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Una red de espionaje empodera a la policía en China

ZHENGZHOU, China.— China está aumentando su capacidad de espiar a sus casi 1400 millones de habitantes a nuevos y perturbadores niveles, y le ofrece al mundo un modelo para establecer un Estado totalitario digital.

Las autoridades chinas están uniendo tecnologías antiguas y de vanguardia —escáneres de celulares, cámaras de reconocimiento facial, bases de datos de rostros y huellas digitales y muchas otras— para crear herramientas exhaustivas de control autoritario, según un conjunto de políticas y bases de datos privadas analizadas por The New York Times.

En cuanto se combinan y comienzan a operar, las herramientas pueden ayudar a que la policía identifique a las personas cuando caminan en la calle, averigüen con quién se encontrarán e identifiquen quién pertenece o no al Partido Comunista.

Estados Unidos y otros países usan algunas de esas técnicas para rastrear a terroristas o capos de la droga. Las ciudades chinas quieren utilizarlas para darles seguimiento a todos.

El despliegue ha ocurrido a costa de la privacidad personal. El Times descubrió que las autoridades almacenaban los datos personales de millones de personas en servidores que no cuentan ni con las medidas más básicas de seguridad. También reveló que los contratistas e intermediarios privados tienen amplio acceso a los datos personales que recaba el gobierno chino.

La expansión apenas ha comenzado, pero está abarcando todas las ciudades del país. Las redes de vigilancia son controladas por la policía local, como si los alguaciles de los condados en Estados Unidos tuvieran sus propias versiones de la Agencia de Seguridad Nacional.

Por sí misma, ninguna de las nuevas técnicas de China está más allá de las capacidades de Estados Unidos ni de otros países. Pero, en conjunto, podrían llevar el espionaje de China a otro nivel, pues ayudan a que sus cámaras y programas se vuelvan más inteligentes y más sofisticados.

Este impulso de vigilancia está empoderando a la policía china, que ha adoptado un mayor protagonismo en el gobierno de Xi Jinping, el presidente del país. Les ofrece métodos poderosos para rastrear a los criminales, así como a los inconformes que simpatizan en internet con el movimiento de las protestas en Hong Kong, los detractores de la policía y otras personas consideradas indeseables. A menudo, los objetivos de las autoridades son grupos vulnerables, como los trabajadores migrantes —los que llegan desde el campo para llenar las fábricas chinas— y grupos étnicos minoritarios como los uigures, de mayoría musulmana, en el territorio occidental de China.

“Los datos de cada persona dejan un rastro”, dijo Agnes Ouyang, trabajadora del sector tecnológico en la ciudad sureña de Shenzhen, cuyos intentos de concientizar a la gente sobre la privacidad fueron objeto de escrutinio por parte de las autoridades. “El gobierno y los dirigentes de las grandes compañías pueden usarlos para dar seguimiento a lo que hacemos. Nuestras vidas valen lo mismo que la mugre”.

‘La gente pasa y deja una sombra’
Un día de abril, la policía llegó a un deslucido complejo de apartamentos en Zhengzhou, una ciudad industrial en China central. A lo largo de tres días, instalaron cuatro cámaras y dos cajas blancas pequeñas en las puertas del complejo, donde hay hoteles baratos y negocios de dudosa reputación.

Una vez activado, el sistema comenzó a recolectar datos personales. Las cajas escáneres de celulares, llamadas receptores IMSI —usados de manera generalizada en Occidente—, recolectaban códigos de identificación de celulares. Las cámaras grababan rostros.

Al interior, el sistema intentó vincular los datos, según mostró un análisis de su base de datos subyacente. Si un rostro y un celular aparecían en el mismo lugar y momento, el sistema confirmaba que pertenecían a la misma persona.

A lo largo de cuatro días en abril, las cajas identificaron más de 67.000 celulares. Las cámaras capturaron más de 23.000 imágenes de las cuales se derivaron cerca de 8700 rostros únicos. Combinando los conjuntos dispares de datos, el sistema conjuntó alrededor de 3000 celulares con rostros, con distintos niveles de certeza.

El sistema individual forma parte de una red de vigilancia por toda la ciudad que abarca placas de auto, números de teléfono, rostros e información de redes sociales, según la base de datos de una Oficina de Seguridad Pública de Zhengzhou.

Otras ciudades chinas están copiando el modelo de Zhengzhou. Desde 2017, los documentos de adquisición pública e informes oficiales muestran que la policía en las provincias chinas de Guizhou, Zhejiang y Henan han comprado sistemas similares. La policía en Zigong, una ciudad mediana en la provincia de Sichuan, compró 156 conjuntos de esta tecnología, según muestran los documentos.

En Wuhan, la policía señaló en un documento de adquisición que querían sistemas que pudieran “recolectar de manera integral la identidad de todos los usuarios de internet en espacios públicos, su comportamiento en internet, su ubicación, sus movimientos e identificar información sobre sus celulares”.

“La gente pasa y deja una sombra”, dice un panfleto para promocionar un sistema de vigilancia similar en los departamentos chinos de policía. “El celular pasa y deja un número. El sistema conecta ambos”.

Incluso para la policía de China, que disfruta amplios poderes para cuestionar y detener a las personas, este nivel de control no tiene precedentes. Rastrear a la gente tan de cerca alguna vez requirió cooperación de instituciones poco colaboradoras en Pekín. Las compañías celulares dirigidas por el Estado, por ejemplo, a menudo se muestran reacias a compartir datos confidenciales o lucrativos con autoridades locales, dijeron las personas que saben del sistema.

