SAN PEDRO SULA. Los pueblos fronterizos del departamento de Intibucá manifestaron recientemente que la condecoración por parte del Congreso Nacional al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, representa un “agravio” para las más de 80 mil personas que se han visto afectadas por el cierre de fronteras, ordenado por el mandatario.
En una carta enviada al secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, los pobladores expresaron su descontento con tal iniciativa, pues, aunque reconocen la ayuda del mandatario salvadoreño luego de las tormentas Eta y Iota, reclaman que, tras el cierre y militarización de las fronteras, han enfrentado dificultades para tener acceso a salud y otros servicios esenciales.
En el documento, al que tuvo acceso Diario EL PAÍS, los afectados lamentaron que, “por políticas bilaterales mal establecidas, los pueblos vecinales fronterizos pagan las consecuencias de un cierre inhumano”.
DERECHOS
En ese sentido, señalaron que “el cierre fronterizo y militarización por parte de la República de El Salvador, se contrapone a la Convención de los Derechos Adquiridos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya de 1992”.
Asimismo, solicitaron a Vaquero que se agilice la ejecución de la Aduana Terrestre Pichigual, aprobada mediante Decreto Ejecutivo 95-2016 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, para poder solucionar los problemas que enfrentan desde el inicio de la pandemia.
A la vez que recordaron que “a través de diferentes secretarías, como Migración y Extranjería, Seguridad y Defensa, Administración Aduanera y la Cancillería” han “tenido diferentes reuniones desde hace dos años, sin poder solventar la problemática”.
Además, pidieron, entre otras cosas, que el Gobierno brinde ayuda humanitaria a las personas que habitan en la frontera, “en el traslado de enfermos” y “brigadas de vacunación”, así como brindar “un ambiente de paz y armonía” con la ayuda de las autoridades policiales.
