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Una red de espionaje empodera a la policía en China

ZHENGZHOU, China.— China está aumentando su capacidad de espiar a sus casi 1400 millones de habitantes a nuevos y perturbadores niveles, y le ofrece al mundo un modelo para establecer un Estado totalitario digital.

Las autoridades chinas están uniendo tecnologías antiguas y de vanguardia —escáneres de celulares, cámaras de reconocimiento facial, bases de datos de rostros y huellas digitales y muchas otras— para crear herramientas exhaustivas de control autoritario, según un conjunto de políticas y bases de datos privadas analizadas por The New York Times.

En cuanto se combinan y comienzan a operar, las herramientas pueden ayudar a que la policía identifique a las personas cuando caminan en la calle, averigüen con quién se encontrarán e identifiquen quién pertenece o no al Partido Comunista.

Estados Unidos y otros países usan algunas de esas técnicas para rastrear a terroristas o capos de la droga. Las ciudades chinas quieren utilizarlas para darles seguimiento a todos.

El despliegue ha ocurrido a costa de la privacidad personal. El Times descubrió que las autoridades almacenaban los datos personales de millones de personas en servidores que no cuentan ni con las medidas más básicas de seguridad. También reveló que los contratistas e intermediarios privados tienen amplio acceso a los datos personales que recaba el gobierno chino.

La expansión apenas ha comenzado, pero está abarcando todas las ciudades del país. Las redes de vigilancia son controladas por la policía local, como si los alguaciles de los condados en Estados Unidos tuvieran sus propias versiones de la Agencia de Seguridad Nacional.

Por sí misma, ninguna de las nuevas técnicas de China está más allá de las capacidades de Estados Unidos ni de otros países. Pero, en conjunto, podrían llevar el espionaje de China a otro nivel, pues ayudan a que sus cámaras y programas se vuelvan más inteligentes y más sofisticados.

Este impulso de vigilancia está empoderando a la policía china, que ha adoptado un mayor protagonismo en el gobierno de Xi Jinping, el presidente del país. Les ofrece métodos poderosos para rastrear a los criminales, así como a los inconformes que simpatizan en internet con el movimiento de las protestas en Hong Kong, los detractores de la policía y otras personas consideradas indeseables. A menudo, los objetivos de las autoridades son grupos vulnerables, como los trabajadores migrantes —los que llegan desde el campo para llenar las fábricas chinas— y grupos étnicos minoritarios como los uigures, de mayoría musulmana, en el territorio occidental de China.

“Los datos de cada persona dejan un rastro”, dijo Agnes Ouyang, trabajadora del sector tecnológico en la ciudad sureña de Shenzhen, cuyos intentos de concientizar a la gente sobre la privacidad fueron objeto de escrutinio por parte de las autoridades. “El gobierno y los dirigentes de las grandes compañías pueden usarlos para dar seguimiento a lo que hacemos. Nuestras vidas valen lo mismo que la mugre”.

‘La gente pasa y deja una sombra’
Un día de abril, la policía llegó a un deslucido complejo de apartamentos en Zhengzhou, una ciudad industrial en China central. A lo largo de tres días, instalaron cuatro cámaras y dos cajas blancas pequeñas en las puertas del complejo, donde hay hoteles baratos y negocios de dudosa reputación.

Una vez activado, el sistema comenzó a recolectar datos personales. Las cajas escáneres de celulares, llamadas receptores IMSI —usados de manera generalizada en Occidente—, recolectaban códigos de identificación de celulares. Las cámaras grababan rostros.

Al interior, el sistema intentó vincular los datos, según mostró un análisis de su base de datos subyacente. Si un rostro y un celular aparecían en el mismo lugar y momento, el sistema confirmaba que pertenecían a la misma persona.

A lo largo de cuatro días en abril, las cajas identificaron más de 67.000 celulares. Las cámaras capturaron más de 23.000 imágenes de las cuales se derivaron cerca de 8700 rostros únicos. Combinando los conjuntos dispares de datos, el sistema conjuntó alrededor de 3000 celulares con rostros, con distintos niveles de certeza.

El sistema individual forma parte de una red de vigilancia por toda la ciudad que abarca placas de auto, números de teléfono, rostros e información de redes sociales, según la base de datos de una Oficina de Seguridad Pública de Zhengzhou.

Otras ciudades chinas están copiando el modelo de Zhengzhou. Desde 2017, los documentos de adquisición pública e informes oficiales muestran que la policía en las provincias chinas de Guizhou, Zhejiang y Henan han comprado sistemas similares. La policía en Zigong, una ciudad mediana en la provincia de Sichuan, compró 156 conjuntos de esta tecnología, según muestran los documentos.