Ahora la policía local está comprando sus propios rastreadores. La tecnología mejorada los ayuda a compartirlo por la cadena de mando al Ministerio de Seguridad Pública central en Pekín, comentaron distintas personas.

Las redes de vigilancia cumplen la vieja meta de asegurar estabilidad social que data del levantamiento de Tiananmén en 1989, pero ahora existe un mayor apremio debido a las manifestaciones de la Primavera Árabe en 2011 y 2012. En años recientes, la policía china aprovechó el temor a los disturbios para obtener más poder y recursos.

No está claro qué tan bien está usando estas nuevas capacidades la policía ni lo eficaz que podrían ser. Pero el potencial está ahí.

En Zhengzhou, la policía puede usar programas para crear listas de personas. Pueden crear alarmas virtuales para cuando una persona se acerque a una ubicación específica. Pueden obtener actualizaciones de las personas cada día o cada hora. Pueden monitorear a las personas con las que se reunieron, sobre todo si ambas están en una lista negra por algún tipo de infracción, desde cometer un delito hasta no haber hecho el pago de una deuda.

Estas redes podrían ayudar a China a perfeccionar tecnologías como el reconocimiento facial. Las cámaras y el software a menudo tienen problemas para reconocer rostros capturados desde cierto ángulo, por ejemplo. Combinado con los datos de identidad y teléfonos, podría volverse más fácil obtener coincidencias, y la tecnología detrás de la identificación de rostros mejora.

La policía no está ocultando su iniciativa de vigilancia. Incluso la percepción de la vigilancia abrumadora puede disuadir a los criminales y disidentes por igual.

Una revuelta de cables y madera
Algunos residentes del complejo residencial de Shijiachi no estuvieron contentos cuando la gerencia del edificio, por petición de la policía, remplazó el año pasado sus viejas cerraduras que se abren con tarjetas con un sistema de vigilancia de vanguardia. Los residentes ahora necesitarían escanear sus rostros para entrar a su edificio.

“Las personas mayores dijeron que siempre estaban en casa, así que no era necesario”, dijo Tang Liying, secretario del Partido Comunista chino para el distrito en China oriental. “Los jóvenes tenían preocupaciones sobre la privacidad, y no creían que fuera necesario. Hicimos algunos esfuerzos para convencerlos y, al final, la mayoría de la gente aceptó”.

Los que están preocupados por la privacidad tenían un buen argumento.

Los datos del complejo de Shijiachi estaban almacenados en un servidor no protegido. Los detalles incluían los números de identificación, nombres, edades, estatus familiar y marital, así como registros de membresía al Partido Comunista de los 482 residentes. También se almacenaba un recuento detallado de las actividades de quienes usaban las cámaras de reconocimiento facial para entrar y salir.

Las redes cercanas estaban igual de desprotegidas. Tenían los datos de 31 residentes en la zona, con detalles de 8750 personas. Un sistema de rastreo de autos cerca de Shijiachi mostró registros de 3456 vehículos e información personal sobre sus propietarios. En toda China, las bases de datos no protegidas tienen información sobre estudiantes y profesores en escuelas, sobre la actividad en línea en los cibercafés y también sobre las estancias en hoteles y los registros de viajes.

El filtrado de los datos en línea es un gran problema en el país. Los informes de los medios locales describen cómo las personas que tienen acceso a los datos venden detalles privados a los estafadores, los maridos que sospechan de sus esposas y cualquier otra persona, a veces por tan solo algunos dólares por persona. Las filtraciones se han vuelto tan graves que la policía creó su propia compañía para manejar los datos directamente, con lo que evade sistemas de terceros.

Un gran número de personas y compañías tienen acceso a los datos en que se basa el sistema obligatorio de identificación mediante tarjetas a través de medios legítimos. Las empresas que tienen vínculos con la policía utilizan los rostros de tarjetas de identificación para entrenar los sistemas de reconocimiento facial. El sistema de tarjetas también rastrea huellas digitales, rostros, etnicidad y raza.

Se están generando señales de rechazo. En Shanghái, los residentes se opusieron a un plan de la policía para instalar cámaras de reconocimiento facial en un complejo de edificios. En la provincia de Zhejiang, un profesor presentó una denuncia en contra de un zoológico, después de que exigió escaneos obligatorios de reconocimiento facial a sus miembros para tener acceso.

En el complejo residencial de Shijiachi, donde el reconocimiento facial remplazó a las cerraduras de tarjetas, la rebelión ha sido impulsada por cables y madera contrachapada.

En un día fresco de noviembre, las puertas de algunos edificios se habían mantenido abiertas con topes rudimentarios, por lo que era innecesario escanear los rostros.

Terry Jin, residente de dos años de Shijiachi, dijo que la tecnología no debe cruzar algunos límites. “Creo que el reconocimiento facial afuera de cada edificio está bien”, dijo Jin. “Si lo ponen afuera de mi puerta, eso no estaría bien”.

Qué pasa cuando dices que no
El año pasado, Agnes Ouyang se dirigía al trabajo en Shenzhen cuando dos policías le dijeron que estaba caminando de manera imprudente y debía mostrarles su tarjeta de identidad. Cuando se rehusó, la tomaron bruscamente y usaron un celular para tomarle una fotografía.

En cuestión de momentos, su sistema de reconocimiento facial la había identificado, y le dieron una multa de casi tres dólares.

