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¿Será Chile un ejemplo de verdadera democracia?

Una protesta en noviembre de 2019 en Santiago, la capital de ChileCredit...Javier Torres/Agence France-Presse — Getty Images

El 25 de octubre, los chilenos votarán para rechazar o aprobar el comienzo de la creación de una nueva constitución. Los ciudadanos de más países deberían hacer lo mismo. La actual Constitución chilena, escrita durante el régimen autoritario del dictador Augusto Pinochet, ha protegido intereses conservadores y al ejército, y ha reprimido la disidencia política durante 40 años.

La lucha de Chile con su pasado autoritario no es única. Los países con democracias recientes, como Birmania, Corea del Sur y Turquía, se han regido por constituciones autoritarias durante años o incluso décadas. Mi investigación indica que más de dos terceras partes de las transiciones políticas a la democracia desde la Segunda Guerra Mundial —en más de 50 países— han ocurrido bajo constituciones escritas por el régimen autoritario saliente. En algunas naciones, como Argentina, que han oscilado una y otra vez entre la democracia y la dictadura, varias transiciones democráticas han sido guiadas por constituciones redactadas por gobiernos autoritarios.

La persistencia del autoritarismo por vía constitucional en una democracia es una receta para la desigualdad y el descontento democrático. Las democracias con constituciones promulgadas en épocas autoritarias tienen sistemas de transparencia y rendición de cuentas frágiles y una participación ciudadana insuficiente en la formulación de políticas. Además, sus sistemas políticos favorecen a las élites vinculadas al antiguo régimen y no a los ciudadanos de a pie.

La desigualdad en Chile está en un nivel similar al de la época de Pinochet en tanto que el tráfico de influencias por parte de los ricos —algunos de los cuales adquirieron sus fortunas por medio de conexiones con Pinochet y la privatizaciones de empresas estatales— es ubicuo.

Esta mezcla tóxica explotó hace un año desatando manifestaciones callejeras generalizadas que trastocaron la reputación que el país se había forjado como un modelo de estabilidad y progreso en América Latina a lo largo de cuatro décadas de economía de mercado. Desde entonces, la reputación de Chile solo ha empeorado debido a la respuesta deficiente del país a la pandemia. Incluso dentro de una región gravemente afectada por la COVID-19, Chile no tardó en destacar como un foco de contagio, con tasas de infección per cápita entre las más elevadas del mundo.

Este hecho refleja una vez más cómo Sebastián Piñera, el multimillonario presidente empresario de Chile, está sumamente desconectado de la manera en que viven la mayoría de los chilenos. La pandemia ha devastado barrios pobres donde la gente vive hacinada, los servicios de salud son limitados y los ciudadanos no pueden darse el lujo de refugiarse en casa.

El plebiscito para convocar una convención constituyente en Chile podría derivar en un nuevo documento que acerque más el liderazgo al pueblo con una descentralización del sistema político y la introducción de mecanismos formales de consulta ciudadana y referendos. También podría ampliar los derechos de los sindicatos, consagrar la atención médica y la educación como derechos fundamentales, garantizar la igualdad para las mujeres y otorgar mayor autonomía a los pueblos indígenas.

El gobierno de Piñera está consciente de esto y está tomando medidas para oponerse a un cambio político radical. Los activistas informan que el gobierno ha usado la pandemia como un pretexto para intensificar la represión y callar a la oposición. Apenas la semana pasada, se difundió un video que mostraba a un policía empujando a un adolescente hasta hacerlo caer de un puente durante una protesta, lo cual provocó una indignación generalizada. Esto se suma a las agresiones brutales que las fuerzas de seguridad ya habían ejercido en contra de los manifestantes en otoño del año pasado.

Chile es un ejemplo de cómo los dictadores que redactan constituciones pueden dejar de lado los intereses del pueblo. La Constitución chilena protegió a los militares y a sus aliados del régimen autoritario cuando entregaron el poder en 1990. Les concedió a los altos mandos del ejército escaños en el Senado, les otorgó a los militares la autoridad de elegir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y desvió el 10 por ciento de los enormes ingresos del cobre de Chile al presupuesto del ejército. También les brindó amnistías a Pinochet y a otros generales, estableció un sistema electoral diseñado para sobrerrepresentar a los partidos conservadores y prohibió la participación de los partidos de extrema izquierda.

