Unas horas después de que se publicara este artículo, el Ministerio de Defensa de Israel anunció que paralizaba los planes del gobierno de Netanyahu de enviar vacunas al extranjero.

La llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus a Honduras y Guatemala está prevista para este jueves desde un destino relativamente inesperado: Israel.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, confirmó por Twitter una donación israelí de 5.000 dosis al país centroamericano, que las utilizará para la inmunización del personal de salud.

Y lo mismo hizo el gobierno de Guatemala, que en los últimos días se ha mostrado especialmente crítico con el mecanismo de distribución global de vacunas contra la covid-19 de la OMS, Covax.

Las dos naciones centroamericanas esperan recibir la gran mayoría de sus vacunas a través de este mecanismo, el que sin embargo ha priorizado a otros países.

Y la inesperada donación de Israel -un país que ya ha conseguido inmunizar a aproximadamente ocho de cada 10 habitantes- les permitió a sus gobiernos finalmente dar una buena noticia, lo que parece ser uno de los objetivos del regalo.

“Israel se prepara para regalar decenas de miles de dosis de vacunas contra el coronavirus a al menos 15 países en recompensa por su apoyo diplomático”, reportó el miércoles el periódico The Times of Israel.

Poco después, la emisora pública Kan -que había dado la noticia un día antes- aumentó el número de países a 19, además de incluir a los territorios palestinos.

“La lista de países aún no se ha finalizado, pero incluirá varios países que se han comprometido a trasladar sus embajadas a Jerusalén y varios Estados africanos que recientemente renovaron sus relaciones diplomáticas con Israel”, agregó la emisora.

“Lazos históricos”
BBC Mundo se puso en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para confirmar la versión, sin haber obtenido respuesta al momento de la publicación de este artículo.

El martes, sin embargo, la oficina del Primer Ministro publicó una declaración en la que afirmaba que antes las numerosas solicitudes de apoyo, y dado que el éxito de la campaña local de vacunación había permitido acumular “una cantidad limitada de dosis sin utilizar”, se había decidido asistir “a los equipos médicos de la Autoridad Palestina y varios de los países que habían contactado a Israel con una cantidad simbólica de vacunas”.

Los criterios para la selección de esos países no fueron explicitados.

Pero el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, no dudó en presentar la donación israelí como un ejemplo de “los lazos históricos de amistad que unen a nuestros pueblos”.

Guatemala fue, de hecho, el segundo país del mundo en reconocer oficialmente al Estado judío, en 1948, y, más recientemente, también el segundo en trasladar su embajada a Jerusalén, en mayo de 2018.

Y Honduras no tardó mucho en comprometerse a trasladar su sede diplomática a la ciudad, que también es reivindicada por los palestinos como la posible capital de un eventual Estado independiente.

Los dos países fueron además los únicos en toda América Latina que votaron en contra de una resolución de Naciones Unidas de diciembre de 2017 que condenaba el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.

Y eso explicaría por qué son los únicos latinoamericanos mencionados por los medios israelíes entre los posibles beneficiarios de la donación de vacunas, una lista que también incluiría a la República Checa, Hungría, Chipre, Etiopía, Chad, Kenia, Uganda, Guinea y Mauritania, entre otros.

Según la emisora Kan, cada país recibiría de 1.000 a 5.000 dosis de vacunas.

“El número exacto de vacunas que se distribuirán internacionalmente y en Cisjordania no ha sido proporcionado. Las vacunas dadas a la Autoridad Palestina se utilizarán para vacunar al personal médico”, explicó por su parte el diario Haaretz.

Por: BBC News Mundo

Un grupo de ocho senadores demócratas presentó el martes un proyecto de ley que pide al gobierno de Joe Biden imponer sanciones al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por “actos de corrupción significativa y violaciones de derechos humanos”, así como por evidencia de su implicación en el tráfico de drogas.

La ‘Ley sobre los Derechos Humanos y Anti-Corrupción del 2021’ prohibiría a Hernández ingresar a los Estados Unidos y también suspendería la ayuda estadounidense a la policía y las fuerzas armadas de ese país.

La legislación coloca a Hernández en una categoría poco común de jefes de estado en América Latina, comparable solo con el gobierno de los hermanos Castro en Cuba y de Nicolás Maduro en Venezuela.