“Todo fue ridículo”, dijo Ouyang. “Los policías de baja calidad moral tienen armas de alta tecnología”.

La vigilancia con alto nivel tecnológico está transformando la vida en China de maneras sutiles y profundas. El dominio del Partido Comunista es de vieja data, y el país no tiene un sistema de tribunales sólido o algún medio de control en contra de las extralimitaciones del gobierno. Sin embargo, afuera del dominio de la política, la vida en ese país podría ser irresponsable y caótica gracias a la aplicación laxa de la ley o a los funcionarios indiferentes.

Esos días podrían estar llegando a su fin. En materia de seguridad del consumidor y del medioambiente, eso podría mejorar la vida. Sin embargo, le ha dado a la policía nuevos poderes para controlar a las personas.

“Todo el sistema burocrático está dañado”, dijo Borge Bakken, profesor de la Universidad Nacional Australiana que estudia las políticas chinas. “Bajo el mando de Xi Jinping, estamos viendo el florecimiento de un Estado policial”.

La policía china ahora alardea que los sistemas de reconocimiento facial con frecuencia permiten atrapar delincuentes. En una isla turística en la pintoresca ciudad portuaria de Xiamen, las autoridades dicen que usan el reconocimiento facial para tratar a guías turísticos que no tienen permiso. La policía de Shanghái ha comenzado a usar cascos con cámara integrados al frente. Las bases de datos y los documentos de adquisición también muestran que buscan a los enfermos mentales, a la gente que ha consumido drogas o a los opositores del gobierno.

Ouyang, la mujer multada por caminar de manera imprudente, conocía los peligros, pero hizo públicas sus quejas de cualquier manera. Publicó un recuento de su encuentro con la policía en WeChat, el medio chino de redes sociales, a las 23:00. Para cuando fue a trabajar a la mañana siguiente, lo habían visto decenas de miles de veces. Después, desapareció.

Después de que vio que la policía trató a otra mujer de la misma manera, Ouyang escribió una segunda publicación. Fue eliminada en tan solo dos horas.

Después, la policía la contactó y le pidió que se reuniera con ellos.

“Les dije: ‘¿Cómo me encontraron?’”, dijo Ouyang. “Me respondieron: ‘Para la policía es fácil encontrar a una persona’”.

Temerosa, le pidió a un amigo que la acompañara y decidió reunirse con la policía en un Starbucks en vez de una estación de policía. Dos oficiales les compraron café y les dieron un número telefónico al cual llamar en caso de que tuviera quejas en el futuro. Pero, en general, le dijeron que debía quedarse callada. Su publicación había sido vista por funcionarios de alto nivel y avergonzó a la policía de la ciudad, señalaron.

Ouyang dijo que su experiencia es una señal del giro autoritario de China, y que algunos de sus amigos discretamente hablan de irse del país. Ella no tiene planeado irse, comenta, pero le preocupa su futuro en un país donde todo se ve y se controla.

“Te incomoda”, dijo. “Pero si no lo haces, entonces no hay posibilidad de vivir la vida. No hay salida”.

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¿Será Chile un ejemplo de verdadera democracia?

Una protesta en noviembre de 2019 en Santiago, la capital de ChileCredit...Javier Torres/Agence France-Presse — Getty Images

El 25 de octubre, los chilenos votarán para rechazar o aprobar el comienzo de la creación de una nueva constitución. Los ciudadanos de más países deberían hacer lo mismo. La actual Constitución chilena, escrita durante el régimen autoritario del dictador Augusto Pinochet, ha protegido intereses conservadores y al ejército, y ha reprimido la disidencia política durante 40 años.

La lucha de Chile con su pasado autoritario no es única. Los países con democracias recientes, como Birmania, Corea del Sur y Turquía, se han regido por constituciones autoritarias durante años o incluso décadas. Mi investigación indica que más de dos terceras partes de las transiciones políticas a la democracia desde la Segunda Guerra Mundial —en más de 50 países— han ocurrido bajo constituciones escritas por el régimen autoritario saliente. En algunas naciones, como Argentina, que han oscilado una y otra vez entre la democracia y la dictadura, varias transiciones democráticas han sido guiadas por constituciones redactadas por gobiernos autoritarios.

La persistencia del autoritarismo por vía constitucional en una democracia es una receta para la desigualdad y el descontento democrático. Las democracias con constituciones promulgadas en épocas autoritarias tienen sistemas de transparencia y rendición de cuentas frágiles y una participación ciudadana insuficiente en la formulación de políticas. Además, sus sistemas políticos favorecen a las élites vinculadas al antiguo régimen y no a los ciudadanos de a pie.

La desigualdad en Chile está en un nivel similar al de la época de Pinochet en tanto que el tráfico de influencias por parte de los ricos —algunos de los cuales adquirieron sus fortunas por medio de conexiones con Pinochet y la privatizaciones de empresas estatales— es ubicuo.

Esta mezcla tóxica explotó hace un año desatando manifestaciones callejeras generalizadas que trastocaron la reputación que el país se había forjado como un modelo de estabilidad y progreso en América Latina a lo largo de cuatro décadas de economía de mercado. Desde entonces, la reputación de Chile solo ha empeorado debido a la respuesta deficiente del país a la pandemia. Incluso dentro de una región gravemente afectada por la COVID-19, Chile no tardó en destacar como un foco de contagio, con tasas de infección per cápita entre las más elevadas del mundo.