Con el correr de los años, ha habido varias reformas constitucionales. En 2005, se fortaleció el control civil sobre la milicia y se eliminaron los escaños vitalicios designados en el Senado. Aun así, los umbrales de mayoría cualificada para las reformas han protegido muchos de sus elementos básicos.

La mayoría de los manifestantes chilenos y sus simpatizantes están motivados por cuestiones de primera necesidad, como mejores salarios, igualdad de género, mayor acceso a los servicios de salud y atención médica de calidad, reforma de las pensiones, más derechos para los pueblos indígenas, acceso a transporte público asequible y educación pública gratuita. Sin embargo, también quieren tener una voz política y ser respetados por las instituciones de gobierno, que desde hace mucho se han enfocado en equilibrar presupuestos, atraer inversión y preservar la estabilidad.

Los manifestantes consideran que una nueva constitución es la clave para satisfacer estas demandas. El statu quo está extremadamente desacreditado: los índices de aprobación del Congreso y del presidente son significativamente bajos. Una convención constituyente puede llenar el vacío de liderazgo actual al incluir a los ciudadanos en un proceso de consulta para dirigir al país hacia el futuro y enaltecer sus principales intereses para dar nueva forma a su liderazgo político.

El proceso de reforma no necesariamente tiene que descarrilar el estatus de Chile como una fuerza económica en la región. Un sistema político más inclusivo que promueva los intereses de la mayoría de sus ciudadanos también puede beneficiar a los empleadores mediante estabilidad política y una fuerza laboral más feliz y saludable. Algunas de las democracias más antiguas y desarrolladas del mundo, como Suecia y Dinamarca, anularon sus constituciones autoritarias y se embarcaron en un camino rumbo al éxito.

No obstante, el proceso conlleva riesgos. En vista de que el plebiscito inicial programado para abril se pospuso y el debate continúa, se ha incrementado el riesgo de que grupos radicales de la izquierda o la derecha se apropien del discurso.

Muchos manifestantes actuales predijeron este riesgo desde un inicio, por lo que centraron sus esfuerzos en organizar miles de foros de debate para involucrar a sus vecinos, así como a través obras de arte gráfico y música para transmitir y difundir su mensaje. Otros, sobre todo las mujeres, se organizaron en grupos de decenas de miles en torno a una demanda amplia de inclusión para garantizar que sus voces sean escuchadas. Sin embargo, desde que las reuniones presenciales están restringidas por la pandemia, los foros en línea y las redes sociales han cobrado más relevancia y han subido el volumen de voces extremas pero bien financiadas.

Otras democracias que viven bajo el yugo de constituciones escritas por regímenes autoritarios deberían seguir el ejemplo de Chile. Esto no siempre es fácil. Birmania programó un referendo nacional para reformar su Constitución, promulgada por el ejército en 2015. No obstante, los militares, que habían conservado una cuarta parte de los escaños en el Congreso y fijado el umbral para enmendar la Constitución en más de tres cuartas partes, ayudaron a socavar los cambios más importantes y el referendo se pospuso de manera indefinida.

Otras naciones han obtenido mejores resultados. Colombia se deshizo de una constitución autoritaria en 1991 y apuntaló su democracia. Aunque en el país sigue habiendo desigualdad y problemas relacionados con la guerra civil, como la restitución de tierras, su Constitución ha proporcionado una plataforma para que hasta los ciudadanos marginados puedan proteger sus derechos básicos mediante un sencillo mecanismo legal conocido como acción de tutela. Túnez remplazó una Constitución autoritaria en 2014. Lo mismo sucedió en varios de los antiguos Estados satélite de la Unión Soviética, como Bulgaria, República Checa y Georgia (por desgracia, Viktor Orbán se ha apropiado del proceso de reforma en Hungría para atrincherar su poder político).

Si la reforma constitucional de Chile allana el camino hacia una democracia más auténtica, servirá de ejemplo para que otras nuevas democracias que enfrentan desafíos similares —como Indonesia, Guatemala y Perú— hagan lo mismo.

