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Inmigración

Universidad de Harvard: éxitos de DACA son indiscutibles, pero los ‘dreamers’ necesitan una solución permanente

La Acción Diferida del 2012 (DACA) “ha dado a sus beneficiarios y a sus familias un gran impulso, y han logrado una importante movilidad social”, concluye un informe de la Universidad de Harvard publicado cinco días antes de que la Corte Suprema de Justicia celebre una audiencia, la primera y quizás la última, donde abogados de quienes defienden el programa, y del gobierno, presenten argumentos en un proceso judicial clave que determinará la legalidad del beneficio migratorio.

“Los resultados son indiscutibles”, agrega. Y señala que más de 800,000 dreamers han logrado construir sus sueños en Estados Unidos, mejorar su educación, estudiar en la universidad, graduarse en distintas profesiones, ayudar a sus familias, salir de la pobreza, alejar durante los últimos siete años el fantasma de la deportación, “pero la naturaleza temporal y parcial del programa deja muchos problemas sin resolver, y ha creado algunos nuevos dilemas”, advierten los autores del denominado Proyecto Nacional de Investigación UnDACAmented (NURP).

Creado el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente Barack Obama por medio de una Acción Ejecutiva, DACA resolvió temporalmente el dilema que enfrentaban cerca de 2.5 millones de jóvenes indocumentados que habían entrado al país antes de cumplir los 16 años y se conocen como dreamers. El programa detuvo sus deportaciones y les otorgó una autorización de empleo (EAD) renovable cada dos años, documento que, además, les ha permitido gestionar una licencia de conducir y un número de Seguridad Social.

Pero no todos pudieron acceder al beneficio. Solo 1.2 millones calificaron de acuerdo con los requisitos, y de ellos poco más de 800,000 solicitaron la protección. En la actualidad quedan poco menos de 700,000. El resto ha abandonado la protección ya sea porque renunciaron a ella, legalizaron sus permanencias por otras vías legales o cometieron faltas que los convirtió en deportables.

“El programa DACA ha sido catalogado como la política dirigida a la integración de inmigrantes más exitosa en los últimos 30 años”, afirman los autores del estudio.

Impacto positivo
DACA ha causado un “profundo impacto” en la comunidad dreamer y en la nación, precisa el informe dirigido por Roberto G. Gonzales, profesor de la escuela de Educación de la Universidad de Harvard, y secundado por Sayil Camacho (del Centro de Investigación de Acción financiado por la Fundación Robert Wood Johnson), Kristina Brant (doctora en el Programa Multidisciplinario de Desigualdad y Política Social en la Harvard Kennedy School); y Carlos Aguilar, un estudiante de doctorado en Harvard y receptor de DACA.

El estudio fue iniciado en 2013, pocos meses después de haber entrado en vigor. El objetivo fue comprender cómo los jóvenes estaban experimentando el beneficio. En la muestra participaron 408 beneficiarios de seis estados, quienes representan una amplia gama de antecedentes raciales, étnicos, económicos y educativos que identifican a los soñadores.

“Antes de DACA, nuestros encuestados enfrentaban numerosas barreras que impedían las trayectorias y el bienestar de la vida y les impedía establecer su independencia”, escribieron los autores del estudio. Pero una vez que consiguieron el amparo de sus deportaciones, el permiso de trabajo, la licencia de conducir y la tarjeta del Seguro Social, “aprovecharon numerosas oportunidades recién descubiertas” que les cambió la vida.

Entre los principales beneficios, el estudio destaca estudios, carreras significativas, nuevos empleos, sueldos más altos, apoyo a las familias (muchas de ellas mixta con padres indocumentados y hermanos ciudadanos estadounidenses) y el fortalecimiento de las comunidades donde viven.

Pero los logros alcanzados en los últimos siete años se ven eclipsados por un miedo latente: la temporalidad del programa que en cualquier momento puede dejar de existir.

El ataque de Trump
DACA fue cancelado por Donald Trump el 5 de septiembre de 2017 bajo el argumento que se trata de un programa ilegal porque Obama cambió una parte de la ley sin el consentimiento del Congreso, al darles un estatus legal temporal a miles de indocumentados, y además una autorización de empleo.