Este hecho refleja una vez más cómo Sebastián Piñera, el multimillonario presidente empresario de Chile, está sumamente desconectado de la manera en que viven la mayoría de los chilenos. La pandemia ha devastado barrios pobres donde la gente vive hacinada, los servicios de salud son limitados y los ciudadanos no pueden darse el lujo de refugiarse en casa.

El plebiscito para convocar una convención constituyente en Chile podría derivar en un nuevo documento que acerque más el liderazgo al pueblo con una descentralización del sistema político y la introducción de mecanismos formales de consulta ciudadana y referendos. También podría ampliar los derechos de los sindicatos, consagrar la atención médica y la educación como derechos fundamentales, garantizar la igualdad para las mujeres y otorgar mayor autonomía a los pueblos indígenas.

El gobierno de Piñera está consciente de esto y está tomando medidas para oponerse a un cambio político radical. Los activistas informan que el gobierno ha usado la pandemia como un pretexto para intensificar la represión y callar a la oposición. Apenas la semana pasada, se difundió un video que mostraba a un policía empujando a un adolescente hasta hacerlo caer de un puente durante una protesta, lo cual provocó una indignación generalizada. Esto se suma a las agresiones brutales que las fuerzas de seguridad ya habían ejercido en contra de los manifestantes en otoño del año pasado.

Chile es un ejemplo de cómo los dictadores que redactan constituciones pueden dejar de lado los intereses del pueblo. La Constitución chilena protegió a los militares y a sus aliados del régimen autoritario cuando entregaron el poder en 1990. Les concedió a los altos mandos del ejército escaños en el Senado, les otorgó a los militares la autoridad de elegir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y desvió el 10 por ciento de los enormes ingresos del cobre de Chile al presupuesto del ejército. También les brindó amnistías a Pinochet y a otros generales, estableció un sistema electoral diseñado para sobrerrepresentar a los partidos conservadores y prohibió la participación de los partidos de extrema izquierda.

Con el correr de los años, ha habido varias reformas constitucionales. En 2005, se fortaleció el control civil sobre la milicia y se eliminaron los escaños vitalicios designados en el Senado. Aun así, los umbrales de mayoría cualificada para las reformas han protegido muchos de sus elementos básicos.

La mayoría de los manifestantes chilenos y sus simpatizantes están motivados por cuestiones de primera necesidad, como mejores salarios, igualdad de género, mayor acceso a los servicios de salud y atención médica de calidad, reforma de las pensiones, más derechos para los pueblos indígenas, acceso a transporte público asequible y educación pública gratuita. Sin embargo, también quieren tener una voz política y ser respetados por las instituciones de gobierno, que desde hace mucho se han enfocado en equilibrar presupuestos, atraer inversión y preservar la estabilidad.

Los manifestantes consideran que una nueva constitución es la clave para satisfacer estas demandas. El statu quo está extremadamente desacreditado: los índices de aprobación del Congreso y del presidente son significativamente bajos. Una convención constituyente puede llenar el vacío de liderazgo actual al incluir a los ciudadanos en un proceso de consulta para dirigir al país hacia el futuro y enaltecer sus principales intereses para dar nueva forma a su liderazgo político.

El proceso de reforma no necesariamente tiene que descarrilar el estatus de Chile como una fuerza económica en la región. Un sistema político más inclusivo que promueva los intereses de la mayoría de sus ciudadanos también puede beneficiar a los empleadores mediante estabilidad política y una fuerza laboral más feliz y saludable. Algunas de las democracias más antiguas y desarrolladas del mundo, como Suecia y Dinamarca, anularon sus constituciones autoritarias y se embarcaron en un camino rumbo al éxito.

No obstante, el proceso conlleva riesgos. En vista de que el plebiscito inicial programado para abril se pospuso y el debate continúa, se ha incrementado el riesgo de que grupos radicales de la izquierda o la derecha se apropien del discurso.

Muchos manifestantes actuales predijeron este riesgo desde un inicio, por lo que centraron sus esfuerzos en organizar miles de foros de debate para involucrar a sus vecinos, así como a través obras de arte gráfico y música para transmitir y difundir su mensaje. Otros, sobre todo las mujeres, se organizaron en grupos de decenas de miles en torno a una demanda amplia de inclusión para garantizar que sus voces sean escuchadas. Sin embargo, desde que las reuniones presenciales están restringidas por la pandemia, los foros en línea y las redes sociales han cobrado más relevancia y han subido el volumen de voces extremas pero bien financiadas.

Otras democracias que viven bajo el yugo de constituciones escritas por regímenes autoritarios deberían seguir el ejemplo de Chile. Esto no siempre es fácil. Birmania programó un referendo nacional para reformar su Constitución, promulgada por el ejército en 2015. No obstante, los militares, que habían conservado una cuarta parte de los escaños en el Congreso y fijado el umbral para enmendar la Constitución en más de tres cuartas partes, ayudaron a socavar los cambios más importantes y el referendo se pospuso de manera indefinida.

Otras naciones han obtenido mejores resultados. Colombia se deshizo de una constitución autoritaria en 1991 y apuntaló su democracia. Aunque en el país sigue habiendo desigualdad y problemas relacionados con la guerra civil, como la restitución de tierras, su Constitución ha proporcionado una plataforma para que hasta los ciudadanos marginados puedan proteger sus derechos básicos mediante un sencillo mecanismo legal conocido como acción de tutela. Túnez remplazó una Constitución autoritaria en 2014. Lo mismo sucedió en varios de los antiguos Estados satélite de la Unión Soviética, como Bulgaria, República Checa y Georgia (por desgracia, Viktor Orbán se ha apropiado del proceso de reforma en Hungría para atrincherar su poder político).