En Wuhan, la policía señaló en un documento de adquisición que querían sistemas que pudieran “recolectar de manera integral la identidad de todos los usuarios de internet en espacios públicos, su comportamiento en internet, su ubicación, sus movimientos e identificar información sobre sus celulares”.

“La gente pasa y deja una sombra”, dice un panfleto para promocionar un sistema de vigilancia similar en los departamentos chinos de policía. “El celular pasa y deja un número. El sistema conecta ambos”.

Incluso para la policía de China, que disfruta amplios poderes para cuestionar y detener a las personas, este nivel de control no tiene precedentes. Rastrear a la gente tan de cerca alguna vez requirió cooperación de instituciones poco colaboradoras en Pekín. Las compañías celulares dirigidas por el Estado, por ejemplo, a menudo se muestran reacias a compartir datos confidenciales o lucrativos con autoridades locales, dijeron las personas que saben del sistema.

Ahora la policía local está comprando sus propios rastreadores. La tecnología mejorada los ayuda a compartirlo por la cadena de mando al Ministerio de Seguridad Pública central en Pekín, comentaron distintas personas.

Las redes de vigilancia cumplen la vieja meta de asegurar estabilidad social que data del levantamiento de Tiananmén en 1989, pero ahora existe un mayor apremio debido a las manifestaciones de la Primavera Árabe en 2011 y 2012. En años recientes, la policía china aprovechó el temor a los disturbios para obtener más poder y recursos.

No está claro qué tan bien está usando estas nuevas capacidades la policía ni lo eficaz que podrían ser. Pero el potencial está ahí.

En Zhengzhou, la policía puede usar programas para crear listas de personas. Pueden crear alarmas virtuales para cuando una persona se acerque a una ubicación específica. Pueden obtener actualizaciones de las personas cada día o cada hora. Pueden monitorear a las personas con las que se reunieron, sobre todo si ambas están en una lista negra por algún tipo de infracción, desde cometer un delito hasta no haber hecho el pago de una deuda.

Estas redes podrían ayudar a China a perfeccionar tecnologías como el reconocimiento facial. Las cámaras y el software a menudo tienen problemas para reconocer rostros capturados desde cierto ángulo, por ejemplo. Combinado con los datos de identidad y teléfonos, podría volverse más fácil obtener coincidencias, y la tecnología detrás de la identificación de rostros mejora.

La policía no está ocultando su iniciativa de vigilancia. Incluso la percepción de la vigilancia abrumadora puede disuadir a los criminales y disidentes por igual.

Una revuelta de cables y madera
Algunos residentes del complejo residencial de Shijiachi no estuvieron contentos cuando la gerencia del edificio, por petición de la policía, remplazó el año pasado sus viejas cerraduras que se abren con tarjetas con un sistema de vigilancia de vanguardia. Los residentes ahora necesitarían escanear sus rostros para entrar a su edificio.

“Las personas mayores dijeron que siempre estaban en casa, así que no era necesario”, dijo Tang Liying, secretario del Partido Comunista chino para el distrito en China oriental. “Los jóvenes tenían preocupaciones sobre la privacidad, y no creían que fuera necesario. Hicimos algunos esfuerzos para convencerlos y, al final, la mayoría de la gente aceptó”.

Los que están preocupados por la privacidad tenían un buen argumento.

Los datos del complejo de Shijiachi estaban almacenados en un servidor no protegido. Los detalles incluían los números de identificación, nombres, edades, estatus familiar y marital, así como registros de membresía al Partido Comunista de los 482 residentes. También se almacenaba un recuento detallado de las actividades de quienes usaban las cámaras de reconocimiento facial para entrar y salir.

Las redes cercanas estaban igual de desprotegidas. Tenían los datos de 31 residentes en la zona, con detalles de 8750 personas. Un sistema de rastreo de autos cerca de Shijiachi mostró registros de 3456 vehículos e información personal sobre sus propietarios. En toda China, las bases de datos no protegidas tienen información sobre estudiantes y profesores en escuelas, sobre la actividad en línea en los cibercafés y también sobre las estancias en hoteles y los registros de viajes.

El filtrado de los datos en línea es un gran problema en el país. Los informes de los medios locales describen cómo las personas que tienen acceso a los datos venden detalles privados a los estafadores, los maridos que sospechan de sus esposas y cualquier otra persona, a veces por tan solo algunos dólares por persona. Las filtraciones se han vuelto tan graves que la policía creó su propia compañía para manejar los datos directamente, con lo que evade sistemas de terceros.

Un gran número de personas y compañías tienen acceso a los datos en que se basa el sistema obligatorio de identificación mediante tarjetas a través de medios legítimos. Las empresas que tienen vínculos con la policía utilizan los rostros de tarjetas de identificación para entrenar los sistemas de reconocimiento facial. El sistema de tarjetas también rastrea huellas digitales, rostros, etnicidad y raza.

