia

Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito se sumó este martes a las decisiones de otros dos tribunales similares para permitir que ciertos inmigrantes protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan gestionar la residencia (green card).

“Estamos de acuerdo con los razonamientos de la 6ª y 9ª Corte de Apelaciones, que aceptaron que los inmigrantes protegidos por el TPS son considerados como “inspeccionados y admitidos en el país bajo la Ley de Inmigración”.

Al ser considerados como “inspeccionados”, aquellos extranjeros amparados por el programa humanitario que demuestren estar casados con un ciudadano estadounidense o tengan hijos estadounidenses mayores de 21 años, pueden gestionar la residencia legal permanente (LPR), dictaminó el panel.

Qué significa el fallo
“Básicamente el 8º Circuito de Apelaciones ha dictaminado que las personas que tienen TPS, independientemente que hayan entrado sin autorización al país, para fines de residencia permanente si están casados con un ciudadano, estas personas pueden aplicar para la tarjeta verde”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“También califican aquellos inmigrantes que tienen hijos ciudadanos estadounidenses, agregó”.

Guerrero dijo además que el panel de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito “ha considerado el otorgamiento del TPS como una inspección y una admisión a Estados Unidos”.

Busque consejo legal
Abogados consultados por Univision Noticias recomendaron a los beneficiarios del TPS que viven en los circuitos de apelaciones 6º, 8º y 9º que busquen consejo legal para que un experto colegiado y autorizado revise su caso y antes de ponerse en contacto con el servicio de inmigración.

El 6º Circuito de Apelaciones lo integran Missouri, Wisconsin, Indiana, Illinois, Kentucky y Tennessee.

Por su parte, el 8º Circuito está integrado por los estados de Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri y Nebraska.

El 9º Circuito, en cambio, lo integran los estados y/o territorios de Alaska, Hawai, Guam, California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Arizona y las Islas Marianas del Norte.

Fallo de septiembre
La decisión del panel de jueces del 8º Circuito de Apelaciones se produce seis semanas después de que otro panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito falló a favor del gobierno de Donald Trump en la decisión de poner fin a los TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

La decisión 2-1 puso en riesgo de deportación a unos 300,000 indocumentados, muchos de los cuales llevan casi dos décadas en Estados Unidos con sus deportaciones suspendidas temporalmente y un permiso de trabajo.

El dictamen dejó a sin efecto la decisión tomada por una corte interior que suspendió las cancelaciones de los TPS de los cuatro países afectados.

El fallo no impacta la situación de otros miles de indocumentados originarios de Honduras y Nepal, quienes también se encuentran protegidos por un TPS.

“Desafortunadamente, la decisión quiere decir que el TPS siempre se trató de un recurso que siempre estuvo en manos del presidente”, dijo a Univision Noticias Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

“El panel de jueces ha puesto fin al TPS de estos. El programa ahora solo los protegerá hasta enero del 2021. Esperamos que la decisión permita escalar la disputa jurídica hasta la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con la Acción Diferida del 2012 (DACA)”, agregó.

POR: JORGE CANCINO
UNIVISION

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Inmigración

Delegación del Congreso inspeccionará cárcel del ICE para investigar cirugías

El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, habla durante una rueda de prensa a favor de los jóvenes beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). EFE/Alex Segura/Archivo

Atlanta (GA) (EFE News).– Una delegación del Congreso de Estados Unidos inspeccionará el sábado el Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia, para investigar las múltiples denuncias de mujeres inmigrantes que aseguran haber sido sometidas a histerectomías y otros procedimientos médicos sin su consentimiento.

La oficina del congresista demócrata Joaquín Castro, presidente del Caucus Hispano en el Congreso, informó este jueves que la comitiva de 12 miembros de la Cámara de Representantes también “evaluará las condiciones relacionadas con la propagación de la COVID-19, con más de 40 casos confirmados del virus en los últimos meses”.