Si la reforma constitucional de Chile allana el camino hacia una democracia más auténtica, servirá de ejemplo para que otras nuevas democracias que enfrentan desafíos similares —como Indonesia, Guatemala y Perú— hagan lo mismo.

Por Michael Albertus
TheNYTimes

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Guatemala, el país centroamericano donde 14 niñas quedan embarazadas todos los días

Según Unicef, ser niño en Guatemala es "una condición de alto riesgo". / AFP

Ser niña en Guatemala ya era complicado antes de la llegada del coronavirus.

Pero el riesgo de terminar siendo víctima de la violencia sexual solamente ha aumentado con la pandemia.

Según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez, al menos 5.133 niñas de entre 10 y 14 años resultaron embarazadas el año pasado en el país centroamericano.

Esto es un promedio de 14 al día.

Y el observatorio de la Coordinadora Institucional de Promoción de Derechos de la Niñez (Ciprodeni) también registró 111.216 embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años.

Esto equivale a más de 12 embarazos adolescentes por hora, en su inmensa mayoría también atribuibles a la violencia sexual, como destaca el secretario ejecutivo de Ciprodeni, Otto Rivera.

“De acuerdo con la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, sostener relaciones sexo-genitales con cualquier persona menor de 18 años es tipificado como violación”, explica Rivera.

“Y en el contexto de la pandemia este tipo de delitos es todavía más severo”, le asegura a BBC Mundo.

Multiplicar por tres
Por lo pronto, las cifras de Ciprodeni hasta el mes de julio de este año recogen 2.289 embarazos entre niñas de 10 a 14 años y 51.548 para el grupo de edad de 15 a 19.

Mientras que el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) ya sumaba 77.847 embarazos infantiles y adolescentes al 16 de septiembre.

El confinamiento -que según Rivera está exponiendo a más menores a más riesgo- puede sin embargo haber afectado la detección de muchos otros embarazos, por lo que las cifras reales podrían ser más altas.

Ciprodeni, por ejemplo, dice ya haber detectado una reducción en el número de denuncias por violencia intrafamiliar en los últimos meses.

“En el mismo marco de la pandemia se incrementaron los casos, sabemos de casos, pero al mismo tiempo se redujeron las denuncias, porque los órganos jurisdiccionales no funcionaron en el horario habitual”, asegura Rivera.

Y el secretario ejecutivo de la coordinadora también comparte una hipótesis de trabajo que hace todavía más evidente la gravedad del problema de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia guatemaltecas.

“En Ciprodeni estimamos que solo una niña o adolescente de cada tres que son abusadas o violadas resulta embarazada”, le dice a BBC Mundo.

“En otras palabras no es que en lo que va del año se haya abusado o violado a 77.847 niñas y adolescentes. Eso lo tenemos que multiplicar por tres”, sugiere Rivera.

“Vidas silenciadas”
Esas cifras explican por qué la investigadora de Flacso Guatemala Ana Lucía Ramazzini se refiere al problema como “otra epidemia”.

Pero Ramazzini destaca además el impacto biológico, social y psicológico que esa violencia, y los embarazos que produce, tienen sobre niñas y adolescentes.

Durante una investigación suya de 2015, por ejemplo, nueve de cada 10 adolescentes embarazadas entrevistadas dijeron haber dejado de estudiar y de participar en espacios de organización comunitaria.

Y más recientemente Ramazzini coordinó una investigación sobre la relación entre embarazos no deseados y suicidios en Guatemala, un problema que cree no está recibiendo la atención que se merece.

Según la socióloga guatemalteca, en el país no hay cifras confiables sobre el tema, porque “cuando llega muerta un mujer en edad fértil no se le hace la prueba de embarazo”.

La investigadora, sin embargo, logró establecer que, en 2017, la mitad de los suicidios de mujeres adolescentes en el departamento de Alta Verapaz habían sido de mujeres embarazadas.

Mientras que en países como El Salvador una investigación de 2006 encontró que el suicidio fue la tercera causa de muerte materna, especialmente entre las adolescentes.

“Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de suicidio tres veces mayor que las adolescentes que no están embarazadas”, le dice Ramazzini a BBC Mundo.

Con pocas opciones
Los testimonios recogidos para la investigación “Vidas sesgadas” evidencian los riesgos para la salud mental de los embarazos no deseados productos de la violencia.

Pero la interrupción de los mismos no está contemplada en la legislación guatemalteca.

“Hubo un proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y uno de los artículos iba en ese sentido, pero fue rechazada en el 2018”, explica Ramazzini.

Y para Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, es altamente improbable que esta opción se legalice.

“Aquí hay un actor muy importante que son las iglesias y las iglesias no son partidarias de los abortos”, le dice a BBC Mundo.

Gómez, sin embargo, asegura que el Estado guatemalteco sí reconoce el impacto de este tipo de embarazos sobre la salud mental de niñas y adolescentes.

“Con las niñas que hemos tenido nosotros bajo protección en nuestros albergues, una de las principales acciones que se hacen es sensibilizar. Y todas han decidido tener a ese bebé”, ofrece como ejemplo.