Se están generando señales de rechazo. En Shanghái, los residentes se opusieron a un plan de la policía para instalar cámaras de reconocimiento facial en un complejo de edificios. En la provincia de Zhejiang, un profesor presentó una denuncia en contra de un zoológico, después de que exigió escaneos obligatorios de reconocimiento facial a sus miembros para tener acceso.

En el complejo residencial de Shijiachi, donde el reconocimiento facial remplazó a las cerraduras de tarjetas, la rebelión ha sido impulsada por cables y madera contrachapada.

En un día fresco de noviembre, las puertas de algunos edificios se habían mantenido abiertas con topes rudimentarios, por lo que era innecesario escanear los rostros.

Terry Jin, residente de dos años de Shijiachi, dijo que la tecnología no debe cruzar algunos límites. “Creo que el reconocimiento facial afuera de cada edificio está bien”, dijo Jin. “Si lo ponen afuera de mi puerta, eso no estaría bien”.

Qué pasa cuando dices que no
El año pasado, Agnes Ouyang se dirigía al trabajo en Shenzhen cuando dos policías le dijeron que estaba caminando de manera imprudente y debía mostrarles su tarjeta de identidad. Cuando se rehusó, la tomaron bruscamente y usaron un celular para tomarle una fotografía.

En cuestión de momentos, su sistema de reconocimiento facial la había identificado, y le dieron una multa de casi tres dólares.

“Todo fue ridículo”, dijo Ouyang. “Los policías de baja calidad moral tienen armas de alta tecnología”.

La vigilancia con alto nivel tecnológico está transformando la vida en China de maneras sutiles y profundas. El dominio del Partido Comunista es de vieja data, y el país no tiene un sistema de tribunales sólido o algún medio de control en contra de las extralimitaciones del gobierno. Sin embargo, afuera del dominio de la política, la vida en ese país podría ser irresponsable y caótica gracias a la aplicación laxa de la ley o a los funcionarios indiferentes.

Esos días podrían estar llegando a su fin. En materia de seguridad del consumidor y del medioambiente, eso podría mejorar la vida. Sin embargo, le ha dado a la policía nuevos poderes para controlar a las personas.

“Todo el sistema burocrático está dañado”, dijo Borge Bakken, profesor de la Universidad Nacional Australiana que estudia las políticas chinas. “Bajo el mando de Xi Jinping, estamos viendo el florecimiento de un Estado policial”.

La policía china ahora alardea que los sistemas de reconocimiento facial con frecuencia permiten atrapar delincuentes. En una isla turística en la pintoresca ciudad portuaria de Xiamen, las autoridades dicen que usan el reconocimiento facial para tratar a guías turísticos que no tienen permiso. La policía de Shanghái ha comenzado a usar cascos con cámara integrados al frente. Las bases de datos y los documentos de adquisición también muestran que buscan a los enfermos mentales, a la gente que ha consumido drogas o a los opositores del gobierno.

Ouyang, la mujer multada por caminar de manera imprudente, conocía los peligros, pero hizo públicas sus quejas de cualquier manera. Publicó un recuento de su encuentro con la policía en WeChat, el medio chino de redes sociales, a las 23:00. Para cuando fue a trabajar a la mañana siguiente, lo habían visto decenas de miles de veces. Después, desapareció.

Después de que vio que la policía trató a otra mujer de la misma manera, Ouyang escribió una segunda publicación. Fue eliminada en tan solo dos horas.

Después, la policía la contactó y le pidió que se reuniera con ellos.

“Les dije: ‘¿Cómo me encontraron?’”, dijo Ouyang. “Me respondieron: ‘Para la policía es fácil encontrar a una persona’”.

Temerosa, le pidió a un amigo que la acompañara y decidió reunirse con la policía en un Starbucks en vez de una estación de policía. Dos oficiales les compraron café y les dieron un número telefónico al cual llamar en caso de que tuviera quejas en el futuro. Pero, en general, le dijeron que debía quedarse callada. Su publicación había sido vista por funcionarios de alto nivel y avergonzó a la policía de la ciudad, señalaron.

Ouyang dijo que su experiencia es una señal del giro autoritario de China, y que algunos de sus amigos discretamente hablan de irse del país. Ella no tiene planeado irse, comenta, pero le preocupa su futuro en un país donde todo se ve y se controla.

“Te incomoda”, dijo. “Pero si no lo haces, entonces no hay posibilidad de vivir la vida. No hay salida”.

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¿Por qué QAnon fracasó en Japón?

Pâté

Por Matt Alt
Es escritor, traductor y localizador radicado en Japón que se especializa en adaptar contenido japonés para audiencias globales.

