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Inmigración

Once millones de promesas

Al menos la mitad de los habitantes de la Cañada Real viven bajo techos corrugados y lonas.Credit...Samuel Aranda para The New York Times

Cada invierno, Yuma, Arizona, experimenta una fugaz explosión demográfica: ahí se instalan personas de la tercera edad que huyen del gélido clima del norte del país y decenas de miles de jornaleros que llegan a cosechar lechugas, brócoli y otros vegetales que se distribuyen a todo Estados Unidos. Son 100.000 almas que —en años normales— reactivan la economía de ese condado fronterizo.

Pero esta temporada, sin medidas claras y eficaces de distanciamiento, los mismos visitantes han contribuido a convertir Yuma en otro epicentro del coronavirus.

A casi 10.000 kilómetros de ahí, en las afueras de Madrid, otra comunidad sufre con el invierno. Tras la nevada que arrasó a principios de año la capital española, miles de romaníes en Cañada Real, el barrio más pobre de Europa, se quedaron sin electricidad.

La situación vuelve a llamar la atención sobre una vieja promesa para reubicar a las familias que, durante décadas, han vivido de manera irregular en esos terrenos. “Sabía que estábamos comprando algo ilegal aquí”, reconoció una residente hace poco, y agregó: “En España, si esperas lo suficiente, lo que era ilegal puede volverse legal”.

Esta esperanza —pasar de un plumazo a vivir en la legalidad— es la misma que alimenta los sueños de once millones de personas que viven indocumentadas en Estados Unidos.

A ellas, que juntas conformarían un país más poblado que Israel, República Dominicana o Portugal, el presidente Joseph R. Biden Jr. ha prometido abrirles la puerta a la ciudadanía con una amplísima reforma migratoria que, sin embargo, tiene pocas posibilidades de aprobarse.

Del otro lado de la frontera, bajo carpas de plástico e incluso a la intemperie, también hay quienes tienen la vista puesta en el nuevo gobierno de Estados Unidos y sueñan con empezar una vida mejor en un nuevo hogar.

Por Elda Cantú – NYTimes

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Inmigración

531 días: El caso de la niña migrante que “más tiempo” lleva detenida

El Centro Residencial Familiar del Sur de Texas ha estado abierto desde 2014. - GETTY IMAGES

Luisa* tiene una voz dulce y animada y a veces dice expresiones como queriendo ser adulta, aunque tiene apenas 9 años.

Quizá se debe a que, pese a su niñez, le ha tocado escribir cartas a congresistas de un país que no conoce para pedir ser liberada junto a su madre de un centro de detención para familias migrantes.

Hasta el 2 de febrero llevaba 531 días bajo custodia del gobierno de EE.UU. junto a su madre.

Luisa, de El Salvador, es la niña migrante que más tiempo lleva bajo custodia de ICE, de acuerdo a estimaciones de organizaciones que proveen servicios legales en los tres centros que albergan familias migrantes en Estados Unidos (dos en Texas, uno en Pensilvania).

Casi la totalidad de esos días los ha pasado en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, conocido también como Dilley por la ciudad donde está.

“Todas mis amigas ya se fueron y yo solita me he quedado aquí con mi otra amiga”, dice Luisa al otro lado del teléfono.

Los niños migrantes, por normativa, deben ser liberados después de cumplir el máximo de 20 días bajo detención de ICE, en cumplimiento con el Acuerdo Flores, vigente desde 1997.

Sin embargo, este no ha sido el caso de Luisa y de otros cuatro niños (junto a sus madres), en edades entre los 3 y 16 años, que acumulan más de 500 días en el mismo centro.

Si bien Luisa habría podido salir del centro para estar con algún familiar en EE.UU., ella y su mamá han preferido no separarse mientras luchan por evitar su deportación.

Desde que empezó su gobierno, Joe Biden ha tomado diversas decisiones para revertir las políticas de Trump de separación familiar y deportaciones.

Sin embargo, ha advertido que tomará tiempo.

El caso de Luisa y su madre revela una complicada y a menudo señalada como disfuncional política migratoria que se agravó en la era Trump y que, no sin retos, ahora hereda Biden.

¿Por qué lleva tantos días detenida la niña?
“He pasado dos navidades aquí. Extraño hacer comida, me gustaría hacerme mi propia comida. He aprendido un poco de inglés, un poquito. Quiero aprender más en la escuela, pero fuera de aquí”.

Así es como Luisa describe su larga estancia en el centro.

