Redacción LVDH
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) lanzó un enérgico llamado al Estado hondureño tras la sangrienta masacre que cobró la vida de al menos 20 personas en el sector de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón. El organismo internacional urgió a realizar una investigación independiente y a desarticular las estructuras delictivas que han agravado la histórica conflictividad agraria en la región del Bajo Aguán.
El ataque se produjo cuando los trabajadores se disponían a iniciar sus labores en una plantación de palma africana. Según los reportes preliminares, las víctimas fueron emboscadas por hombres fuertemente armados que vestían uniformes falsos de la policía.
Una crisis con raíces estructurales
El representante de la Oacnudh en Honduras, Juan Carlos Monge, advirtió que la violencia en el departamento de Colón no es un hecho aislado, sino el síntoma de problemas mucho más profundos.
“Esta problemática constituye un desafío persistente con raíces estructurales, que se entrecruza con la pobreza y la desigualdad, la violencia, la impunidad y la limitada presencia estatal”, expresó Monge, enfatizando la urgencia de respuestas integrales de prevención y acceso legítimo a la tierra.
La región de Colón arrastra una crisis prolongada por la disputa de tierras que ha dejado un saldo de alrededor de 200 personas fallecidas en las últimas décadas.
Infiltración criminal y advertencias previas
La ONU señaló que esta tragedia ya había sido anticipada en su informe anual de derechos humanos correspondiente a 2025. En dicho documento se alertó sobre la peligrosa presencia de organizaciones criminales con control territorial cerca de las cooperativas campesinas, provocando incluso desplazamientos forzados de familias enteras.
Las autoridades locales e internacionales coinciden en que el conflicto por el territorio se ha vuelto aún más letal debido a tres factores críticos:
- La infiltración de grupos vinculados al narcotráfico.
- El choque de intereses políticos en la zona.
- La operación de redes de violencia organizada con capacidad de camuflaje institucional.
La Oacnudh concluyó su comunicado instando al gobierno a garantizar un proceso judicial «pronto, exhaustivo, independiente e imparcial» para castigar tanto a los autores materiales de la matanza como a las redes criminales que sostienen la violencia en el norte del país.