Cuatro meses más tarde, en enero del año pasado, una corte federal de California restituyó en su totalidad del programa, excepto para nuevas inscripciones. El juez de distrito federal de San Francisco, William Alsup, dictaminó que la decisión del mandatario había sido “arbitraria y caprichosa”, regresándole a los soñadores el derecho de seguir protegidos por el amparo y renovar sus autorizaciones de empleo.

A partir de entonces comenzó una larga batalla judicial que suma otros tres fallos similares en apoyo al dictamen de San Francisco, y la decisión favorable de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, fallo que abrió la puerta para que el presidente acudiera a la Corte Suprema en busca de una sentencia final.

“El presidente Obama dijo que no tenía derecho a firmar DACA, que nunca se mantendrá en la corte. ¡Lo firmó de todos modos! Si la Corte Suprema defiende DACA, le otorga al presidente poderes extraordinarios mucho más grandes de lo que se pensaba. Si hacen lo correcto y no dejan…”, escribió Trump el pasado 9 de octubre en su cuenta de la red social Twitter.

“Está previsto que la Corte Suprema escuche los argumentos orales el 12 de noviembre”, indica el estudio. “El futuro incierto del programa ha generado nueva ansiedad y miedo a los 669,080 beneficiarios actuales”, apunta.

“Avances significativos”
El estudio de la Universidad de Harvard revela además que, DACA ha logrado “avances significativos” en las vidas de los dreamers, tanto en sus vidas personales como profesionales.

Entre los logros alcanzados se incluyen acceso a créditos, seguros de salud, viajar, acceso a programas postsecundarios, buscar nuevos empleos (el 91% de los encuestados de 25 años o más estaban empleados), ingreso a la universidad, mejora en la sensación de seguridad que a su vez repercutió en la salud mental y física de los beneficiarios, situación que además repercutió favorablemente en las familias y las comunidades.

“En el transcurso de siete años, la mejora de la estabilidad económica ha permitido a nuestros encuestados asumir nuevas obligaciones financieras: vivir de forma independiente, cuidar a sus familias, inscribir a sus hijos en programas de guardería y administrar los pagos de automóviles e hipotecas”, revela el informe.

Indica además que “si bien DACA no anula la exclusión de la ayuda financiera federal, sin embargo, ha permitido a los beneficiarios acceder a nuevas oportunidades educativas. Debido a su capacidad para asegurar un empleo estable y ganar salarios más altos, los beneficiarios de DACA ahora tienen mayores recursos financieros para pagar la educación superior. Además, muchos estados han extendido los beneficios como la matrícula dentro del estado a los beneficiarios de DACA, lo que hace que la universidad sea más factible financieramente”.

Y agrega: “DACA facilitó la finalización de programas vocacionales, títulos de asociado, títulos de licenciatura e incluso títulos de posgrado y profesionales desde programas de maestría hasta la facultad de derecho y medicina. Los encuestados luego adquirieron trabajos en campos relacionados. Muchos utilizaron estas oportunidades de empleo iniciales como peldaños para iniciar nuevas carreras”.

Problemas no resueltos
Si bien DACA resolvió una larga lista de dificultades que aquejaba a la comunidad dreamer en el 2012, todavía quedan temas pendientes que no serán reparados hasta que el Congreso no tome cartas en el asunto y apruebe una ley que le otorgue a los soñadores la residencia legal permanente.

En muchos estados, por ejemplo, los dreamer tienen acceso a matriculas y créditos de estudio, pero en otros ni siquiera son considerados o tomados en cuenta. “Actualmente los estudiantes indocumentados en al menos diecinueve estados y en el Distrito de Columbia califican para pagar la matrícula estatal en colegios y universidades públicas. Al menos siete estados también permiten que los estudiantes indocumentados reciban ayuda financiera estatal. Y cuatro estados permiten que sus colegios y universidades públicas ofrezcan ayuda institucional privada o becas a estudiantes que califican para la matrícula dentro del estado, independientemente de su estado migratorio”, dice el estudio.