Su madre dice que la niña ha rechazado las comidas y que su comportamiento se ha alterado con el transcurrir del tiempo. “Lo único que me come es fruta y a veces ni la quiere”, cuenta.

Con 31 años, la propia Ariana describe haberse enfermado de ansiedad, lo que llevó a que le recetaran medicamentos.

“Estoy con pastillas y hace un tiempo me dio un ataque que no sabía qué era; vinieron los paramédicos y me dijeron que me dio un ataque de ansiedad”.

“A veces pienso que no soy yo la que estoy aquí”, dice.

Ambas han visto cómo, en el último año, el centro se ha ido quedando sin gente, a medida que la pandemia recrudecía y la agencia ICE liberaba y deportaba familias.

Al mismo tiempo, el gobierno de EE.UU. empezó a expulsar a la mayoría de migrantes que llegaban a la frontera, una decisión polémica que fue cuestionada por organismos de derechos humanos.

El 1 de julio del año pasado había 138 familias detenidas con 139 niños en los tres centros, según un reporte de AP.

En Dilley, que funciona con fines de lucro y tiene capacidad para albergar a 2.400 personas, actualmente hay alrededor de 54 familias, de acuerdo a estimaciones hechas por Mackenzie Levy, una de las representantes legales de Ariana.

ICE ha continuado deteniendo familias en estos centros pese a que una jueza ordenó en junio de 2020 la liberación de los niños, como consecuencia de un aumento de casos de covid-19 en las instalaciones.

La jueza Dolly Gee está encargada de velar por el cumplimiento del Acuerdo Flores, pero no tiene autoridad para ordenar la liberación de los adultos.

En su fallo, la jueza recomendó que los niños fuesen liberados junto a sus padres o entregados a familiares que sirvan como sus guardianes.

Otra jueza federal falló en contra de liberar a los adultos y ICE, que tiene la discreción para hacerlo, también declinó.

Esto ha planteado un escenario que, para los defensores de las familias, es preocupante: que los niños sean separados de sus padres mientras estos siguen detenidos y en riesgo de deportación.

Ya la agencia fue duramente criticada en 2018 cuando hizo cumplir la orden de separar a miles de niños migrantes de sus padres bajo una política de “cero tolerancia”.

Por: Patricia Sulbarán Lovera – Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles

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Inmigración

Nuevo fallo judicial permite que ciertos inmigrantes con TPS puedan pedir la residencia

Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito se sumó este martes a las decisiones de otros dos tribunales similares para permitir que ciertos inmigrantes protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan gestionar la residencia (green card).

“Estamos de acuerdo con los razonamientos de la 6ª y 9ª Corte de Apelaciones, que aceptaron que los inmigrantes protegidos por el TPS son considerados como “inspeccionados y admitidos en el país bajo la Ley de Inmigración”.

Al ser considerados como “inspeccionados”, aquellos extranjeros amparados por el programa humanitario que demuestren estar casados con un ciudadano estadounidense o tengan hijos estadounidenses mayores de 21 años, pueden gestionar la residencia legal permanente (LPR), dictaminó el panel.

Qué significa el fallo
“Básicamente el 8º Circuito de Apelaciones ha dictaminado que las personas que tienen TPS, independientemente que hayan entrado sin autorización al país, para fines de residencia permanente si están casados con un ciudadano, estas personas pueden aplicar para la tarjeta verde”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“También califican aquellos inmigrantes que tienen hijos ciudadanos estadounidenses, agregó”.

Guerrero dijo además que el panel de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito “ha considerado el otorgamiento del TPS como una inspección y una admisión a Estados Unidos”.

Busque consejo legal
Abogados consultados por Univision Noticias recomendaron a los beneficiarios del TPS que viven en los circuitos de apelaciones 6º, 8º y 9º que busquen consejo legal para que un experto colegiado y autorizado revise su caso y antes de ponerse en contacto con el servicio de inmigración.

El 6º Circuito de Apelaciones lo integran Missouri, Wisconsin, Indiana, Illinois, Kentucky y Tennessee.

Por su parte, el 8º Circuito está integrado por los estados de Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri y Nebraska.

El 9º Circuito, en cambio, lo integran los estados y/o territorios de Alaska, Hawai, Guam, California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Arizona y las Islas Marianas del Norte.