La delegación está conformada por miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, entre ellos Sheila Jackson Lee (Texas), Henry C. “Hank” Johnson (Georgia) y Pramila Jayapal (Washington), y del Caucus Hispano, como Castro (Texas), Nanette Díaz Barragán (California) y Adriano Espaillat (Nueva York), entre otros.

De acuerdo con la representante Jayapal, quien ha pedido una investigación congresional sobre la situación en Irwin, puede haber “al menos entre 17 y 18 mujeres” que fueron sometidas a procedimientos médicos ginecológicos innecesarios en ese centro, “a menudo sin el consentimiento o el conocimiento apropiado, y con la clara intención de esterilización”.

Tras la visita el sábado en la mañana, la comitiva tiene previsto celebrar una conferencia de prensa telefónica “para compartir con el público” los hallazgos de la inspección en esa cárcel, ubicada en la localidad de Ocilla, al sur de Atlanta.

Los congresistas dijeron en un comunicado que la situación que viven los indocumentados bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) representa una prioridad para ellos y que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 han inspeccionados centros de detención en Texas y Nevada y alertado sobre la propagación del virus en esas instalaciones.

“El Caucus Hispano y el Comité Judicial de la Cámara continuarán trabajando para detener la propagación de la COVID-19 dentro de las instalaciones del ICE y para responsabilizar a las agencias gubernamentales como el ICE por cualquier abuso cometido contra los inmigrantes bajo su cuidado”, agregaron.

El escándalo en Irwin se destapó la semana pasada luego de que varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Project South y Government Accountability Project, presentaran una queja ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para denunciar una serie de prácticas peligrosas que ocurren en la prisión de Irwin.

La denuncia está basada, principalmente, en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en esa cárcel, que expresa su preocupación por el “alto número” de mujeres presas que habían sido sometidas a histerectomías, una cirugía para extirpar el útero, y que muchas de ellas ni siquiera entendían el motivo de la operación.

Diversas fuentes, entre abogados, activistas y mujeres que han estado presas en Irwin, identificaron al médico que realizó las cirugías como Mahendra Amin, un especialista en obstetricia y ginecología en Douglas, Georgia. Aunque Wooten no lo identificó por su nombre, se refirió al médico como un “recolector de úteros” porque “sacaba todo de adentro”.

(c) Agencia EFE

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Inmigración

El lucrativo negocio de los que ayudan a cruzar las fronteras cerradas para regresar al país

Luis es uno de los miles de venezolanos que se quedaron sin trabajo y regresaron a su país.

Luis llegó a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, con la ropa sucia, sudado y sin un centavo en el bolsillo.

Había caminado 45 días desde Lima, donde vivió por dos años, para regresar a su país, Venezuela.

Es uno de los miles de venezolanos que dejaron en los últimos años su país por la crisis y que al quedar desempleado por culpa de la pandemia decidió regresar a casa.

Su viaje, sin embargo, no acabó ahí.

En Cúcuta le tocó esperar pacientemente por un turno para cruzar por el Puente Internacional Simón Bolívar, por donde solo se permite el paso de 300 personas, tres días a la semana.

“Al llegar te anotan por orden de llegada en una lista y esperas por un brazalete, puedes tardar semanas para entrar”, dijo a BBC Mundo este hombre de 39 años, que prefirió no dar su apellido por seguridad.

Como Luis, muchos que perdieron su trabajo o que se quedaron varados fuera de Venezuela por la pandemia y el cierre de fronteras están desesperados por volver a casa.

Muchosestán dispuestos a pagar hasta lo que no tienen para entrar cuanto antes y también para evitar quedar confinado en los albergues que ha dispuesto el gobierno del presidente Nicolás Maduro para hacer la cuarentena obligatoria por la pandemia al entrar al país.

Los aeropuertos en Venezuela están cerrados desde marzo y el llamado corredor humanitario de la frontera terrestre con Colombia, principal punto de acceso al país, acepta menos de 1.000 personas a la semana.

La situación es el perfecto caldo de cultivo para el mercado ilegal y la corrupción.