TOKIO — Durante más de 40 años, el principal proveedor de fenómenos oscuros en Japón, la revista Mu, le ha vendido Pie Grande, ovnis y lo oculto a una base de fanáticos voraces. Las civilizaciones alienígenas y la biología del monstruo del lago Ness han sido populares artículos de portada. Una teoría de la conspiración no llega del todo al país sin un visto bueno de la publicación mensual.

Sin embargo, Mu, con casi 60.000 lectores y seguidores, entre ellos un ex primer ministro, un célebre director de anime e ídolos del J-Pop, se contuvo de publicar el artículo obvio sobre la teoría de la conspiración más grande de la era: QAnon.

Ese movimiento llegó a su pico de notoriedad con la irrupción al Capitolio de Estados Unidos en enero y su relato central sin fundamentos se volvió muy conocida durante la pandemia del coronavirus. Sus seguidores están convencidos de que una camarilla de élites adoradoras de Satán y abusadoras de menores controla el mundo y desató la COVID-19 y la tecnología 5G como parte de su plan. QAnon ha encontrado creyentes en más de 70 países, desde madres británicas que se oponen al tráfico infantil hasta manifestantes anticonfinamiento en Alemania e incluso un gurú australiano del bienestar.

Sin embargo, fue un fiasco en Japón, un país que no es ajeno a las teorías conspirativas. Aunque los medios de Occidente lo hayan retratado de otra manera, casi no hay ningún seguidor de Q entre los japoneses y no ha pasado la prueba de los expertos en conspiraciones de la nación. “Es demasiado ingenuo para nuestra base de lectores”, le comentó el mes pasado Takeharu Mikami, editor de Mu desde 2005, al periódico Asahi Shimbun.

Japón ha sido un terreno fértil para el pensamiento conspiratorio desde hace mucho tiempo. En 1877, una iniciativa de inoculación en contra del cólera generó rumores de que las autoridades se estaban robando los hígados de la gente para vendérselos a extranjeros. Después del gran terremoto de Kanto en 1923, se propagaron rumores racistas sobre un sabotaje coreano; miles de coreanos inocentes fueron linchados como consecuencia. Y en 1995, Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), un culto religioso obsesionado con el apocalipsis, lanzó un ataque con gas nervioso en el metro de Tokio. En la revista oficial del culto, su líder le declaró “la guerra al gobierno mundial en las sombras”, antes de que sus seguidores asesinaran a catorce personas y lesionaran a 6000 más.

Lo que es más, Japón le dio al mundo “2channel”, un tablero de mensajes anónimos en la red fundado en 1999 que se transformó en un semillero de nacionalismo y discurso de odio. La versión de habla inglesa que inspiró directamente, “4chan”, incubó buena parte de la cultura más desagradable de los memes en internet. También engendró a QAnon, cuando legiones se reunieron para apoyar publicaciones de un usuario aún desconocido que se hace llamar “Q”, quien profetizó que el entonces presidente Donald Trump iba a derrotar a la camarilla.

Luego, la primavera pasada, el coronavirus confinó a naciones enteras y esto encendió la llama para que QAnon ardiera por el mundo. Atrapadas en casa, temerosas e inseguras, personas desde Londres hasta Melbourne, París y Brasilia se sumergieron en el oscuro laberinto digital. En Japón, las búsquedas de QAnon en Google también se dispararon de forma drástica, después de que Tokio declaró un estado de emergencia en abril pasado.

Los perplejos internautas japoneses apodaron a los nuevos discípulos “J-Anon”, una frase multifunción para designar el revoltijo de quienes adoptan sus teorías preferidas derivadas de Q, las cuales en su mayoría no se superponen.

Un grupo tradujo las profecías de Q al japonés, y se unía casi de manera exclusiva en internet en torno a una cuenta de Twitter y una etiqueta (#QArmyJapanFlynn). La inició Eri Okabayashi, quien localizó contenido de QAnon: en un inicio, su cuenta pareció generar decenas de miles de seguidores.

Hay otro que incluye una pizca de agrupaciones pro-Trump, que divulgaron la consigna de “Paren el robo” después de la derrota de Trump en noviembre. Los simpatizantes provienen de fuentes como la religión Happy Science y una sede local de Falun Gong. Han reunido a unos pocos cientos de participantes en casi una docena de protestas, a difundir un sentimiento anti-China.

Y también están los negacionistas de la COVID, cuyas manifestaciones antimascarillas tienen como objetivo hacer que todos los demás “se sientan estúpidos”.

A pesar de toda su fanfarronería, los creyentes de J-Anon siguen siendo marginales.