“Sin embargo, los beneficiarios de DACA en algunos estados se encuentran en una desventaja decidida debido a las políticas excluyentes. Por ejemplo, tres estados, Arizona, Georgia e Indiana excluyen específicamente a los estudiantes indocumentados de las tasas de matrícula en el estado, y dos estados, Alabama y Carolina del Sur, prohíben a los estudiantes indocumentados inscribirse en cualquier institución pública de educación superior. Además, Georgia excluye a los inmigrantes indocumentados de sus tres principales sistemas de universidades públicas”, añade.

Y añade que “desde la implementación de DACA, algunos estados han aprobado leyes para proporcionar una mayor inclusión específicamente para los beneficiarios de DACA, a pesar de las políticas restrictivas para los inmigrantes indocumentados en general”.

Permiso para manejar
En cuanto a las licencias de conducir, señala que “mientras que solo 12 estados junto con el Distrito de Columbia y Puerto Rico extienden los privilegios de conducir a los inmigrantes indocumentados, los 50 estados más el Distrito de Columbia y Puerto Rico han aprobado leyes para permitir la elegibilidad de la licencia de conducir a los beneficiarios de DACA”.

Asimismo, tres estados que anteriormente no tenían políticas de equidad de matrícula, Virginia, Massachusetts y Ohio, junto con ciertas instituciones y sistemas en Arizona, Missouri y New Hampshire han aprobado una legislación que permite a los beneficiarios de DACA pagar la matrícula en el estado en colegios y universidades estatales.

Y mientras que los estados de Alabama y Carolina del Sur prohíben a los estudiantes indocumentados de educación superior pública, “Carolina del Sur ha aprobado una legislación que permite a los beneficiarios de DACA asistir a sus colegios y universidades. También los colegios comunitarios y universidades selectas de Alabama han permitido que los beneficiarios de DACA se inscriban”.

La lista de éxitos es grande, pero el miedo también. “A medida que los beneficiarios de DACA y sus familias esperan noticias sobre el futuro de DACA, y mientras los formuladores de políticas y las partes interesadas de la comunidad trabajan para abordar las desigualdades perpetuadas por la falta de una reforma migratoria integral, la incertidumbre y la ansiedad han moldeado la vida cotidiana”, dicen los autores del estudio.

Añaden que “en los últimos siete años DACA ha demostrado ser exitoso, mejorando dramáticamente la movilidad social, la salud y el bienestar de cientos de miles de jóvenes y sus familias. Debido a su éxito, DACA es muy popular y ha sido enormemente beneficioso para las comunidades, la economía y las instituciones educativas”. Pero en un momento de creciente ansiedad como el que vive el país, quienes toman decisiones, como por ejemplo los magistrados del máximo tribunal de justicia de la nación, “se beneficiarían enormemente al reconocer que el éxito de DACA es un beneficio neto para nuestro gran país”, concluyen.

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Inmigración

Nuevo fallo judicial permite que ciertos inmigrantes con TPS puedan pedir la residencia

Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito se sumó este martes a las decisiones de otros dos tribunales similares para permitir que ciertos inmigrantes protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan gestionar la residencia (green card).

“Estamos de acuerdo con los razonamientos de la 6ª y 9ª Corte de Apelaciones, que aceptaron que los inmigrantes protegidos por el TPS son considerados como “inspeccionados y admitidos en el país bajo la Ley de Inmigración”.

Al ser considerados como “inspeccionados”, aquellos extranjeros amparados por el programa humanitario que demuestren estar casados con un ciudadano estadounidense o tengan hijos estadounidenses mayores de 21 años, pueden gestionar la residencia legal permanente (LPR), dictaminó el panel.

Qué significa el fallo
“Básicamente el 8º Circuito de Apelaciones ha dictaminado que las personas que tienen TPS, independientemente que hayan entrado sin autorización al país, para fines de residencia permanente si están casados con un ciudadano, estas personas pueden aplicar para la tarjeta verde”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“También califican aquellos inmigrantes que tienen hijos ciudadanos estadounidenses, agregó”.

Guerrero dijo además que el panel de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito “ha considerado el otorgamiento del TPS como una inspección y una admisión a Estados Unidos”.

Busque consejo legal
Abogados consultados por Univision Noticias recomendaron a los beneficiarios del TPS que viven en los circuitos de apelaciones 6º, 8º y 9º que busquen consejo legal para que un experto colegiado y autorizado revise su caso y antes de ponerse en contacto con el servicio de inmigración.