Fallo de septiembre
La decisión del panel de jueces del 8º Circuito de Apelaciones se produce seis semanas después de que otro panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito falló a favor del gobierno de Donald Trump en la decisión de poner fin a los TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

La decisión 2-1 puso en riesgo de deportación a unos 300,000 indocumentados, muchos de los cuales llevan casi dos décadas en Estados Unidos con sus deportaciones suspendidas temporalmente y un permiso de trabajo.

El dictamen dejó a sin efecto la decisión tomada por una corte interior que suspendió las cancelaciones de los TPS de los cuatro países afectados.

El fallo no impacta la situación de otros miles de indocumentados originarios de Honduras y Nepal, quienes también se encuentran protegidos por un TPS.

“Desafortunadamente, la decisión quiere decir que el TPS siempre se trató de un recurso que siempre estuvo en manos del presidente”, dijo a Univision Noticias Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

“El panel de jueces ha puesto fin al TPS de estos. El programa ahora solo los protegerá hasta enero del 2021. Esperamos que la decisión permita escalar la disputa jurídica hasta la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con la Acción Diferida del 2012 (DACA)”, agregó.

POR: JORGE CANCINO
UNIVISION

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Inmigración

Delegación del Congreso inspeccionará cárcel del ICE para investigar cirugías

El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, habla durante una rueda de prensa a favor de los jóvenes beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). EFE/Alex Segura/Archivo

Atlanta (GA) (EFE News).– Una delegación del Congreso de Estados Unidos inspeccionará el sábado el Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia, para investigar las múltiples denuncias de mujeres inmigrantes que aseguran haber sido sometidas a histerectomías y otros procedimientos médicos sin su consentimiento.

La oficina del congresista demócrata Joaquín Castro, presidente del Caucus Hispano en el Congreso, informó este jueves que la comitiva de 12 miembros de la Cámara de Representantes también “evaluará las condiciones relacionadas con la propagación de la COVID-19, con más de 40 casos confirmados del virus en los últimos meses”.

La delegación está conformada por miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, entre ellos Sheila Jackson Lee (Texas), Henry C. “Hank” Johnson (Georgia) y Pramila Jayapal (Washington), y del Caucus Hispano, como Castro (Texas), Nanette Díaz Barragán (California) y Adriano Espaillat (Nueva York), entre otros.

De acuerdo con la representante Jayapal, quien ha pedido una investigación congresional sobre la situación en Irwin, puede haber “al menos entre 17 y 18 mujeres” que fueron sometidas a procedimientos médicos ginecológicos innecesarios en ese centro, “a menudo sin el consentimiento o el conocimiento apropiado, y con la clara intención de esterilización”.

Tras la visita el sábado en la mañana, la comitiva tiene previsto celebrar una conferencia de prensa telefónica “para compartir con el público” los hallazgos de la inspección en esa cárcel, ubicada en la localidad de Ocilla, al sur de Atlanta.

Los congresistas dijeron en un comunicado que la situación que viven los indocumentados bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) representa una prioridad para ellos y que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 han inspeccionados centros de detención en Texas y Nevada y alertado sobre la propagación del virus en esas instalaciones.

“El Caucus Hispano y el Comité Judicial de la Cámara continuarán trabajando para detener la propagación de la COVID-19 dentro de las instalaciones del ICE y para responsabilizar a las agencias gubernamentales como el ICE por cualquier abuso cometido contra los inmigrantes bajo su cuidado”, agregaron.

El escándalo en Irwin se destapó la semana pasada luego de que varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Project South y Government Accountability Project, presentaran una queja ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para denunciar una serie de prácticas peligrosas que ocurren en la prisión de Irwin.

La denuncia está basada, principalmente, en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en esa cárcel, que expresa su preocupación por el “alto número” de mujeres presas que habían sido sometidas a histerectomías, una cirugía para extirpar el útero, y que muchas de ellas ni siquiera entendían el motivo de la operación.

Diversas fuentes, entre abogados, activistas y mujeres que han estado presas en Irwin, identificaron al médico que realizó las cirugías como Mahendra Amin, un especialista en obstetricia y ginecología en Douglas, Georgia. Aunque Wooten no lo identificó por su nombre, se refirió al médico como un “recolector de úteros” porque “sacaba todo de adentro”.

(c) Agencia EFE

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Inmigración

El lucrativo negocio de los que ayudan a cruzar las fronteras cerradas para regresar al país

Luis es uno de los miles de venezolanos que se quedaron sin trabajo y regresaron a su país.

Luis llegó a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, con la ropa sucia, sudado y sin un centavo en el bolsillo.