“¿Y qué pasa si esa niña no quiere tener a su bebé? Para eso existe una institución en Guatemala que se llama la Comisión Nacional de Adopciones”, agrega.

“En discusión”
Gómez destaca además la existencia de una Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que considera clave para confrontar el problema.

Pero también reconoce que la misma “todavía está en discusión”, a pesar de que Guatemala lleva años con una de las tasas de fecundidad infantil y adolescente más altas de la región latinoamericana.

Y ese retraso retrata las diferencias de opiniones sobre la forma de encarar el problema que seguramente ha limitado la capacidad de respuesta de Guatemala.

Para Ramazzini, por ejemplo, un elemento clave detrás de los altos índices de embarazo infantil y adolescente es la falta de una efectiva educación integral en sexualidad, un tema que sin embargo todavía es considerado tabú por muchos sectores.

“En nuestro país se piensa que educar en sexualidad es solo educar en sexo y relaciones sexo-genitales, cuando estamos hablando de una educación integral en sexualidad que es clave para la vida”, lamenta Ramazzini.

“Tiene que ver con relaciones de respeto, con compromisos a largo plazo, con consentimiento, con identificar estas relaciones de violencia, con desmontar esta idea de ser hombre que pasa por apropiarse de los cuerpos de niñas y adolescentes”, explica.

Según Ramazzini, en el Ministerio de Educación de Guatemala existe desde hace años una estrategia sobre el tema.

“Pero hay muchas resistencias. Hay sectores antiderechos y de oposición que se niegan a que esto se implemente”, le dice a BBC Mundo.

Y, para mientras, el número de niñas y adolescentes embarazadas crece y crece.

Por: Arturo Wallace
BBC News Mundo

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Bukele vs El Faro: qué hay detrás del enfrentamiento del popular presidente de El Salvador

Nayib Bukele es el presidente más joven de la historia de El Salvador. / GETTY IMAGES

Uno de los mandatarios más populares de América Latina parece haberle declarado la guerra a uno de los medios de comunicación más prestigiosos de la región.

Y los “ataques” del presidente salvadoreño Nayib Bukele en contra del portal digital local El Faro han hecho sonar campanadas de alerta en todo el continente.

“La Fundación Gabo me envió una carta firmada por más de 500 periodistas y escritores alarmados por los ataques de Nayib Bukele a la prensa en El Salvador”, informó la semana pasada el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

“Denuncian retaliación a El Faro por su investigación sobre negociación gobierno-maras. Vamos a dar seguimiento”, detalló Lanza vía Twitter.

Ya antes organizaciones gremiales y de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, entre muchas otras, también habían hecho sonar la alerta.

Y en una rara muestra de consenso entre demócratas y republicanos en Washington, congresistas de ambos partidos ya le habían escrito a Bukele para manifestarle su preocupación por lo que está ocurriendo en el país centroamericano.

“El periodismo de primera calidad de El Faro es respetado no solo en El Salvador sino por la comunidad internacional”, le recordaron los congresistas y senadores demócratas a Bukele.

“Su credibilidad ha sido atacada por su gobierno a través de artículos anónimos en medios administrados por su gobierno. Adicionalmente, nos preocupa enormemente la agresiva auditoría que su Ministerio de Finanzas está haciendo de las cuentas de El Faro en lo que parece ser un esfuerzo por intimidarlo“, se lee en la misiva.

Patrón recurrente

Esto, sin embargo, no evitó que el pasado 25 de septiembre Bukele utilizara una cadena nacional de radio y televisión para volver a arremeter contra varios medios independientes e informar que El Faro estaba siendo objeto de una investigación “por evasión de impuestos y lavado de dinero”.

“Algunos periodistas dicen que este gobierno ataca a la prensa; nosotros estamos comprometidos con la libertad de expresión, pero algunos pasan publicando una sarta de mentiras y lo que nosotros hacemos es desmentirlos. Eso no es violar la libertad”, dijo también el mandatario durante la comparecencia.

“¿Quiere decir que cualquier lavador de dinero, narcotraficante o evasor fiscal, solo tiene que poner un periódico y entonces ya nadie puede investigarlo?”, preguntó por Twitter al día siguiente, cuando la investigación ya había sido denunciada por muchos como un nuevo ataque en contra del periodismo.

Para Natalie Southwick, coordinadora del Programa para Centro y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), hay sin embargo muchos elementos que sugieren que eso no es lo que está ocurriendo en el caso de El Faro.

“Es potestad de un gobierno realizar auditorías. Pero cuando tienes a un presidente anunciando investigaciones dudosas sin previo aviso en una conferencia de prensa, y siempre está atacando a los mismos periodistas y a los mismos medios, hay razones de sobra para preocuparse. Como mínimo eso evidencia un patrón de intimidación”, le dice a BBC Mundo.

“Desde que Bukele llegó al poder cada vez parece más consciente de las herramientas que puede utilizar como mandatario para tratar de intimidar y acosar a los medios que percibe como críticos y las ha estado empleando cada vez con más frecuencia. Y es una táctica que hemos visto utilizar a otros líderes políticos en la región”, advierte.

De hecho, como destaca el director de El Faro, José Luis Sanz, esta no es la primera vez que las cuentas de la publicación salvadoreña —ganadora de numerosos reconocimientos internacionales— están siendo investigadas por las autoridades locales.

“En 2018, con el gobierno del FMLN, nos lanzaron tres auditorías simultáneas, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Economía”, le dice Sanz a BBC Mundo.