El 6º Circuito de Apelaciones lo integran Missouri, Wisconsin, Indiana, Illinois, Kentucky y Tennessee.

Por su parte, el 8º Circuito está integrado por los estados de Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri y Nebraska.

El 9º Circuito, en cambio, lo integran los estados y/o territorios de Alaska, Hawai, Guam, California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Arizona y las Islas Marianas del Norte.

Fallo de septiembre
La decisión del panel de jueces del 8º Circuito de Apelaciones se produce seis semanas después de que otro panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito falló a favor del gobierno de Donald Trump en la decisión de poner fin a los TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

La decisión 2-1 puso en riesgo de deportación a unos 300,000 indocumentados, muchos de los cuales llevan casi dos décadas en Estados Unidos con sus deportaciones suspendidas temporalmente y un permiso de trabajo.

El dictamen dejó a sin efecto la decisión tomada por una corte interior que suspendió las cancelaciones de los TPS de los cuatro países afectados.

El fallo no impacta la situación de otros miles de indocumentados originarios de Honduras y Nepal, quienes también se encuentran protegidos por un TPS.

“Desafortunadamente, la decisión quiere decir que el TPS siempre se trató de un recurso que siempre estuvo en manos del presidente”, dijo a Univision Noticias Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

“El panel de jueces ha puesto fin al TPS de estos. El programa ahora solo los protegerá hasta enero del 2021. Esperamos que la decisión permita escalar la disputa jurídica hasta la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con la Acción Diferida del 2012 (DACA)”, agregó.

POR: JORGE CANCINO
UNIVISION

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Inmigración

Delegación del Congreso inspeccionará cárcel del ICE para investigar cirugías

El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, habla durante una rueda de prensa a favor de los jóvenes beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). EFE/Alex Segura/Archivo

Atlanta (GA) (EFE News).– Una delegación del Congreso de Estados Unidos inspeccionará el sábado el Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia, para investigar las múltiples denuncias de mujeres inmigrantes que aseguran haber sido sometidas a histerectomías y otros procedimientos médicos sin su consentimiento.

La oficina del congresista demócrata Joaquín Castro, presidente del Caucus Hispano en el Congreso, informó este jueves que la comitiva de 12 miembros de la Cámara de Representantes también “evaluará las condiciones relacionadas con la propagación de la COVID-19, con más de 40 casos confirmados del virus en los últimos meses”.

La delegación está conformada por miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, entre ellos Sheila Jackson Lee (Texas), Henry C. “Hank” Johnson (Georgia) y Pramila Jayapal (Washington), y del Caucus Hispano, como Castro (Texas), Nanette Díaz Barragán (California) y Adriano Espaillat (Nueva York), entre otros.

De acuerdo con la representante Jayapal, quien ha pedido una investigación congresional sobre la situación en Irwin, puede haber “al menos entre 17 y 18 mujeres” que fueron sometidas a procedimientos médicos ginecológicos innecesarios en ese centro, “a menudo sin el consentimiento o el conocimiento apropiado, y con la clara intención de esterilización”.

Tras la visita el sábado en la mañana, la comitiva tiene previsto celebrar una conferencia de prensa telefónica “para compartir con el público” los hallazgos de la inspección en esa cárcel, ubicada en la localidad de Ocilla, al sur de Atlanta.

Los congresistas dijeron en un comunicado que la situación que viven los indocumentados bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) representa una prioridad para ellos y que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 han inspeccionados centros de detención en Texas y Nevada y alertado sobre la propagación del virus en esas instalaciones.

“El Caucus Hispano y el Comité Judicial de la Cámara continuarán trabajando para detener la propagación de la COVID-19 dentro de las instalaciones del ICE y para responsabilizar a las agencias gubernamentales como el ICE por cualquier abuso cometido contra los inmigrantes bajo su cuidado”, agregaron.

El escándalo en Irwin se destapó la semana pasada luego de que varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Project South y Government Accountability Project, presentaran una queja ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para denunciar una serie de prácticas peligrosas que ocurren en la prisión de Irwin.