Una cantidad significativa de japoneses tal vez comparta las opiniones negativas sobre China de los conspiracionistas, pero las basan en hechos verificables como disputas territoriales y agravios históricos. Además, la mayoría de los japoneses nunca aceptaría las extrañas teorías de J-Anon: por ejemplo, que la familia imperial fue remplazada por dobles o que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron obra de japoneses. Un análisis digital forense ha establecido que probablemente la mayoría de los seguidores de Okabayashi sean falsos (Twitter eliminó su cuenta en enero como parte de una purga mundial de QAnon).

Entonces, ¿por qué la recepción tan tibia? Al parecer las peculiaridades culturales y políticas de Japón han sido las principales formas de inoculación en contra de QAnon.

Gran parte de la cultura japonesa se esfuerza mucho por evitar el conflicto, por eso deja poco espacio para el combate ideológico que les gusta a los seguidores de QAnon. “Los japoneses no hablan abiertamente sobre política. Es casi un tabú, por la posibilidad de una confrontación polémica”, opinó Kaori Hayashi, quien imparte clases de Periodismo y Medios en la Universidad de Tokio. Cuando responden encuestas, casi la mitad de los votantes japoneses asegura no tener una afiliación política. Sin el elemento combustible de la política identitaria, los memes de QAnon simplemente no atrapan la psique japonesa.

Otra defensa en contra de la desinformación es el dominio heredado de los medios audiovisuales e impresos de Japón, un efecto involuntario de su control. Con el respaldo de una doctrina de justicia en la ley nacional de medios audiovisuales, la programación debe evitar la tergiversación de hechos, mantener una postura política justa y no perjudicar la seguridad pública. La ley ha obstaculizado el ascenso de la televisión y la radio abiertamente partidistas; no hay un ciclo de noticias que esté las 24 horas del día clamando primicias.

Los periódicos japoneses también siguen gozando de una de las circulaciones más altas de medios impresos en el mundo. Por lo tanto, no han explorado en serio la distribución digital y casi no habían reconocido los actuales sucesos en línea sino hasta hace poco tiempo. La ventaja de esto es que las teorías de la periferia no se tratan con tanta facilidad en los medios noticiosos tradicionales, en contraste con Estados Unidos, donde un solo tuit puede llegar a los titulares y a menudo lo logra.

No obstante, hay partes vulnerables en la sociedad japonesa. De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, abunda el pesimismo sobre el futuro, por eso la mayoría de los japoneses cree que sus hijos tendrán una peor situación económica que ellos. Más de la mitad cree que sus políticos son corruptos y no les dan importancia. Además, la gente siente un profundo escepticismo en torno a las vacunas para la COVID-19, aunque no dudan de la ciencia, sino del manejo que puedan hacer sus líderes de las campañas de vacunación.

Los medios tradicionales tal vez son menos bombásticos, pero su letargo ha alienado a las minorías. En Japón, los adultos menores de 50 años están abandonando los periódicos por completo. Los movimientos marginales brotan cuando la gente siente que el sistema la descuida. “Los medios tradicionales no están prestando suficiente atención a sus voces”, opinó Hayashi. “Están recurriendo a internet para hacerse escuchar y a veces incluso son hostiles hacia los medios tradicionales”. Es una señal ominosa de que la frase “noticias falsas” ya entró en el léxico japonés.

La revista Mu ha comprendido las señales. Como respuesta a unas peticiones, Mu dedicará su próximo número al movimiento de QAnon. Sin embargo, no será la victoria que ansían los conspiracionistas: Mikami, el editor, ha prometido no promover los dogmas de Q, sino iluminar a sus lectores sobre “educación conspiratoria”. Hasta ahora, los japoneses han logrado oponer resistencia a QAnon, pero ¿quién no disfruta una lectura sensacionalista?

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Qué significa para el presidente de Honduras que hayan condenado a su hermano en EE.UU.

Activistas hondureños se reunieron en Nueva York. - EPA

El hermano del presidente de Honduras escuchó este martes su condena por narcotráfico en una corte de Nueva York en silencio y vistiendo un traje azul de presidiario: cadena perpetua.

La decisión del juez Kevin Castel es el desenlace del juicio en que Tony Hernández, un exdiputado hondureño de 42 años, fue hallado culpable de participar en la importación de 185.000 kilos de cocaína a Estados Unidos y otros cargos.

Pero la condena también es una nueva señal de los cuestionamientos que enfrenta su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández.

Al leer la pena este martes, el propio juez Castel dijo que el tráfico de drogas en el que participó el acusado “de hecho fue patrocinado por el Estado”.

El magistrado también indicó que Tony Hernández, además de ser responsable de asesinatos, “actuó como facilitador en sobornos a políticos, incluido su hermano” el presidente hondureño, provenientes de narcos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, para proteger el tráfico de cocaína.

Ningún cargo formal ha sido presentado hasta ahora contra del mandatario, quien niega tener vínculos con el narcotráfico y asegura combatirlo.