Por Michael Albertus
TheNYTimes

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Arrestan en Nicaragua a los opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro

Felix Maradiaga habló con periodistas fuera de la fiscalía antes de su arresto. - REUTERS

Las autoridades de Nicaragua arrestaron este martes a Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, otros potenciales contrincantes del presidente Daniel Ortega en las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre.

Maradiaga fue acusado de “terrorismo” y conspiración contra la soberanía e independencia de Nicaragua. Está siendo investigado en virtud de una controvertida nueva ley de seguridad aprobada en diciembre por el gobierno de Ortega.

Chamorro, por su parte, es acusado de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, informó la Policía Nacional.

Estados Unidos calificó a Ortega de “dictador” tras los arrestos.

Las de Maradiaga y Chamorro son la tercera y cuarta detención de posibles contrincantes de Ortega a cinco meses de la fecha de los comicios.

La semana pasada, la líder opositora Cristiana Chamorro fue puesta bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero, acusación que ella niega.

Y el sábado otra figura de la oposición, Arturo Cruz, fue detenido en el aeropuerto de Managua cuando llegaba de Estados Unidos.

El presidente Ortega, de 75 años, busca un cuarto mandato consecutivo.

Arrestos
Maradiaga, de 44 años y probable candidato presidencial de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, fue detenido después tras ser citado a una audiencia en la Fiscalía de Managua el martes.

Según los informes, la policía detuvo al opositor y su abogado en su auto después de salir de la oficina.

Un vocero de la oposición dijo que la policía había golpeado a Maradiaga durante el arresto y que se desconocía su paradero.

“Está siendo investigado por realizar actos que amenazan la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pidiendo intervenciones militares”, reza un comunicado de la policía.

También por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, añadió.

Chamorro, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, fue detenido en su residencia, al sur de Managua, que también fue allanada por la Policía Nacional, según reportó la agencia Efe.

Condena internacional
Los arrestos provocaron una rápida condena de la jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina.

“El arresto arbitrario del candidato presidencial Félix Maradiaga (…) debería resolver cualquier duda restante sobre las credenciales de Ortega como dictador”, dijo Julie Chung.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también expresó su preocupación en Twitter: “En los últimos 30 años, nunca había visto algo así. Se necesitan con urgencia esfuerzos multilaterales para detener a Ortega”.

Los cargos contra los opositores derivan de una ley aprobada en diciembre que apunta a “quienes piden, celebran y aplauden la imposición de sanciones contra el Estado nicaragüense”.

Sus partidarios dicen que es para defender la soberanía de Nicaragua contra la influencia extranjera hostil, pero los críticos aseguran que está diseñada para evitar que los políticos de la oposición se presenten a las elecciones.

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra Ortega y su gobierno.

En tanto, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, aludió este martes por segundo día consecutivo a las investigaciones de la Fiscalía contra los opositores, a quienes llamó “ladrones”, “terroristas” y “criminales”.

“Se creen eternamente impunes, (pero) la Justicia llega, tarde pero llega, en esta Nicaragua que venía prosperando y en reconciliación y en un modelo hermoso y ejemplar de alianzas por el bienestar de todos”, dijo Murillo en alusión al pacto que Ortega tuvo con la empresa privada hasta la rebelión social de 2018.

Opositores en prisión
Arturo Cruz, de 67 años, se encuentra en prisión preventiva mientras los fiscales investigan las denuncias de “provocación… y conspiración para atentar contra la integridad nacional”.

Cristiana Chamorro, también de 67 años, fue puesta bajo arresto domiciliario días después de anunciar que buscaría convertirse en la candidata presidencial de la opositora Alianza Ciudadana.

Muchos en la oposición la ven como la mejor esperanza de ganar a Ortega en las urnas. Su madre lo derrotó en las elecciones presidenciales de 1990.

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El Salvador autoriza el bitcoin como moneda de curso legal

Bukele asegura que su iniciativa generará empleos y aumentará la inclusión. - GETTY IMAGES

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la Ley Bitcoin y el centroamericano se convirtió con ello en el primer país del mundo en reconocer la criptodivisa como moneda de curso legal de intercambio.