La denuncia está basada, principalmente, en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en esa cárcel, que expresa su preocupación por el “alto número” de mujeres presas que habían sido sometidas a histerectomías, una cirugía para extirpar el útero, y que muchas de ellas ni siquiera entendían el motivo de la operación.

Diversas fuentes, entre abogados, activistas y mujeres que han estado presas en Irwin, identificaron al médico que realizó las cirugías como Mahendra Amin, un especialista en obstetricia y ginecología en Douglas, Georgia. Aunque Wooten no lo identificó por su nombre, se refirió al médico como un “recolector de úteros” porque “sacaba todo de adentro”.

(c) Agencia EFE

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Inmigración

El lucrativo negocio de los que ayudan a cruzar las fronteras cerradas para regresar al país

Luis es uno de los miles de venezolanos que se quedaron sin trabajo y regresaron a su país.

Luis llegó a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, con la ropa sucia, sudado y sin un centavo en el bolsillo.

Había caminado 45 días desde Lima, donde vivió por dos años, para regresar a su país, Venezuela.

Es uno de los miles de venezolanos que dejaron en los últimos años su país por la crisis y que al quedar desempleado por culpa de la pandemia decidió regresar a casa.

Su viaje, sin embargo, no acabó ahí.

En Cúcuta le tocó esperar pacientemente por un turno para cruzar por el Puente Internacional Simón Bolívar, por donde solo se permite el paso de 300 personas, tres días a la semana.

“Al llegar te anotan por orden de llegada en una lista y esperas por un brazalete, puedes tardar semanas para entrar”, dijo a BBC Mundo este hombre de 39 años, que prefirió no dar su apellido por seguridad.

Como Luis, muchos que perdieron su trabajo o que se quedaron varados fuera de Venezuela por la pandemia y el cierre de fronteras están desesperados por volver a casa.

Muchosestán dispuestos a pagar hasta lo que no tienen para entrar cuanto antes y también para evitar quedar confinado en los albergues que ha dispuesto el gobierno del presidente Nicolás Maduro para hacer la cuarentena obligatoria por la pandemia al entrar al país.

Los aeropuertos en Venezuela están cerrados desde marzo y el llamado corredor humanitario de la frontera terrestre con Colombia, principal punto de acceso al país, acepta menos de 1.000 personas a la semana.

La situación es el perfecto caldo de cultivo para el mercado ilegal y la corrupción.

Desde sobornos a autoridades para cortar la fila en el cruce con Colombia, hasta la proliferación de paquetes ofrecidos por agencias de turismo para entrar a Venezuela por Brasil sin cumplir con protocolos de seguridad.

El brazalete

En el departamento colombiano del Norte de Santander, que abarca Cúcuta, se estima que 40.000 venezolanos aguardan para pasar por la frontera, según David Smolansky, miembro de la oposición venezolana y comisionado de la Secretaría General de la OEA (Organización de Estados Americanos) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

“Ese derecho que tiene cualquier ciudadano a volver al país donde nació está siendo vulnerado”, critica Smolansky.

Una fuente de Migración Colombia confirmó que quien determina cuántos cruzan por día es el gobierno de Venezuela y no siempre otorga espacio para 300 cupos. “Hay días que la cifra varía y sólo reciben 200 personas”.

En Cúcuta, quien tiene dinero puede comprar un lugar en la lista y acortar la espera, constató Luis, que vio cómo mercaderes se abalanzaban detrás de familias que llegaban a hoteles próximos la frontera: “Comienzan diciendo: ‘Aquí van a demorar muchos días, nosotros podemos conseguir que pasen mañana mismo'”.

“Corren detrás de los taxis o carros particulares que traen a venezolanos” y “acuerdan en hoteles o posadas” para comercializar el brazalete que distribuyen las autoridades en Colombia para un tránsito ordenado por el puente internacional.

Hasta 150.000 pesos colombianos puede costar cada cinta en el mercado negro, unos US$40.

“Un representante por cada familia entrega el dinero, el documento de identidad (…) y el intermediario va y habla con los policías colombianos que facilitan el brazalete y los anotan de primero en la lista”, siguió Luis.

“No tenemos declaraciones sobre el tema”, dijo un portavoz de la Defensoría del Pueblo de Colombia a BBC Mundo. La Policía de Cúcuta indicó que tampoco ha recibido denuncias sobre la venta de estos brazaletes.