Pero los fiscales estadounidenses han revelado que abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como co-conspirador en el juicio de su hermano y de otro hondureño hallado culpable de narcotráfico en la misma corte de Manhattan la semana pasada, Geovanny Fuentes Ramírez.

Todo esto ocurre justo cuando el presidente de EE.UU., Joe Biden, planea enviar hasta US$4.000 millones a Honduras, Guatemala y El Salvador para atacar las causas de la emigración, como la pobreza o la violencia, un asunto que gana relevancia política en Washington.

Sin embargo, la condena del hermano del presidente hondureño refleja que “el narcotráfico está muy cercano a la política” en ese país, dice Juan Jiménez Mayor, un abogado y exministro peruano de Justicia que encabezó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) entre 2016 y 2018.

“Honduras creo que va a ser la peor crisis de la penetración del narcotráfico en la política en América Latina”, dice Jiménez Mayor a BBC Mundo.

Por: Gerardo Lissardy – BBC News Mundo

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Victoria Salazar: qué se sabe de la mujer salvadoreña muerta en México

GETTY IMAGES

Por: BBC News Mundo

Victoria Salazar huyó de la pobreza y pocas oportunidades de El Salvador, considerado en su momento como uno de los países más violentos del mundo, pero fue en México donde perdió la vida violentamente.

La conmoción por su muerte tras ser sometida de manera brutal por la policía en plena calle el pasado sábado continúa, y también los reclamos para que se haga justicia.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no dudó en asegurar que Salazar fue “brutalmente tratada y asesinada” por agentes de la ciudad de Tulum y afirmó que no habrá impunidad al respecto.

Los cuatro policías implicados ya fueron detenidos por su presunta participación en un caso de feminicidio.

Desde El Salvador, familiares exigieron castigo para los responsables de la muerte de Salazar, quien residía y trabajaba de manera legal en México “por un mejor futuro” de sus dos hijas menores de edad.

Refugiada en México
Salazar tenía 36 años y era originaria de Sonsonate, una ciudad de unos 70.000 habitantes en el oeste de El Salvador.

Su familia explicó que la mujer llegó a México en 2016 en busca de “mejores oportunidades”. Con ella viajaron sus dos hijas, que en la actualidad tienen 15 y 16 años.

“Ella, como era madre soltera, quizá aquí no hallaba un empleo digno, un trabajo. Entonces por eso se fue, por un mejor futuro de las niñas, de sacarlas adelante”, dijo a periodistas este lunes su madre, Rosibel Salazar.

La mujer solicitó asilo como refugiada, el cual le fue otorgado por las autoridades mexicanas. Según informó el portal Animal Político, la petición de protección fue realizada “por motivos de género”.

Tras obtener su condición de refugiada, Salazar vivía en México como residente permanente por razones humanitarias desde principios de 2018, según confirmó el Instituto Nacional de Migración.

Sus familiares aseguraron a los medios que desconocían si su hija había recibido amenazas que le habían obligado a salir de El Salvador.

“Me imagino que cuando la entrevistaron ella debió haber dicho la situación del país, por eso ella se iba, eso pienso yo que para nadie es oculto esas cosas que han estado pasando”, dijo su madre al ser preguntada sobre el proceso de petición de asilo.

Indignación y frustración de la familia
En Tulum, uno de los enclaves turísticos más populares de México, Salazar trabajaba como limpiadora en hoteles.

Su objetivo era “criar a mis sobrinas, darles estudio”, contó René, hermano de la mujer fallecida.

“Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada, yo hubiera querido estar allí”, aseguró la madre de la víctima.

“No merecía esa muerte (…) Las autoridades están para proteger a los seres humanos, con todas sus técnicas que tienen para tratar de someter a alguien. Pero eso fue un abuso de autoridad, así es que yo pido justicia”.

El deseo de la familia ahora es poder viajar a México para hacerse cargo cuanto antes de las hijas de la fallecida, ambas menores de edad.

“Nosotros nos encargaremos de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten”, aseguró Nayib Bukele, presidente del gobierno de El Salvador, que también gestiona los permisos necesarios para repatriar el cadáver.

¿Qué pasó minutos antes de su muerte?
El fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, dijo que los policías acudieron al lugar donde estaba la mujer tras recibir una llamada por supuesta alteración del orden.

“Victoria estaba en una tienda de conveniencia, tiene diferencias con empleados y clientes, origina que llamen al 911, solicitan el apoyo de la fuerza pública, llegan los policías y encuentran a Victoria saliendo de la tienda”, dijo en entrevista con grupo Fórmula.

En un video de las cámaras de seguridad de la tienda difundido por el canal Milenio, se observa a la mujer por los pasillos balanceando y haciendo distintos movimientos con un garrafón de agua vacío sin agredir a nadie.

