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Inmigración

Universidad de Harvard: éxitos de DACA son indiscutibles, pero los ‘dreamers’ necesitan una solución permanente

La Acción Diferida del 2012 (DACA) “ha dado a sus beneficiarios y a sus familias un gran impulso, y han logrado una importante movilidad social”, concluye un informe de la Universidad de Harvard publicado cinco días antes de que la Corte Suprema de Justicia celebre una audiencia, la primera y quizás la última, donde abogados de quienes defienden el programa, y del gobierno, presenten argumentos en un proceso judicial clave que determinará la legalidad del beneficio migratorio.

“Los resultados son indiscutibles”, agrega. Y señala que más de 800,000 dreamers han logrado construir sus sueños en Estados Unidos, mejorar su educación, estudiar en la universidad, graduarse en distintas profesiones, ayudar a sus familias, salir de la pobreza, alejar durante los últimos siete años el fantasma de la deportación, “pero la naturaleza temporal y parcial del programa deja muchos problemas sin resolver, y ha creado algunos nuevos dilemas”, advierten los autores del denominado Proyecto Nacional de Investigación UnDACAmented (NURP).

Creado el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente Barack Obama por medio de una Acción Ejecutiva, DACA resolvió temporalmente el dilema que enfrentaban cerca de 2.5 millones de jóvenes indocumentados que habían entrado al país antes de cumplir los 16 años y se conocen como dreamers. El programa detuvo sus deportaciones y les otorgó una autorización de empleo (EAD) renovable cada dos años, documento que, además, les ha permitido gestionar una licencia de conducir y un número de Seguridad Social.

Pero no todos pudieron acceder al beneficio. Solo 1.2 millones calificaron de acuerdo con los requisitos, y de ellos poco más de 800,000 solicitaron la protección. En la actualidad quedan poco menos de 700,000. El resto ha abandonado la protección ya sea porque renunciaron a ella, legalizaron sus permanencias por otras vías legales o cometieron faltas que los convirtió en deportables.

“El programa DACA ha sido catalogado como la política dirigida a la integración de inmigrantes más exitosa en los últimos 30 años”, afirman los autores del estudio.

Impacto positivo
DACA ha causado un “profundo impacto” en la comunidad dreamer y en la nación, precisa el informe dirigido por Roberto G. Gonzales, profesor de la escuela de Educación de la Universidad de Harvard, y secundado por Sayil Camacho (del Centro de Investigación de Acción financiado por la Fundación Robert Wood Johnson), Kristina Brant (doctora en el Programa Multidisciplinario de Desigualdad y Política Social en la Harvard Kennedy School); y Carlos Aguilar, un estudiante de doctorado en Harvard y receptor de DACA.

El estudio fue iniciado en 2013, pocos meses después de haber entrado en vigor. El objetivo fue comprender cómo los jóvenes estaban experimentando el beneficio. En la muestra participaron 408 beneficiarios de seis estados, quienes representan una amplia gama de antecedentes raciales, étnicos, económicos y educativos que identifican a los soñadores.

“Antes de DACA, nuestros encuestados enfrentaban numerosas barreras que impedían las trayectorias y el bienestar de la vida y les impedía establecer su independencia”, escribieron los autores del estudio. Pero una vez que consiguieron el amparo de sus deportaciones, el permiso de trabajo, la licencia de conducir y la tarjeta del Seguro Social, “aprovecharon numerosas oportunidades recién descubiertas” que les cambió la vida.

Entre los principales beneficios, el estudio destaca estudios, carreras significativas, nuevos empleos, sueldos más altos, apoyo a las familias (muchas de ellas mixta con padres indocumentados y hermanos ciudadanos estadounidenses) y el fortalecimiento de las comunidades donde viven.

Pero los logros alcanzados en los últimos siete años se ven eclipsados por un miedo latente: la temporalidad del programa que en cualquier momento puede dejar de existir.