“Claramente formaban parte de un intento de amedrentarnos. Y las superamos todas“, afirma.

Reacio a la crítica

Por ese entonces, destaca Sanz, Bukele “aplaudía el trabajo de El Faro y lo reivindicaba frente a los partidos políticos que estaban en el poder y nos criticaban”.

“Pero eso cambió en el momento en el que ganó las elecciones“, asegura el periodista.

“Empezó con medios más pequeños y en septiembre tuvo un primer gesto público de censura al no dejar entrar a una conferencia de prensa a periodistas de Factum El Faro. Y luego empezaron fortísimas campañas de acoso en redes a diferentes periodistas, incluidos los nuestros, y reacciones muy agresivas a cualquier publicación que lo cuestionara”, relata Sanz.

Según el director de El Faro la actitud no fue motivo de sorpresa.

“Sabíamos que Bukele iba a tratar de atacar a El Faro en uno u otro momento, porque odia perder el control de la narrativa y no soporta ninguna crítica“, le dice a BBC Mundo.

“Pero no esperábamos que lo hiciera con este nivel de abuso de poder y utilizando de una forma tan descarada las instituciones del Estado”, admite Sanz, quien asegura que las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero son absolutamente infundadas.

BBC Mundo trató de obtener la versión del gobierno salvadoreño sobre el tema, pero el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió a dos solicitudes de entrevista.

Pero en el análisis de Sanz el problema de fondo es que mientras Bukele llegó al poder enarbolando la bandera del cambio, las investigaciones de El Faro y otros medios y periodistas que también han sido objetos de ataques sugieren que “el presidente millenial” se parece a sus predecesores mucho más de lo que le gustaría admitir.

“Empezó con medios más pequeños y en septiembre tuvo un primer gesto público de censura al no dejar entrar a una conferencia de prensa a periodistas de Factum El Faro. Y luego empezaron fortísimas campañas de acoso en redes a diferentes periodistas, incluidos los nuestros, y reacciones muy agresivas a cualquier publicación que lo cuestionara”, relata Sanz.

Según el director de El Faro la actitud no fue motivo de sorpresa.

“Sabíamos que Bukele iba a tratar de atacar a El Faro en uno u otro momento, porque odia perder el control de la narrativa y no soporta ninguna crítica“, le dice a BBC Mundo.

“Pero no esperábamos que lo hiciera con este nivel de abuso de poder y utilizando de una forma tan descarada las instituciones del Estado”, admite Sanz, quien asegura que las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero son absolutamente infundadas.

BBC Mundo trató de obtener la versión del gobierno salvadoreño sobre el tema, pero el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió a dos solicitudes de entrevista.

Pero en el análisis de Sanz el problema de fondo es que mientras Bukele llegó al poder enarbolando la bandera del cambio, las investigaciones de El Faro y otros medios y periodistas que también han sido objetos de ataques sugieren que “el presidente millenial” se parece a sus predecesores mucho más de lo que le gustaría admitir.

“Una de las cosas que más nervioso pone a Nayib Bukele es que constantemente le recordamos que en términos de corrupción, en términos de abuso de poder, en términos de falta de compromiso con la memoria histórica y con las víctimas (de la Guerra Civil salvadoreña) y en términos de relación con las pandillas, está repitiendo los pasos de los gobiernos anteriores“, afirma Sanz.

“Y esa fue la gota que derramó el vaso”, dice del reportaje con el que El Faro denunció una supuesta negociación entre la administración Bukele y la Mara Salvatrucha.

Repercusiones internacionales

“Las pandillas no son solo un gran poder y la violencia un gran problema, sino que es un tema que toca nervio, que le pone en una situación comprometida internamente y además tiene connotaciones complejas en su relación con EE.UU.”, explica Sanz.

De hecho, la supuesta negociación con las pandillas —que Bukele niega tajantemente— fue explícitamente mencionada en la carta enviada en la que los congresistas republicanos le dicen estar preocupados “por lo que parece ser un lento pero claro alejamiento del Estado de derecho y las normas de la democracia” en el país centroamericano.

Y no son los únicos que piensan eso: para Rosental Alves, director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, los aparentes ataques contra El Faro también ahondan las dudas sobre lascredenciales democráticas del mandatario.

“Un claro acoso fiscal como este es común en dictaduras, no en democracias”, escribió Alves.

Y hasta medios internacionales que en un inicio se habían mostrado menos críticos con Bukele, como Vice News —uno de los pocos a los que el mandatario salvadoreño les ha concedido una entrevista— han mostrado su decepción por lo que consideran su “deriva autoritaria”.

“El presidente hipster de El Salvador está atacando a la prensa”, fue el titular de un reciente reportaje de Vice.

Por: Arturo Wallace
BBC News Mundo

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Noticias Internacionales

Conflicto de la basura entre Honduras y Guatemala

Honduras asegura que ha recogido más de 550 toneladas de basura en los últimos 11 días. / CORTESÍA SANDRA CÁRDENAS CEM)

Cuando salió de su casa hace un par de semanas, poco antes de que apareciera el sol, Julio Rodríguez se dio cuenta que esa mañana no iba a poder pescar.

De nada le valió haber preparado las redes, las cuerdas, las carnadas y los anzuelos desde la otra noche. Incluso de lejos, antes de llegar a la costa, supo que así no podría salir: una nata inconfundible llenaba de un olor agrio el municipio de Omoa, en la costa del Caribe de Honduras.