La iniciativa, que salió adelante gracias al voto a favor de 62 diputados de los 84 que componen el Parlamento de mayoría oficialista y entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, establece solo el curso legal del bitcoin y no de otras criptomonedas.

La medida no contó con los votos de 19 diputados, 14 parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), 4 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, derecha) y uno del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, todos partidos opositores.

La normativa la dio a conocer a través de Twitter el presidente Nayib Bukele, quien ya el sábado anunció en un video difundido durante la conferencia Bitcoin 2021celebrada en Miami que enviaría dicha propuesta de ley a la Asamblea, y fue introducida a la sesión parlamentaria sin mayor discusión legislativa.

De acuerdo con el decreto, la ley tiene como objeto la regulación del bitcoin como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que la personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar.

La ley establece que el cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido “libremente por el mercado” y no estará sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal.

Y también que todo agente económico deberá aceptar el bitcoin como forma de pago “cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio” y que el órgano Ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda, de acuerdo a lo establecido en la ley.

Críticas e incógnitas
Desde que Bukele anunciara el sábado su intención de enviar el proyecto de ley a la Asamblea para su aprobación, la cuestión ha suscitado la crítica de los que señalan que quedan muchas incógnitas por despejar con respecto a la implementación del plan.

Ese mensaje fue el que repitió el diputado opositor Rodrigo Ávila durante su intervención en el pleno de la Asamblea.

Dijo que el bitcoin es “un mecanismo monetario volátil y su uso genera una situación grave si no se toman las medidas pertinentes”.

Señaló que en “varios” países se ha prohíbido el uso de criptomonedas, en especial el bitcoin, y en “otros” se ha alertado sobre el uso específico del bitcoin, y agregó que el bitcoin “se permite en varios países pero no ha sido oficializado como moneda de curso legal, lo que sí se está haciendo aquí sin un mayor análisis, ni la discusión debida”.

Por su parte, Carlos Acevedo, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva (2009-2013) y representante de Centroamérica ante el FMI, también hacía referencia a la volatilidad de las criptomonedas en el artículo publicado en el medio salvadoreño El Faro tras el anuncio del sábado de Bukele, antes de que la ley fuera aprobada.

Y el ahora consultor económico y catedrático universitario señalaba que el plan “adolece de una difícil viabilidad” y que “someter el sistema financiero a una apuesta por las criptomonedas representa un salto al vacío que bien pudiera terminar en catástrofe”.

Sin embargo, el presidente Bukele señaló en su Twitter que “la #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo 0 (cero) para quienes no quieran asumir riesgos”.

Y apuntó que “el gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción”.

Ya en el video emitido el sábado en la conferencia Bitcoin 2021, considerada uno de los mayores encuentros sobre criptomonedas, el mandatario dijo que la autorización de la criptodivisa como moneda de curso legal “en el corto plazo generará empleos y ayudará a proveer inclusión financiera para los miles de personas que se encuentran fuera de la economía formal”.

Y se anunció que El Salvador se asociará con Strike, una empresa de pagos digitales, para crear una infraestructura financiera moderna basada en el bitcoin.

Jack Mallers, fundador de la plataforma Strike, dijo durante la conferencia que el uso del bitcoin puede ayudar a bajar los costos de las transacciones y a aumentar la inclusión financiera en un país como El Salvador donde una parte importante de la población no tiene cuentas bancarias.

“Adoptar una moneda digital nativa como moneda de curso legal proporciona a El Salvador la red de pagos abierta más segura, eficiente y globalmente integrada del mundo”, dijo Mallers.

El corresponsal de la BBC Will Grant afirmó el sábado que se trata de un paso “atrevido” y destacó que gran parte de la economía de El Salvador se basa en las remesas del exterior y el cambio a una moneda digital puede permitir que las familias eviten las costosas tarifas que implica enviar dinero a casa cada mes.

“De cualquier manera, es un movimiento que probablemente refuerce la imagen de bitcoin como la ‘moneda del futuro’ y la posición del presidente Bukele entre sus partidarios como un innovador”, aseguró.