Había caminado 45 días desde Lima, donde vivió por dos años, para regresar a su país, Venezuela.

Es uno de los miles de venezolanos que dejaron en los últimos años su país por la crisis y que al quedar desempleado por culpa de la pandemia decidió regresar a casa.

Su viaje, sin embargo, no acabó ahí.

En Cúcuta le tocó esperar pacientemente por un turno para cruzar por el Puente Internacional Simón Bolívar, por donde solo se permite el paso de 300 personas, tres días a la semana.

“Al llegar te anotan por orden de llegada en una lista y esperas por un brazalete, puedes tardar semanas para entrar”, dijo a BBC Mundo este hombre de 39 años, que prefirió no dar su apellido por seguridad.

Como Luis, muchos que perdieron su trabajo o que se quedaron varados fuera de Venezuela por la pandemia y el cierre de fronteras están desesperados por volver a casa.

Muchosestán dispuestos a pagar hasta lo que no tienen para entrar cuanto antes y también para evitar quedar confinado en los albergues que ha dispuesto el gobierno del presidente Nicolás Maduro para hacer la cuarentena obligatoria por la pandemia al entrar al país.

Los aeropuertos en Venezuela están cerrados desde marzo y el llamado corredor humanitario de la frontera terrestre con Colombia, principal punto de acceso al país, acepta menos de 1.000 personas a la semana.

La situación es el perfecto caldo de cultivo para el mercado ilegal y la corrupción.

Desde sobornos a autoridades para cortar la fila en el cruce con Colombia, hasta la proliferación de paquetes ofrecidos por agencias de turismo para entrar a Venezuela por Brasil sin cumplir con protocolos de seguridad.

El brazalete

En el departamento colombiano del Norte de Santander, que abarca Cúcuta, se estima que 40.000 venezolanos aguardan para pasar por la frontera, según David Smolansky, miembro de la oposición venezolana y comisionado de la Secretaría General de la OEA (Organización de Estados Americanos) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

“Ese derecho que tiene cualquier ciudadano a volver al país donde nació está siendo vulnerado”, critica Smolansky.

Una fuente de Migración Colombia confirmó que quien determina cuántos cruzan por día es el gobierno de Venezuela y no siempre otorga espacio para 300 cupos. “Hay días que la cifra varía y sólo reciben 200 personas”.

En Cúcuta, quien tiene dinero puede comprar un lugar en la lista y acortar la espera, constató Luis, que vio cómo mercaderes se abalanzaban detrás de familias que llegaban a hoteles próximos la frontera: “Comienzan diciendo: ‘Aquí van a demorar muchos días, nosotros podemos conseguir que pasen mañana mismo'”.

“Corren detrás de los taxis o carros particulares que traen a venezolanos” y “acuerdan en hoteles o posadas” para comercializar el brazalete que distribuyen las autoridades en Colombia para un tránsito ordenado por el puente internacional.

Hasta 150.000 pesos colombianos puede costar cada cinta en el mercado negro, unos US$40.

“Un representante por cada familia entrega el dinero, el documento de identidad (…) y el intermediario va y habla con los policías colombianos que facilitan el brazalete y los anotan de primero en la lista”, siguió Luis.

“No tenemos declaraciones sobre el tema”, dijo un portavoz de la Defensoría del Pueblo de Colombia a BBC Mundo. La Policía de Cúcuta indicó que tampoco ha recibido denuncias sobre la venta de estos brazaletes.

Cuatro, cinco, seis, siete… Corrían los días y Luis seguía su turno para cruzar. En ese tiempo contrajo el nuevo coronavirus, lo que agravó su situación.

“Un compañero pagó 50.000 pesos (US$13), porque se identificó como retirado de la Guardia Nacional (de Venezuela), llegó un viernes y pasó el lunes siguiente”, denunció.

“Solo abordan a familias más solventes, saben que los caminantes no tenemos dinero”.

Por Brasil y sin cuarentena

Smolansky dice que unos 111.000 venezolanos han entrado al país desde el despunte de la pandemia tras haberse quedado sin sus empleos en Colombia, Ecuador o Perú.

Casi la totalidad de ellos, 105.000, accedió por Colombia.

Los restantes 6.000 lo hicieron por Brasil, que se ha convertido en una opción para quien tiene más poder adquisitivo y necesitan ya regresar al país.