El ataque de Trump
DACA fue cancelado por Donald Trump el 5 de septiembre de 2017 bajo el argumento que se trata de un programa ilegal porque Obama cambió una parte de la ley sin el consentimiento del Congreso, al darles un estatus legal temporal a miles de indocumentados, y además una autorización de empleo.

Cuatro meses más tarde, en enero del año pasado, una corte federal de California restituyó en su totalidad del programa, excepto para nuevas inscripciones. El juez de distrito federal de San Francisco, William Alsup, dictaminó que la decisión del mandatario había sido “arbitraria y caprichosa”, regresándole a los soñadores el derecho de seguir protegidos por el amparo y renovar sus autorizaciones de empleo.

A partir de entonces comenzó una larga batalla judicial que suma otros tres fallos similares en apoyo al dictamen de San Francisco, y la decisión favorable de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, fallo que abrió la puerta para que el presidente acudiera a la Corte Suprema en busca de una sentencia final.

“El presidente Obama dijo que no tenía derecho a firmar DACA, que nunca se mantendrá en la corte. ¡Lo firmó de todos modos! Si la Corte Suprema defiende DACA, le otorga al presidente poderes extraordinarios mucho más grandes de lo que se pensaba. Si hacen lo correcto y no dejan…”, escribió Trump el pasado 9 de octubre en su cuenta de la red social Twitter.

“Está previsto que la Corte Suprema escuche los argumentos orales el 12 de noviembre”, indica el estudio. “El futuro incierto del programa ha generado nueva ansiedad y miedo a los 669,080 beneficiarios actuales”, apunta.

“Avances significativos”
El estudio de la Universidad de Harvard revela además que, DACA ha logrado “avances significativos” en las vidas de los dreamers, tanto en sus vidas personales como profesionales.

Entre los logros alcanzados se incluyen acceso a créditos, seguros de salud, viajar, acceso a programas postsecundarios, buscar nuevos empleos (el 91% de los encuestados de 25 años o más estaban empleados), ingreso a la universidad, mejora en la sensación de seguridad que a su vez repercutió en la salud mental y física de los beneficiarios, situación que además repercutió favorablemente en las familias y las comunidades.

“En el transcurso de siete años, la mejora de la estabilidad económica ha permitido a nuestros encuestados asumir nuevas obligaciones financieras: vivir de forma independiente, cuidar a sus familias, inscribir a sus hijos en programas de guardería y administrar los pagos de automóviles e hipotecas”, revela el informe.

Indica además que “si bien DACA no anula la exclusión de la ayuda financiera federal, sin embargo, ha permitido a los beneficiarios acceder a nuevas oportunidades educativas. Debido a su capacidad para asegurar un empleo estable y ganar salarios más altos, los beneficiarios de DACA ahora tienen mayores recursos financieros para pagar la educación superior. Además, muchos estados han extendido los beneficios como la matrícula dentro del estado a los beneficiarios de DACA, lo que hace que la universidad sea más factible financieramente”.

Y agrega: “DACA facilitó la finalización de programas vocacionales, títulos de asociado, títulos de licenciatura e incluso títulos de posgrado y profesionales desde programas de maestría hasta la facultad de derecho y medicina. Los encuestados luego adquirieron trabajos en campos relacionados. Muchos utilizaron estas oportunidades de empleo iniciales como peldaños para iniciar nuevas carreras”.

Problemas no resueltos
Si bien DACA resolvió una larga lista de dificultades que aquejaba a la comunidad dreamer en el 2012, todavía quedan temas pendientes que no serán reparados hasta que el Congreso no tome cartas en el asunto y apruebe una ley que le otorgue a los soñadores la residencia legal permanente.

