Por LVDH
La eventual finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador no solo dejaría en la irregularidad a más de 170,000 trabajadores salvadoreños el próximo 9 de septiembre, sino que desencadenaría una crisis humanitaria al afectar de forma directa a cerca de 150,000 niños y adolescentes nacidos en suelo estadounidense.
La advertencia, realizada por la especialista salvadoreña en migración y derechos humanos Celia Medrano, subraya el inminente riesgo de ruptura y separación del núcleo familiar al que quedarían expuestos estos menores —ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento— en caso de que sus padres enfrenten procesos de expulsión del país.
Perfil socioeconómico de la comunidad amparada por el TPS
La investigación y el análisis de la especialista destacan el alto nivel de arraigo e integración socioeconómica que han alcanzado las familias beneficiarias tras más de dos décadas de residencia legal:
- Arraigo y permanencia: La mayoría de los amparados cuenta con más de 20 años de estancia regular e ininterrumpida en territorio estadounidense, dominando el idioma inglés y manteniendo hogares plenamente establecidos.
- Aporte económico e impuestos: Los trabajadores amparados perciben ingresos anuales de entre 40,000 y 50,000 dólares, tributan de forma activa en el sistema fiscal y sostienen seguros de salud privados para sus dependientes.
- Patrimonio e hipotecas: Una proporción relevante de esta comunidad es propietaria de bienes inmuebles o mantiene contratos de crédito hipotecario vigentes, consolidando su estabilidad familiar e insertion local.
La pérdida de la protección legal el próximo 9 de septiembre colocaría a miles de familias ante la compleja encrucijada de retornar a un país del que salieron hace más de dos décadas o permanecer en la clandestinidad para no separar a sus hijos de su país de nacimiento.