Desde sobornos a autoridades para cortar la fila en el cruce con Colombia, hasta la proliferación de paquetes ofrecidos por agencias de turismo para entrar a Venezuela por Brasil sin cumplir con protocolos de seguridad.

El brazalete

En el departamento colombiano del Norte de Santander, que abarca Cúcuta, se estima que 40.000 venezolanos aguardan para pasar por la frontera, según David Smolansky, miembro de la oposición venezolana y comisionado de la Secretaría General de la OEA (Organización de Estados Americanos) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

“Ese derecho que tiene cualquier ciudadano a volver al país donde nació está siendo vulnerado”, critica Smolansky.

Una fuente de Migración Colombia confirmó que quien determina cuántos cruzan por día es el gobierno de Venezuela y no siempre otorga espacio para 300 cupos. “Hay días que la cifra varía y sólo reciben 200 personas”.

En Cúcuta, quien tiene dinero puede comprar un lugar en la lista y acortar la espera, constató Luis, que vio cómo mercaderes se abalanzaban detrás de familias que llegaban a hoteles próximos la frontera: “Comienzan diciendo: ‘Aquí van a demorar muchos días, nosotros podemos conseguir que pasen mañana mismo'”.

“Corren detrás de los taxis o carros particulares que traen a venezolanos” y “acuerdan en hoteles o posadas” para comercializar el brazalete que distribuyen las autoridades en Colombia para un tránsito ordenado por el puente internacional.

Hasta 150.000 pesos colombianos puede costar cada cinta en el mercado negro, unos US$40.

“Un representante por cada familia entrega el dinero, el documento de identidad (…) y el intermediario va y habla con los policías colombianos que facilitan el brazalete y los anotan de primero en la lista”, siguió Luis.

“No tenemos declaraciones sobre el tema”, dijo un portavoz de la Defensoría del Pueblo de Colombia a BBC Mundo. La Policía de Cúcuta indicó que tampoco ha recibido denuncias sobre la venta de estos brazaletes.

Cuatro, cinco, seis, siete… Corrían los días y Luis seguía su turno para cruzar. En ese tiempo contrajo el nuevo coronavirus, lo que agravó su situación.

“Un compañero pagó 50.000 pesos (US$13), porque se identificó como retirado de la Guardia Nacional (de Venezuela), llegó un viernes y pasó el lunes siguiente”, denunció.

“Solo abordan a familias más solventes, saben que los caminantes no tenemos dinero”.

Por Brasil y sin cuarentena

Smolansky dice que unos 111.000 venezolanos han entrado al país desde el despunte de la pandemia tras haberse quedado sin sus empleos en Colombia, Ecuador o Perú.

Casi la totalidad de ellos, 105.000, accedió por Colombia.

Los restantes 6.000 lo hicieron por Brasil, que se ha convertido en una opción para quien tiene más poder adquisitivo y necesitan ya regresar al país.

La agencia de viajes Isis Tours llegó a ofrecer un paquete para varados en Estados Unidos que incluía el vuelo desde Miami a Boavista, la ciudad más próxima a la frontera, garantías de pasar “el mismo día” y traslado a Caracas (a más de 1.200 kilómetros) por carretera “sin hacer cuarentena”.

“Por el salvoconducto (para circular por las vías) el cliente no debe preocuparse (…) está incluido el pase por alcabalas”, precisaba las indicaciones del paquete, que costaba casi US$2.000 por pasajero.

Había una opción más económica -casi US$1.000- con la que el pasajero quedaba un poco a su suerte.

“La agencia no se hace responsable por cualquier inconveniente fronterizo, ni garantizamos que puedan pasar el mismo día y mucho menos nos hacemos responsables de evitar la cuarentena en Santa Elena (la primera ciudad de Venezuela al pasar en la frontera)”, señaló. “Lo más probable es que pase por el protocolo normal asignado por el gobierno”.

La promoción fue cancelada después de una protesta en redes sociales.

Consultada por BBC Mundo, la responsable de Isis accedió primero a “aclarar la polémica”, pero luego no atendió a nuestros llamados.