Cuatro, cinco, seis, siete… Corrían los días y Luis seguía su turno para cruzar. En ese tiempo contrajo el nuevo coronavirus, lo que agravó su situación.

“Un compañero pagó 50.000 pesos (US$13), porque se identificó como retirado de la Guardia Nacional (de Venezuela), llegó un viernes y pasó el lunes siguiente”, denunció.

“Solo abordan a familias más solventes, saben que los caminantes no tenemos dinero”.

Por Brasil y sin cuarentena

Smolansky dice que unos 111.000 venezolanos han entrado al país desde el despunte de la pandemia tras haberse quedado sin sus empleos en Colombia, Ecuador o Perú.

Casi la totalidad de ellos, 105.000, accedió por Colombia.

Los restantes 6.000 lo hicieron por Brasil, que se ha convertido en una opción para quien tiene más poder adquisitivo y necesitan ya regresar al país.

La agencia de viajes Isis Tours llegó a ofrecer un paquete para varados en Estados Unidos que incluía el vuelo desde Miami a Boavista, la ciudad más próxima a la frontera, garantías de pasar “el mismo día” y traslado a Caracas (a más de 1.200 kilómetros) por carretera “sin hacer cuarentena”.

“Por el salvoconducto (para circular por las vías) el cliente no debe preocuparse (…) está incluido el pase por alcabalas”, precisaba las indicaciones del paquete, que costaba casi US$2.000 por pasajero.

Había una opción más económica -casi US$1.000- con la que el pasajero quedaba un poco a su suerte.

“La agencia no se hace responsable por cualquier inconveniente fronterizo, ni garantizamos que puedan pasar el mismo día y mucho menos nos hacemos responsables de evitar la cuarentena en Santa Elena (la primera ciudad de Venezuela al pasar en la frontera)”, señaló. “Lo más probable es que pase por el protocolo normal asignado por el gobierno”.

La promoción fue cancelada después de una protesta en redes sociales.

Consultada por BBC Mundo, la responsable de Isis accedió primero a “aclarar la polémica”, pero luego no atendió a nuestros llamados.

Otras agencias venden la ruta Miami-Boavista por US$699 como una opción para volver a Venezuela, pero sin ofrecer saltarse los controles o la cuarentena.

Sin especificar el nombre de la agencia, este martes, el fiscal general, Tareck William Saab, anunció que fueron “detenidos en flagrancia 12 integrantes de una organización delictiva que promovía a través de redes sociales un paquete de viaje”.

“Ofrecían hospedaje, traslado, alimentación, salvoconductos y pruebas rápidas para despistaje de covid-19, por un monto de 1.800 dólares desde Miami” hasta Venezuela, agregó.

Venezolanos varados

Smolansky maneja “cifras conservadoras” de unos 3.000 venezolanos varados en varios países, esperando que abran el espacio aéreo para regresar.

“Pudieran volver en 15 aviones de 200 puestos cada uno (…) 15 vuelos resuelven la situación de los 3.000 varados en el mundo”, dijo a BBC Mundo el opositor.

Ha habido vuelos finalmente desde Madrid, y Maduro ofreció enviar a Estados Unidos un avión de la aerolínea estatal Conviasa, sancionada por Washington, para repatriar a venezolanos.

El gobierno de Donald Trump, que no reconoce a Maduro como presidente sino al líder opositor Juan Guaidó, no ha comentado sobre esta oferta.

Los albergues

El brazalete solo ayuda a pasar rápido por la frontera, pero no evita la cuarentena ya en territorio venezolano que algunos hacen en albergues descritos como lugares insalubres y también centros de extorsión.

Mario, de 37 años, contó, por ejemplo, cómo durante el confinamiento tenían que pagar al Ejército, que controlaba su refugio, “cuatro, cinco veces más del valor” por una gaseosa o un paquete de cigarrillos.

“No había agua potable, no nos daban las tres comidas. Perdí 15 kilos”, narró este hombre que pidió proteger su identidad. “Había cinco pocetas (inodoros) para 380 personas, horrible”.

El fiscal general venezolano, Tareck William Saab, no respondió aún a un pedido de BBC Mundo para comentar estas denuncias.