Otros clientes la observan y se alejan de ella. Este comportamiento fue, supuestamente, la causa por la que se requirió el apoyo de las autoridades en el lugar.

Ya en el exterior de la tienda, otro video ampliamente difundido en redes refleja el momento en que la mujer es sometida contra el suelo por la policía.

En la grabación, se ve a la víctima forzada a permanecer boca abajo contra el suelo, esposada, mientras una mujer policía apoya la rodilla contra su espalda, bajo la mirada de otros tres uniformados.

Posteriormente, en el video se ve cómo los agentes mueven el cuerpo a la parte posterior de una camioneta policial.

“No la llevaron a ningún lado y es uno de los puntos que estamos tratando, porque se muestra un desprecio. Es misoginia, pudiendo actuar de otra forma, debieron haber llamado al servicio médico, pedir apoyo a otras unidades, pero no, la suben a una camioneta”, criticó el fiscal Montes de Oca.

La Fiscalía confirmó que la causa de la muerte fue una fractura y lesiones en la parte superior de la columna vertebral que “son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer”.

“La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración”, aseguró el organismo.

Los cuatro agentes implicados fueron detenidos “por su probable participación en hechos señalados por la ley como feminicidio” lo que, según la Fiscalía estatal, les podría acarrear una pena de hasta 50 años de cárcel.

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Honduras, un gran dolor de cabeza para Biden

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en 2018Credit...Orlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images

SAN SALVADOR — El gobierno de Joe Biden tiene un gran dolor de cabeza: Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras y firme aliado de Estados Unidos en Centroamérica durante casi una década, se ha convertido en un paria. Las versiones cada vez más escandalosas de su supuesta participación en tráfico de drogas complican la continuidad del respaldo que siempre recibió de Washington.

En febrero, ocho senadores estadounidenses introdujeron una propuesta de ley para suspender ayuda financiera relacionada con cuestiones de seguridad a Honduras porque, argumentan, hay evidencia sustancial de que el presidente Hernández “se ha involucrado en un patrón de actividad criminal y utilizado el aparato de Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas”.

Buena parte de esta evidencia contra JOH, como llaman los hondureños a Hernández, proviene de testimonios y confesiones registrados en la Corte Federal del Distrito de Manhattan, en Nueva York, durante varios juicios abiertos en años recientes contra hondureños acusados de narcotráfico y delitos conexos. Han sido encontrados culpables, entre otros, el hijo de un expresidente, el hermano de otro, dos miembros de la familia más rica del país y un exjefe de policía. El Estado hondureño ha sido penetrado hasta sus raíces por el narcotráfico y la corrupción.

No es extraño, pues, que los hondureños huyan en masa de su país; de un Estado incapaz de garantizar sus derechos o procurar justicia porque las instituciones son controladas por el crimen organizado.

Honduras es crítico para Estados Unidos en materia de migración y combate al tráfico de drogas. Pero hoy Washington no tiene un interlocutor en Tegucigalpa y eso ya tampoco basta porque JOH no es el único problema: el sistema entero está podrido y ha perdido todas sus defensas.
Pero los juicios de Nueva York también develan la disonancia entre la agenda antidrogas y la política exterior estadounidense. El Departamento de Estado estadounidense lleva años apoyando políticamente a un hombre que la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) investiga por narcotráfico.

La semana pasada concluyó el juicio en Nueva York contra el capo hondureño Geovanny Fuentes Ramírez. Los fiscales aseguraron que el presidente Hernández prometió utilizar las fuerzas de seguridad de su país para “inundar Estados Unidos con cocaína”. Cerraron el juicio llamando al presidente “coconspirador” del narcotráfico.

Nadie en Centroamérica se sorprendió. Hace mucho que sabemos que Honduras es un narco-Estado y que la familia presidencial ha estado involucrada en el crimen. Su hermano, Tony Hernández, fue juzgado en la misma corte y encontrado culpable de transportar cientos de toneladas de coca a Estados Unidos. Incluso marcaba sus paquetes con sus iniciales: T. H. Su hermana, Hilda Hernández, fue mencionada por testigos como receptora de fondos del narco para financiar campañas del presidente. Murió en un misterioso accidente de helicóptero en 2017.

JOH tiene una larga carrera política. Fue diputado y presidente del congreso nacional y gobierna su país desde 2014. En 2017, maniobró para cambiar la constitución que prohibía la reelección. Necesitó de un fraude en las urnas para reelegirse. La Organización de los Estados Americanos (OEA) no reconoció el resultado, pero el Departamento de Estado de Donald Trump legitimó su reelección. Para entonces, Estados Unidos ya conocía las actividades criminales de su aliado hondureño.