El proyecto de ley, copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, establece que Hernández debe ser investigado bajo la llamada ‘Ley Kingpin’ para determinar si merece recibir la designación oficial de narcotraficante, un estatus criminal normalmente reservado para los jefes de la droga como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El proyecto de ley también pide al gobierno de Honduras que “inicie inmediatamente conversaciones con Naciones Unidas para negociar el mandato de un nuevo mecanismo independiente para combatir la corrupción y la impunidad”, similar a un organismo anterior, la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras) que fue disuelta por Hernández en 2020 después de descubrir un patrón de corrupción política sistémico por parte de miembros del gobernante Partido Nacional en el Congreso.

Si se aprueba, el proyecto de ley le da al presidente 180 días para imponer las sanciones. Las sanciones solo se levantarían si “existen pruebas creíbles” de que Hernández no participó en la actividad por la que fueron impuestas, si es procesado por esos delitos o realiza un “cambio significativo de comportamiento”.

“Co-conspirador”
Hernández, quien ha sido presidente desde 2014, ha sido identificado como “co-conspirador” en varios casos de tráfico de drogas presentados por los fiscales de Nueva York. Hernández no ha sido acusado formalmente de ningún delito hasta el momento, y niega con vehemencia todas las acusaciones en su contra.

El gobierno hondureño no respondió al anuncio del proyecto de ley. Hernández siempre ha insistido que es víctima de una caza de brujas basada en mentiras de delincuentes confesos que buscan venganza o reducir su condena.

Su nombre surgió más recientemente en el caso del narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, quien será juzgado el próximo mes en Nueva York.

Fue nombrado también en el juicio por narcotráfico de su hermano, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, quien será sentenciado en Nueva York el 23 de marzo después de que fuera declarado culpable en 2019.

“Existe evidencia sustancial de que el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández se ha involucrado en un patrón de actividad criminal y uso del aparato estatal para proteger y facilitar el narcotráfico, como lo ejemplifican tres casos de corrupción y narcotráfico de alto perfil … en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el que el presidente de Honduras fue designado como co-conspirador”, según el texto de la legislación, copia de la cual fue obtenida por Univision.

Los fiscales estadounidenses han acusado a Hernández en la corte de utilizar a oficiales militares y policiales hondureños para proteger a los narcotraficantes como parte de un plan para “utilizar el tráfico de drogas para ayudar a afirmar el poder y el control en Honduras”.

Aliado de Trump
El presidente hondureño se desempeñó como un aliado clave del expresidente Donald Trump en su esfuerzo por detener el flujo de migrantes. De hecho, Los críticos acusaron a Trump de pasar por alto los supuestos vínculos de Hernández con el narcotráfico para satisfacer los objetivos de Estados Unidos.

El gobierno de Biden ha adoptado una estrategia radicalmente diferente, haciendo de la lucha contra la corrupción una prioridad clave, además de anunciar un plan para invertir 4,000 millones de dólares en Centroamérica, incluido Honduras, para abordar la pobreza y otras causas de la emigración.

“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo el Markey, el senador de Massachusetts. “El hecho de no responsabilizar al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a los funcionarios nacionales y a los miembros de la policía y el ejército por estos delitos alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”, agregó.

“Este proyecto de ley destaca los problemas evidentes que con demasiada frecuencia han sido excusados por la administración estadounidense. La corrupción desenfrenada y las violaciones de los derechos humanos que impiden que el pueblo de Honduras construya un país seguro y próspero ”, dijo Leahy, el senador de Vermont.

POR: DAVID C ADAMS y JEFF ERNST – Univision Noticias

Washington DC.– El día de hoy el juez Kevin Castel definió la nueva fecha en que se fijará la sentencia de Juan Antonio Hernández, la que se estaría llevando a cabo el 23 de marzo de 2021 a las 2 pm. Se espera que esta sea la ultima re programación, ya que el abogado defensor en su última comunicación con la corte aseguró que ha logrado avanzar en la redacción de los documentos que se deben presentar previo a la audiencia y que en los próximos días los estaría presentando.

Cabe mencionar que antes de que el juez Kevis Castel definiera esta nueva fecha, Peter E. Brill, abogado defensor de Tony Hernández solicitó a la Corte del Distrito Sur de New York, que dicha audiencia se llevará a cabo hasta que existieran las condiciones para que fuera de manera presencial, por lo que se asume que el 23 de marzo la lectura de sentencia se estaría llevando a cabo dentro de la Corte ubicada en Manhattan, New York.