La agencia de viajes Isis Tours llegó a ofrecer un paquete para varados en Estados Unidos que incluía el vuelo desde Miami a Boavista, la ciudad más próxima a la frontera, garantías de pasar “el mismo día” y traslado a Caracas (a más de 1.200 kilómetros) por carretera “sin hacer cuarentena”.

“Por el salvoconducto (para circular por las vías) el cliente no debe preocuparse (…) está incluido el pase por alcabalas”, precisaba las indicaciones del paquete, que costaba casi US$2.000 por pasajero.

Había una opción más económica -casi US$1.000- con la que el pasajero quedaba un poco a su suerte.

“La agencia no se hace responsable por cualquier inconveniente fronterizo, ni garantizamos que puedan pasar el mismo día y mucho menos nos hacemos responsables de evitar la cuarentena en Santa Elena (la primera ciudad de Venezuela al pasar en la frontera)”, señaló. “Lo más probable es que pase por el protocolo normal asignado por el gobierno”.

La promoción fue cancelada después de una protesta en redes sociales.

Consultada por BBC Mundo, la responsable de Isis accedió primero a “aclarar la polémica”, pero luego no atendió a nuestros llamados.

Otras agencias venden la ruta Miami-Boavista por US$699 como una opción para volver a Venezuela, pero sin ofrecer saltarse los controles o la cuarentena.

Sin especificar el nombre de la agencia, este martes, el fiscal general, Tareck William Saab, anunció que fueron “detenidos en flagrancia 12 integrantes de una organización delictiva que promovía a través de redes sociales un paquete de viaje”.

“Ofrecían hospedaje, traslado, alimentación, salvoconductos y pruebas rápidas para despistaje de covid-19, por un monto de 1.800 dólares desde Miami” hasta Venezuela, agregó.

Venezolanos varados

Smolansky maneja “cifras conservadoras” de unos 3.000 venezolanos varados en varios países, esperando que abran el espacio aéreo para regresar.

“Pudieran volver en 15 aviones de 200 puestos cada uno (…) 15 vuelos resuelven la situación de los 3.000 varados en el mundo”, dijo a BBC Mundo el opositor.

Ha habido vuelos finalmente desde Madrid, y Maduro ofreció enviar a Estados Unidos un avión de la aerolínea estatal Conviasa, sancionada por Washington, para repatriar a venezolanos.

El gobierno de Donald Trump, que no reconoce a Maduro como presidente sino al líder opositor Juan Guaidó, no ha comentado sobre esta oferta.

Los albergues

El brazalete solo ayuda a pasar rápido por la frontera, pero no evita la cuarentena ya en territorio venezolano que algunos hacen en albergues descritos como lugares insalubres y también centros de extorsión.

Mario, de 37 años, contó, por ejemplo, cómo durante el confinamiento tenían que pagar al Ejército, que controlaba su refugio, “cuatro, cinco veces más del valor” por una gaseosa o un paquete de cigarrillos.

“No había agua potable, no nos daban las tres comidas. Perdí 15 kilos”, narró este hombre que pidió proteger su identidad. “Había cinco pocetas (inodoros) para 380 personas, horrible”.

El fiscal general venezolano, Tareck William Saab, no respondió aún a un pedido de BBC Mundo para comentar estas denuncias.

Maduro ha defendido el cordón sanitario impuesto por su gobierno para los retornados.

El paso sin problemas por la frontera entre Santa Elena, Venezuela, y Pacaraima, Brasil, fue ofertado en redes sociales. / GETTY IMAGES

“Cuando llegan a Venezuela son libres, son dignos, son humanos otra vez”, se felicitó en una alocución en junio. “Vienen a su patria porque saben que en su patria lo tienen todo, así no lo reconozcan”.

“El tratamiento a la llegada es gratuito, todo es gratuito: es gratuita la prueba del coronavirus, la alimentación, el hospedaje, el transporte en avión o en autobús hasta su casa”.

Pero algunos quieren evitar como sea el confinamiento y deciden cruzar la frontera por las peligrosas trochas (pasos ilegales), por lo que han sido tachados de “bombas biológicas” por el gobierno por no cumplir con los protocolos de seguridad.

Luis, nuestro testigo en Cúcuta, ya está en Maracaibo (Zulia, oeste), su destino final. No pagó sobornos ni cruzó ilegalmente, dice. Armado de paciencia, aguantó 15 días antes de poder entrar a su país finalmente.

Salió el 25 de mayo de Perú y llegó el 24 de agosto a su casa, tres meses después.

“El cruce fue la peor experiencia de mi vida“.

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