En muchos estados, por ejemplo, los dreamer tienen acceso a matriculas y créditos de estudio, pero en otros ni siquiera son considerados o tomados en cuenta. “Actualmente los estudiantes indocumentados en al menos diecinueve estados y en el Distrito de Columbia califican para pagar la matrícula estatal en colegios y universidades públicas. Al menos siete estados también permiten que los estudiantes indocumentados reciban ayuda financiera estatal. Y cuatro estados permiten que sus colegios y universidades públicas ofrezcan ayuda institucional privada o becas a estudiantes que califican para la matrícula dentro del estado, independientemente de su estado migratorio”, dice el estudio.

“Sin embargo, los beneficiarios de DACA en algunos estados se encuentran en una desventaja decidida debido a las políticas excluyentes. Por ejemplo, tres estados, Arizona, Georgia e Indiana excluyen específicamente a los estudiantes indocumentados de las tasas de matrícula en el estado, y dos estados, Alabama y Carolina del Sur, prohíben a los estudiantes indocumentados inscribirse en cualquier institución pública de educación superior. Además, Georgia excluye a los inmigrantes indocumentados de sus tres principales sistemas de universidades públicas”, añade.

Y añade que “desde la implementación de DACA, algunos estados han aprobado leyes para proporcionar una mayor inclusión específicamente para los beneficiarios de DACA, a pesar de las políticas restrictivas para los inmigrantes indocumentados en general”.

Permiso para manejar
En cuanto a las licencias de conducir, señala que “mientras que solo 12 estados junto con el Distrito de Columbia y Puerto Rico extienden los privilegios de conducir a los inmigrantes indocumentados, los 50 estados más el Distrito de Columbia y Puerto Rico han aprobado leyes para permitir la elegibilidad de la licencia de conducir a los beneficiarios de DACA”.

Asimismo, tres estados que anteriormente no tenían políticas de equidad de matrícula, Virginia, Massachusetts y Ohio, junto con ciertas instituciones y sistemas en Arizona, Missouri y New Hampshire han aprobado una legislación que permite a los beneficiarios de DACA pagar la matrícula en el estado en colegios y universidades estatales.

Y mientras que los estados de Alabama y Carolina del Sur prohíben a los estudiantes indocumentados de educación superior pública, “Carolina del Sur ha aprobado una legislación que permite a los beneficiarios de DACA asistir a sus colegios y universidades. También los colegios comunitarios y universidades selectas de Alabama han permitido que los beneficiarios de DACA se inscriban”.

La lista de éxitos es grande, pero el miedo también. “A medida que los beneficiarios de DACA y sus familias esperan noticias sobre el futuro de DACA, y mientras los formuladores de políticas y las partes interesadas de la comunidad trabajan para abordar las desigualdades perpetuadas por la falta de una reforma migratoria integral, la incertidumbre y la ansiedad han moldeado la vida cotidiana”, dicen los autores del estudio.

Añaden que “en los últimos siete años DACA ha demostrado ser exitoso, mejorando dramáticamente la movilidad social, la salud y el bienestar de cientos de miles de jóvenes y sus familias. Debido a su éxito, DACA es muy popular y ha sido enormemente beneficioso para las comunidades, la economía y las instituciones educativas”. Pero en un momento de creciente ansiedad como el que vive el país, quienes toman decisiones, como por ejemplo los magistrados del máximo tribunal de justicia de la nación, “se beneficiarían enormemente al reconocer que el éxito de DACA es un beneficio neto para nuestro gran país”, concluyen.

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Inmigración

Senadores demócratas piden nuevo TPS para hondureños, salvadoreños y nicaragüenses

Desde hace varios años, miles de hondureños gozan de un TPS que ha sido ampliado varias veces.

Treinta y tres senadores demócratas pidieron al Gobierno de Joe Biden que se designe un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS), un amparo migratorio, para El Salvador, Honduras y Nicaragua, al igual que otro para Guatemala debido a la situación humanitaria, informó este lunes (10.01.2022) uno de ellos.