El principal testigo en los juicios ha sido Devis Leonel Rivera, el violento jefe del cartel de Los Cachiros, quien cooperaba con la DEA desde 2013 y se entregó en 2014. Confesó haber ordenado 78 asesinatos y ha detallado su relación con la familia Hernández y sus contribuciones a las campañas de otros dos presidentes hondureños: Porfirio Lobo y Manuel Zelaya.

Es decir: desde antes del inicio de la presidencia de JOH —y cuatro años antes de su fraudulenta reelección—, Estados Unidos tiene información sobre su involucramiento con el narcotráfico. Y esta información sigue ventilándose en Manhattan.

Los centroamericanos conocemos muy bien la divergencia entre distintas agencias estadounidenses. En tiempos de Jimmy Carter, mientras la Casa Blanca hablaba de la importancia de los derechos humanos, agentes de la CIA apoyaban actividades de grupos paramilitares anticomunistas proscritos por la Casa Blanca y por el Congreso. Lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa tu mano derecha.

Estas contradicciones alcanzaron el humor negro en diciembre de 2019. Tony Hernández, el hermano de JOH, ya había sido encontrado culpable de narcotráfico. Pero al presidente hondureño le llegó un tanque de oxígeno al firmar el acuerdo de tercer país seguro que la Casa Blanca le exigía y se encontró con el presidente Donald Trump en Florida, durante la conferencia anual del Consejo Nacional Estadounidense Israelí. Trump le agradeció y lo reconoció en su discurso: “El presidente de Honduras está trabajando de cerca con Estados Unidos […]. Estamos deteniendo las drogas como nunca antes se había hecho”.

Honduras fue siempre puente para el tráfico de drogas. Pero el narcotráfico se incrementó a partir de golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya. Una de las pocas cosas en las que concuerdan todos los hondureños es en que la influencia de Estados Unidos es tan grande que, si el gobierno de Barack Obama hubiera querido revertir el golpe, lo habría hecho. Pero Zelaya estaba demasiado cerca del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

Desde entonces, los narcovuelos procedentes de Colombia y Venezuela se multiplicaron y tres meses después cayó asesinado el zar antidrogas hondureño, Julián Arístides González Irías. Y se aceleró la penetración criminal al Estado.

Es fácil analizar en retrospectiva a la política exterior de Obama y Trump, con las evidencias que hoy tenemos, y concluir que fue un grave error apostar a la estabilidad en Honduras apoyando a Juan Orlando Hernández por encima del Estado de derecho y del combate al crimen organizado y la corrupción. Esas decisiones no mejoraron la vulnerable situación de los hondureños sino, por el contrario, abrieron la puerta a que los grupos criminales controlaran el sistema.

El presidente Biden necesita cambiar la estrategia hacia Honduras pero primero debe combatir las inercias de la política exterior estadounidense. Abandonar la realpolitik que rigió las relaciones de sus antecesores con consecuencias lamentables.

Hernández concluye su mandato en enero del próximo año, pero extirpar el narcotráfico del Estado hondureño será mucho más difícil. Los carteles y las redes de corrupción han penetrado al ejército, a la policía, al sistema judicial, al Congreso, a los poderes locales, a parte de la prensa y a los partidos políticos. ¿Cómo se salva un país cuando su sistema ya no tiene capacidad de sanearse? Solo con una inyección externa.

Pero si de algo sirven las lecciones de la historia, Biden debe abandonar las soluciones diseñadas en Washington y buscarlas en concierto con la comunidad internacional y la sociedad civil hondureña. Así salió Guatemala de una situación similar. Hace quince años, organizaciones criminales controlaban el Estado. La descomposición fue tal que el sistema ya no podía defenderse. Entonces recurrieron a las Naciones Unidas y así nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Con el firme respaldo de la comunidad internacional, la Cicig reformó la fiscalía, depuró la policía, investigó y persiguió a las estructuras criminales que controlaban el Estado. Se ganó el apoyo de la sociedad civil guatemalteca, indispensable para avanzar. Tuvo tal éxito que logró la captura del general Otto Pérez Molina, entonces presidente del país y cabeza de una red de corrupción. La limpieza terminó cuando poderosos sectores de Guatemala lograron la salida de la Cicig con el apoyo de congresistas republicanos de Estados Unidos.

Honduras no tiene muchas opciones. Es hora de tocar otra vez las puertas de las Naciones Unidas. Biden podría liderar el esfuerzo y la presión para crear una Cicig en Honduras, administrada por la ONU (y no por la OEA, como el fallido experimento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que se disolvió en 2020). Los hondureños merecen recuperar su país. Solo la comunidad internacional en conjunto puede hoy restaurar el Estado hondureño y garantizar que las estrategias de combate al narcotráfico y la corrupción no terminen otra vez enredadas con otras agendas políticas en Washington.

Por Carlos Dada – NYTimes

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