Otras agencias venden la ruta Miami-Boavista por US$699 como una opción para volver a Venezuela, pero sin ofrecer saltarse los controles o la cuarentena.

Sin especificar el nombre de la agencia, este martes, el fiscal general, Tareck William Saab, anunció que fueron “detenidos en flagrancia 12 integrantes de una organización delictiva que promovía a través de redes sociales un paquete de viaje”.

“Ofrecían hospedaje, traslado, alimentación, salvoconductos y pruebas rápidas para despistaje de covid-19, por un monto de 1.800 dólares desde Miami” hasta Venezuela, agregó.

Venezolanos varados

Smolansky maneja “cifras conservadoras” de unos 3.000 venezolanos varados en varios países, esperando que abran el espacio aéreo para regresar.

“Pudieran volver en 15 aviones de 200 puestos cada uno (…) 15 vuelos resuelven la situación de los 3.000 varados en el mundo”, dijo a BBC Mundo el opositor.

Ha habido vuelos finalmente desde Madrid, y Maduro ofreció enviar a Estados Unidos un avión de la aerolínea estatal Conviasa, sancionada por Washington, para repatriar a venezolanos.

El gobierno de Donald Trump, que no reconoce a Maduro como presidente sino al líder opositor Juan Guaidó, no ha comentado sobre esta oferta.

Los albergues

El brazalete solo ayuda a pasar rápido por la frontera, pero no evita la cuarentena ya en territorio venezolano que algunos hacen en albergues descritos como lugares insalubres y también centros de extorsión.

Mario, de 37 años, contó, por ejemplo, cómo durante el confinamiento tenían que pagar al Ejército, que controlaba su refugio, “cuatro, cinco veces más del valor” por una gaseosa o un paquete de cigarrillos.

“No había agua potable, no nos daban las tres comidas. Perdí 15 kilos”, narró este hombre que pidió proteger su identidad. “Había cinco pocetas (inodoros) para 380 personas, horrible”.

El fiscal general venezolano, Tareck William Saab, no respondió aún a un pedido de BBC Mundo para comentar estas denuncias.

Maduro ha defendido el cordón sanitario impuesto por su gobierno para los retornados.

El paso sin problemas por la frontera entre Santa Elena, Venezuela, y Pacaraima, Brasil, fue ofertado en redes sociales. / GETTY IMAGES

“Cuando llegan a Venezuela son libres, son dignos, son humanos otra vez”, se felicitó en una alocución en junio. “Vienen a su patria porque saben que en su patria lo tienen todo, así no lo reconozcan”.

“El tratamiento a la llegada es gratuito, todo es gratuito: es gratuita la prueba del coronavirus, la alimentación, el hospedaje, el transporte en avión o en autobús hasta su casa”.

Pero algunos quieren evitar como sea el confinamiento y deciden cruzar la frontera por las peligrosas trochas (pasos ilegales), por lo que han sido tachados de “bombas biológicas” por el gobierno por no cumplir con los protocolos de seguridad.

Luis, nuestro testigo en Cúcuta, ya está en Maracaibo (Zulia, oeste), su destino final. No pagó sobornos ni cruzó ilegalmente, dice. Armado de paciencia, aguantó 15 días antes de poder entrar a su país finalmente.

Salió el 25 de mayo de Perú y llegó el 24 de agosto a su casa, tres meses después.

“El cruce fue la peor experiencia de mi vida“.

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Inmigración

Estos son nueve motivos que podrían hacer que pierdas la visa de Estados Unidos

La visa que emite el gobierno de Estados Unidos permite ingresar al país por motivos de negocios o turismo, aunque también se pueden solicitar visas de estudiante, intercambios, trabajo o presentaciones artísticas y deportivas, según la embajada. Y aunque el proceso para recibir el documento puede ser tardado por el motivo del viaje y la demanda de los servicios, una vez que se obtiene también puede perderse, sobre todo si la persona incumple o miente a las leyes.