Maduro ha defendido el cordón sanitario impuesto por su gobierno para los retornados.

El paso sin problemas por la frontera entre Santa Elena, Venezuela, y Pacaraima, Brasil, fue ofertado en redes sociales. / GETTY IMAGES

“Cuando llegan a Venezuela son libres, son dignos, son humanos otra vez”, se felicitó en una alocución en junio. “Vienen a su patria porque saben que en su patria lo tienen todo, así no lo reconozcan”.

“El tratamiento a la llegada es gratuito, todo es gratuito: es gratuita la prueba del coronavirus, la alimentación, el hospedaje, el transporte en avión o en autobús hasta su casa”.

Pero algunos quieren evitar como sea el confinamiento y deciden cruzar la frontera por las peligrosas trochas (pasos ilegales), por lo que han sido tachados de “bombas biológicas” por el gobierno por no cumplir con los protocolos de seguridad.

Luis, nuestro testigo en Cúcuta, ya está en Maracaibo (Zulia, oeste), su destino final. No pagó sobornos ni cruzó ilegalmente, dice. Armado de paciencia, aguantó 15 días antes de poder entrar a su país finalmente.

Salió el 25 de mayo de Perú y llegó el 24 de agosto a su casa, tres meses después.

“El cruce fue la peor experiencia de mi vida“.

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Inmigración

Estos son nueve motivos que podrían hacer que pierdas la visa de Estados Unidos

La visa que emite el gobierno de Estados Unidos permite ingresar al país por motivos de negocios o turismo, aunque también se pueden solicitar visas de estudiante, intercambios, trabajo o presentaciones artísticas y deportivas, según la embajada. Y aunque el proceso para recibir el documento puede ser tardado por el motivo del viaje y la demanda de los servicios, una vez que se obtiene también puede perderse, sobre todo si la persona incumple o miente a las leyes.

Estas son 9 mentiras por las que te podrían cancelar o rechazar una solicitud de visa:

1. Mentir sobre el trabajo

Si la persona tiene un trabajo estable en su país es más fácil obtener el documento, sin embargo, los oficiales consulares podrían rechazar la solicitud si descubren datos erróneos o contradicciones al explicar las actividades que realiza.

2. Dar información falsa

Así como los oficiales pueden descubrir mentiras sobre el empleo, pueden comprobarlo en otros datos como la dirección, estado civil, títulos académicos falsos o usurpación de identidad.

3. Negar trabajo en Estados Unidos sin documentos

Las autoridades podrían cancelar o revocar la visa si descubren que previamente se cruzó la frontera sin documentos y así la persona trabajó.

4. Engañar sobre intención del viaje

En ocasiones las personas afirman que quieren viajar temporalmente y que no tienen familiares en Estados Unidos para obtener el documento. Autoridades temen otorgar la visa y que se queden en el país cuando termine su permiso.

5. Ocultar familiares en Estados Unidos

En los trámites se debe indicar el nombre de los padres y si viven en Estados Unidos si existen familiares indocumentados, especialistas recomiendan no mencionar su estatus para no ponerlos en riesgo.

6. Ocultar que trabajó con visa de turista

La visa se le puede revocar al titular si se descubre que trabajó o planea trabajar en Estados Unidos con una visa de turista. Lo mismo pasaría en el caso de los estudiantes.

7. Mentir sobre el tiempo de estancia

Oficiales pueden otorgar una estancia hasta por seis meses y hay personas que se quedan a estudiar o trabajar, pero en un proceso de renovación se puede descubrir la mentira.

8. Entrar y salir con frecuencia al país

Las autoridades están muy atentas a la personas que ingresan y salen de Estados Unidos y todo el movimiento migratorio queda registrado. Expertos recomiendan no pasar más tiempo en el extranjero que en el país de origen.

9. Matrimonio con visa de turista

Existe una serie de pasos a seguir para que se autorice el documento a una pareja, sobre todo si la unión se da con un residente o ciudadano de Estados Unidos autoridades recomiendan consultar con un abogado y no mentir.

Las exigencias para ingresar a Estados Unidos son muy específicas, así que no cometas algún error que al final provocaría la pérdida de la visa o que se te niegue indefinidamente el acceso al territorio.

Por: Telemundo

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