El abogado afirmó el pasado 22 de enero que la traducción del PSRl esta casi lista, igual que la presentación de sentencia previa que la defensa debe enviar al juez antes de que se lleve a cabo la audiencia. Al mismo tiempo comunicó a la Corte que necesitará obtener dichas traducciones y luego reunirse con Tony Hernández para definir los últimos detalles que debe incluir en los documentos finales para que el Juez Kevin Castel tome en consideración antes de fijar la cantidad de años que Tony deberá pasar en una cárcel Federal en EEUU.

La petición de una audiencia presencial surge, ante la posibilidad que se ha habilitado en las cortes en EEUU, para que ciertos procesos judiciales se realicen de manera virtual debido a la crisis por la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

Además, es importante aclarar que en el caso de Juan Antonio Hernández, no existe la remota posibilidad de que luego de ser vencido en juicio y encontrado culpable de los cuatro delitos de los que le acusó la Fiscalía, este pueda salir en libertad sin cumplir una condena mínima. Pese a las multiples re programaciones que se han dado en su sentencia, esto no afecta de ninguna manera el veredicto de culpabilidad del jurado, ni la pena mínima y máxima que este podría recibir.

Tony continúa preso en una cárcel federal en EEUU. y los años que lleve recluido hasta el momento en que se fije su sentencia serán restados de la cantidad total de años que deba de pagar.

Fuente: Pro Honduras Network

El Congreso Nacional de Honduras aprobó este jueves una reforma de la Constitución que busca blindar la prohibición absoluta del aborto que ya existe en el país.

La reforma al artículo 67 está orientada a impedir que el aborto pueda ser legalizado en el futuro en Honduras, uno de los pocos países del mundo donde está prohibido en todos los casos incluyendo violación, malformación grave del feto o cuando la vida de la mujer embarazada está en serio peligro.

En Honduras, que tiene una de las tasas más alta de embarazos adolescentes en América Latina, uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, según Naciones Unidas.

La iniciativa, conocida como “Escudo contra el aborto en Honduras” y aprobada en un solo debate, fue presentada apenas el pasado 11 de enero por el vicepresidente del Parlamento hondureño, Mario Pérez, diputado del gobernante Partido Nacional.

El artículo establece que es “prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”.

La reforma incluye que “serán nulas e inválidas las disposiciones legales que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo que establezcan lo contrario”, a fin de impedir que el aborto pudiera legalizarse en el futuro.

Pérez dijo que “esta reforma surge por la ola de reformas constitucionales en países de América Latina, impulsados por gobiernos de izquierda dirigidos a legalizar el aborto, como sucedió en Argentina recientemente, y eso no se puede permitir en Honduras”, según recoge el diario local La Tribuna.

“El Partido Nacional es pro vida y votará a favor de esta reforma que representa un candado a la legalización del aborto; y el que no lo quiera y desea que se apruebe la muerte de un bebé en el útero de la madre, que vote en contra”, agregó al dar a conocer la propuesta.

Reacciones
Organizaciones feministas y de derechos humanos de Honduras condenaron la aprobación de la reforma y aseguraron que violenta frontalmente los derechos de las mujeres.

“La vida de las niñas y mujeres no mereció el tiempo de los tres debates para el Congreso de Honduras. ¿Cuál es la prisa por prohibir algo que ya está prohibido? ¡No se vale tanto odio!”, tuiteó Somos Muchas, un colectivo que lucha por el derecho a decidir de las mujeres en el país.

Cientos de hondureños, en cambio, celebraron la decisión del Congreso en redes sociales. “Honduras es provida”, se puede leer en varias publicaciones de Twitter.

Naciones Unidas condenó este martes el proyecto al considerar que bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras.

“Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, expresaron varias expertas de la ONU en un comunicado.

“La penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros han derivado en el encarcelamiento de mujeres (…) y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos”, se lee en el texto.

Asimismo, destacaron que la “influencia de los grupos religiosos en cuestiones de salud pública es perjudicial”.

Además de en Honduras, la prohibición sin excepciones de la interrupción voluntaria del embarazo en América Latina está contemplada en El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Haití.