Estas son 9 mentiras por las que te podrían cancelar o rechazar una solicitud de visa:

1. Mentir sobre el trabajo

Si la persona tiene un trabajo estable en su país es más fácil obtener el documento, sin embargo, los oficiales consulares podrían rechazar la solicitud si descubren datos erróneos o contradicciones al explicar las actividades que realiza.

2. Dar información falsa

Así como los oficiales pueden descubrir mentiras sobre el empleo, pueden comprobarlo en otros datos como la dirección, estado civil, títulos académicos falsos o usurpación de identidad.

3. Negar trabajo en Estados Unidos sin documentos

Las autoridades podrían cancelar o revocar la visa si descubren que previamente se cruzó la frontera sin documentos y así la persona trabajó.

4. Engañar sobre intención del viaje

En ocasiones las personas afirman que quieren viajar temporalmente y que no tienen familiares en Estados Unidos para obtener el documento. Autoridades temen otorgar la visa y que se queden en el país cuando termine su permiso.

5. Ocultar familiares en Estados Unidos

En los trámites se debe indicar el nombre de los padres y si viven en Estados Unidos si existen familiares indocumentados, especialistas recomiendan no mencionar su estatus para no ponerlos en riesgo.

6. Ocultar que trabajó con visa de turista

La visa se le puede revocar al titular si se descubre que trabajó o planea trabajar en Estados Unidos con una visa de turista. Lo mismo pasaría en el caso de los estudiantes.

7. Mentir sobre el tiempo de estancia

Oficiales pueden otorgar una estancia hasta por seis meses y hay personas que se quedan a estudiar o trabajar, pero en un proceso de renovación se puede descubrir la mentira.

8. Entrar y salir con frecuencia al país

Las autoridades están muy atentas a la personas que ingresan y salen de Estados Unidos y todo el movimiento migratorio queda registrado. Expertos recomiendan no pasar más tiempo en el extranjero que en el país de origen.

9. Matrimonio con visa de turista

Existe una serie de pasos a seguir para que se autorice el documento a una pareja, sobre todo si la unión se da con un residente o ciudadano de Estados Unidos autoridades recomiendan consultar con un abogado y no mentir.

Las exigencias para ingresar a Estados Unidos son muy específicas, así que no cometas algún error que al final provocaría la pérdida de la visa o que se te niegue indefinidamente el acceso al territorio.

Por: Telemundo

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Inmigración

Recepción de migrantes deportados ha costado más de Q8.4 millones

Migrantes reciben refacciones al salir del albergue Ramiro de León al finalizar su cuarentena. (Foto: Conamigua)

El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) ha invertido más de Q8 millones en la recepción, transporte, hospedaje y otros gastos de logística para atender a los connacionales que han sido deportados desde México y EE. UU. durante la emergencia por el nuevo coronavirus y que a la fecha suman más de siete mil 700.

A raíz de la llegada de la pandemia a Guatemala se han tenido que afinar los protocolos para la recepción y llegada de migrantes.

Aunque la cantidad de deportaciones disminuyó significativamente desde el pasado 13 de marzo cuando se registró el primer caso positivo, el tratamiento que se les da a los retornados ahora es más complejo puesto que, ya de vuelta en el país, deben permanecer en cuarentena hasta que se descarta en ellos la enfermedad.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registra desde el comienzo de la emergencia a la fecha siete mil 796 deportaciones, cuatro mil 452 desde México y tres mil 344 desde EE. UU.

Cuando los migrantes retornan al país son llevados al albergue Ramiro de León Carpio de la zona 13 capitalina. También se disponen de tres hoteles que son utilizados según la cantidad de connacionales que son deportados; sin embargo, estos se dejarán de utilizar para adultos próximamente porque se habilitará otro albergue en Amatitlán.

Para atender a los retornados, Conamigua dispuso de Q9 millones 233 mil que ejecuta a través de la partida presupuestaria atención por desastres naturales y calamidades públicas. A la fecha ha ejecutado, según sus autoridades, el 91 por ciento de ese presupuesto, el equivalente a Q8.4 millones.