En una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al jefe de la diplomacia Antony Blinken, los senadores expresaron su preocupación por las condiciones humanitarias en Centroamérica, agravadas por la pandemia de COVID-19 y las catástrofes naturales, que han contribuido a un repunte de la emigración de la región, afirma en un comunicado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez.

«La crisis en Centroamérica es urgente (…) Las designaciones y re designaciones de TPS proporcionarían protecciones críticas para los beneficiarios elegibles y les permitirían satisfacer las necesidades básicas de sus seres queridos en su país de origen e invertir en alternativas más seguras a la migración irregular», escribieron los senadores.

El TPS es un programa temporal y renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país de origen debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

DESPLAZADOS
El envío de dinero de los migrantes a sus familias en América Latina y el Caribe ha crecido un 21,6% este año, informó a mediados de octubre el Banco Mundial (BM).

Los senadores estiman que el TPS en estos casos se justifica «por los graves daños causados por huracanes consecutivos hace poco más de un año, combinados con condiciones de sequía extrema y las crisis sociales y económicas exacerbadas por la pandemia de COVID-19».

Los países de la región «han sufrido un grave retroceso democrático y la persecución política va en aumento, incluso a través de la consolidación de una dictadura en Nicaragua, el desmantelamiento de los poderes judiciales independientes y los esfuerzos para intimidar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes».

En la carta recuerdan que más de un millón de centroamericanos «han sido desplazados por la violencia y la inseguridad».

Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, Estados Unidos registró 1,7 millones de entradas ilegales por su frontera suroeste, muchas de ellas de
habitantes de Centroamérica.

Tomado de la DW Deutsche Welle con información de AFP, Efe.

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Inmigración

Sube un 33,8 % la deportación de inmigrantes a Honduras en lo que va de 2021

EFE/José Valle

Tegucigalpa– La cifra de hondureños deportados entre enero y noviembre de este año, principalmente de EE.UU. y México, aumentó un 33,8 %, según cifras divulgadas este jueves por el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras.

Los datos oficiales consultados por Efe dan cuenta de que en estos 11 meses fueron deportados 48.051 hondureños, un 33,8 % más que las 35.900 personas retornadas en el mismo periodo de 2020.

Estados Unidos deportó en el período estudiado a 6.871 hondureños, incluidos 1.341 niños y adolescentes, algunos no acompañados, detalla el informe.

Por su parte, México retornó por vía aérea a 7.803 migrantes hondureños indocumentados, entre ellos 2.042 menores de edad.

Otros 32.744 hondureños, incluidos 2.924 menores de edad, fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía terrestre, mientras que 632 nacionales fueron repatriados desde países centroamericanos, según el informe.

Un hondureño adulto fue deportado desde un país de Europa, no identificado por el Observatorio Consular.

Los deportados por México representan el 84,4 % del total de casos, mientras que las deportaciones desde Estados Unidos equivalen al 14,3 %.

Del total de deportados, 41.423 eran adultos, es decir 35.762 hombres y 5.661 mujeres. Los menores de edad retornados en el periodo de análisis sumaron 6.628 y representan el 13,8 % del total.

En todo 2020 fueron deportados 136.588 hondureños, la mayoría de México y Estados Unidos, lo que supone un 66,5 % menos que los 109.185 repatriados en 2019, según las cifras del Observatorio Consular.

En Estados Unidos, según autoridades de Tegucigalpa, viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de situaciones que afectan al país centroamericano como la violencia.

Los menores que cada año intentan llegar a Estados Unidos, según organismos de derechos humanos, lo hacen con la idea de reencontrarse con familiares y por la violencia que sufre el país.

La falta de empleo y la inseguridad en su país son las causas que los inmigrantes hondureños alegan para irse en caravana, una modalidad que se ha venido dando desde el 13 de octubre de 2018, cuando se fueron más de 4.000 personas, según diversas fuentes, de los que algunos pudieron llegar hasta Estados Unidos.