“Toda la arena, todo estaba lleno de basura, por donde estaba mi bote, por todos lados. Así tiras la red y se te rompe porque lo que sacas es basura”, cuenta a BBC Mundo.

Desde inicios de septiembre, varias localidades del litoral y la Bahía de Omoa de Honduras (uno de los principales destinos turísticos del país) se han visto afectadas, otra vez, por la repentina llegada de toneladas de basura, una situación que ha creado tensiones por años con la vecina Guatemala.

El Motagua, un caudaloso río que atraviesa ese último país, arrastra cada día montones de desechos que en muchas ocasiones, como ahora, desembocan en el Caribe hondureño y recalan en los pueblos de la costa como islas de plástico, ropas viejas y mugre de todo tipo.

Ahora, en medio de la pandemia que ha paralizado la economía y que ha dejado más de 2.300 muertos y 76.000 contagios en Honduras, grupos ambientalistas y de derechos humanos temen que la situación pueda agravar las condiciones de pobreza y la exposición a enfermedades de las miles de personas que viven el área.

Sobre todo, de los pescadores artesanales, como Rodríguez, y los cientos de personas que viven del turismo.

“Ahorita, además de este problema con la pandemia tenemos que lidiar con el problema de la basura”, dice Rodríguez.

“El daño que nos ha hecho ha sido devastador. Estamos viviendo de milagro, tratando de ver cómo mantenemos a nuestras familias, porque ya casi no salimos porque los peces se están alejando por la basura”.

“Esto ha sido un golpe duro para nosotros. Yo siempre viví honrado de mi trabajo. Con estas manos. Pero ya el poco dinero que nos queda tenemos que guardarlo para los medicamentos”.

De acuerdo con cifras del gobierno de Honduras, en los últimos 11 días, las autoridades han recolectado unas 550 toneladas de desechos que han recalado en las costas y que han llegado incluso hasta Roatán, una isla del Caribe conocida por sus playas paradisiacas y sus arrecifes casi vírgenes.

“Para que se tenga una idea, solo en dos días, en el fin de semana, se recogieron 144 toneladas de basura”, dice a BBC Mundo Liliam Rivera, la responsable por el Ministerio de Ambiente de Honduras de lidiar con el tema.

“Aunque esto suele suceder cada cierto tiempo, este es, en mi criterio, el peor impacto que hemos tenido en los últimos cinco años. Era un tsunami de basura. Daban ganas de llorar”, agrega.

Tras el recalo de los desechos, los gobiernos de ambos países sostuvieron la pasada semana un reunión bilateral, pero el domingo Honduras dio un ultimátum al país vecino para que encuentre una “solución definitiva” al problema.

Sin embargo, dadas las condiciones de las dos naciones -entre las más pobres de América Latina- muchos ambientalistas e incluso, los funcionarios de ambos gobiernos entrevistados por BBC Mundo, dudan que una solución definitiva sea posible sin ayuda internacional.

Las causas del problema
Las responsabilidades detrás de la basura que llega frecuentemente al Caribe de Honduras han sido por años causas de disputa entre los dos gobiernos y motivos de tensiones bilaterales.

Tegucigalpa asegura que la mayor parte de los desechos que recalan en sus costas se origina en la nación vecina, mientras Guatemala cuestiona que varios municipios hondureños también contribuyen al problema.

En esta ocasión, sin embargo, el gobierno guatemalteco reconoció que se debió a una falla en una barda industrial que colocaron a inicios de año como “medida paliativa” para frenar el flujo de basura hacia Honduras.

“Debido al aumento de los caudales, porque hemos tenido un invierno particularmente fuerte, las aguas fueron exageradas en el río Motagua y esto provocó que colapsara la barda industrial”, explica a BBC Mundo el ministro de Ambiente de Guatemala, Mario Rojas Espino.

De acuerdo con el ministro, su gobierno solicitó a la Contraloría del país una investigación para determinar las causas detrás del fallo de la barda, que costó casi US$2 millones y fue inaugurada hace solo ocho meses.

A la vez, indicó que un equipo técnico trabaja en su reparación desde inicios de esta semana.

“Esperamos muy pronto tener esta barda ya en funcionamiento y que pueda servirnos para evitar que siga arrastrando basura durante el invierno”, dice.

Pero en Honduras creen que reparar la contención no resuelve el problema a largo plazo y que Guatemala necesita asumir posiciones más fuertes para solucionarlo de forma terminante.

“Estas bardas solo retienen los residuos flotantes, pero no los que van por debajo, como los microplásticos y otros desechos más pequeños. Entonces las aguas del Litoral y de la Bahía de Omoa van a seguir contaminados si ellos no toman otro tipo de medidas definitivas”, asegura Rivera.

“Estamos hablando de un problema que nos afecta a lo largo de 45 kilómetros de nuestra línea costera. Es una pesadilla para nuestros pescadores artesanales, para el turismo y la salud de la población y por eso necesitamos una solución definitiva”, agrega.

Como parte de la reunión de la pasada semana, ambos países acordaron un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que va desde la restauración de la barda hasta alianzas con empresas internacionales o programas de restauración de la cuenca del Motagua.

Pero grupos ambientales señalan que no es la primera vez que los dos gobiernos hacen planes de este tipo y que solo se vuelven a recordar cuando una nueva oleada de basura llega a las costas del Caribe de Honduras.

Por: Lioman Lima – @liomanlima
BBC News Mundo

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