La institución destacó que durante la emergencia se han entregado 38 mil 316 raciones de comida, así como seis mil kits de higiene y dotaciones de ropa que incluye pantalón playera y zapatos. Además, también ha gastado en el transporte de migrantes deportados desde México, pues son trasladados a la capital desde Ciudad Tecún Umán, San Marcos.

Además, se han entregado mil 500 juegos de mesas a menores de edad para que se entretengan mientras guardan la cuarentena.

Más recursos
La secretaria ejecutiva de Conamigua, Rita Elizondo, comentó que están por levantar un concurso para la compra de alimentos después del cual se agotarán Q9.3 millones aprobados por el consejo a la institución, por lo cual en la próxima reunión solicitará una ampliación que podría ser de Q2 millones a Q2.5 millones.

Para concretar la petición, añadió la funcionaria, debe recopilar una serie de peticiones que le han hecho llegar distintas instituciones involucradas en la recepción de migrantes como el IGM, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las secretarias de Bienestar Social y de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.

Dicha ampliación deberá ejecutarla Conamigua a más tardar hasta que termine la vigencia del Estado de Calamidad aprobado por el Congreso y solicitado por el Ejecutivo, puesto que se desconoce si se solicitará otra prórroga.

Problemas
Conamigua ha sido una institución que históricamente ha sido incapaz de ejecutar recursos, lo cual, sumado a otras deficiencias llevó al actual canciller, Pedro Brolo, a sugerir la posibilidad de disolver la institución, postura que ha sido respaldada por ciertas voces, aunque rechazada por otras.

En el 2016 apenas ejecutó el 31% de su presupuesto, un año después fue el peor año con un gasto de solo el 12.21%. En el 2018 y 2019 el porcentaje de ejecución solo llegó a 23% y 22%.

Este año, debido a los programas por a la emergencia del covid-19, Conamigua refleja una ejecución del 31.49% en el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin).

Según Elizondo están próximos a proyectos adicionales para intentar ejecutar el resto de los Q34 millones del presupuesto de la institución. Entre otros, se piensa en uno para la atención de las familias de los migrantes cuyo plan piloto empezará en Huehuetenango y San Marcos y que iría de la mano con la instalación de un observatorio de remesas.

Más deportaciones
El trabajo de las instituciones involucradas en recibir a los deportados seguirá toda vez que EE. UU. se ha negado a suspender los envíos a pesar de que varios connacionales que fueron retornados venían contagiados de covid-19.

Hasta antes de la llegada de la pandemia a Guatemala, 10 mil 425 guatemaltecos habían sido deportados desde EE. UU. y siete mil 982 desde México. Después, las cifras cayeron significativamente, aunque el flujo no se ha detenido.

Los guatemaltecos que EE. UU. deporta principalmente son aquellos que aún se arriesgan a viajar a través de México, pero que al llegar a la frontera sur de aquel país son devueltos a su país de origen al no más entregarse o ser sorprendidos por la Patrulla Fronteriza.

Debido al Título 42 que rige a consecuencia de la crisis por el covid-19 casi ningún migrante tiene la oportunidad de exponer su necesidad de asilo y casi todos son deportados de manera “exprés”.

Aunque relativamente son pocos los guatemaltecos que se han aventurado a viajar de manera irregular durante esta emergencia —cerca de tres mil en casi cuatro meses— la cifra podría aumentar en lo que se comienzan a liberar las restricciones a la movilidad y de que en EE. UU. comience a caminar la recuperación económica.

Pero muchos de los guatemaltecos que son deportados han permanecido en los centros de detención del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en donde los casos de coronavirus ya se cuentan por miles.

Según es agencia del gobierno estadounidense, hasta la fecha, cuatro mil 192 internos han dado positivo a covid-19, de los cuales 917 se encuentran aún en prisión y se encuentran aislados, además, se lamenta la muerte de tres internos.

Por Sergio Morales Rodas
prensalibre.com

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