Por: Guillermo Fajardo | Enter504

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Inmigración

«Quédate en México»: EE.UU. y México renuevan el polémico programa

Getty Images

La promesa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de crear un sistema migratorio que estuviera en las antípodas de las políticas de su predecesor, Donald Trump, seguirá postergada hasta nuevo aviso.

Este jueves, la Casa Blanca informó que reactivará la aplicación del controvertido programa de control fronterizo «Quédate en México», creado durante el gobierno de Trump y mediante el cual se obliga a quienes quieren buscar asilo en Estados Unidos a permanecer en México hasta que su solicitud sea aprobada por las autoridades migratorias.

La reacción de las organizaciones que trabajan con migrantes no se hizo esperar. Criticaron que esta decisión, que califican de «inhumana», solo aumentará el crimen y la violencia en los campamentos fronterizos.

Conocida formalmente como programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), esta política fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones precarias en las que los migrantes debían permanecer en México.

También cuestionaban el que Washington estuviera delegando sus responsabilidades en materia de asilo en otro país.

Con frecuencia, los migrantes se quedaban esperando meses en México y, en ocasiones, eran víctimas de bandas criminales. Según, la ONG Human Rights First, se han reportado más de 1.500 casos de violaciones, secuestros y torturas en contra de estos inmigrantes que esperaban en México a ser admitidos en EE.UU.

«Una vez se pone de manifiesto que la inmigración es el principal prisma por el que Washington ve su relación con México», dice el corresponsal de la BBC Will Grant.

«Parece que la cantidad de personas que llegan a la frontera sur de EE.UU. -y el efecto que esto tiene sobre la popularidad de Biden- hace que el gobierno esté dispuesto a reinstaurar la iniciativa, si bien la decisión proviene de los tribunales», añade.

Por: BBC News Mundo

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Inmigración

A partir de hoy ningún inmigrante podrá ser deportado solo por estar indocumentado

A partir de este lunes 29 de noviembre ningún inmigrante indocumentado (no ciudadano) podrá ser deportado por ser indocumentado (no tener papeles de permanencia legal en Estados Unidos) de acuerdo con el reglamento.

Publicado en el Registro Federal el 29 de septiembre, la norma otorgó un plazo de 60 días para el comentario público en cumplimiento con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

“Ese plazo vence hoy, por esa razón a partir de este día oficialmente ningún extranjero podrá ser deportado sólo por ser indocumentado”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

Gálvez dijo que la espera de 60 días para la entrada en vigor del nuevo reglamento de nuevas prioridades de deportación “evita demandas por parte de detractores de la política de Biden, quienes insisten en restablecer la política migratoria de ‘tolerancia cero’” que entre enero de 2017 y enero de 2021 criminalizó la estadía indocumentada.

La regla de Biden para deportación de indocumentados

Las nuevas prioridades de deportación fueron anunciadas en enero, pero un juez de distrito de Texas las detuvo en agosto en respuesta a una demanda entablada por los estados de Luisiana y Texas, quienes alegaron que la política migratoria de Biden violaban la APA.

Pero en septiembre un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito halló que el gobierno federal había demostrado que, probablemente, tendría éxito en su apelación basándose en el hecho de que la orden judicial emitida en agosto limita a los funcionarios a depender de prioridades de directivas para decisiones que no están relacionadas con las detenciones.

“El gobierno tiene potestad para tomar las prioridades sobre a quien van a detener y a quien no”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“Ley de 1996 nunca determinó que ICE tenía la capacidad para determinar prioridades, es una competencia del gobierno”, apuntó.

El panel dijo además que “no vemos una justificación sólida para concluir que la ley de Inmigración de 1996 (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996) anula la tradición arraigada de discreción en la aplicación cuando se trata de decisiones que ocurren antes de la detención, como quién debe ser sujeto a los procedimientos de arresto, detención y deportación».

POR: JORGE CANCINO | UNIVISION

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