Para Rohan Gray, un experto de Digital Currency Global Initiative, Bukele es “un presidente joven que intenta capitalizar una imagen popular”.”Hay mucho de relaciones públicas detrás de anunciar algo como esto, incluso si no se han resuelto todos los detalles”, le dijo a la BBC.Gray advirtió que un país que adopte una criptomoneda como moneda de curso legal otorgaría un control considerable “a una red que no es estable, no tiene actores responsables y no tiene un historial de proporcionar el tipo de estabilidad de precios y liquidez que se supone que debe proporcionar una moneda”.

Bukele ha sido defensor del uso del bitcoin desde, al menos, 2017.

Tras el triunfo obtenido por su partido “Nuevas Ideas”, en las elecciones legislativas de febrero pasado, el mandatario cuenta con una mayoría absoluta a su favor para dar luz verde a sus propuestas.

En Japón, uno de los países más avanzados del mundo en el uso de criptomonedas, una reforma legal en 2017 convirtió al bitcoin en forma de pago, lo que algunos interpretaron como que se le había otorgado el estatus de moneda de curso legal.

Sin embargo, un reporte publicado en 2018 por el Banco Central de Japón aclaró que la criptomonedas como el bitcoin “no son una moneda de curso legal y su uso para pagos depende de la voluntad de la contraparte para aceptarlos”.

Por: Redacción – BBC News Mundo

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Meghan Markle da a luz a una niña, a la que llaman en honor a la reina y a Lady Di

El príncipe Enrique y Meghan Markle en un evento en Londres, Reino Unido, 15 de octubre de 2019. Toby Melville / Reuters

El príncipe Enrique y Meghan Markle han anunciado el nacimiento de su hija, a la que llamaron Lilibet Diana en homenaje a la reina Isabel II y a la difunta madre de Enrique.

La hermana menor de Archie nació este 4 de junio en un hospital de Santa Barbara, California. “Es con gran alegría que el príncipe Enrique y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, le dan la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor”, anunció la pareja en un comunicado.

La madre y la niña se encuentran bien, y actualmente se están instalando en casa. “Lili lleva el nombre de su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet”, agregó la pareja.

Fuente: Actualidad RT

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Estados Unidos compartirá 6 millones de vacunas

Varias dosis de la vacuna de Pfizer. (Foto: EFE/ Pablo Duer)

Los primeros 25 millones de vacunas que Estados Unidos compartirá con otros países irán destinados a varias regiones, incluyendo 6 millones de dosis para Centroamérica y Sudamérica.

Así lo anunció el presidente estadounidense, Joe Biden, en un comunicado en el que explicó que al menos el 75 % de estas dosis, casi 19 millones, se repartirán a través de la iniciativa Covax, el esfuerzo respaldado por la Organización Mundial de la Salud para comprar y distribuir vacunas a países de ingresos bajos y medios.

Asimismo, 7 millones de vacunas se destinarán a Asia; 5 millones a África; y otros 6 millones para países socios de la nación estadounidense.

«Mientras esta pandemia se prolongue en cualquier parte del mundo, el pueblo estadounidense seguirá siendo vulnerable; y Estados Unidos está comprometido a brindar la misma urgencia a los esfuerzos internacionales de vacunación que hemos demostrado en casa», argumentó Biden en la nota.

El mandatario aseguró que EE.UU. no comparte estas dosis «para obtener favores ni concesiones», sino que lo hace para salvar vidas y «liderar el mundo para poner fin a la pandemia».

Esta será la primera vez que EE.UU. comparta con el resto del mundo vacunas aprobadas para uso interno -las de Moderna, Pfizer, y Johnson&Johnson-, ya que anteriormente había anunciado el envío entre mayo y junio de 60 millones de dosis de AstraZeneca, que aún no ha recibido el visto bueno de los reguladores estadounidenses.

Estos 25 millones de dosis forman parte de los 80 millones de vacunas que EE.UU. pretende compartir con otros países en las próximas semanas.

Existe una gran desigualdad en la distribución de vacunas en el mundo, donde contrasta por ejemplo la abundancia de EE.UU. con la escasez de la India, convertida en actual epicentro de la pandemia.

En concreto, el 87 % de las inoculaciones han sido administradas en países con ingresos altos y medios, mientras que las naciones empobrecidas han recibido solo el 0,2 %, dicen datos de abril de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por: Noticia Long Island

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