Por LVDH
El Gobierno de Estados Unidos prepara una estrategia sin precedentes para extender fuera de sus fronteras el cobro de multas migratorias pendientes. La iniciativa busca localizar a personas que fueron deportadas o que abandonaron voluntariamente el país norteamericano manteniendo deudas acumuladas por sanciones impuestas por las autoridades migratorias.
Para llevar a cabo este plan, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) abrió una convocatoria para contratar a una empresa privada especializada que asuma la localización y gestión de cobro en Honduras, México y Guatemala.
El Rol de la Empresa Privada y Mecanismos de Ubicación
Según las especificaciones requeridas por la CBP, la compañía seleccionada debe estar registrada en EE. UU. y contar con la infraestructura operativa para operar en territorio centroamericano y mexicano.
Funciones y verificación de deudores
Una vez que la empresa identifique al migrante con sanciones pendientes, deberá notificarle el monto acumulado y facilitarle opciones de liquidación, como pagos únicos, planes a cuotas u otros esquemas autorizados. La normativa permite que la deuda sea saldada directamente por el deudor o por un tercero.
Para validar la correcta localización de las personas ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la empresa contratada podrá recopilar pruebas documentales y de campo:
- Fotografías de la vivienda actual.
- Facturas de servicios públicos.
- Registros o constancias laborales.
- Certificados de defunción, en caso de que el sancionado haya fallecido.
Extensión de la Capacidad de Cobro y Controversia Legal
En la actualidad, la CBP mantiene acuerdos con tres firmas privadas para gestionar el cobro de deudas civiles dentro del territorio estadounidense; sin embargo, hasta el momento ninguna ha logrado ejecutar notificaciones o cobros efectivos en el extranjero. Con este nuevo contrato, la agencia pretende expandir sustancialmente su alcance en la región centroamericana y mexicana.
La medida ha comenzado a generar debate entre juristas y analistas de política migratoria. Expertos en derecho constitucional, como el abogado Ángel Leal, señalan que esta estrategia trasciende el ámbito financiero y se perfila como un mecanismo de presión desestimulante en el marco de las políticas de control migratorio de Estados Unidos
